ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 16-25, que autoriza la contratación excepcional entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Compañía Climatizadora, S.A., para la restauración del sistema de aire acondicionado en las estaciones subterráneas de la Línea 1 del Metro de Panamá. El contrato tiene un costo de B/.4,189,575.04, monto inferior al precio de referencia determinado en un estudio de mercado.
Según MPSA, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado se ha mantenido de manera ininterrumpida, pero ha enfrentado dificultades debido a recortes presupuestarios desde 2020 hasta la fecha. Estos recortes han impedido la contratación de nuevo personal y han provocado retrasos en proyectos de mejora y reemplazo de equipos obsoletos, lo que ha generado fallas operativas y un deterioro progresivo de los sistemas.
El sistema de aire acondicionado de la Línea 1 ha sido objeto de múltiples quejas tanto de usuarios como del Sindicato de Trabajadores del Metro de Panamá (SITRAMEP), quienes han denunciado condiciones laborales adversas. Para atender estos problemas, MPSA realizó una solicitud de información, en la que participó Compañía Climatizadora, S.A., empresa que actualmente presta servicios similares en las Líneas 1 y 2.
El proyecto de restauración abarcará las estaciones subterráneas 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, Iglesia del Carmen, Vía Argentina, Fernández de Córdoba y El Ingenio. Los trabajos incluirán estudios de temperatura, distribución de aire y capacidad de refrigeración, además del suministro e instalación de equipos como 12 “chillers” tipo empaquetado, bombas de diferente capacidad y compresores.
ENMAYÚSCULA. - La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, solicitó este miércoles ,14 de enero, la derogación de la resolución que autoriza a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total del servicio de recolección de residuos en el distrito, tras una decisión adoptada por el gobierno central. La petición fue realizada en conferencia de prensa, en medio de la crisis por el colapso del servicio de aseo.
“Le solicito al presidente de la República, que derogue la resolución presentada el día de ayer, y que se proceda con el refrendo de las tres empresas para arrancar este 19 de enero”, manifestó Hernández, al reiterar que el manejo del servicio debe permanecer en manos municipales conforme a la Constitución.
Ante la situación de salud pública que enfrenta San Miguelito, el Consejo de Gabinete autorizó a la AAUD asumir de forma temporal la operación completa de la recolección de residuos, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria que afecte a más de 200 mil residentes. El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, señaló que la medida es transitoria, aunque advirtió sobre posibles complicaciones futuras, mientras que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Gobierno ha destinado aproximadamente 700 mil dólares para atender de manera emergente el problema.
La alcaldesa destacó que el distrito ya adelanta el proceso para normalizar el servicio. “Permítanos encargarnos como dice la Constitución de mantener un servicio en manos municipales, de hacer un distrito más bonito y limpio, como lo comunicamos. San Miguelito ya está haciendo su trabajo y el distrito merece respeto”. Hernández detalló que la licitación para contratar una nueva empresa se encuentra vigente y que, mientras culmina el proceso, tres empresas ya fueron aprobadas en el Consejo Económico Nacional, quedando pendiente únicamente el refrendo de la Contraloría de la República.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución N°111-25, la contratación excepcional entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A. para el proyecto de “Dragado, conformación y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao”, por un monto de B/.10,325,546.65.
De acuerdo con la resolución, los trabajos tendrán un periodo de ejecución de 240 días calendario, más 60 días calendario para el periodo de liquidación del contrato.
El MOP recordó que, en noviembre de 2024, el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, sufrió “graves inundaciones por el desbordamiento de los ríos Tonosí y otros afluentes, provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Rafael”.
Las inundaciones obligaron a la evacuación de un gran número de familias y dejaron a muchas personas sin acceso a agua potable y electricidad. En aquel momento, el Gobierno Nacional y autoridades locales desplegaron equipos de rescate y ayuda humanitaria para mitigar los efectos del desastre.
Asimismo, el MOP destacó que las comunidades aledañas a los ríos “han enfrentado graves problemas de inundaciones durante la temporada lluviosa, las cuales han causado daños en viviendas, cultivos y la infraestructura vial”.
La entidad explicó que para este proyecto se realizó un estudio de mercado que estableció un precio de referencia por encima del monto ofertado por la empresa adjudicataria.
En la misma sesión, el Gabinete aprobó la Resolución N°112-25, que autoriza la contratación, también mediante procedimiento excepcional, entre el MOP y el Consorcio Gatún —conformado por las empresas Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.— para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, por un monto de B/.6,000,000.00.
El contrato establece que la empresa tendrá un periodo de ejecución de 180 días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.
El MOP detalló que este proyecto forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, enfocado en las vías de mayor tránsito vehicular, como Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la carretera Panamericana hacia el interior del país. “Es necesario recuperar, a la mayor brevedad posible, las principales vías terrestres de comunicación”, justificó la entidad.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 71-25, por la cual se aprueba un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, con asignación a favor de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), hasta por la suma de B/.6,000,000.00.
Este crédito adicional suplementario tiene como propósito: incorporar recursos al presupuesto de inversiones de la AAC para financiar la compra de un terreno de 13 hectáreas contiguo al Aeropuerto José Ezequiel Hall, en isla Colón, provincia de Bocas del Toro.
Se detalló que “la compra permitirá incrementar la capacidad instalada de este aeropuerto ubicado en esta zona de desarrollo turístico para recibir aeronaves modernas de mayor calado y cumplir con las especificaciones de seguridad operacional que exigen las normas vigentes”.
“Con estos recursos también se adecuarán las instalaciones aeroportuarias de esta terminal con mejores facilidades que permitirán aumentar el tráfico de pasajeros y garantizar la seguridad operacional”, sustentó la AAC.
El crédito adicional que recibirá la AAC cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete llevó a cabo este viernes una sesión extraordinaria en la que se validó el proyecto de Ley N-37-24, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.
Esta iniciativa, la primera elaborada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, busca asegurar la calidad del gasto público mediante criterios de racionalidad, transparencia y disponibilidad de financiamiento.
El presupuesto asigna recursos significativos para el funcionamiento del Estado, con un total de B/. 20,739 millones destinados a gastos operativos y B/. 5,345 millones a inversiones. Estos montos reflejan un recorte eficiente del 15% en comparación con el presupuesto del año anterior, priorizando siempre las inversiones en cada entidad estatal.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la importancia de este presupuesto, afirmando que “se enmarca en criterios de racionalidad del gasto y su disponibilidad de financiamiento, lo cual evidencia la búsqueda de garantizar la calidad del gasto público”.
Chapman añadió que “todas las entradas y salidas del gasto público están incluidas en el presupuesto respectivo”, lo que resalta el compromiso gubernamental con la transparencia y la obtención de resultados en beneficio de la población.
Además, el Consejo de Gabinete autorizó la resolución que autoriza al ministro Chapman a presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, lo que marca un paso importante en el proceso de aprobación del presupuesto.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, aprobó hoy el Decreto de Gabinete N. 38-24, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir operaciones de cobertura de riesgo como estrategia para reducir la exposición de los recursos públicos ante fluctuaciones adversas en los mercados de capitales.
Se detalló que luego de evaluar diversos instrumentos que garanticen la estabilidad financiera y presupuestaria de los recursos públicos, el MEF consideró conveniente implementar una “estrategia de cobertura de riesgo” que permita gestionar, de manera eficiente y oportuna, los riesgos asociados a las variaciones del mercado, tales como tasas de interés, tipos de cambio o precios de insumos.
También se dio a conocer que esta estrategia cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional sobre un plan de cobertura de riesgo que permita gestionar y suscribir, de manera eficiente y oportuna, operaciones con entidades financieras que perfilen términos favorables para Panamá, a fin de reducir los riesgos asociados a los mercados financieros.
El Decreto de Gabinete autoriza al Ministro de Economía y Finanzas o a la Viceministra de Economía o al Viceministro de Finanzas para que “realice, gestione, negocie y ejecute operaciones de cobertura de riesgo como parte de la estrategia para reducir los riesgos asociados a las variaciones de los mercados, así como todos aquellos documentos, cartas, convenios, acuerdos, protocolos, enmiendas o confirmaciones largas o cortas que sean necesarios para tales fines”.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete, bajo la dirección del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha aprobado hoy el proyecto de ley N. 40-24, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025. Este presupuesto alcanzará un total de B/.26,835.2 millones, con un énfasis significativo en las inversiones, que ascenderán a B/.9,341.4 millones.
La propuesta se fundamenta en una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 3%, superando ligeramente la estimación del presente año, que se sitúa en un 2.5%. Los sectores que recibirán una parte importante de las inversiones incluyen Educación, Salud, Infraestructura —donde destacan proyectos como el Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal y un plan de rehabilitación de carreteras—, así como Ambiente, Seguridad y Agua Potable.
Durante la presentación del presupuesto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó que el país no enfrenta una crisis económica ni fiscal, aunque reconoció que existen retos importantes que se están abordando. “Estamos tomando medidas de control de gastos y fiscales que ya muestran resultados, como tasas de interés más bajas para la deuda panameña y un aumento en el interés de inversiones”, afirmó Chapman, destacando la creciente atracción de empresas hacia Panamá.
Además, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 121-24, que autoriza al ministro Chapman a presentar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 ante la Asamblea Nacional, marcando un paso crucial en la formulación del plan fiscal del próximo año.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 75-25, que autoriza al Ministerio de la Presidencia a celebrar la Prórroga No.1 al Contrato No.81 de 30 de octubre de 1996, a favor de la sociedad Petroport, S.A., para la operación y administración de una Zona Libre de Combustible ubicada en la isla Telfers, corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón.
Se detalló que Petroport, S.A. sustentó su solicitud de prórroga certificando que, para efectos del proyecto de Zona Libre de Combustible, ha realizado una inversión total de B/.50,202,276.00, destinada a la adquisición y adecuación de terrenos, la construcción de facilidades terrestres y la adquisición de equipo utilizado en las actividades de operación y administración de la referida Zona Libre de Combustible.
También aclaró que vendió la Finca 22691 a la sociedad Puma Marine, S.A., por lo que dicha finca dejará de ser parte de su Zona Libre de Combustible.
Conforme al reporte presidencial, Petroport, S.A. es un actor importante en la cadena de suministro del gas licuado de petróleo (GLP), utilizado principalmente para la cocción de alimentos y que sigue siendo utilizado por muchos hogares panameños a nivel nacional, contribuyendo a reducir el uso de cocinas a base de leña en viviendas.
La Secretaría Nacional de Energía, luego de atender las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, recomendó la “celebración de la Prórroga No.1 al Contrato No.81 de 30 de octubre de 1996, a favor de la sociedad Petroport, S.A”.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó la prórroga del Decreto de Gabinete No. 5 de 2021, que impone controles específicos sobre la comercialización del café tostado en Panamá, con el fin de garantizar el cumplimiento de normas de salud pública.
Según las autoridades, se han detectado irregularidades en el proceso de comercialización de este producto, lo que ha motivado la implementación de medidas temporales que aseguren la calidad del café que consumen los panameños.
El nuevo decreto, aprobado con base en la evaluación de la Cadena Agroalimentaria de Café y la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción, mantiene vigente los controles por seis meses más, en defensa de un producto esencial para la salud, la economía rural y la canasta básica.
Además de proteger a los consumidores, la medida resguarda la producción nacional del café, una industria que emplea a miles de panameños y que fue calificada como “producto sensitivo” desde 2003, por su peso en la economía y seguridad alimentaria.
Las autoridades recordaron que el marco legal internacional —como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)— permite este tipo de restricciones siempre que respondan a estándares de salud y calidad para productos comercializados.
ENMAYÚSCULA.- Andrés Farrugia, gerente de la Caja de Ahorros (CA), presentó al Consejo de Gabinete el avance del mecanismo financiero estructurado de B/.600 millones con el objetivo de “apoyar la reactivación económica y acelerar las obras de infraestructura entre contratistas y el Estado, agilizando la ejecución de proyecto, proveyendo liquidez para el desarrollo de obras públicas”.
Farrugia destacó que esta estrategia forma parte del plan quinquenal de la entidad bancaria, buscando agilizar la ejecución de proyectos, el pago a proveedores y el desarrollo de obras públicas, a través de diversos instrumentos financieros, recursos que, igualmente, se gestionan a través de alianzas con otras entidades bancarias internacionales.
“Este producto es escalable hasta tres mil millones de balboas más lo que permite poder dar liquidez a los proveedores del Estado, teniendo la certeza de los tiempos de pago… Cuando un proveedor tiene la seguridad del momento de la fecha de su pago no encarece la obra, ni en un sobrecosto… Teniendo este instrumento y sabiendo la fecha de pago pueden ser inclusive más competitivos, eso significa ahorros importantísimos para el Estado”, destacó el gerente de la CA.
También afirmó que la iniciativa busca solucionar los nudos críticos en los pagos a proveedores del Estado, un foco de atención del gobierno actual, enfocados en obras públicas como impulso a la construcción, inyección de liquidez que ha permitido financiar más de 30 obras viales y proyectos de infraestructura previstos para este 2026.
Bajo este esquema de pago, informó, existe aprobaciones de unos mil 400 millones de dólares con diferentes contratistas e instituciones, como son: el Ministerio de Obras Públicas, seguido del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de la Vivienda.
“Tenemos cerca de doscientos sesenta millones de dólares aprobados y en parte desembolsados al Ministerio Obras Públicas, con un número plural de contratistas y una multiplicidad de obras, a través de todo el país que están siendo financiadas por el segmento de la banca comercial de la Caja de Ahorros en condiciones y términos muy competitivos”, explicó el gerente en fusión de este segmento.
ENMAYUSCULA.- El ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman reveló que mañana estará presentando ante el Consejo de Gabinete las modificaciones al Presupuesto General del Estado.
"Mañana estaré presentando al Consejo de Gabinete nuestras recomendaciones en base a las modificaciones solicitadas. El presupuesto no ha sido retirado, no ha sido rechazado", señaló el titular de economía en conferencia de prensa.
