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ENMAYÚSCULA.- El abogado Guillermo “Willy” Cochez presentó este lunes 4 de mayo dos denuncias ante el Ministerio Público contra el contralor general Anel Flores, en medio de procesos que ya se mantienen en curso contra el funcionario.

Cochez explicó que las acciones buscan sumarse a otras denuncias previamente interpuestas. “Esto que estoy presentando va a servir para acumularse contra lo que ya hay presentado contra el Contralor”, señaló.

El abogado indicó que con estas denuncias también respalda iniciativas impulsadas desde la Asamblea Nacional. “Estamos apoyando a los diputados de Vamos y al Procurador. Estas denuncias ya están en curso, pero que podemos aportar con elementos adicionales”, declaró.

Según Cochez, el objetivo es que las autoridades avancen en las investigaciones correspondientes. “Estas denuncias buscan que se investigue lo que corresponde y que el país conozca la verdad. Aquí nadie está por encima de la ley”, afirmó.

La semana pasada, diputados de la bancada Vamos presentaron una denuncia penal contra el contralor por la presunta comisión de delitos como extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

mpdscargasENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- Miembros del directivo del Colegio Nacional de Abogados (CNA) realizaron un recorrido por los Despachos de Descarga y para conocer como es el manejo de los expedientes que quedan del Sistema Inquisitivo Mixto que ingresa o se encuentra en fase de instrucción con el propósito que se le imprima el debido celo, eficacia y exactitud a los resultados de la investigación para la cual se han designado en esta sección Fiscales de una alta trayectoria profesional y experiencia.

El secretario general de la Procuraduría General de la Nación (PGN) del Ministerio Público (MP) Rolando Rodríguez Cedeño, señaló que “esta visita es importante, ya que la mayoría de usuarios son abogados, y nosotros precisamente como autoridades que estamos a cargo en estos momentos del MP a través de la Procuradora General de la Nación, somos abogados, nos interesa conocer las perspectivas y las sugerencias que ellos tengan en cuanto a mejorar la atención a los colegas”.

“Las Fiscalías que están encargadas de lo que es la descongestión de los casos tienen a su cargo continuar con las investigaciones que guardaba el sistema anterior, por lo que estamos interesados en escuchar las observaciones que tiene el CNA y mejorar en ese sentido; en este recorrido a las Fiscalías de Descargas los abogados pudieron ver la forma como se están organizando, individualizando y captando los datos de los expedientes para poder brindarle el acceso de ello a los mismos” puntualizó Rolando Rodríguez.

Por su parte el primer vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz Ramos resaltó que “el CNA reconoce el compromiso el MP en esta ardua tarea de adecuar las Fiscalías de Descargas, que todo los actores dentro del sistema tenemos que tener la comprensión necesaria de las adecuaciones que requieren para que el sistema sea eficiente, el gremio le pide a los colegas la paciencia suficiente para permitir que el MP termine la labor, hemos recorrido los distintos Despachos y somos consciente del esfuerzo que han realizado todo el personal que tiene que ver con esta difícil tarea. El aporte tecnológico y la captura de datos que realiza el personal del MP es un trabajo sorprendente y que va a ser de beneficio para todos los usuarios del sistema.”.

Entre tanto, la fiscal Superior de Descarga de Circuito, Katya Meléndez informó que en materia tecnológica se ha requerido el apoyo de otros colaboradores dentro de la institución que son especialistas en el Sistema de Administración Judicial (SAJU) y que actualmente se cuenta con 20 personas que se encuentran actualizando los registros, esto va a permitir una respuesta más rápida a los usuarios que vengan a ubicar sus expedientes.

La Dirección de Informática de la PGN, recalcó que el esquema de trabajo desde el inicio es capturar de 700 a 800 expedientes por día con un promedio de 30 a 40 expedientes por cada colaborador. Adicional se hizo un paquete que se está trabajando y se ha estado capturando de 800 a 900 expedientes. Actualmente se ha culminado esta labor en las Fiscalías Primera, Segunda y Tercera de Circuito y ahora nos encontramos en un período de depuración de datos.

ENMAYÚSCULA. - La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla, por presuntas irregularidades administrativas cometidas durante su gestión.

“Denunciamos las irregularidades de la administración anterior”, declaró Hernández durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por Claudio Francis, director de Asesoría Legal del municipio, quien también firmó la acción legal.

La denuncia está relacionada con pagos realizados en el marco del Plan Temporal de Reactivación Económica Familiar (2020) y el Operativo de Ornato y Embellecimiento (2021–2024), iniciativas implementadas durante la administración de Valdés Carrasquilla.

De acuerdo con la alcaldesa, ambos programas habrían sido utilizados para la contratación informal de personal mediante un esquema de pagos sin el debido respaldo documental.

“Se ejecutaron pagos a personal contratado de manera informal mediante un esquema irregular”, explicó Hernández, al detallar que el mecanismo consistía en “la emisión de cheques nominativos a nombre de funcionarios designados como pagadores transitorios, quienes luego cambiaban estos cheques y entregaban el efectivo a terceros, sin trazabilidad ni verificación documental adecuada”.

ENMAYUSCULA.- La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, reveló que presentó una denuncia ante el Ministerio Público a la pasada administración municipal por presunta lesión patrimonial por más de B/.2 millones, derivados de proyectos de descentralización que no fueron ejecutados a pesar de los pagos realizados.

Peñalba destacó que la denuncia recae sobre varios exfuncionarios de la administración anterior, incluidos el exalcalde, el tesorero, la subtesorera, el contable y el director de la oficina de Descentralización.

"No habrá tregua para nadie, de esta o de la pasada administración. No vamos a permitir que los recursos de los ciudadanos sigan siendo mal utilizados", aseguró la alcaldesa en medio de las celebraciones del 28 de noviembre.

Desde el pasado mes de julio, la alcaldesa ha presentado cinco denuncias en contra de la anterior gestión municipal, las cuales apuntan a un presunto daño patrimonial superior a los 10 millones de dólares. 

ENMAYÚSCULA. - La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que, tras concluir una serie de investigaciones administrativas, sancionó recientemente a 13 funcionarios públicos por graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. Entre los casos figuran la presentación de títulos falsos, nepotismo y ejercicio profesional en horas laborables.

“Se han sancionado a seis funcionarios y se ha recomendado la destitución de siete”, detalló ANTAI en un comunicado oficial, señalando que las sanciones derivaron de denuncias, en su mayoría anónimas, que permitieron detectar irregularidades en diversas entidades del Estado.

Uno de los casos más destacados involucra a una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), quien fue denunciada por presunto nepotismo e incumplimiento de requisitos para su cargo. Si bien la investigación descartó el nepotismo, se comprobó que la funcionaria presentó un diploma falso. “Se recomendó su destitución inmediata y se remitió el caso al Ministerio Público, específicamente a las Fiscalías Anticorrupción”, confirmó la entidad.

En otro hecho, un funcionario del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) fue señalado por litigar durante su jornada laboral. La investigación evidenció que el funcionario no contaba con permisos para ausentarse y que efectivamente participó en procesos judiciales en horario laboral. “En consecuencia, esta Autoridad recomendó su destitución”, expresó ANTAI.

Los municipios de Balboa y San Carlos, en Panamá Oeste, también fueron escenario de irregularidades relacionadas con nepotismo. En Balboa, se comprobó que un funcionario mantenía un vínculo de segundo grado de afinidad con otro servidor de la misma alcaldía. Ante esto, se recomendó su destitución y se sancionó al alcalde por permitir la contratación. En San Carlos ocurrió un caso similar: “Se determinó que existió una falta ética en la contratación, por lo cual esta Autoridad recomendó la destitución del funcionario contratado y sancionó igualmente al alcalde”, añadió la entidad.

La Junta Comunal de Sajalices fue objeto de otra denuncia, en la que se comprobó que uno de sus trabajadores tenía un vínculo familiar con el suplente de la representante comunal, generando un conflicto de interés. ANTAI resolvió recomendar la destitución del funcionario y sancionar tanto al suplente como a la representante principal.

Asimismo, en la Junta Comunal de Canta Gallo, se verificó la contratación de una prima del representante de corregimiento, constituyendo también un acto de nepotismo. Como resultado, se recomendó la destitución de la funcionaria y se sancionó al representante.

Por último, en la Universidad de Panamá, dos funcionarias fueron sancionadas tras confirmarse que incurrieron en nepotismo al mantener vínculos familiares dentro de la misma unidad laboral.

“Estos casos demuestran el compromiso de la ANTAI con el cumplimiento de la ética pública y el uso correcto de los recursos del Estado”, señaló la institución.
ENMAYÚSCULA.- La Policía Nacional (PN), en conjunto con el Ministerio Público, informó sobre el arresto de uno de los sospechosos involucrados en el homicidio de un agente de seguridad ocurrido el 8 de diciembre en Loma Cová, distrito de Arraiján.

El hombre, quien había sido identificado previamente, fue detenido tras un allanamiento realizado la mañana del 12 de diciembre. Tras su captura, el sospechoso fue remitido ante la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste para su procesamiento judicial.

Durante las mismas acciones operativas, también se detuvo a otras dos personas, a quienes se les incautaron presuntas sustancias ilícitas.

Las autoridades resaltaron que mantienen los operativos en busca de otros implicados en la investigación de este hecho.
ENMAYÚSCULA. - El cantautor y exministro de Turismo, Rubén Blades, respondió públicamente a recientes señalamientos de un exmandatario panameño, al que calificó de “corrupto, convicto y prófugo”, y quien habría insinuado un supuesto acuerdo de silencio.

“Primero: Quien posea información sobre algún tipo de supuesto delito cometido en el marco de una gestión de gobierno, tiene la obligación de presentar oportunamente la denuncia al Ministerio Público, acompañada por las evidencias que comprueben el hecho ilícito. No hacerlo equivale a convertirse en cómplice del alegado delito”, expresó Blades en un comunicado titulado “Atiendo a esta babosada”, divulgado desde Oaxaca, México, el pasado 31 de julio.

El artista también defendió su trayectoria como comentarista crítico de la corrupción política: “Aunque escribir constantemente sobre la corrupción política y sus protagonistas cabrea, considero un deber ciudadano el hacerlo. Escribo mis artículos basándome en hechos reales, concretos y comprobables, y ejerzo de manera responsable mi derecho a la libre expresión”, puntualizó.

Blades rechazó lo que calificó como una “desfachatez” en la propuesta de “silencio por silencio”, aludiendo a la insinuación de que guardara silencio a cambio de no ser mencionado en ataques públicos. “El supuesto autor del infundio ha sido acusado de muchas cosas, pero nunca de ser inteligente”, sentenció.

Finalmente, invitó a quienes cuestionan su gestión como director del Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y la Autoridad de Turismo (ADT) a revisar el informe final de su administración, disponible en su sitio web rubenblades.com, donde se detalla su labor entre 2004 y 2009.

Blades cerró su mensaje agradeciendo la atención del público y recordó que sus escritos pueden ser leídos en la columna La Esquina de Rubén Blades.
ENMAYÚSCULA. - A 53 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, la justicia panameña capturó al exmilitar Eugenio Magallón. La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, realizó allanamientos en Chiriquí y Panamá, logrando la detención de un hombre condenado a 15 años de prisión por su participación en el homicidio del sacerdote.

El operativo también ejecutó la captura del hijo del sospechoso, en Juan Díaz, donde se encontró un arma de fuego, municiones y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.

Gallego, un sacerdote colombiano comprometido con las comunidades campesinas, llegó a Panamá en 1967 y se instaló en Santa Fe, Veraguas, donde inició un trabajo pastoral centrado en la organización social y la evangelización. Su desaparición el 9 de junio de 1971, durante la dictadura militar, generó conmoción nacional e internacional.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, múltiples testimonios e investigaciones han señalado que su labor fue vista como una amenaza por sectores del régimen de entonces.

En diciembre del año pasado el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ordenó la reapertura del caso.
ENMAYUSCULA.- La noche del miércoles 23 de octubre de 2024, concluyó la audiencia ordinaria del caso conocido como “Pan-Blanqueo”, llevada a cabo por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Tras tres intensos días de sesiones, se presentaron los alegatos finales tanto del Ministerio Público (MP) como de la defensa de los 14 imputados.

Los fiscales anticorrupción Ariel De Gracia y Ada Almanza fueron los primeros en intervenir, exponiendo su teoría sobre cómo se configuró el delito y la implicación de cada uno de los acusados. En su intervención, solicitaron a la jueza la aplicación de la pena máxima por los delitos de blanqueo de capitales y de asociación ilícita para delinquir, en el caso de dos de los imputados.

A continuación, los abogados defensores presentaron sus argumentos, cuestionando los tipos penales acusados por el Ministerio Público y alegando nulidades durante la instrucción del caso. También pidieron el sobreseimiento de los acusados y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas.

La juzgadora, al finalizar los alegatos, decidió trasladar las solicitudes de nulidad y de levantamiento de medidas cautelares al MP para su pronunciamiento. El fiscal De Gracia rechazó las nulidades, pero no se opuso al levantamiento de las medidas cautelares.

Finalmente, antes de cerrar la audiencia a las 11:46 p.m., la jueza dispuso el levantamiento de las medidas de reporte periódico y prohibición de salida del país, advirtiendo que estas podrían restablecerse si alguno de los acusados no atendía los llamados del tribunal.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se ha acogido al término de ley para emitir un pronunciamiento, en un proceso que surge de investigaciones del MP sobre conductas delictivas relacionadas con el uso de recursos estatales.
ENMAYÚSCULA .- La Comisión 20 de Diciembre de 1989 anunció que culminó la primera fase del programa de exhumaciones previsto para el verano de 2026, tras intervenir quince sepulturas en el Cementerio Jardín de Paz con fines de identificación.

Se detalló que, los trabajos, ejecutados bajo orden del Ministerio Público, fueron desarrollados por equipos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y especialistas en arqueología, siguiendo protocolos científicos estrictos y cadena de custodia permanente.

El presidente de la Comisión, Rolando Murgas Torrazza, destacó el acompañamiento constante de las familias y la coordinación interinstitucional que ha permitido avanzar de manera ordenada.

La fiscal a cargo, Geomara Guerra Miranda, reconoció además el aporte de los equipos técnicos y del voluntariado universitario que participó en las labores.

La Comisión informó que evalúa continuar las exhumaciones durante la estación seca, a fin de intervenir nuevas sepulturas previamente identificadas, dependiendo de las condiciones climáticas y las autorizaciones judiciales necesarias.
ministerio publico2ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- El pasado 10 de septiembre se realizó audiencia de legalización de operación encubierta, aprehensión, imputación y formulación de acusación a tres personas investigadas por los delitos contra la seguridad colectiva relacionados con drogas y posesión ilícita de arma de fuego, en la cual se logró un acuerdo verbal de pena realizado con la defensa con respecto a dos de los tres imputados; la pena acordada fue de 74 meses (5 años y 4 meses) y 108 meses (9 años) de prisión, respectivamente.

Al tercer imputado se le decretó la detención provisional solicitada por la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, que fue apelada por la defensa, la cual se mantuvo después de realizarse la audiencia respectiva ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de septiembre de 2016.

El fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Julio Villarreal, señaló que se trató de un hecho ocurrido en la madrugada 9 de septiembre luego que se ubicó un vehículo en el cual viajaban las dos personas ahora condenadas, en el que transportaban 213 kilos de la droga conocida como cocaína, de los cuales uno de ellos portaba un arma de fuego sin permiso. Delante de ellos se detuvo otro vehículo conducido por la persona a la cual se le ordenó la detención provisional.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público siete nuevos informes de auditoría que revelan una afectación económica aproximada de 7 millones de dólares en juntas comunales, correspondientes al período 2019-2024.

Con esta nueva remisión, la cifra global de irregularidades detectadas por el ente fiscalizador asciende a cerca de 14 millones de dólares, según informó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Estas auditorías forman parte de un plan nacional de fiscalización que, en su primera fase, contempla la revisión de 72 juntas comunales. De acuerdo con estimaciones preliminares de la Contraloría, el monto total de las afectaciones económicas podría alcanzar los 43 millones de dólares al cierre del proceso.

La institución también anunció que, en los próximos días, entregará 20 informes adicionales al Ministerio Público, como parte del mismo esfuerzo de fiscalización.
ENMAYÚSCULA. - La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público los resultados de una auditoría forense que revela posibles irregularidades en la compra de una perforadora hidráulica por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), adquisición valorada en 3.5 millones de dólares.

El equipo en cuestión, un rotativo hidráulico modelo GEFKO 50k, fue adquirido durante la administración del exdirector Juan Antonio Ducruet y estaba destinado a la perforación de pozos de hasta 1,000 pies como parte de los esfuerzos institucionales para enfrentar la escasez de agua potable.

La investigación fue solicitada por el propio IDAAN ante dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso de contratación. Como resultado de la auditoría, este 26 de junio el caso fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público para su debida investigación.

La Contraloría aclaró que no tiene competencia para establecer responsabilidades penales, función que recae exclusivamente en el Ministerio Público.
ENMAYÚSCULA.- La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí, un hecho que ha encendido las alarmas dentro del sistema de salud pública.

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio Público iniciaron una investigación de oficio con el objetivo de identificar a los responsables de estas irregularidades, que impactan directamente tanto a los pacientes como a la institución.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que la entidad actuó de manera oportuna al detectar las anomalías en el manejo de medicamentos. “Esto nos preocupa, ya que los medicamentos más importantes se han ido perdiendo. Estamos trabajando para identificar las fugas de medicamentos y corregir errores en los pedidos”, expresó durante la presentación del informe anual de la CSS ante la Asamblea Nacional.

Como parte de las acciones para reforzar el control interno, la CSS ha implementado la plataforma logística SALMI en 32 unidades ejecutoras. Esta herramienta permite optimizar el almacenamiento, control, distribución y trazabilidad de los medicamentos, generando un registro detallado de cada fármaco y dificultando posibles manipulaciones.

Mon Vásquez destacó que “con esta herramienta será mucho más difícil que los registros sean manipulados, incluso por personal de la propia institución”.
ENMAYÚSCULA. - La Defensoría del Pueblo de Panamá presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto fallecimiento de una niña de 1 año y 8 meses en la provincia de Bocas del Toro, un caso que fue dado a conocer públicamente a través de las redes sociales de la organización Aldeas Infantiles SOS Panamá.

La denuncia fue interpuesta por Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas de la Defensoría, con el propósito de garantizar verdad y justicia, y de velar por la protección de los derechos fundamentales de la niñez panameña.

La institución defensora de los derechos humanos invocó el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, consagrado en la Ley 285 de 2022, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

“Solicitamos una investigación exhaustiva y que se deslinden las responsabilidades correspondientes, conforme a los más altos estándares de protección de los derechos de la niñez”, señaló la Defensoría en un comunicado oficial.
ENMAYÚSCULA. - El defensor de los universitarios, Gilberto Murulanda, presentó este 4 de febrero una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández.

La acción legal se fundamenta en presuntos delitos de abuso de autoridad, violación a la autonomía universitaria y restricción del libre tránsito, tras los hechos ocurridos el pasado viernes, 31 de enero, durante una protesta estudiantil en la Universidad de Panamá (UP).

Murulanda relató ante los medios cómo se desarrollaron los incidentes, señalando que unidades policiales a pie se acercaron a los manifestantes y se produjo un forcejeo con los agentes.

“El jefe de zona empujó, se dio un forcejeo, y una joven resultó golpeada salvajemente por esta unidad, que no era cualquiera, era un oficial”, denunció el defensor al ser abordado por medios de comunicación.

Asimismo, advirtió que este no es un caso aislado y que la Policía Nacional ha violado en otras ocasiones la autonomía universitaria. “Defenderemos la institucionalidad, porque no es la primera vez que esto ocurre”, enfatizó.

La Policía no ha emitido aún una respuesta oficial sobre la denuncia y los hechos señalados.
ENMAYÚSCULA. - Directivos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), junto a su equipo de asesoría legal y operaciones, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) tras identificar presuntas inconsistencias en al menos 95 libretas asignadas en la provincia de Chiriquí, cuyos montos individuales superan los 2,000 balboas.

Según un informe preliminar de la Dirección Provincial de Chiriquí, las irregularidades incluyen alteraciones en las firmas de ciudadanos de bajos recursos, quienes figuran como titulares de las libretas, pero cuya identidad habría sido usada para beneficiar a políticos.

Asimismo, se detectaron falencias en los requisitos básicos de trabajo social e inconsistencias en los depósitos de garantía, elementos esenciales para el control y transparencia en la gestión de estos recursos.

Ante la gravedad de los hallazgos, los directivos de la Lotería enfatizaron su plena confianza en las autoridades judiciales para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades y sancionar a los involucrados en este presunto mal manejo de recursos del Estado.

"Confiamos plenamente en la labor del Ministerio Público en Chiriquí para que se investigue y se dé con los responsables de este presunto mal manejo de recursos del Estado", declararon los directivos en un comunicado oficial.

Se detalló que las presuntas irregularidades afectan directamente a ciudadanos humildes que dependen de estos fondos para su sustento. La denuncia subraya la necesidad de reforzar los controles administrativos y legales en la asignación de las libretas, con el objetivo de evitar que recursos destinados a los más necesitados sean manipulados con fines políticos.
ENMAYÚSCULA. - El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, ejecutó la operación “Fénix”, que permitió desmantelar una red criminal vinculada al tráfico internacional de vehículos de alta gama robados.

La operación se desarrolló de forma simultánea en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, y en el corregimiento de Don Bosco, en la ciudad de Panamá. Como resultado, fueron aprehendidas ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), cinco de ellas en Chiriquí y tres en la capital. Posteriormente, se realizaron otras capturas relacionadas al caso.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Dirección de Investigación e Inteligencia de SENAFRONT, la organización introducía autos robados en Costa Rica mediante el uso de documentación fraudulenta. En esta operación ilícita se detectó la presunta participación de una funcionaria de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como de dos exagentes de la Fuerza Pública, quienes habrían facilitado la legalización de los vehículos.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron cinco autos de alta gama, teléfonos celulares, laptops, memorias micro SD, dos armas de fuego sin permisos (un rifle calibre .22 y un rifle de perdigones), así como documentos que vinculan directamente a los implicados con la operación delictiva. También fue descubierto un taller que operaba como fachada para blanquear la procedencia de los vehículos.

Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continúa con las diligencias judiciales para deslindar responsabilidades y llevar a los involucrados ante la justicia.
ENMAYÚSCULA. - Este viernes, 13 de junio, el dirigente Toribio García Jiménez, de 42 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en la comunidad de La Trinidad, corregimiento de Cerro Viejo, distrito de Tolé.

Según información emitida por la Policía Nacional, la diligencia se llevó a cabo tras recibirse una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona requerida en el lugar. La intervención fue ejecutada por la Unidad de Fuerzas Especiales de la PN en conjunto con el Ministerio Público.

Durante el operativo, García Jiménez fue aprehendido por estar requerido por las autoridades judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, en su modalidad de apología del delito, y contra la personalidad interna del Estado.

Las autoridades informaron que “el hombre será trasladado para los trámites correspondientes a fin de ser puesto a órdenes de la Fiscalía de Atención Primaria de la provincia de Chiriquí”.
ENMAYÚSCULA. - La audiencia de garantías para las 83 personas aprehendidas el pasado 12 de febrero durante una protesta en la avenida Balboa se reanudará mañana a las 8:40 a.m., cuando se podría tomar una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

El abogado defensor Rubén Castrejo, quien representa a los detenidos, mostró su confianza en que se les conceda la libertad o, en su defecto, medidas cautelares como la firma periódica y el impedimento de salida del país. Castrejo también advirtió que, en caso de que la decisión sea desfavorable, apelarán la resolución del tribunal.

Por otro lado, la fiscalía ha solicitado que los detenidos sean sujetos a detención preventiva, mientras que el tribunal continúa evaluando los argumentos presentados por ambas partes. La decisión final sobre las medidas cautelares se podría tomar mañana en la audiencia programada.
Fiscal Humberto Rodríguez BatistaENMAYÚSCULA,- Una orden de aprehensión y conducción contra un hombre fue girada por el despacho de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público en Chiriquí, por la desaparición de una mujer de 42 años, hecho ocurrido en el distrito de Bugaba, el pasado 11 de noviembre.

Humberto Rodríguez Batista, fiscal a cargo de las investigaciones, confirmó haber girado orden para aprehender y conducir al presunto vinculado a la investigación que se adelanta por el delito contra la Libertad, cometido en perjuicio de la señora Diosila Martínez Villarreal.

El fiscal Rodríguez indicó que se han realizado diversas inspecciones oculares y diligencias de allanamientos a fincas y residencias donde se indicaba que posiblemente se encontraba la docente, contando con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Servicio Nacional de Fronteras, para efectuar las búsquedas necesarias, pese a las inclemencias del tiempo en el sector y señaló que la misma no ha sido ubicada aun.

Se espera de que se materialice dicha orden emanada, para proceder con los demás compromisos que dentro de la causa corresponden realizar.
Ministerio Publico 3ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- Un total de 3 mil 829 casos han sido recibidos por las autoridades del Primer Distrito Judicial, comprendido por las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna, Madugandi, Wargandi y Emberá-Wounaan, luego de que entrara en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA) el pasado 2 de septiembre.

Un informe de la Oficina de Implementación del SPA indica que del 2 al 30 de septiembre hubo 695 audiencias, 143 aprehensiones legalizadas, 169 imputaciones y se impusieron 111 medidas cautelares. Además, se lograron 39 sentencias condenatorias, relacionadas en su mayoría con delitos de drogas.

Por último, el informe destaca a los delitos relacionados con el Patrimonio Económico (robo y hurto) como de mayor incidencia con mil 889 casos, seguido de aquellos delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil con mil 59 casos y contra la vida e integridad personal con 428 casos.

Más detalles de este informe se pueden ver en este enlace:
ENMAYÚSCULA. - La Fiscalía Anticorrupción informó que logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara el reporte periódico y otras medidas cautelares impuestas a una exrepresentante de corregimiento de Nueva Gorgona, a quien se le ordenó la detención provisional mientras avanza la investigación en su contra por el delito de peculado doloso.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está relacionada con el uso irregular de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) de la descentralización, lo que ocasionó una lesión patrimonial al Estado por un total de B/.304,713.14.

La medida busca garantizar el proceso judicial y responde a las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre el presunto manejo indebido de los recursos destinados a proyectos comunitarios.

El caso se mantiene bajo investigación en la jurisdicción anticorrupción.
ENMAYÚSCULA. - La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una inspección en la sede de la Dirección General de Ingresos (DGI) con el objetivo de recabar información sobre empresas vinculadas a investigaciones por el presunto delito de peculado, en el marco del caso del Programa de Sanidad Básica.

La diligencia forma parte de las acciones que adelanta el Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con el manejo de fondos públicos asignados a dicho programa.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las compañías investigadas ni sobre los hallazgos de esta inspección.
ENMAYÚSCULA. - La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, informó este miércoles que se han emitido órdenes de aprehensión contra ciudadanos panameños como parte de una investigación penal iniciada en 2022.

De acuerdo con reportes de medios televisivos y digitales, entre los señalados se encuentran Saúl Méndez, actual secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), y Genaro López, quien también ocupó anteriormente la secretaría general del gremio.

Según el comunicado del Ministerio Público, la causa penal se originó tras una querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro. Los querellantes, que estaban afiliados al Suntracs, señalan como hechos principales los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.

“Esta investigación ha sido objeto de recopilación y análisis de pruebas desde su apertura, y se encuentra en una etapa procesal que requiere la comparecencia de las personas señaladas, en aras de garantizar el desarrollo adecuado del debido proceso”, explicó la Fiscalía en el comunicado.

Además, se enfatizó que “la emisión de órdenes de aprehensión no representa una condena ni prejuzgamiento alguno, sino que constituye una medida procesal para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
MP AVESA 2ENMAYÚSCULA, (AFP).- La Fiscalía General de Panamá no hará públicos los nombres de los imputados por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios en varios países de América Latina para obtener contratos, dijo este domingo el número dos de la institución.

"El Ministerio Público no da nombres ni los va a dar", dijo Rolando Rodríguez, número dos de la Fiscalía General, en una entrevista con el canal de televisión RPC.

"El Ministerio Público está impedido para dar nombres de personas imputadas por la comisión de cualquier hecho delictivo" para garantizar "el principio de presunción de inocencia", añadió Rodríguez, tras ser preguntado sobre los imputados en el escándalo Odebrecht.

Según Rodríguez, la Fiscalía panameña estaría "en problemas" si revela los nombres de los imputados, aunque aclaró que sí se darán a conocer cuando haya una sentencia en firme "o exista una condena en contra de esas personas".

Odebrecht es acusada de pagar cientos de millones en sobornos en diversos países de América Latina para hacerse con contratos públicos.

La fiscal general, Kenia Porcell, dijo hace semanas que, relacionado al escándalo de esta compañía brasileña, en Panamá hay 24 investigaciones, 36 personas procesadas y 56 millones de dólares aprehendidos en activos, aunque no dio nombres.

Pese a ello, Rodríguez manifestó que los panameños pueden tener la "certeza" de que la Fiscalía "está investigando a todas las personas que de alguna u otra forma se vieron beneficiadas con este tipo de acciones delictivas".

La omisión de los nombres de los imputados ha levantado críticas en organizaciones de la sociedad civil, que sospechan que este silencio trata de encubrir a altos funcionarios actuales y de anteriores gobiernos.

Hasta la fecha, se ha involucrado en este escándalo al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido en Miami, por haber recibido dinero presuntamente de Odebrecht para financiar la campaña en 2014 del entonces candidato oficialista José Domingo Arias. 

También se cita a los hijos de Martinelli, sobre los cuales pesa una orden de detención de Interpol, por haber cobrado supuestamente más de 20 millones de dólares en comisiones de la empresa brasileña.

Un hermano del exgobernante y varios de sus exaltos funcionarios también han sido llamados a declarar por esta trama. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014.
ENMAYÚSCULA .- La etapa de práctica de pruebas en la audiencia ordinaria relacionada con el caso Odebrecht se desarrolló este martes 27 de enero, conforme a lo programado, en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, con la recepción de las declaraciones de dos testigos propuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica.

Iniciado el acto de audiencia por la presidenta del Tribunal y verificada la comparecencia de los representantes del Ministerio Público, la querella, los abogados defensores y los imputados, correspondió a la fiscal especial anticorrupción, Jenisbeth Malek, ejercer el control de la prueba con la primera testigo. Posteriormente, los abogados defensores realizaron el respectivo contrainterrogatorio.

Conforme al reporte oficial, el interrogatorio estuvo enfocado en aspectos relacionados con las normas legales vigentes para el financiamiento de las campañas electorales de los años 2009 y 2014, particularmente en lo concerniente a la captación de donaciones.

Seguidamente, se presentó un segundo testigo, cuya comparecencia física se mantuvo en reserva, a solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Por esta razón, rindió su declaración desde un espacio distinto al Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Durante su testimonio estuvo acompañado por un servidor judicial del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del acto.

El interrogatorio a este testigo versó sobre la apertura de una sociedad en la ya desaparecida Banca Privada de Andorra.

Antes de concluir la jornada, la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán, se refirió a aspectos orientados a garantizar la comparecencia de los testigos solicitados por la defensa técnica.

La audiencia ordinaria por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado continuará este miércoles 28 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, con la recepción del testimonio del tercer testigo propuesto por el Ministerio Público.
Ministerio Publico 3ENMAYÚSCULA.- Cuatro de las 8 Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público están a la espera de 82 informes de auditorías que deben emanar de la Contraloría General de la República, según se desprende del Informe de Gestión 2016 de la Procuraduría General de la Nación.

De estos informes, la Fiscalía Segunda espera 29, mientras que la Fiscalía Cuarta aguarda 23. La Fiscalía Tercera está esperando 17 informes y la Fiscalía Primera 13 de casos complejos. La Fiscalía de Descarga Anticorrupción, así como las fiscalías, Quinta, Sexta y Séptima no mantienen informes pendientes.

Casos complejos

Según este informe, las Fiscalías del Ministerio Público mantienen bajo investigación 40 casos complejos, con 237 personas imputadas, muchas de ellas investigadas en varios expedientes.

En esta materia, las Fiscalías Anticorrupción mantienen 64 solicitudes de prórrogas para investigación, siendo la Fiscalía Primera la que más solicitudes de prórrogas mantiene con 15, seguida de la Segunda, con 13 prórrogas, el resto repartidas en las seis fiscalías restantes.

Retención de cuotas del Seguro Social

El Informe de Gestión 2016, disponible en el sitio web www.ministeriopublico.gob.pa, también destaca que en 2016 se recibieron 446 denuncias por retención indebida de la cuota obrero – patronal de la Caja de Seguro Social (CSS).

Al deducir las cuotas al trabajador sin remitirlas a la CSS se inhabilita al trabajador de utilizar sus servicios u otros beneficios como es el caso de las jubilaciones. En comparación al 2015 (444), este rubro tuvo un aumento de dos casos. Las penas por este delito van de 6 meses a 4 años de prisión.
ENMAYÚSCULA. - El Gobierno Nacional decretó la expropiación extraordinaria de 41 fincas en Isla Margarita, provincia de Colón, pertenecientes a la empresa Panamá Colón Container Port, Inc., bajo el argumento de “interés social urgente”, para desarrollar un nuevo proyecto portuario en la costa atlántica del Canal de Panamá.

El Decreto Ejecutivo N.º 90, firmado este 20 de octubre de 2025, autoriza el traspaso inmediato de las tierras a favor del Estado, con la finalidad de construir una instalación portuaria considerada “estratégica” para la economía, la logística y la seguridad nacional.

No obstante, la decisión revive el debate sobre el uso de las expropiaciones como herramienta del poder Ejecutivo para imponer proyectos de gran escala, especialmente cuando involucran inversiones privadas y conflictos previos por tenencia de tierras.

El decreto establece medidas de ejecución inmediata. En su Artículo 3, ordena al Registro Público cancelar cualquier gravamen o limitación al dominio existente sobre las propiedades y registrar la expropiación, incluso si hay asientos pendientes de inscripción o gravámenes vigentes, lo que deja sin efecto protecciones legales previas de los actuales propietarios.

El Artículo 4 faculta al Ministerio Público a tramitar ante el Órgano Judicial el cálculo de la indemnización correspondiente, sin precisar plazos ni criterios para su determinación.

Además, el Artículo 5 autoriza al Ministerio de Seguridad Pública a intervenir “en caso de que se impida el acceso a las fincas afectadas”, instruyendo el uso de la fuerza pública para garantizar la ocupación de los terrenos por parte del Estado.
ENMAYÚSCULA. - El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves que su administración ha presentado 294 denuncias penales ante el Ministerio Público por presunto mal manejo de fondos de descentralización, las cuales implican a 257 Juntas Comunales y 37 Municipios.

Según el mandatario, los casos denunciados involucran una suma superior a los 213 millones de dólares. “La actuación de la Autoridad Nacional de Descentralización se hizo de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal. No es un invento; las denuncias se han interpuesto donde deben presentarse, en el Ministerio Público”, afirmó Mulino durante una conferencia de prensa.

El presidente explicó que, aunque la investigación penal corresponde al Ministerio Público, el trabajo de auditoría realizado por la Contraloría General de la República ha sido clave como mecanismo auxiliar para sustentar las denuncias.

Hasta el momento, el gobierno ha revisado el 65% de los informes de rendición de cuentas recibidos, de los cuales 53 casos han cumplido satisfactoriamente con los requisitos o han demostrado un buen uso de los fondos asignados, puntualizó Mulino.
ENMAYÚSCULA -. Un abogado y un pastor fueron imputados por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, en perjuicio de una iglesia ubicada en Llano Largo de La Chorrera, caso en el que se habría causado una lesión económica de un millón y medio de balboas, informó el Ministerio Público.

Durante la audiencia, y a solicitud de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico, el juez de garantías legalizó la aprehensión de ambos imputados y dio por presentada la imputación de cargos. Como medida cautelar, se ordenó la detención provisional del abogado, mientras que al pastor se le impuso arresto domiciliario “debido a su edad”, mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se remontan al 31 de mayo de 2017, cuando en la ciudad de Panamá el pastor, “sin contar con autorización de la Asamblea General de la iglesia”, suscribió un pagaré fraudulento con el abogado, quien actuaba como representante legal de una empresa. Dicho documento “garantizaba un préstamo simulado en favor de esta”, obligación que posteriormente fue “deliberadamente incumplida”.

Como consecuencia de esa actuación, se produjo el apoderamiento de bienes, terrenos y otros activos pertenecientes a la congregación religiosa, lo que generó un perjuicio económico estimado en B/.1,500,000, según detalló el Ministerio Público.

La defensa de los imputados apeló la decisión adoptada en la audiencia, por lo que se programó una audiencia de apelación para el próximo 2 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene su compromiso de “desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia”, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la ley.
ENMAYÚSCULA. - Unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público, la UTOA y la UCAN, desarrollaron una operación en el marco del Plan Firmeza que resultó en la incautación de 1,162 paquetes de presunta droga, informó la Policía Nacional.

El hallazgo ocurrió en un puerto de la provincia de Colón. Según los datos oficiales, “la sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá y destino final España”.

La entidad indicó que “reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el narcotráfico”, al destacar que estas acciones buscan impedir que grupos criminales utilicen el territorio panameño para estas actividades.
CvEDxRUXYAEYwAWENMAYÚSCULA.- "El Ministerio Público a cargo de la Procuradora Kenia Porcell, aclara que tiene respeto a la Libertad de expresión y del Derecho de Información", fueron las palabras del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, en torno alas averiguaciones por la presunta comisión de delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros.

"La investigación que se desarrolla en la Fiscalía I° Anticorrupción no debe ser interpretada como ataque a Libertad de Expresión, indicó Rodríguez en confrencia de prensa este 18 de octubre.

Esto se debe a los llamados de atención de los gremios periodísticos, ante la conducción de Fernando Correa, exmiembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. "Queremos dirigirnos a la ciudadanía: las boletas de conducción son emitidas por el MP, pero este no interviene ni las ejecuta", dijo el Secretario de la PGN.

“No debe ser interpretada como un ataque a los medios, la investigación radica fundamentalmente sobre un movimiento prestatario en la Caja de Ahorros, que no tiene nada que ver con los medios”, aseguró.

Asimismo detalló que “el Ministerio Público realiza la investigación por el presunto delito en dónde el erario público ha sido afectado en 9 millones de dólares, 7 millones de dólares para el pago de servicios profesionales... se hizo un desembolso de crédito, estas sumas de dinero tuvieron un destino y un propósito diferentes... estamos tras la ruta del dinero”.

Foto: MP
MP AVESAENMAYÚSCULA.- Un comunicado de la la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, señala que se adelanta investigación por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, relacionado con un préstamo aprobado por la Caja de Ahorros para la construcción de un centro de convenciones en Amador.

Sobre el particular el MP aclaró que dicha investigación no está dirigida a ningún medio de comunicación, ni se relaciona con el ejercicio de la profesión del periodismo o ciencia afín.

"El Ministerio Público es respetuoso de la libertad de expresión como mecanismo indispensable para la vida en democracia", señaló el comunicado.

Indicó además que esa institución no ejecuta las órdenes de conducción o traslado de personas relacionadas con la investigación, únicamente comunica a la autoridad policial correspondiente.
ENMAYÚSCULA. - La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) emitió un enérgico pronunciamiento en defensa del Estado de Derecho, señalando que la única vía hacia un país verdaderamente desarrollado es una justicia sin privilegios, sin demoras y sin excusas.

