ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República propuso excluir a los “estudiantes ocasionales” de ciertos beneficios dentro de la Universidad de Panamá, incluyendo el acceso a subsidios y la participación en procesos de gobierno estudiantil como la elección del rector.
El contralor Anel Flores explicó que se están llevando a cabo conversaciones con las autoridades administrativas de la Universidad para alcanzar un acuerdo que permita establecer límites más claros entre los estudiantes regulares y los ocasionales.
“El estudiante que es regular es alguien que tiene una carga por lo menos de 15, 18 créditos semestrales, que tenga menos de 30 años... Lo que queremos es eliminar el proselitismo que se está dando en la universidad y, obviamente, hay mucha gente beneficiándose de subsidios que se le deben dar al estudiante regular, no al ocasional”, declaró Flores.
La medida, según la Contraloría, busca evitar el uso indebido de fondos públicos destinados al apoyo estudiantil y garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos académicos y de dedicación establecidos.
ENMAYÚSCULA.-La Contraloría General de la República de Panamá aclaró este 22 de abril el alcance de la licencia sin sueldo por investigación aplicada en la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos de diputados sobre esta medida.
La entidad indicó que esta acción responde a solicitudes públicas de explicación realizadas por los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duque, y subrayó que se trata de un mecanismo administrativo amparado en la normativa vigente.
Según el comunicado, “la licencia sin sueldo por investigación es una acción de personal que se aplica para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado”, y enfatizó que “no es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso”.
La Contraloría precisó que actualmente “únicamente 7 funcionarios mantienen suspensión de pagos”, mientras que el resto ha recibido sus salarios con normalidad, incluida la primera quincena de abril.
Asimismo, anunció que a partir de la segunda quincena de este mes la medida será aplicada formalmente a los funcionarios bajo evaluación, conforme al marco legal vigente.
La institución también defendió que este tipo de acciones no son nuevas. “Este tipo de medida no es nueva ni responde a una coyuntura específica”, indicó, al recordar que el año pasado se aplicaron licencias similares en distintos despachos legislativos “sin distinción política”.
En relación con el control de asistencia, el comunicado señala que solo el presidente y el secretario general de la Asamblea pueden autorizar excepciones, y advierte que “cualquier situación fuera de este marco debe ser evaluada conforme a la ley”.
Finalmente, la Contraloría reiteró que, una vez concluyan las verificaciones, los casos sin sustento serán remitidos a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades, al tiempo que aseguró que actúa “con apego a la ley, sin distinciones, en defensa del buen uso de los recursos públicos”.
ENMAYÚSCULA.- La Contraloría General de la República de Panamá informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada la mañana de este 3 de mayo de 2026, en un incidente que derivó en la eliminación de todas las publicaciones del perfil institucional.
Según el comunicado, “hoy, 3 de mayo de 2026, en horas de la mañana, la cuenta oficial de Instagram de la institución fue objeto de una vulneración por parte de terceros ajenos, la cual consistió en la eliminación de todas las publicaciones de la cuenta”.
La entidad indicó que, tras detectar la situación, se activaron los protocolos de seguridad para contener el incidente. “Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido”.
En ese sentido, la Contraloría advirtió a la ciudadanía sobre la posible circulación de contenido no oficial durante el periodo en que la cuenta permanece comprometida. “La institución aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este periodo no responde a información oficial ni autorizada por la Contraloría General de la República”.
Finalmente, la institución ofreció disculpas por lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad de la información. “La institución ofrece disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y reitera su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información, adoptando todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para restablecer plenamente sus canales oficiales y prevenir situaciones similares”.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público siete nuevos informes de auditoría que revelan una afectación económica aproximada de 7 millones de dólares en juntas comunales, correspondientes al período 2019-2024.
Con esta nueva remisión, la cifra global de irregularidades detectadas por el ente fiscalizador asciende a cerca de 14 millones de dólares, según informó la entidad a través de un comunicado de prensa.
Estas auditorías forman parte de un plan nacional de fiscalización que, en su primera fase, contempla la revisión de 72 juntas comunales. De acuerdo con estimaciones preliminares de la Contraloría, el monto total de las afectaciones económicas podría alcanzar los 43 millones de dólares al cierre del proceso.
La institución también anunció que, en los próximos días, entregará 20 informes adicionales al Ministerio Público, como parte del mismo esfuerzo de fiscalización.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público los resultados de una auditoría forense que revela posibles irregularidades en la compra de una perforadora hidráulica por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), adquisición valorada en 3.5 millones de dólares.
El equipo en cuestión, un rotativo hidráulico modelo GEFKO 50k, fue adquirido durante la administración del exdirector Juan Antonio Ducruet y estaba destinado a la perforación de pozos de hasta 1,000 pies como parte de los esfuerzos institucionales para enfrentar la escasez de agua potable.
La investigación fue solicitada por el propio IDAAN ante dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso de contratación. Como resultado de la auditoría, este 26 de junio el caso fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público para su debida investigación.
La Contraloría aclaró que no tiene competencia para establecer responsabilidades penales, función que recae exclusivamente en el Ministerio Público.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República, bajo la dirección del contralor Anel Flores, ordenó a todas las entidades públicas reforzar el cumplimiento estricto de la rendición de cuentas en la administración de recursos y bienes del Estado.