"Hemos recibido la solicitud de la Comisión de Presupuesto para evaluar recomendaciones y posibles modificaciones, es parte normal de toda democracia, y mañana estaré presentado al Consejo de Gabinete nuestras recomendaciones en base a las solicitudes efectuadas, el Presupuesto no ha sido retirado, no ha sido rechazado, y es facultad de la Asamblea solicitar modificaciones", explicó Chapman.
"Después de haber realizado un análisis, hemos tomado la decisión de que se incluirán todos los aumentos de gastos que exigen las leyes, como las más nuevas del 7% del PIB en gasto asignado a Educación, una iniciativa muy noble", dijo.
No obstante, argumentó que “la cifra exacta la estaremos comunicando mañana. Hoy estuve reuniéndome con el equipo para ver las cifras. Pero es un monto importante, pero son fondos que habrá que buscar financiamiento”.
Sostuvo que la actual administración recibió "las finanzas un poco felices, para decirlo de la mejor manera, y nuestro compromiso es ordenar la casa, las finanzas públicas y muestra de eso es haber presentado un presupuesto conservador, prudente y que busca la responsabilidad financiera del país".
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.30-25, que autoriza la suscripción de un contrato de préstamo entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la suma de $300,000,000.00.
El contrato de préstamo está basado en un programa de reformas de políticas denominado “Programa de Apoyo a la Política Nacional Forestal de Panamá” con el propósito de apoyar parcialmente el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 y otras vigencias fiscales.
Conforme al reporte oficial, “el préstamo se manejará con una tasa de referencia SOFR a 6 meses pagaderos semestralmente, más el margen aplicable de 1.95%. La CAF financiará 85 puntos básicos no reembolsables de la tasa de interés establecida durante los primeros ocho años”.
También se establece que el plazo este préstamo será a 20 años con un periodo de gracia de 24 meses. “Mientras que la amortización del préstamo se efectuará mediante 37 pagos de cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales, a las cuales se añadirán los intereses devengados al vencimiento de cada uno de los períodos de intereses”, detalla el informe.
El Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable a la suscripción del contrato de préstamo con la CAF.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el proyecto de ley 38-24, que establece un período de moratoria entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 para el pago de intereses y recargos relacionados con varios impuestos, incluyendo el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única de personas jurídicas.
La Dirección General de Ingresos (DGI) ha estimado que la morosidad en el pago de impuestos asciende a 3,210 millones de balboas, y se espera que entre un 15% y 18% de este monto sea recuperado durante la moratoria.
Conforme con el reporte oficial, esta moratoria aplicará a todas las personas naturales y jurídicas, así como a los bienes inmuebles en situación de morosidad. Aquellos que realicen el pago total de los saldos nominales adeudados, incluyendo multas, estarán exonerados de intereses, recargos y sanciones relacionadas con el proceso de cobro.
Además, los contribuyentes que actúan como agentes de retención y que mantengan deudas por impuestos retenidos hasta junio de 2024 podrán extinguir sus saldos adeudados pagando directamente a la DGI hasta el 31 de diciembre de 2024.
La DGI aclaró que “el objetivo de esta ley no es liberar de responsabilidad a los contribuyentes, sino más bien ofrecer mejores condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en línea con el principio de justicia tributaria”.
Asimismo, se busca aumentar la recaudación del Estado y dinamizar la economía nacional, ante las preocupaciones sobre la morosidad de contribuyentes y las proyecciones de recaudación fiscal para el presente año.
El proyecto será presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°146-25, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA, S.A.), para el servicio de recaudo de pasajes, administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, por un monto de B/.11,085,673.14.
Esta decisión se produce luego de que la Junta Directiva de Metro de Panamá, S.A. autorizara gestionar ante el Consejo de Gabinete el procedimiento excepcional para la contratación de SONDA hasta el 31 de octubre de 2026, inicialmente por B/.8,262,665.21.
Las autoridades informaron que, de manera paralela, se avanza en la elaboración del pliego de cargos del procedimiento de selección de un nuevo operador para la administración financiera y recaudo de los pasajes, con una vigencia de diez años.
Según explicó MPSA, el aumento de seis meses en la vigencia del procedimiento excepcional y la incorporación de la renovación parcial de equipamiento (validadores, servidores y “switch”) responde a dos objetivos: “(1) ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del acto público y (2) renovar equipamiento que ya no cuenta con soporte técnico ni repuestos debido a la obsolescencia tecnológica de estos equipos”.
Como resultado, MPSA solicitó a SONDA una nueva propuesta económica que incluyera esta renovación parcial del equipamiento, garantizando la continuidad del servicio mientras se avanza en el proceso de selección del nuevo operador.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan contrataciones transitorias bajo procedimiento excepcional entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y dos empresas internacionales, con el propósito de “garantizar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal”.
Según informó el propio Gabinete, la decisión se adoptó luego de que “se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de estas dos terminales de contenedores”.
La Resolución de Gabinete N.° 5-26 formalizó el contrato de concesión transitorio entre la AMP y la empresa APMT Panamá, S.A., el cual permitirá asegurar por un periodo de hasta 18 meses la operación del puerto de Balboa, además de su mantenimiento y administración.
Por su parte, la Resolución de Gabinete N.° 6-26 aprobó “el contrato de concesión transitoria entre la AMP y la empresa TIL Panamá, S.A. para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal, también durante un periodo de hasta 18 meses”.
Ambos contratos entran en vigor como medidas provisionales mientras el Estado define el esquema definitivo para la administración y operación de los puertos tras la salida de PPC.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó los decretos que autorizan la creación de dos fideicomisos dirigidos a impulsar el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, así como promover la recuperación económica sostenible.
El Decreto de Gabinete N. 37-24 autoriza la suscripción del contrato de fideicomiso denominado “Creación y Desarrollo del Fondo de Garantías de Panamá” entre el Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de Fideicomitente y el Banco Nacional de Panamá, en calidad de Fiduciario, con el objetivo de “incrementar los niveles de financiamiento en el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el país para la mejora de su productividad”.
El mismo será constituido inicialmente por un monto de ciento cincuenta millones de dólares (US$150,000,000.00), provenientes del contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, autorizado mediante Decreto de Gabinete N.° 1 de 10 de enero de 2024.
De acuerdo con el Decreto de Gabinete, el objeto de este fideicomiso es “constituir un patrimonio autónomo con los recursos transferidos por el Fideicomitente al Fiduciario y aportes adicionales futuros, para la administración y ejecución del programa Creación y Desarrollo del Fondo de Garantías de Panamá, única y exclusivamente como fuente de financiamiento a través de facilidades de crédito otorgadas por el Banco Nacional de Panamá”.
Se establece que el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, incluirá en el Presupuesto General del Estado de cada vigencia fiscal, las partidas necesarias para cubrir las obligaciones derivadas.