El presidente de la CCIAP, Juan Alberto Arias S., afirmó que “si aspiramos a ser un país serio, con instituciones sólidas y confiables, necesitamos una justicia igual para todos”. En ese contexto, advirtió que los casos judiciales no pueden depender de quién esté en el banquillo, y rechazó tajantemente la existencia de “puertas traseras” para los poderosos.

Según datos oficiales citados por Arias, entre 2018 y 2024 el Ministerio Público recibió 8,197 denuncias por delitos como el blanqueo de capitales y corrupción contra la administración pública —627 por blanqueo y 7,570 por corrupción—. De esas, solo 452 llegaron a una sentencia firme: 143 casos fueron a juicio y 309 se resolvieron mediante acuerdos de pena. “¿Y las otras 7,745 denuncias? ¿Dónde quedaron?”, cuestionó el gremio.

Para la CCIAP, no se trata únicamente de respetar el debido proceso, sino de que las instituciones actúen con determinación, equidad y sin selectividad. “La justicia no puede operar con doble moral”, recalcó Arias, haciendo un llamado directo al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que procesen sin demoras injustificadas y apliquen la ley “sin mirar nombres ni apellidos”.

El presidente del gremio también recordó que la lucha contra la impunidad no es responsabilidad exclusiva del sistema judicial. “Los funcionarios públicos deben actuar con integridad. Y los ciudadanos, con valentía. Denunciar lo que está mal no es una opción: es un deber. Callar ante la corrupción nos hace parte del problema”, sentenció.

Como ejemplo de acción concreta, la CCIAP destacó la denuncia presentada por el escándalo de los “auxilios económicos” del IFARHU, un proceso actualmente en curso. “La justicia no puede aplicarse a conveniencia. O es para todos, o no es justicia”, afirmó Arias.

Finalmente, el gremio reiteró su compromiso con un Panamá donde las reglas se respeten y se apliquen sin excepción: “Si de verdad queremos un mejor país, todos —autoridades, funcionarios y ciudadanos— debemos actuar. Con firmeza. Con responsabilidad. Caiga quien caiga”.
ENMAYÚSCULA. - El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la sentencia N°11 del 25 de agosto de 2025, absolvió a los 185 imputados en el denominado “Proceso de Rescate administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para implementación del nuevo sistema de movilización masiva en los Distritos de Panamá y San Miguelito”, también conocido como “Caso A.T.T.T.”.

En la sentencia, el Tribunal destacó que la representación del Ministerio Público “solicitó la absolución de los directores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al considerar que no existían pruebas que acreditaran que éstos hubieran diseñado, dirigido o participado en una estructura criminal destinada a defraudar al Estado”.

La jueza sostuvo que, dado que los máximos responsables de la entidad no fueron acusados por falta de elementos de convicción, “mal podría sostenerse que funcionarios subalternos, transportistas o particulares actuaron como supuestos agentes de manejo de recursos públicos para la comisión de un delito cuya autoría quedó descartada por la propia fiscalía”.

El tribunal también señaló que “el examen probatorio reveló que las irregularidades detectadas en el programa de compensación obedecieron a deficiencias administrativas y a falencias en los mecanismos de supervisión, más no a una concertación dolosa dirigida a sustraer fondos estatales; no se demostró que los funcionarios procesados omitieran deliberadamente sus deberes de control, ni que hubiesen facilitado conscientemente un esquema fraudulento en beneficio de terceros”.

Asimismo, la sentencia indica que “la antijuridicidad material impone verificar si la conducta atribuida vulneró de manera real y efectiva el bien jurídico protegido, en este caso, la Administración Pública y el patrimonio estatal; empero del análisis conjunto de las actuaciones no se desprende de la conducta de los sindicados que hayan tenido la intención de lesionar o poner en riesgo efectivo dichos bienes jurídicos, pues se mantuvieron dentro de la órbita de una gestión administrativa deficiente”.

El tribunal recordó que, conforme al principio de separación de funciones previsto en el artículo 5 del Código Procesal Penal, “corresponde exclusivamente la titularidad de la acción penal al Ministerio Público; en la medida que el ente acusador optó por solicitar la absolución de los directivos A.T.T.T., y el Tribunal no puede suplir la inactividad acusatoria, ni construir de oficio una responsabilidad penal que no fue sostenida en juicio; por lo tanto, extender responsabilidad a los subalternos o transportistas sin prueba de dolo ni acusación formal, implicaría vulnerar el principio de legalidad, presunción de inocencia e imparcialidad judicial, pilares esenciales del proceso penal”.

La audiencia ordinaria tuvo una duración de aproximadamente tres meses, con un expediente de 717 tomos. Participaron 2 abogados querellantes, 88 defensores técnicos particulares, 6 defensores públicos y la Fiscalía Anticorrupción representó al Ministerio Público.
MP AVESAENMAYÚSCULA.-El Juzgado Décimo Tercero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante resolución No. 30 del 18 de noviembre del 2016, concluyó que el Ministerio Público debe remitir al tribunal, tal como se encuentre para su debida calificación, el sumario dentro del proceso seguido a Riccardo Francolini, por el delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros.

La jueza de la causa Alina Hubiedo declara probado el incidente de controversia promovido por el licenciado Aníbal Salas Céspedes, contra la Fiscalía Primera de Descarga Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo a la resolución, el incidentista Salas Céspedes argumentó que había transcurrido en exceso el plazo de los cuatro meses de instrucción sumarial, adicional a los cuatro meses de prórroga solicitado por el Ministerio Público para concluir la investigación, los cuales vencieron el 7 de octubre de 2016, término que era improrrogable y de obligatorio cumplimiento.

En tanto, la jueza Hubiedo, en sus argumentaciones, consideró válida la disconformidad del incidentista puesto que el tribunal concedió a la Fiscalía Primera Anticorrupción una prórroga, mediante el Auto de Prórroga No. 30 del 9 de mayo del 2016.
Concluye la jueza Hubiedo que esta decisión no implica pronunciamiento alguno sobre la nulidad de ninguno de los elementos probatorios allegados o practicados durante la investigación, pues solo comprende disponer la remisión del expediente al tribunal de la causa.
ENMAYÚSCULA.- LaContraloría General de la República negó haber interferido en investigaciones del Ministerio Público y aseguró que sus funcionarios no han irrumpido en diligencias, tras cuestionamientos surgidos por un comunicado de la Procuraduría.

En una nota oficial, la entidad sostuvo que “en ningún momento, funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”.

La institución indicó que su actuación se ha mantenido dentro de sus competencias y con respeto a las funciones de la Fiscalía Anticorrupción. Como respaldo, mencionó “las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes”.

Sobre la presencia del contralor en instalaciones del Ministerio Público, explicó que “respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas”.

El comunicado también plantea preocupación por la forma en que se desarrollaban esas diligencias, señalando que generaban inquietud “sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”.

La Contraloría insistió en que las investigaciones deben realizarse respetando el debido proceso y las competencias institucionales. En ese sentido, afirmó que “resulta importante que también se garantice que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico”.

Finalmente, la entidad reiteró que continuará colaborando con otras instituciones del Estado dentro del marco legal vigente.
MINISTERIO PUBLICOENMAYÚSCULA.- La lesión al Estado panameño en las investigaciones que realizan las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público ascienden a un total de 571 millones 572 mil 348 dólares con 52 centésimos ($571,572,348.52), según reveló el Secretario General encargado de la Procuraduría General de la Nación, David Díaz.

Durante su participación en el programa de televisión Debate Abierto que abordó el tema de la justicia, Díaz también detalló que se mantienen 33 casos donde están señalados varios exfuncionarios públicos. Algunos de estos casos se encuentran a la espera de decisiones en el Órgano Judicial.

Sobre las asistencias judiciales internacionales, el Secretario General encargado de la Procuraduría informó que estas se han dado a satisfacción con Brasil, Ecuador y otros países, al tiempo que Panamá ha solicitado también información a los dos primeros debido a las investigaciones que manejan e involucran a nuestro país.