Mediante la Circular N.° 43, la institución instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna a garantizar la verificación rigurosa de los informes que deben presentarse mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente, conforme a lo establecido en la Ley 32 de 1984.
El contralor Flores recalcó que esta obligación recae en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos estatales. “Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, subrayó.
La circular fue enviada a altos funcionarios como el presidente de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Administrativo Tributario, así como al procurador general de la Nación, el procurador de la Administración, el Tribunal Electoral, universidades oficiales, el defensor del pueblo, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.
La Contraloría subrayó que esta medida busca garantizar transparencia en el manejo de los fondos estatales. “Rendir cuentas no es un trámite, sino una obligación de todos los que administran recursos públicos”, destacó el comunicado, insistiendo en que la ciudadanía debe confiar en sus instituciones y que este proceso es clave para prevenir la mala administración o el uso indebido de fondos.
ENMAYÚSCULA .- La Contraloría General de la República reveló que el contralor Anel Flores firmó el refrendo del Contrato No. A-2002-26, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa APMT Panamá, S.A., que permite la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del Puerto de Balboa.
Según la entidad, este refrendo corresponde al “ejercicio constitucional y legal de control previo” que realiza la institución para verificar que los contratos que comprometen recursos del Estado “se ajusten estrictamente al marco jurídico vigente”, garantizando la protección del interés público.
La Contraloría también refrendó el Contrato de Concesión No. A-2003-26, firmado entre la Autoridad Marítima y TIL Panamá, S.A., para asegurar la operación y administración del Puerto de Cristóbal. La institución recordó que estas concesiones se sustentan en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública.
En el comunicado, la Contraloría señaló que la continuidad operativa de ambos puertos es clave para el sistema portuario nacional y para la competitividad logística del país, al ser infraestructuras esenciales para el comercio marítimo regional.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República informó que garantizará el refrendo de compras para el funcionamiento de las cafeterías universitarias y la adquisición de papel destinado a la elaboración de diplomas en la Universidad de Panamá, en vísperas del retorno a clases presenciales.
La entidad subrayó que esta decisión forma parte de su compromiso con el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, particularmente en áreas que impactan directamente a la comunidad estudiantil, docente y administrativa del principal centro de educación superior del país.
“La válvula de refrendo se abre en la medida en que se cumpla con lo que establece la ley. La Universidad de Panamá debe ser un ejemplo nacional de integridad, prestigio y responsabilidad institucional”, declaró el contralor general, Anel Flores.
Además del anuncio, la Contraloría hizo un llamado a la rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias, señalando preocupaciones ciudadanas como el deterioro de la infraestructura, el uso indebido de bienes estatales y la presencia de estructuras clientelares que, según la institución, afectan la correcta administración presupuestaria.
También se informó que el ente fiscalizador espera la lista oficial de estudiantes que llevan más de 10 años inscritos sin obtener un título, pero que continúan matriculándose únicamente para permanecer dentro del sistema y beneficiarse de recursos públicos.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República anunció que llevará a cabo una auditoría al uso de los recursos asignados a las agrupaciones gremiales docentes, en el marco del Fondo de Capacitación Gremial Docente, tras una solicitud formal presentada por la ministra de Educación, Lucy Molinar.
La fiscalización abarcará el período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2024, y busca verificar el adecuado uso de estos fondos públicos, destinados al fortalecimiento profesional del magisterio nacional.
Según explicó la Contraloría, el fondo tiene como objetivo respaldar iniciativas orientadas al desarrollo profesional de los educadores, incluyendo programas de formación, cursos, seminarios, congresos, investigaciones, publicaciones y pasantías, que beneficien directamente a los docentes del país.
“En atención a esta solicitud, la Contraloría General de la República iniciará las acciones pertinentes para garantizar la correcta fiscalización y promover la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados al desarrollo profesional del cuerpo docente del país”, informó la entidad a través de un comunicado.
Este fondo fue creado mediante el literal H del artículo segundo del Decreto de Gabinete N.º 168 de 1971 y posteriormente modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 49 del 18 de septiembre de 2002, con el propósito de establecer mecanismos de apoyo permanente a la capacitación gremial del sector educativo.
ENMAYÚSCULA.- El expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, cuestionó la atención que ha recibido la investigación contra Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República, aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso denominado "Contraloría Paralela".
Vásquez es investigada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado en un expediente que también contempla una posible lesión patrimonial al Estado estimada en más de 771 mil dólares.
En un pronunciamiento difundido este 4 de junio, Martinelli sostuvo que "la ley debe ser igual para todos" y señaló que algunos medios de comunicación han centrado su cobertura en el caso de la exfuncionaria mientras, según él, se desvía la atención de otros asuntos de interés nacional.
"Hoy he visto la alharaca que han hecho algunos medios con una pobre viuda acusada de enriquecimiento ilícito. Y pareciera ser que están desviando la atención para los graves problemas de la fuga masiva que hubo en el sistema carcelario", manifestó.
