MIAMI, (ADNCUBA).- Luego de más de un año detenido, el régimen entregó una petición fiscal de siete años de cárcel para el opositor Daniel Moreno de la Peña, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Según el reporte de este viernes, el activista llevaba 20 meses recluido sin fecha de juicio ni petición fiscal.

Desde el inicio de su arresto en Santiago de Cuba el 10 de enero de 2023 han ocurrido varias irregularidades en su proceso, por lo que ha realizado huelgas de hambre como forma de protesta.

Luego de su arresto y reclusión en el centro de instrucción de la Seguridad del Estado de Versalles, fue trasladado el 6 de febrero de 2023 a Villa Marista, en La Habana.

Allí fue grabado bajo coacción y un video suyo se publicó el 12 de abril de 2023 en el programa propagandístico Razones de Cuba.

Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Boniato, en la provincia oriental.

Estaría acusado extraoficialmente de cometer supuestos delitos contra la Seguridad del Estado.

Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), organización que abandonó para hacer activismo independiente. En 2015 fue sancionado a ocho meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia.

CUBA, (ADNCUBA).- El médico y activista cubano Oscar Elías Biscet fue detenido el viernes 18 de octubre por la tarde en el barrio de Lawton, La Habana, para impedirle que asistiera al funeral y sepelio de Jorge Luis Osorio Zapata, miembro del Proyecto Emilia.

Antes de ser introducido en la patrulla, Biscet exclamó consignas como "Vivan los derechos humanos" y "Abajo el comunismo”, informó Martí Noticias.

El opositor fue trasladado a la unidad policial de Águila y Dragones, donde permaneció durante varias horas antes de ser liberado.

La Seguridad del Estado también detuvo, pero en el funeral, al opositor José Elías González Agüero, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y líder del Proyecto Emilia.

González Agüero fue sacado de la funeraria de Marianao y llevado en una patrulla, dijo Cubalex.

Biscet también había sido detenido el pasado 23 de septiembre durante 12 horas.

Antes, en enero fue arrestado en el aniversario del Proyecto Emilia, del cual es líder.

Biscet es el fundador del Proyecto Emilia, una iniciativa que busca restaurar la democracia en Cuba y es, asimismo, el presentador del programa semanal "Lawton Libre" transmitido por Radio Martí, donde analiza temas de actualidad y la situación de los derechos humanos en Cuba y el mundo.

Biscet ostenta la medalla de la Libertad, otorgada por Estados Unidos. @ADNCuba

MIAMI, (ADN CUBA NEWS).- El activista cubano Adrián Curuneaux Stivens fue condenado a siete años de cárcel por su intento de visitar al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara en mayo de 2021. Esta condena se suma a una anterior de cuatro años, por lo que pasaría 11 años en prisión.

El vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República fue acusado de atentado y desacato tras un enfrentamiento con agentes del Ministerio del Interior en una visita al Hospital Clínico-Quirúrgico “Calixto García”.

La nueva sentencia, emitida por el Tribunal Municipal Popular de lo Penal de Centro Habana, unifica las condenas por dos delitos de atentado y desacato en un total de siete años de privación de libertad, informó CubaNet.

Según el fallo, Curuneaux agredió a los agentes de seguridad y se negó a apagar su teléfono móvil mientras grababa los acontecimientos en el hospital. Además, durante su traslado a la unidad policial, profirió frases contra los dictadores Fidel y Raúl Castro y mordió a uno de los agentes.

En abril pasado, el opositor había sido sentenciado a 4 años de privación de libertad por el delito de lesiones. Su hijo, Luis Enrique Fajardo Nápoles, recibió la misma pena.

Antes, en marzo de 2021, fue condenado a un año de prisión por el delito de atentado, sanción que cumplió en régimen de libertad provisional.


Sin embargo, dos meses después fue detenido nuevamente cuando intentaba visitar al "artivista" y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, por lo que estuvo recluido en la prisión de Valle Grande durante un año y seis meses, hasta su liberación, en noviembre de 2022.

LA HABANA, (ADNCUBA).- Activistas cubanos y organizaciones dentro y fuera de la isla lamentaron el anuncio realizado el lunes por el régimen, donde alegan que ya concluyeron el proceso de excarcelación de 553 reclusos.

Las declaraciones del oficialismo, aunque esperadas, causan molestia, debido a que de esa cifra solo fueron excarcelados poco más de 200 presos políticos, según el subregistro de plataformas independientes.


La organización Cubalex, por ejemplo, documentó 204 excarcelaciones de presos políticos entre enero y marzo, la mayoría bajo figuras de licencia extrapenal o libertad condicional.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó este martes un comunicado calificando de 'injusto e incompleto' el proceso de excarcelaciones en Cuba al excluir al menos a 760 presos políticos y darse ya por finalizado.

"El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022. La Iglesia católica cubana, en diversas ocasiones, ha exigido la liberación de los presos por ejercer sus derechos; igualmente el Papa Francisco, por medio de su enviado a Cuba en febrero de 2023, cardenal Beniamino Stella”, añadió el OCDH.

Su director de Estrategia, Yaxys Cires, declaró a ADN Cuba que "el proceso debería continuar. La vida y libertad de los presos políticos no deberían estar en juego producto de los acostumbrados cálculos políticos del régimen".

Igualmente, la organización Justicia 11J difundió una declaración que denuncia la falta de transparencia de dicho proceso. "Esta maniobra del régimen cubano no representa un avance en materia de derechos humanos, sino una estrategia de manipulación política que busca generar una falsa imagen de apertura sin garantizar justicia ni reparación para las víctimas de la represión".



Camila Rodríguez, coordinadora de Justicia 11J, explicó a la revista que "aunque el régimen nunca mencionó públicamente que serían excarceladas personas detenidas por razones políticas, porque no las ha reconocido jamás, los actores internacionales que intervinieron en el proceso de negociación tienen la responsabilidad de exigir transparencia y fiscalizar la lista de beneficiarios para garantizar que las excarcelaciones se hicieran extensivas a la población que se prometió beneficiar, que parece haber sido la privada de libertad por ejercer derechos y libertades, de acuerdo con comunicaciones oficiales de la Casa Blanca el pasado enero".

Giselle Rodríguez, abogada de Cubalex, expresó que es una "muestra fehaciente de la subordinación de los tribunales al poder político. No se trató de un proceso judicial justo ni transparente. Han actuado con mucha opacidad al punto de no saber más que lo que nos están diciendo: no sabemos quiénes son estas personas, cómo fue el proceso de solicitud, quién hizo la solicitud y con base en qué, qué argumentos dieron los jueces en estos casos".

Igualmente Prisoners Defenders (PD) señaló que de los 553 presos excarcelados, ellos han verificado que solo 229 son presos políticos, e incluso en torno a una decena ya tenían una licencia extrapenal que ha sido simplemente extendida en este proceso. Ninguno de los 229 ha sido liberado, sino que son excarcelados bajo un régimen carcelario-domiciliar "verdaderamente draconiano, cuyas limitaciones de libertad y abusos siguen siendo los propios de un régimen que no respeta ningún derecho humano, incluidos los procesales o penitenciarios".

Por su parte, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba informó que se ha culminado de forma 'exitosa' el proceso de excarcelación de 553 presos.



El informe de la televisión recalcó que los beneficiados por esta medida no han sido liberados, sino que han recibido una «excarcelación anticipada» y que aún no han "terminado de cumplir su condena".

Si los beneficiados no cumplen ciertas obligaciones impuestas por el régimen, podría haber consecuencias, advirtió el informe: "Estos beneficios podrían ser revocados ante incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados y regresaría entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción".