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ENMAYÚSCULA.- El Congreso General Guna solicitó al procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez, el traslado de la personera comarcal de Guna Yala, Lilia Sanjur, a otra dependencia del Ministerio Público fuera de la comarca, al acusarla de extralimitación de funciones, abuso de autoridad y desconocimiento de las normas comarcales.

La petición está contenida en una declaración aprobada durante la sesión extraordinaria del Congreso General Guna, celebrada los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026 en la comunidad de Urragwedub, en la comarca Guna Yala.

En el documento, las autoridades gunas señalan que Sanjur ha mantenido una actitud que, según ellos, ha afectado la relación con las autoridades tradicionales y comarcales.

El Congreso acusa a la funcionaria de "desconocimiento de las normas comarcales" y de mantener una "resistencia a mantener una comunicación efectiva y respetuosa con las autoridades locales y comarcales".

La declaración sostiene además que, desde hace aproximadamente un año, Sanjur "viene persiguiendo y amenazando a las autoridades tradicionales gunas de Gunayala y otras comunidades", y afirma que ha señalado a más de 20 dirigentes gunas sin que, según el Congreso, se hayan realizado las investigaciones que permitan determinar la veracidad de esas acusaciones.

Los dirigentes califican esas actuaciones como "carácter prepotente y racista".

El Congreso también cuestiona que la personera desconozca el papel de las autoridades tradicionales indígenas dentro de sus comunidades. "Las mismas son reconocidos como operadores de justicia en sus comunidades y sus competencias está bien definidas en el mismo Código Procesal Penal", señala el documento.

De acuerdo con la declaración, corresponde a la autoridad comarcal "garantizar el orden administrativo, el respeto a la jerarquía tradicional y la correcta aplicación de los reglamentos internos de las comunidades gunas".

Ante esta situación, el Congreso General Guna pide formalmente el traslado de Sanjur de la Personería Municipal de Guna Yala a otra dependencia del Ministerio Público fuera de la comarca.

La solicitud plantea que la medida permitiría evitar que se vea afectado "el cumplimiento de las normas internas de la Comarca Gunayala".

El Congreso también advierte que, si su petición no es atendida, podría proceder al "cierre o traslado fuera de la Comarca Gunayala de la Personería Municipal".

Asimismo, hace un llamado al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), al que advierte que, si continúa persiguiendo y entregando a autoridades tradicionales gunas para ser procesados, los dirigentes tomarán acciones "en cuanto a la buena relación y estadía que mantenemos".

ENMAYUSCULA.- El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, ha aprobado la designación de Luis Carlos Manuel Gómez como Procurador General de la Nación, así como la de Gretel Villalaz como Procuradora de la Administración.

El anuncio fue hecho la tarde de este martes, 1 de octubre por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

"Ambas personas cumplen con los requisitos de ley, son personas que han tenido la experiencia y profesionalismo a lo largo de su vida... ambos tendrán que ir a la Asamblea al proceso de ratificación", subrayó Orillac en conferencia.

Los designados ocuparán los cargos tras el vencimiento del periodo de los actuales procuradores, Javier Caraballo y Rigoberto González.
ENMAYÚSCULA. - El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, dio a conocer a la ciudadanía los alcances de dos iniciativas legislativas ya presentadas por la Procuraduría, orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción en Panamá.

Durante su participación en el programa radial Procuraduría Contigo, transmitido por Nacional FM 101.7 y en redes sociales institucionales, el Procurador explicó que la primera propuesta corresponde a la Ley General Anticorrupción, la cual “introduce reformas al Código Procesal Penal para dotar a las fiscalías de mayores herramientas en la investigación de delitos de corrupción”.

Entre los avances principales destacó “la posibilidad de sustentar los casos con auditorías internas o informes financieros especializados, el uso de técnicas especiales de investigación (interceptaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y compras controladas), la aprehensión provisional de bienes y la ampliación de los plazos de prescripción”.

La iniciativa también plantea “un régimen para declarar causas complejas, se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional y se regula la obligación de las instituciones públicas de actuar como querellantes y colaborar con el Ministerio Público en plazos definidos”.

En palabras del Procurador:

“El propósito de esta ley es claro: que la corrupción no siga quedando impune. Con estas herramientas buscamos investigaciones más eficaces y oportunas, protegiendo los recursos del Estado y asegurando que quien robe responda”.

La segunda propuesta es un anteproyecto de ley que modifica el Código Penal, con reformas como el aumento de penas para delitos relacionados con la administración pública y la eliminación de multas para sancionar con prisión de cuatro a seis años a quienes acepten cargos públicos sin prestar el servicio, conocidos como “botellas”.

Con ambas iniciativas, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la construcción de “una justicia oportuna, técnica y transparente, alineada a los estándares internacionales y orientada a recuperar la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción”.
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