Advirtió que la Ley 11 de 2015, en su artículo 5, señala que se debe ser cuidadoso con la información de las asistencias judiciales, pues un país que de detalles de una asistencia puede poner en peligro la investigación en el extranjero.
C0UeE5eXUAAbWakENMAYÚSCULA.- La jueza de Garantías, Sandra Castillo legalizó la aprehensión y decretó la formulación de cargos de dos personas investigadas por el robo a la Dirección General de Ingresos y por tentativa de homicidio contra una unidad policial (Sargento segundo), durante la audiencia realizada la tarde de hoy, bajo el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

La fiscal de la Sección de Homicidio/Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana del Ministerio Público, Argentina Barrera tendrá seis meses para investigar este hecho delictivo.

Castillo determinó legalizar la detención provisional de los dos indiciados porque era necesario garantizar la vida y honra de la sociedad, ante este hecho registrado en una entidad pública.

La fiscal Barrera dio a conocer hoy, que su despacho cuenta con el Informe de Auditoría Interna remitido por la Dirección General de Ingresos que revela que el total de la afectación para dicha institución fue de 11 millones 658 mil 610.32 entre cheques certificados y dinero en efectivo, los cuales fueron recuperados.

En este caso hay dos personas por ubicar tras el asalto a la DGI.
ENMAYÚSCULA. - La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que Dayra Caicedo, la joven estudiante de derecho de 23 años, ha sido localizada y se encuentra en buen estado de salud, luego de permanecer desaparecida por un mes.

Un vocero del Ministerio Público confirmó que el procurador general de la Nación, Luis Gómez, se trasladó personalmente hasta la residencia de la joven para verificar su estado. Sin embargo, las autoridades han decidido no revelar más detalles por el momento.

“Sí, se trata de ella. Está en buen estado físico, están haciéndole algunos exámenes médicos para corroborar que todo esté bien”, aseguró el vocero.

Caicedo fue privada de su libertad el pasado 19 de febrero mientras regresaba a su residencia en Vista Alegre de Arraiján. Según informes, fue interceptada por personas armadas que la obligaron a subir a su propio vehículo, desatando una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Para dar con su paradero, se llevaron a cabo más de 25 allanamientos en distintos puntos del país. Además, hasta el momento, dos personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el caso.

ENMAYÚSCULA, (JULIO BERMÚDEZ).- Esas cosas solo ocurren cuando se tiene la certeza de que, de ninguna manera, el oso podrá escapar. O cuando la novia, palabra en boca, le ha dicho sí al novio con la sílaba en los ojos humedecidos, sobre todo cuando por años la comunidad nacional ha sido testigo de la recurrente lentitud con que el Ministerio Público aborda sus negocios.

De otra manera resulta imposible entender cómo, a un titular periodístico de la mañana le sigue una decisión de la tarde en el mismo día con solo horas de distancia, mientras que otros desbarajustes no salen, por años, del nivel de hecho punible. Da para sospechar que, con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de investigar los viejos ventiladores, algo se venía cocinando, que hay un reconcentrado tufo a componenda con propósitos ya definidos.

Y no se puede decir que fue un madrugonazo porque en la madrugada de este jueves lo que ocurrió fue el despliegue de primera plana del periódico La Prensa anunciando, desde su muy particular punto de vista, la consumación de un acto bajo el título de: “Ventiladores viejos: un negocio redondo”.

Sí, redondo, como la pupila del venado, que, sin embargo, se queda inmóvil cuando el cazador le coloca, inquisitiva, la lámpara ante la mirada.

Como está el rotulo de la primera página pareciera que alguien se hizo japay con los oxidados tornillos del equipo y que la decisión del MP, de investigar los “ventiladores viejos” podría ser resultado de un rayo vespertino que haya entrado por la ventana de uno de los cubículos del edifico Avesa, y cual hombre araña le dijera al titular: “aquí te tengo un regalo”, y claqueta sonada, la cámara entró en acción.

¿Remember los años de la procuraduría paralela, cuando las noticias llegaban a los diarios antes que los interesados se enterarán? Pues así parece que está funcionando la cosa, al término que se podría pensar que la Unidad investigativa del periódico de la 12 de octubre puede estar contando, otra vez, con un delegado permanente en las escaleras traseras del inmueble.

Sucede que la compra de los 40 ventiladores adquiridos por el Ministerio de Salud al unitario precio de 31,930 balboas se registró tras una

“Requisición para la compra de materiales y equipos” generada por la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, luego de conocer los informes y las previsiones elaboradas por el Consejo Asesor de Salud que colocaban al país con un numero de contagiados que oscilaba entre 24 mil y 122 mil, solo dos meses después de anunciado el inicio de la pandemia.

Lo que fue una acción de urgencia, encabezada por el Ministerio de Salud dirigido entonces por la ministra Rosario Turner y motivada por la preocupación de salvar vidas, es presentado ahora por el conocido diario como “negocio redondo”, cuando a estas alturas la operación no ha sido sancionada por Contraloría, la empresa no ha gestionado pago alguno y tampoco recibió ningún anticipo.

Basado más en sospechas carentes de evidencias y en medias verdades, el artículo firmado por Mari Trini Zea omite decir si lo que llama “ventiladores viejos” ¿se destartalaron en el camino o si siguen funcionando? ¿Si dejaron a medio palo los tratamientos a los pacientes o si fueron eficientes? Claro, en la versión de La Prensa No es eso lo que interesa, no es la vida del paciente sino la posibilidad de encontrar un resquicio por donde colar la duda y la sospecha, que concluidas o no en su investigación, permitan construir la falta de credibilidad y hasta el señalamiento malsano por muy superficial que sea.

¿Negocio redondo de quién? Al menos con la supuesta investigación del medio, podían permitirse señalar a los responsables directos, pero no lo hacen por una sencilla razón: la especulación no les da para eso.

Pero el Ministerio Público está listo para terminar el trabajo, aunque haya sido incapaz en mas de cinco años de resolver los temas de Odebrecht, o las donaciones extrañas al expresidente Juan Carlos Varela.

Un titular como el de La Prensa sobre los ventiladores o la velocidad de acción de una Fiscalía, como lo ha hecho la anticorrupción, solo sugiere la presencia de una evidencia contundente, de una sorpresa en el acto o un movimiento irrefutable, pero hay un problema….dónde están los ejecutores, a quienes se refiere…en todo caso la situación no es nueva, ya hablaron de alquileres de autos como gastos superfluos y la verdad resultó ser que ahorraban recursos al estado; hablaron de negociados de ventiladores y lo cierto era que la operación nunca se había realizado.

Lo cierto es que cual cegato enano de espejuelos grandes, buscan en el suelo la diferencia entre un churú y un grano de arroz, tan solo para tropezarse con la misma piedra (JBV)

ENMAYÚSCULA.- El Ministerio de Educación de Panamá informó que alrededor de 200 colaboradores y docentes han presentado su renuncia luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público el pasado 22 de abril de 2026, relacionada con presuntos diplomas falsos y una supuesta red de corrupción integrada por funcionarios.

La entidad detalló que, desde hace dos años, da seguimiento a denuncias vinculadas con diversas faltas administrativas y posibles delitos, entre ellos “personas fallecidas que continuaban cobrando salarios, hurtos en centros educativos, malversación de fondos, cobro indebido de salarios, uso de documentación falsificada, diplomas falsos y supuesta una red de corrupción integrada por funcionarios”.

Según el Meduca, además de las renuncias, otros maestros y profesores “han dejado de asistir a sus puestos de trabajo, abandonando sus responsabilidades con los estudiantes”.

“El alcance de la situación probablemente podría ser mayor de lo inicialmente estimado, por lo que no se descarta que en las próximas semanas continúen registrándose nuevas denuncias”, indicó la institución.

La situación ha generado preocupación en algunos planteles escolares debido a la ausencia de docentes en distintas regiones del país, incluyendo el centro de la ciudad, el interior y las comarcas.