El Consejo también autorizó, mediante el Decreto de Gabinete N. 36-24, la suscripción del contrato de fideicomiso “Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible”, entre el MEF, en calidad de Fideicomitente y, el Banco Nacional de Panamá, en calidad de Fiduciario, para promover la recuperación económica sostenible mediante inversiones.
Este fideicomiso será constituido inicialmente por un monto de ciento sesenta millones de dólares (US$160,000,000.00), provenientes del Contrato de Préstamo No 5630/OC-PN, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
El objeto de este segundo es el de constituir un patrimonio autónomo para la administración, seguimiento del desempeño y ejecución del Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible, única y exclusivamente como fuente de financiamiento a través de facilidades de crédito otorgadas por el Banco Nacional de Panamá.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó la suscripción del Contrato de Préstamo N°2350 entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta 75 millones de dólares.
Estos recursos estarán destinados a financiar las necesidades del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 y otras vigencias, apoyados en un programa de reformas de políticas bajo el nombre “Operación de Políticas de Desarrollo para Apoyar la Promoción de la Conservación y Restauración de la Cobertura Boscosa en la República de Panamá”.
El préstamo tiene un plazo de 15 años y una tasa de interés del 5.90%, la cual será revisada trimestralmente. Según el reporte oficial, el contrato ya cuenta con la aprobación del Directorio Ejecutivo del BCIE y con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional, representando un aval importante por parte del Gobierno de Panamá.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Proyecto de Ley N.° 28-25, que establece el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2026, por un monto de B/.5,207.2 millones, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
La Autoridad del Canal proyecta un aporte directo al Tesoro Nacional de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento del 14.5% respecto al año anterior. A esto se suman B/.291.1 millones en pagos a otras entidades del Estado por impuestos y contribuciones.
El presupuesto del próximo año fiscal prioriza las inversiones en sostenibilidad hídrica, entre ellas el proyecto del lago de río Indio, así como la diversificación de negocios (gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico), la formación del recurso humano y el bienestar de las comunidades en las cuencas tradicional y occidental.
En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 91-25, que declara el proyecto del lago de río Indio como de interés público. Esta medida busca garantizar el abastecimiento de agua potable a más del 50% de la población y respaldar la operación del Canal por los próximos 50 años.
El Gobierno también definió el polígono de influencia del proyecto para prevenir la especulación con tierras y proteger los derechos de las comunidades locales. Dentro de esta zona, cualquier transacción o cambio de uso de suelo requerirá autorización de la Autoridad del Canal de Panamá.
Con la declaración de interés público, todas las instituciones del Estado deberán colaborar en el desarrollo ordenado del proyecto y agilizar la atención a las comunidades de la cuenca del río Indio.
El proyecto de ley aprobado por el Gabinete será remitido a la Asamblea Nacional de Diputados para su discusión, en cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 30-25, que reestructura la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá) y la convierte en una oficina dependiente del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), manteniendo todas sus funciones, coberturas y eficiencia.
Este proyecto, que deberá ser sometido a aprobación de la Asamblea Nacional, modifica un artículo del Decreto Ley 6 de 15 de febrero de 2006, que reorganiza al MICI; además deroga la Ley 207 de 5 de abril de 2021 y dicta otras disposiciones.
Según la sustentación del proyecto, la creación de la Autoridad ProPanamá generó una estructura administrativa con distintos niveles jerárquicos que implicaron un incremento en la planilla estatal, en lugar de la racionalización de recursos públicos.
El MICI señaló: “Entendiendo el papel clave que desempeña la inversión extranjera directa para el país, el fortalecimiento de nuestro modelo económico, así como los desafíos contemporáneos en términos de eficiencia presupuestaria y la necesidad de una gestión más integrada de los recursos públicos, lleva a considerar la necesidad de la unificación de la institucionalidad y reestructurar las funciones que realizan el MICI y ProPanamá”.
La entidad explicó que la iniciativa busca integrar funcionalmente a ProPanamá dentro de la estructura ministerial, asegurando continuidad institucional, eficiencia presupuestaria y coherencia en la política pública de atracción de inversiones y promoción de exportaciones, con respaldo técnico del sector privado y los principales actores de la estrategia económica nacional.
En ese sentido, el proyecto plantea una adecuación del entorno institucional para mejorar la competitividad de la economía panameña, optimizar la coordinación administrativa y fortalecer el impacto de las políticas públicas, además de reducir el gasto público operativo mediante una mayor eficiencia en las funciones de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N°03-25 con el objetivo de darles estabilidad a los maestros y profesores nombrados con contratos temporales por aumento en la cantidad de estudiantes.
El proyecto adiciona artículos a la Ley 12 de 1956, que crea la Dirección Nacional de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación (Meduca) y modifica artículos de la Ley 47 de 1946.
De acuerdo con el Meduca: el crecimiento de la población de estudiantes que acuden a los centros educativos oficiales del primer y segundo nivel de enseñanza causa una serie de retos, ya que hoy asisten a las aulas escolares más de 800,000 alumnos. Cada año, esta situación demanda un aumento en la cantidad de maestros y profesores que se requieren para suplir las vacantes que surgen.
“Con este proyecto de ley, se establecerán nuevas condiciones para hacerles justicia a estos educadores, pero bajo mecanismos de concurso”, resalta el reporte de la Presidencia de la República.
El proyecto de ley adiciona el artículo 18-B a la Ley 12 de 1956, estableciendo que: en las vacantes de maestro o profesor originadas por aumento en la cantidad de estudiantes, que sean creadas y suplidas en condición temporal hasta finalizar el año, se podrá mantener nombrado en la vacante, a partir del año siguiente, al docente que durante el año escolar inmediatamente anterior haya sido nombrado en condición temporal hasta finalizar el año.
Para los efectos de esta Ley, la efectividad del nombramiento del docente podrá ser extendida hasta 5 años adicionales en condición temporal hasta finalizar el año, siempre que el docente tenga el título universitario exigido para el cargo, así como que haya obtenido evaluación de desempeño satisfactoria durante cada año laborado en la respectiva vacante y que el centro educativo necesite el nombramiento, según la organización escolar de este.
Lo establecido en este artículo no limitará el derecho que tiene el docente de aspirar a ocupar otra posición.
El proyecto de ley también adiciona el artículo 18-C a la Ley 12 de 1956, estableciendo que el maestro o profesor que durante 5 años o más haya sido nombrado y laborado en condición temporal hasta finalizar el año o interina, podrá ser nombrado por un período de prueba de 1 año escolar, siempre que tenga el título universitario exigido para el cargo y que su desempeño durante los años laborados en condición temporal o interina haya sido evaluado satisfactoriamente. Al final del período de prueba, será nombrado permanente, si el maestro o profesor obtiene evaluación de desempeño satisfactoria durante ese período.
Los nombramientos a los que se refiere el artículo 18-C de esta Ley se harán por concurso en las vacantes de maestro o profesor que durante 5 años continuos o más, hayan sido creadas y suplidas en condición temporal hasta finalizar el año.
