ENMAYÚSCULA. - El contralor general de la República, Anel Flores, denunció una serie de irregularidades dentro de la Universidad de Panamá (UP) y advirtió que no las permitirá. Durante una entrevista en el programa Debate Abierto, Flores afirmó que ya ha solicitado información al rector de la casa de estudios, Eduardo Flores, para esclarecer varios puntos críticos sobre el manejo institucional.
“En la Universidad de Panamá se están dando un sinnúmero de irregularidades y este contralor no las va a permitir”, declaró. Entre los temas cuestionados, el contralor se refirió a la existencia de “clanes familiares” dentro de la institución.
“Yo creo que eso es como el Titanic, es la puntita del iceberg que va a salir de esos clanes familiares, de quién maneja las cafeterías, las copiadoras, hay un sin número de cosas que están sucediendo ahí”, expresó.
En relación con la población estudiantil, Flores señaló que existen aproximadamente 94,000 alumnos matriculados y pidió al rector datos precisos sobre cuántos de ellos llevan más de diez años sin haberse graduado. “Yo le he pedido al rector Flores que me diga cuántos de esos estudiantes tienen más de 10 años de estar ahí y no se han graduado de nada”, indicó.
El contralor también cuestionó el uso del presupuesto universitario, que supera los B/.300 millones anuales, y lo contrastó con las condiciones actuales del campus y el comportamiento de algunos estudiantes. “La universidad gasta más de B/.300 millones al año, pero tenemos un gran número de estudiantes que no está estudiando, que son los que hacen las bazucas con tubos de PVC para pegarle a la Policía o tiran piedras para golpear niñas”, afirmó.
Sobre la modalidad virtual adoptada por la UP en algunos programas, Flores fue enfático en rechazar su continuidad bajo el mismo esquema presupuestario. “Ahora la modalidad es que nos vamos a virtual, eso quiere decir que no están estudiando. No sé, pero sí quieren seguir en modo virtual, pero con presupuesto presencial, y eso este contralor no lo va a permitir”, sentenció.
Finalmente, Flores cuestionó el estado físico de la universidad y la distribución del gasto público. “Usted va a la universidad ahorita mismo y da es miedo, los baños se están cayendo. Entonces, ¿en qué se están gastando B/.350 millones? Con B/.300 millones es para que esa universidad fuera de primer orden en Latinoamérica”, concluyó.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público siete nuevos informes de auditoría que revelan una afectación económica aproximada de 7 millones de dólares en juntas comunales, correspondientes al período 2019-2024.
Con esta nueva remisión, la cifra global de irregularidades detectadas por el ente fiscalizador asciende a cerca de 14 millones de dólares, según informó la entidad a través de un comunicado de prensa.
Estas auditorías forman parte de un plan nacional de fiscalización que, en su primera fase, contempla la revisión de 72 juntas comunales. De acuerdo con estimaciones preliminares de la Contraloría, el monto total de las afectaciones económicas podría alcanzar los 43 millones de dólares al cierre del proceso.
La institución también anunció que, en los próximos días, entregará 20 informes adicionales al Ministerio Público, como parte del mismo esfuerzo de fiscalización.
ENMAYÚSCULA. - El equipo legal de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) presentó este jueves, 20 de febrero, una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la entrega de libretas para billeteros en el Distrito de San Miguelito.
Esta acción fue tomada luego de que una auditoría interna revelara serias inconsistencias en el proceso.
Los juristas informaron que aproximadamente 52 libretas otorgadas durante la pasada administración no cumplen con los requisitos legales establecidos, tales como el trabajo social, el depósito de garantía y la carta testamentaria, entre otros documentos esenciales.
Las autoridades de la LNB indicaron que estas anomalías podrían indicar el uso indebido de recursos en el otorgamiento de las libretas.
Con el fin de restaurar la transparencia en el proceso, la LNB también ha dispuesto la suspensión temporal de libretas en diversos puntos del país.
ENMAYUSCULA.-El presidente José Raúl Mulino denunció irregularidades en la adquisición de camiones excavadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa).
Explicó que “las perforadoras fueron pagadas por adelantado en el mes de mayo de 2024 sin haber sido recibidas en Panamá, a pesar de que en las actas -de aceptación de los equipos- se hizo constar que las perforadoras fueron recibidas satisfactoriamente”.
Narró que “la entrega real se produjo el 30 de junio de este año 2024; es decir, seis meses después de su supuesta recepción formal y después que fueron pagadas en su totalidad”.
Sin embargo, subrayó que sobre la citada entrega “no hubo acta oficial, sencillamente llegaron unos camiones al área donde está el Instituto de Salud Mental y fueron ubicadas en el patio”.
Asimismo, manifestó que el manual de las perforadoras “fue proporcionado en chino, por lo que ningún funcionario pudiera entender la forma de operarlas”.
ENMAYÚSCULA.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante el primer trimestre de 2026 recibió un total de 168 quejas por presuntas irregularidades en publicidad comercial, según datos de la Unidad de Veracidad de la Publicidad.
El informe detalla que los almacenes por departamentos encabezan la lista de actividades con mayor número de denuncias, acumulando 40 casos. Le siguen los comercios de ropa y calzado, con 21 quejas, y las zapaterías, con 14 reclamaciones.
Otros sectores con un número significativo de denuncias incluyen la venta de autos usados (11), agencias de autos (9) y comercios de celulares (9). También figuran los supermercados con 8 casos y los establecimientos relacionados con animales con 7.
En menor proporción, se registraron quejas en franquicias (6), restaurantes o fondas (5), servicios de telefonía (5) y minisúper (5). Asimismo, aparecen farmacias (4), comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos (3), joyerías y relojerías (3), ventas por internet (3), bancos (2), mueblerías (2) y cines (2). Adicionalmente, se contabilizaron 9 denuncias en otras actividades con un caso cada una.
Como parte de las acciones de fiscalización, la entidad informó que en el mismo período se suspendieron 174 pautas publicitarias por incumplir las normas vigentes. De estas, 125 correspondían a publicidad en establecimientos comerciales, mientras que 49 fueron detectadas en plataformas digitales.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República informó que 17 nuevos informes de auditoría han sido remitidos al Ministerio Público tras detectar irregularidades por un monto aproximado de 11 millones de dólares en varias Juntas Comunales del país. La acción forma parte del plan nacional de fiscalización, que se ejecuta simultáneamente en distintas regiones.
“El hallazgo de irregularidades involucra a miembros de todas las corrientes políticas”, señala el comunicado oficial. Hasta la fecha, durante el período 2019–2024, se han auditado 36 de las 72 Juntas Comunales previstas en la fase inicial de esta auditoría integral.
El contralor general reafirmó el compromiso institucional con la transparencia: “Ningún recurso destinado a las comunidades debe desviarse de su propósito” y destacó que la Contraloría seguirá remitiendo al Ministerio Público todos los informes que presenten indicios de irregularidades o faltas administrativas, “para que sean las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan”.
El organismo enfatizó que el objetivo de este plan de fiscalización es reforzar la rendición de cuentas, proteger los recursos del Estado y garantizar que cada dólar invertido llegue efectivamente a las comunidades, asegurando beneficios reales para la ciudadanía.