El exmandatario también formuló señalamientos sobre supuestas irregularidades atribuidas a Roy Cortizo Cohen, familiar del expresidente Laurentino Cortizo, y cuestionó que no haya sido procesado judicialmente.
"Sin embargo, se están olvidando de los peces gordos de familia Cortizo Cohen", afirmó.
Martinelli aseguró que, si la exfuncionaria investigada cometió alguna presunta irregularidad, debe responder ante la justicia, aunque insistió en que se le debe garantizar el debido proceso.
"Si ella hizo algo indebido, que le caiga todo el peso de la ley, pero que se le respete el debido proceso", expresó.
Asimismo, sostuvo que existiría un supuesto trato diferenciado hacia integrantes de la familia Cortizo Cohen por parte de las autoridades.
"Pero para la familia Cortizo Cohen pareciera que ellos están arriba de la ley. ¿Cuándo van a procesar a Roy Cortizo Cohen?", cuestionó.
Durante sus declaraciones, Martinelli también hizo referencia a presuntos actos irregulares, supuestos perjuicios al erario y alegadas conductas ilícitas que atribuyó a Roy Cortizo Cohen y a otros miembros de la familia del expresidente Cortizo. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran dichos señalamientos ni mencionó procesos judiciales o condenas relacionadas con esas acusaciones.
ENMAYUSCULA, (JUAN ARIAS*).- Esta semana, Panamá ha vivido hechos clave que marcarán el rumbo institucional del país. La Contraloría General de la República culminó una auditoría crucial a Panama Ports Company (PPC), y de inmediato, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación basada en sus hallazgos. Estas acciones, oportunas y contundentes, representan un paso firme hacia la rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es lo que los ciudadanos exigen y el país necesita: transparencia, legalidad y compromiso con la verdad.
Sin embargo, mientras estas instituciones cumplen con su deber, en la Asamblea Nacional se presenta un Proyecto de Ley que va en sentido contrario. Se trata de una propuesta que pretende otorgar amnistía a personas condenadas —o que resulten condenadas— por delitos de corrupción en casos emblemáticos como New Business, Odebrecht y Blue Apple. Esta iniciativa contradice directamente la actuación responsable de la Contraloría y la Procuraduría, y representa un intento burdo de socavar el Estado de Derecho.
*La Constitución es clara: la amnistía aplica exclusivamente a delitos políticos.* Intentar extender esa figura a delitos comunes, y peor aún, a casos de corrupción, es un grave atropello legal y moral. Es una señal de impunidad que erosiona la confianza ciudadana y hiere profundamente el sentido de justicia. Exigimos al Órgano Legislativo que rechace de plano esta propuesta, y al Ejecutivo que no la respalde bajo ninguna circunstancia.
Todo esto ocurre mientras Panamá enfrenta un escenario internacional delicado, particularmente en su relación con Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales y estratégicos. En medio de esta coyuntura, el país necesita orientación, madurez y unidad. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional por afrontar estos retos en el plano global, corresponde con este mismo esfuerzo presentar ante la ciudadanía una hoja de ruta sobre lo actuado y como continuar. Sabemos que no son momentos fáciles, pero se requiere de la templanza que les ha caracterizado frente a otros temas y brindar estas explicaciones para que, como nación, podamos estar unidos en principios y objetivos comunes.
*Panamá es un país pequeño, pero con un gran valor estratégico.* Nuestra fortaleza no está en la confrontación ni en el ruido político: está en el diálogo, en el consenso, en el respeto al multilateralismo, en la defensa firme de nuestras instituciones y nuestra soberanía.
No es momento para agendas ocultas ni para aprovechar la confusión con fines políticos. Es momento de poner a Panamá por delante de cualquier interés personal o partidista. Lo que está en juego va más allá: está en juego la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en su futuro.
Hoy más que nunca, Panamá necesita justicia firme, instituciones sólidas y una ciudadanía unida. *Vestir la camiseta del país no es un discurso: es una responsabilidad.*
*Juan Alberto Arias S.
Presidente CCIAP
ENMAYÚSCULA. - La jueza de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Malena Caballero, rechazó la solicitud presentada por la defensa del exrepresentante del corregimiento de Calidonia, Ramón Ashby, para sustituir una pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.
Mediante el auto n.° 8,482, la jueza argumentó que la petición no cumplía con los requisitos legales, no respondía a los fines del proceso penal, y que el sentenciado no admitía la comisión del delito, conforme al informe de la Junta Técnica Penitenciaria. Además, se señaló que el centro de salud propuesto para realizar el trabajo comunitario —el de Alcalde Díaz— contaba con una supervisión deficiente.
Ashby fue sancionado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, relacionado con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, correspondiente al periodo 1999-2003. El documento detectó gastos no justificados por B/. 505,335.00 asignados a la Junta Comunal de Calidonia.
Durante la audiencia, celebrada recientemente, la defensa legal del condenado, a cargo de la abogada Gladis Quintero, anunció un recurso de apelación. La audiencia para resolver esta impugnación fue fijada para el miércoles 2 de julio a las 10:00 a. m., en la sala número 3 del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Fortuna.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal anticorrupción Javier Cuadra Herrera.