El Meduca indicó que se destinarán anualmente para traslado el 50% de las vacantes de maestro o profesor a las que se refiere este artículo, sin perjuicio de las otras vacantes que deben ser destinadas para el traslado de docentes. En las vacantes que por causa de esta Ley sean destinadas a nombramiento, tendrán prelación los maestros o profesores que cumplan lo establecido en el artículo 18- C de esta Ley.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 18-25, que autoriza la suscripción de mil (1,000) acciones de capital nuevas entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII o BID Invest), por un monto total de $21,000,000.00.
Se recordó que, en la Reunión Anual de 10 de marzo 2024, la Asamblea de Gobernadores de CII o BID Invest —de la cual Panamá es miembro desde 1985—, se aprobó la Resolución CII/AG- 5/24, titulada “Nueva Visión y Modelo de Negocios para la Corporación Interamericana de Inversiones: Propuesta de Capitalización y Plan de Implementación”, en la cual se autoriza un aumento de capital de la CII o BID Invest de $3,500 millones divididos en 166,666 acciones.
Se detalló que “de este total, se le asignan a Panamá mil (1,000) acciones para ser suscritas, cuyo valor por acción es de $21,000.00, siendo el monto total de la suscripción de $21,000,000.00”.
Panamá posee actualmente 1,176 acciones en CII o BID Invest, lo que representa un capital pagado de $17,017,204.64.
Con la suscripción de mil acciones adicionales de capital, Panamá alcanzará una suma total de 2,176 acciones de capital, y un capital pagado de $38,017,204.64.
Cabe destacar que la Corporación Interamericana de Inversiones pertenece al Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hoy, el Consejo de Gabinete también aprobó el Decreto N. 17-25, por el cual se adiciona un artículo al Decreto de Gabinete N.° 8 de 18 de abril de 2007, que autoriza la emisión de títulos de valores del Estado denominados Letras del Tesoro.
Con ello se adiciona el artículo 2-A al Decreto de Gabinete N.° 8 de 18 de abril de 2007, así: En adición al “Uso de los recursos” establecido en el artículo 2. “Términos y Condiciones” del Decreto de Gabinete N.° 8 de 18 de abril de 2007, se autoriza al ministro de Economía y Finanzas, a la viceministra de Economía o al viceministro de Finanzas, cada uno de ellos autorizados individualmente, para que coloquen, de manera directa, indirecta, o por cualquier otro mecanismo de emisiones que el Estado considere oportuno y que sea conforme a las prácticas de mercado prevalecientes en este tipo de transacciones, Letras del Tesoro, dentro del límite estipulado en el Decreto de Gabinete N.° 6 de 4 de febrero de 2025, para el pago o compensación de compromisos u obligaciones del Estado.
Los términos y condiciones finales de las referidas colocaciones serán aprobadas mediante Resoluciones Ministeriales, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
ENMAYÚSCULA. -El Consejo de Gabinete autorizó este martes a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que busca adicionar el artículo 169-A al Código Penal para establecer nuevas sanciones relacionadas con el uso de capuchas, pasamontañas o máscaras durante manifestaciones públicas.
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal señala que “quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.
El nuevo artículo 169-A propuesto por el Órgano Ejecutivo establece que “quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
Además, la iniciativa contempla un incremento de la pena cuando el ocultamiento del rostro facilite otros delitos. El texto señala que “si con ocasión de dicha conducta se facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido”.
ENMAYÚSCULA. -El Consejo de Gabinete autorizó este martes a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que busca adicionar el artículo 169-A al Código Penal para establecer nuevas sanciones relacionadas con el uso de capuchas, pasamontañas o máscaras durante manifestaciones públicas.
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal señala que “quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.
El nuevo artículo 169-A propuesto por el Órgano Ejecutivo establece que “quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
Además, la iniciativa contempla un incremento de la pena cuando el ocultamiento del rostro facilite otros delitos. El texto señala que “si con ocasión de dicha conducta se facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido”.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete oficializó este martes dos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al aprobar las resoluciones que designan a nuevos magistrados en las salas Tercera y Primera.
A través de la Resolución 107-25, se nombró a Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. La jurista sustituirá a Cecilio Cedalise Riquelme, cuyo periodo en el cargo venció recientemente.
El documento destaca que Agurto “actualmente es magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral”. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría de la Universidad de Tulane, en Louisiana. A lo largo de su carrera ha sido “jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros”.
En tanto, la Resolución 108-25 avaló la designación de Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la CSJ, en reemplazo de Ángela Russo Mainieri.
Villalobos es abogado litigante con más de 20 años de experiencia en derecho civil. De acuerdo con la resolución, ha trabajado en áreas como “contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros”.
Graduado de la Universidad de Panamá, Villalobos cuenta además con un postgrado en Derecho Procesal Civil. Su trayectoria ha sido reconocida en diferentes instancias: “Villalobos recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford, de la Asociación Bancaria de Panamá, un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su valiosa participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil”.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó este martes la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley 1-26, titulado “Que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN)”.
Según la propuesta, la iniciativa busca transformar el modelo institucional vigente hacia uno nuevo enfoque habitacional. En ese sentido, el documento señala que la intención es “transformar el actual modelo institucional hacia uno nuevo y moderno que garantice el derecho a la vivienda, con un sistema de financiamiento habitacional eficiente y sostenible financieramente, y con cobertura social”.
El rediseño del esquema contempla una nueva distribución de funciones. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mantendría la rectoría de la política de vivienda, mientras que la Caja de Ahorros asumiría funciones de banca hipotecaria social.
El planteamiento también establece cambios en la estructura operativa del sistema. De acuerdo con el texto, “lo anterior evitará duplicidades, reducirá los costos operativos, fortalecerá el crédito social y habilitará mecanismos modernos de articulación público-privada para la producción de una vivienda social”.
El cierre del Banco Hipotecario Nacional no será inmediato. El proyecto indica que se realizará de forma progresiva mediante un Plan de Transición Institucional que deberá ser aprobado por el Órgano Ejecutivo, y que “una vez promulgada la ley, el proceso de cierre no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027”.
Para coordinar el proceso se creará un Comité de Transición integrado por el Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.
El proyecto también redefine la distribución de competencias. Las funciones de diseño de política habitacional, subsidios, planificación y desarrollo de proyectos público-privados pasarán al Miviot, mientras que el financiamiento hipotecario y la administración crediticia serán responsabilidad de la Caja de Ahorros.
En ese marco, la entidad bancaria deberá administrar la migración de carteras hipotecarias del BHN, garantizando la continuidad del servicio a los usuarios. El documento aclara además que “esta disposición no constituye una fusión bancaria”.
Finalmente, la iniciativa incorpora un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, con la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social adscrita al Miviot. Esta instancia impulsará proyectos de vivienda de interés social con participación del sector privado, orientados a la venta o alquiler social.
ENMAYUSCULA.- En una sesión del Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 111-24 que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado por un total de veinte millones de balboas (B/.20,000,000) en beneficio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Conforme con el reporte oficial, este financiamiento está destinado a fortalecer varios proyectos de inversión del MIDA, con el objetivo de impulsar la producción agrícola nacional y mejorar la infraestructura del sector. Entre los proyectos más destacados se incluye la asignación de B/.13,521,993 para el "Fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros Rubros Agrícolas".
Además, se destinarán fondos para la construcción de un sistema de riego en Alto de Bambito, en la provincia de Chiriquí, con una inversión de B/.2,381,149. También se contempla la creación de la nueva sede regional del MIDA en Chiriquí, por B/.2,000,000, y la ejecución del proyecto de riego La Coca, que recibirá B/.932,218.
Otras iniciativas incluyen el fortalecimiento de los laboratorios de residuos tóxicos en salud animal y sanidad vegetal, por un monto de B/.450,000, así como la construcción de una residencia estudiantil para damas, con un costo de B/.245,975. Además, se destinarán B/.368,665 para el pago de proveedores por servicios tecnológicos y obligaciones vencidas entre 2019 y 2023.
Se detalló que los recursos para este crédito adicional provendrán del Fondo de Compensación de Intereses (FECI), depositados en la Cuenta Única CUT-MIDA del Tesoro. La transacción cuenta con la aprobación del Consejo Económico Nacional, así como con el informe favorable de la Contraloría General de la República y un análisis de viabilidad positivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza la contratación para el suministro de servicios integrales necesarios para el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis, durante un periodo de siete meses, con un costo total de B/.16 millones.
El contrato abarca una serie de servicios esenciales, entre los cuales se incluyen el mantenimiento del sistema informático TDMS de diálisis, la provisión de riñones artificiales, sillones de diálisis, así como el alquiler de la unidad extrahospitalaria Metro 1. Además, se cubrirán todos los insumos y recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de estas unidades de atención.
La decisión se sustentó en un informe técnico elaborado por el Dr. Ramiro García Barrios, coordinador nacional de Hemodiálisis, quien expuso en el documento DENSYPS-CNH-INF-108-2024 del 14 de octubre de 2024 la urgente necesidad de contar con este contrato para asegurar la cobertura de la demanda de kits y demás suministros requeridos para el servicio.
Según se explicó, esta medida se tomó con base en el artículo 79 numeral 1 del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública. Esta ley permite que, en circunstancias excepcionales, las entidades del Estado puedan proceder con una contratación directa cuando no se cuente con un sustituto adecuado, como en este caso, para evitar que se ponga en riesgo el funcionamiento de los servicios de hemodiálisis.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones 85-25, 86-25, 87-25 y 88-25, que autorizan cuatro contrataciones bajo procedimiento excepcional entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y empresas encargadas de rehabilitar las plantas potabilizadoras de Parita, Chepo, Farallón y Yaviza. Estas obras beneficiarán a más de 38 mil personas que hoy enfrentan problemas con el suministro de agua.
El director del Idaan, Rutilio Villarreal, aclaró que en cada proyecto se eligió la oferta más baja entre las empresas que mostraron interés. Los cuatro contratos, que suman una inversión de B/.19.9 millones, forman parte del “Programa de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras a Nivel Nacional”, cuyo objetivo es atender y rehabilitar unas 32 potabilizadoras en el país.
El primer contrato se firmará con la empresa Constructora Rodsa, S.A., para rehabilitar la planta de Parita, en la provincia de Herrera, por un monto de B/.4,578,576.91. Esta potabilizadora, que atiende a 3,960 personas, no reúne las condiciones para brindar el servicio de forma óptima debido a los años de uso y la turbiedad en su toma de agua cruda.
La planta de Yaviza, en Darién, será rehabilitada por la empresa Constructec Ingeniería, S.A., con una inversión de B/.4,498,763.55, en beneficio de 3,508 personas. Con más de 50 años de funcionamiento, la potabilizadora presenta fallas operativas y requiere acciones en la toma de agua cruda, sistema de tratamiento, válvulas, bombas y equipos eléctricos. Actualmente, el agua proveniente del río Chucunaque llega con alta turbiedad y la infraestructura no permite un tratamiento adecuado.
En tanto, la planta de Farallón será rehabilitada por la empresa Cox Energy, S.A., con un contrato de B/.3,671,316.59. Este proyecto beneficiará a 2,554 residentes y también a la población flotante de turistas que visita la zona hotelera. Construida en 2007, la planta no tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda actual.
La potabilizadora de Chepo también será rehabilitada por Cox Energy, S.A., con un contrato de B/.7,191,273.03, en beneficio de 28,472 personas. Con cinco décadas de servicio, la planta presenta continuas fallas operativas y dificultades para tratar el agua cruda del río Mamoní, que ingresa con alta turbiedad. El contrato contempla mejoras a la infraestructura, equipos de tratamiento, válvulas, bombas y sistemas eléctricos.
El Idaan explicó que el objetivo de estos cuatro proyectos es mantener en óptimas condiciones las plantas potabilizadoras mediante mejoras en la toma de agua cruda y el sistema de tratamiento, con el fin de garantizar un servicio de calidad, continuidad y eficiencia en un plazo de 1,260 días.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó la resolución N.34-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), por un monto de hasta B/.3,500,000.00.
El objetivo de este crédito es incorporar recursos al presupuesto de funcionamiento de la entidad para ejecutar el proyecto de suministro de una póliza de seguro que brinde cobertura a extranjeros o panameños residentes en el exterior que ingresen al país por vía aérea, a través de los aeropuertos internacionales de Panamá.
Según la información oficial, la medida busca incentivar el turismo mediante un beneficio que ya fue implementado con éxito en administraciones anteriores.
La fuente de financiamiento proviene de saldo en caja y banco. La solicitud cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional, así como con un informe positivo de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia.
Adicionalmente, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en representación del Consejo de Gabinete, someta la resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos necesarios para su ejecución.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó modificaciones al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, manteniendo el monto original de B/.34,901 millones y un programa de inversiones por B/.11,188 millones, lo que —según el Ejecutivo— consolida a Panamá como una de las economías con mayor esfuerzo inversor proporcionalmente en Latinoamérica.
Los ajustes incorporan recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente enfocadas en el sector educativo, además de un incremento de B/.57.5 millones para el cumplimiento de la Ley de Medicamentos, ejecutada por el Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de fortalecer la capacidad de insumos y mejorar la respuesta del sistema público de salud.
Asimismo, se asignaron B/.30.5 millones adicionales al sector agropecuario, con el fin de respaldar al productor nacional y promover la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de los programas de apoyo, asistencia técnica y productividad rural.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calificó este plan como un programa económico orientado a la consolidación fiscal, que busca reducir el déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En su estructura general, el presupuesto 2026 prioriza los sectores educación, salud y agropecuario, destinando recursos clave para impulsar el desarrollo humano y la producción nacional:
Educación: reasignación de B/.104 millones para infraestructura y proyectos escolares.
Salud: B/.319.5 millones para medicamentos, B/.95 millones para instrumental médico y B/.26 millones adicionales al MINSA, incluyendo B/.10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.
Agropecuario: B/.31.5 millones adicionales para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional de Panamá del proyecto de ley N.° 15-25, que crea la “Orden Nacional Belisario Porras Barahona” y establece las normas para su otorgamiento.
La iniciativa contempla la derogación del Decreto de Gabinete No.132 del 29 de mayo de 1970, mediante el cual se instituyó este reconocimiento que lleva el nombre del tres veces presidente de la República, Belisario Porras Barahona.
El objetivo principal del proyecto es actualizar y regular el marco jurídico que rige esta condecoración, destinada a nacionales destacados, al tiempo que exalta la figura de Porras Barahona como ciudadano ejemplar y referente en la construcción del país.
Con la elevación de esta distinción a rango de ley, se busca rendir un homenaje al legado del líder panameño, considerado uno de los principales impulsores de las bases de la República.
Aunque la propuesta mantiene en gran medida la redacción del decreto original emitido en 1970 por la Junta Provisional de Gobierno, incorpora adecuaciones y actualizaciones acordes a la normativa vigente.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 21-25, que subroga la Ley 9 de 20 de junio de 1994 —que establece y regula la Carrera Administrativa— y que plantea una reforma estructural mediante la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, como una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica y funcional.
Según el documento aprobado, el objetivo es “garantizar la profesionalización, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público”.
La iniciativa busca fortalecer la Carrera Administrativa bajo los principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, lo que —de acuerdo con el Gobierno— contribuirá al desarrollo institucional, la estabilidad del empleo público y la mejora continua del servicio al ciudadano.
Actualmente, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores de un total de 260 mil) se encuentran en el estatus de Carrera Administrativa. El diagnóstico también revela que 87% de los servidores públicos en puestos de carrera no cuentan con el estatus correspondiente. Ante ello, el proyecto de ley establece que “todos serán incorporados con transparencia, para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía”, corrigiendo así una situación calificada como injusta.
El documento enfatiza que el propósito de la reforma es “alcanzar una Administración Pública racional y profesionalizada, compuesta por servidores públicos que aporten valor y resultados”. Asimismo, se asegura que la permanencia en el servicio sea producto del mérito, el desempeño y la contribución efectiva al interés general.
El Ejecutivo destacó que la propuesta recoge las mejores prácticas internacionales, experiencias previas y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ello, se busca cerrar la puerta a “prácticas clientelistas, nombramientos por política, y garantizar que los mejores talentos ingresen y asciendan en el Estado”.
El proyecto también consolida la creación de una autoridad de control independiente, con un director escogido por mérito. “La población recibirá un servicio de calidad en las entidades públicas, abriendo paso a un Estado más eficiente, estable y profesional”, resalta la exposición de motivos.
El documento fue elaborado tras un proceso de más de 25 sesiones de una Mesa Técnica Interinstitucional en la que participaron el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, entre otras entidades.
Además, incorporó la propuesta del diputado Roberto Zúñiga, resultado de seis mesas de trabajo multisectoriales con la participación de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la Procuraduría de la Administración, la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio y la Dirección General de Carrera Administrativa.
El proyecto de ley, que será enviado a la Asamblea Nacional, tiene como ejes centrales: consolidar un sistema de Carrera Administrativa basado en el mérito, restablecer los concursos públicos como mecanismo obligatorio para el ingreso y movilidad, crear un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño y promover la equidad y sostenibilidad fiscal.
“Con este proyecto de ley, Panamá estará dando un paso decisivo para superar las limitaciones del actual sistema y avanzar hacia un modelo de servicio civil profesional, estable y comprometido con los intereses de la ciudadanía”, concluye el documento.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de 34,900 millones de balboas, según informó este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Chapman explicó que este presupuesto no representa un aumento operacional del gasto, sino que responde principalmente a obligaciones ineludibles del Estado, tales como el servicio de la deuda y aumentos automáticos de salarios establecidos por leyes especiales.
“El monto llamará la atención, pero voy a explicar qué hay detrás de estos grandes números. Asciende a 34 mil 900 millones de balboas y responde a obligaciones ineludibles del Estado, no a un aumento operacional del gasto. Es decir, casi la totalidad del aumento obedece a rigideces, llámese deuda y aumentos de salarios automáticos por leyes especiales”, sostuvo el titular del MEF.
El funcionario agregó que el Gobierno Nacional mantiene un plan para disminuir gradualmente la velocidad de crecimiento de la deuda pública, lo que incluye una reducción en la planilla estatal. En ese sentido, Chapman precisó que hasta mayo de 2025 se registraban 4,088 servidores públicos menos, en comparación con julio de 2024.
El proyecto será presentado próximamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de Ley 6-25, que autoriza el acuerdo entre el Estado panameño y la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que este organismo especializado de Naciones Unidas instale y opere una oficina regional en Panamá.
El acuerdo fija el marco jurídico que regulará la instalación y funcionamiento de la oficina de la UIT en territorio panameño, y responde al objetivo del país de reforzar la cooperación internacional en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
La UIT es responsable de la gestión internacional del espectro radioeléctrico, la asignación de órbitas satelitales y la adopción de estándares que aseguran la interoperabilidad y el funcionamiento armonizado de redes y servicios de telecomunicaciones entre los Estados miembros. Además, impulsa el desarrollo equitativo de las tecnologías de la información mediante asistencia técnica, cooperación internacional y programas orientados a reducir las brechas digitales, especialmente en países en desarrollo.
La presencia de una oficina regional de la UIT en Panamá permitirá avanzar en prioridades compartidas, como la disminución de desigualdades digitales, la promoción de aplicaciones innovadoras y éticas de la inteligencia artificial y la ampliación del acceso a servicios de telecomunicaciones en comunidades desatendidas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución N°111-25, la contratación por procedimiento excepcional entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., para ejecutar el proyecto “Dragado, conformación y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao” por un monto de B/.10,325,546.65.
Según lo aprobado, los trabajos deberán realizarse en un periodo de 240 días calendario, más 60 días adicionales para la liquidación del contrato.
El MOP recordó que en noviembre de 2024, Tonosí, en la provincia de Los Santos, sufrió graves inundaciones tras el desbordamiento de los ríos Tonosí y otros afluentes, producto de las intensas lluvias de la tormenta tropical Rafael. Estas afectaciones obligaron “la evacuación de un gran número de familias y dejaron a muchas personas sin acceso a agua potable y electricidad”.
De acuerdo con el ministerio, las comunidades aledañas a los ríos Tonosí, Flores y El Cacao han enfrentado en los últimos años serios problemas de inundaciones en la temporada lluviosa, con daños a viviendas, cultivos y vías. Para este proyecto, la institución explicó que “se realizó un estudio de mercado que estableció un precio de referencia por encima del monto ofertado por la empresa”.
En la misma sesión, mediante la Resolución N°112-25, el Gabinete aprobó la contratación excepcional entre el MOP y el Consorcio Gatún —integrado por las empresas Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.— para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, con una inversión de B/.6,000,000.00.
La empresa contará con 180 días calendario a partir de la orden de proceder para ejecutar el proyecto, que busca reparar el punto crítico en la vía Transístmica. El MOP señaló que esta obra forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, que prioriza vías de alto tránsito como Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la carretera Panamericana hacia el interior del país.
Al igual que en el caso de Los Santos, el MOP indicó que “se realizó un estudio de mercado para establecer un precio de referencia, el cual está por encima del valor ofertado por el Consorcio”.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°119-25, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a gestionar la Enmienda N°1 al Acuerdo de Capitalización entre los socios mayoritarios de la empresa AES Panamá, S.R.L., con el fin de actualizar los compromisos de inversión del Estado y de la compañía privada AES Global Power Holding, B.V. en el Proyecto Generadora de Gatún.
En febrero de 2023, la Asamblea de Socios de AES Panamá había autorizado el Plan Actualizado de Capitalización, que contempla una inversión conjunta de hasta $198,391,000.00, destinada a la adquisición del 49% de las cuotas de participación de la sociedad AES Latin America, S. de R.L. en Group Energy Gas Panamá, así como futuros aportes de capital necesarios para el desarrollo del proyecto energético.
Tras un atraso en la ejecución del plan, el pasado 15 de mayo de 2025, la Asamblea de Socios de AES Panamá aprobó enmendar el calendario de capitalizaciones. En ese contexto, el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 2 de octubre de 2025, emitió opinión favorable para la celebración de la enmienda entre el MEF y AES Global Power Holding, B.V., con el propósito de dar cumplimiento al plan de capitalización actualizado.
La resolución aprobada por el Gabinete autoriza al Estado panameño a capitalizar a AES Panamá por un monto de hasta $100,109,000.00, distribuidos en las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027. Los aportes correspondientes a 2023 y 2024 fueron ejecutados mediante la Partida Presupuestaria N° G.101682225.001.701, mientras que los fondos para los años 2026 y 2027 estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria en las partidas correspondientes.
Por su parte, AES Global Power Holding, B.V. se comprometió a realizar aportes de capital por hasta $97,343,000.00, dentro del primer semestre de las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 99-25, mediante la cual se autoriza al ministro de Comercio e Industrias a coordinar con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, con el fin de facilitar y asegurar la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.
La resolución faculta al titular del MICI a suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos necesarios para la reactivación de operaciones y a establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La medida surge tras una prolongada huelga que llevó a Chiquita a iniciar la terminación de relaciones laborales de más de seis mil trabajadores y, posteriormente, a notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en Changuinola y Almirante, alegando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en sus contratos con el Estado.
El Gobierno Nacional destacó que, consciente del impacto social y económico de esta suspensión, ha impulsado gestiones para restablecer la operación, considerando la trayectoria de la empresa y su relevancia en el desarrollo de Bocas del Toro.
Para ello, se establece un canal de coordinación entre las entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entre otras, a fin de garantizar una reanudación económica y ordenada de la actividad bananera en la región.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución No. 45-25, mediante la cual se asignan nuevas funciones al viceministro de Comercio Interior e Industrias, Eduardo Agustín Arango, con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites gubernamentales vinculados a la inversión nacional y extranjera.
De acuerdo con la resolución, Arango será responsable de impulsar procesos más eficientes dentro de las distintas entidades y ministerios del Gobierno Nacional relacionados con el tema de inversión, buscando que dichos trámites se gestionen "con la mayor celeridad posible".
Además, el viceministro estará facultado para solicitar información a los representantes legales de las entidades y ministerios, con el fin de identificar obstáculos y proponer mejoras en los procedimientos administrativos que afectan la inversión.
Se detalló que, como parte del seguimiento, la resolución establece que el viceministro Arango deberá presentar informes quincenales al Consejo de Gabinete, en los cuales se incluirán recomendaciones concretas para facilitar y hacer más efectiva la captación y ejecución de inversiones tanto nacionales como extranjeras.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó prolongar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios del Fondo Tarifario de Oeste (FTO) para los clientes finales de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI).
La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 143-25 del 23 de diciembre de 2025, que extiende la vigencia del esquema previamente establecido por el Estado mediante la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015, incluyendo sus modificaciones.
Según lo indicado en la resolución, los beneficios del FTO aplicarán a los clientes de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como a los de la comarca Ngäbe Buglé.
ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete acordó presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No.35-24, "Que aprueba el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia".
Según el reporte oficial emitido por la presidencia, este convenio fue firmado por los Estados miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el 28 de mayo de 2014 en Madrid, España.
El objetivo del convenio es “reforzar la cooperación entre los Estados miembros de COMJIB, en la adopción de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas en casos de ciberdelincuencia. Su ratificación ha sido solicitada por el Procurador General de la Nación”.
Con ello, “los Estados Parte se comprometen a cumplir las solicitudes de cooperación formuladas por sus pares, y a ajustar sus ordenamientos jurídicos para poder cumplir con las medidas de aseguramiento y diligencias de investigación”.
ENMAYÚSCULA. - El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución No. 137-25, la compra de una finca en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, por un monto de seis millones de balboas, a favor de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). La decisión permitirá realizar mejoras y adecuaciones en el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall.
La finca adquirida, propiedad de Héctor Fitzgerald, está inscrita en el Folio Real No. 347 del Registro Público de Panamá. El documento oficial destaca que el aeropuerto “opera actualmente dentro de la finca inscrita en el Folio Real No.347”, lo que hace necesaria la compra para garantizar su expansión y adecuado funcionamiento.
El terreno cuenta con una extensión de “trece hectáreas más nueve mil novecientos ochenta y ocho metros cuadrados y seiscientos dieciocho decímetros cuadrados (13 Has + 9,988.618 m2)”. Con esta adquisición, la AAC podrá avanzar en un plan de mejoras que incluye la ampliación de la capacidad instalada y la posibilidad de un mayor número de operaciones aéreas simultáneas.
Según la información oficial, la compra permitirá incrementar el flujo de pasajeros y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos en la normativa vigente. Además, la ampliación contribuirá al fortalecimiento de Bocas del Toro, Isla Colón, como “un destino turístico estratégico para Panamá”.
La transacción recibió el respaldo de la Junta Directiva de la Autoridad de Aeronáutica Civil, tal como consta en la “Resolución de Junta Directiva No. 14 del 16 de abril de 2025”.
ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- El Consejo de Gabinete aprobó este viernes el proyecto de Resolución N.°159-16, que autoriza modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2017, presentada a la Asamblea Nacional.
ENMAYÚSCULA.- El Consejo de Gabinete autorizó a la sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. (MPSA), a iniciar el proceso de precalificación de proponentes, para la celebración del acto público correspondiente a la ejecución del proyecto y puesta en marcha del Sistema para la Línea 3 del Metro.
ENMAYÚSCULA.- Con el propósito de aprovechar de manera sostenible los recursos acuáticos, con enfoque ecosistémico que garantice el bienestar social y económico del sector pesquero, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), implementará el Plan Nacional de Acción para la Pesca Sostenible.
ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- El Consejo de Gabinete avaló la compra de los terrenos para la edificación del Centro de Adolescentes Jorge “Jordi” Velásquez, en Los Planes de Gualaca, provincia de Chiriquí, por un valor de 4 millones 573 mil 712 balboas.