Ante este escenario, el ministerio señaló que ya avanza en el proceso para cubrir las vacantes y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Las regiones donde se ha detectado la mayor cantidad de casos son Darién, las comarcas —entre ellas Ngäbe-Buglé—, Bocas del Toro, Chiriquí y Herrera.

El Meduca explicó que en el proceso de validación de títulos trabaja conjuntamente con universidades que también se han visto afectadas por estas irregularidades.

“La magnitud del tema ha sido una sorpresa, tanto para estas casas de estudios superiores como para el propio Ministerio de Educación”, indicó la entidad, que además precisó que las investigaciones también alcanzan a personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades.

Asimismo, el ministerio informó que este jueves 7 de mayo de 2026 presentará una nueva denuncia ante el Ministerio Público que involucra aproximadamente 41 casos adicionales.

En total, el Meduca ha presentado en todo el país alrededor de 141 denuncias y siete querellas relacionadas con posibles delitos contra la administración pública.

La institución aseguró que continuará las investigaciones y verificaciones mediante Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL), herramienta que ha permitido detectar de manera oportuna posibles irregularidades dentro del sistema.

“Hacemos un llamado a la comunidad docente a no dejarse confundir ni engañar y a no pagar por servicios inexistentes o trámites irregulares relacionados con nombramientos, vacantes o certificaciones académicas”, señaló el ministerio.

Además, informó que habilitó el correo denuncias@meduca.gob.pa para que la ciudadanía pueda reportar de forma confidencial cualquier irregularidad o situación sospechosa relacionada con estos casos.
ADOLFO PINEDA FISCAL SUP POENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- Estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN) del Ministerio Público (MP), en la Sede Regional de Panamá Oeste, revelan que los días miércoles se registra la mayor incidencia de hechos delictivos, seguido de los días lunes y martes, considerándose los 3 primeros días de la semana de más alto riesgo por la alta incidencia de los delitos desde la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), informó el fiscal superior de Panamá Oeste, Adolfo Pineda.

Con relación al horario en que se registran los hechos delictivos, un 44% ocurre en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el 38% en un horario mixto de 4:00 de la tarde a 12:00 de la medianoche y el 18% a partir de la medianoche hasta las 8:00 de la mañana.

Las estadísticas revelan que el 47% de los hechos se registran en La Chorrera, seguido de Arraiján con 38%; Chame con 7%; Capira con 5% y San Carlos con un 2%.

Durante los primeros 14 días de septiembre, desde que se implementó el SPA en el Primer Distrito Judicial, en la Sección de Decisión y Litigación Temprana de Panamá Oeste, se han realizado 14 sesiones de audiencias, en las cuales se han ventilado 45 solicitudes, indicó el fiscal Pineda.

De igual forma explicó la autoridad que de estos casos se han realizado 8 imputaciones, se han acogido 4 solicitudes de detención provisional que ha realizado la fiscalía; se ha llegado a un acuerdo de pena y a una salida alterna por suspensión condicional del proceso en casos de violencia doméstica.

“A pesar de que la defensa pública ha presentado recurso de apelación en dos de los casos, la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones ha sido favorable para el Ministerio Público, ya que se han confirmado las decisiones del Juez de Garantías, de mantener la detención provisional” sostuvo el Fiscal.

La imputación en un caso de violencia de género, dando resultado positivo, a pesar de que la víctima y su agresor no tenían una relación de pareja estable y solo convivían por espacio de dos meses, este caso fue presentado al Juez de Garantías, quien acogió la imputación e incluso admitió la petición de aplicar medidas cautelares y de protección a la víctima, conforme a la Ley 82 de octubre de 2013, Ley de Femicidio y Violencia Contra la Mujer.
ENMAYÚSCULA. - El Ministerio Público adelanta diligencias de allanamiento en la Alcaldía de Arraiján, en medio de las investigaciones relacionadas con la demolición del monumento dedicado a la comunidad china.

El personal de investigación acudió a la sede central de la alcaldía, ubicada en Arraiján cabecera, y posteriormente se movilizó hacia la sede temporal municipal situada en el sector de Hato Montaña.

De acuerdo con la información disponible, estas acciones forman parte del proceso para recabar elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la demolición de la estructura.

Más temprano, las autoridades realizaron inspecciones oculares en el mirador donde estaba ubicado el monumento, como parte de las diligencias iniciales del caso.

AVESAENMAYÚSCULA.- Mediante un comunicado los Fiscales del Ministerio Público, expresaron su  voluntad de cumplir con el mandato constitucional y legal de persecución del delito, a nivel nacional y de aquellas manifestaciones transnacionales, que impactan nuestro país y afectan a sus habitantes.

“Reiteramos nuestro compromiso de mantener una lucha frontal contra la impunidad, en un esfuerzo asertivo por descubrir la verdad de los hechos que se investigan, como condición del clamor ciudadano y que se traduce en el respeto al Estado de Derecho”, señalan.

Indica además que el MP cuenta con la fortaleza que brindan sus profesionales, conformado en un 66% por mujeres fiscales que con humanidad, dignidad, ética, compromiso y rectitud, asumen el reto diario de investigar causas penales de profundo interés para la sociedad, por lo que reafirman la alianza y acompañamiento con la mujer en esta exigente y delicada labor.

En el documento firmado por todos los fiscales, rechazan cualquier forma de amenaza, ataque, discriminación o agresión contra la mujer, ya sea por su condición de tal, de servidora pública o por la labor de persecución criminal que realiza cada día con compromiso y valor.

“Agradecemos a la ciudadanía en general por las manifestaciones de respeto y confianza a la labor autónoma e independiente del Ministerio Público, en el ejercicio del cargo que desempeña la Señora Procuradora General de la Nación como responsable de esta institución, garante de la objetividad en las investigaciones penales”, puntualiza la carta.

COMUNICADO FISCALES MP 11SEPT17

Ante esto, el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz se pronunció a favor de la jefa del MP panameño. 


La reacción se debe  a una columna de opinión en el que se señalan amenazas y  grupo y  personalidades le tildaron de machista.
inamu

Así mismo el Instituto de la Mujer en Panamá,  Movin entre otros apoyaron la figura de la procuradora con sendos comunicados.

movin

ENMAYÚSCULA. - audiencia ordinaria del caso PAN-Granos inició este lunes, 10 de marzo, con la validación de un acuerdo de culpabilidad entre el Ministerio Público y el empresario Mario Martinelli, quien fue condenado a 40 meses de prisión y el decomiso de siete cuentas bancarias.

La jueza Águeda Rentería Sánchez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá, formalizó la sentencia condenatoria n.º 25 de 2025 en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

El caso PAN-Granos, que involucra la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), ha llevado a juicio a 45 personas.

La audiencia se desarrolla en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y está programada para extenderse hasta el 25 de marzo. Durante este periodo, el Ministerio Público, representado por el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia, y los abogados de los imputados presentarán sus pruebas y alegaciones.

El proceso judicial se remonta a agosto de 2014, cuando una denuncia pública reveló un supuesto sobrecosto en la compra de granos de arroz y menestras a través del PAN, destinados a escuelas en zonas de pobreza extrema.

Una auditoría de la Contraloría General de la República estimó una lesión patrimonial superior a 12.3 millones de balboas.

Desde la audiencia preliminar en noviembre de 2021, el caso ha pasado por varias etapas, incluyendo una sesión en diciembre de 2023 en la que se resolvieron incidentes procesales. Conforme el reporte, nueve de los acusados fueron beneficiados con la prescripción de la acción penal, pese a que también enfrentaban cargos por corrupción de servidores públicos.
ENMAYÚSCULA. - El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que iniciará una investigación administrativa contra un médico acusado de supuesto abuso sexual a una paciente en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

Según información oficial, la denuncia fue presentada por la paciente tras salir del consultorio donde fue atendida por el galeno. Ante la gravedad de la acusación, el Minsa aseguró que brindará total colaboración al Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones.

El Minsa reiteró a la población que “no permitirá estos actos que atentan contra la ética de los servidores públicos y del juramento de los médicos”, reafirmando su compromiso con la protección de los pacientes y el cumplimiento de normas de conducta dentro de los centros de atención pública.

Asimismo, la institución informó que, mientras se desarrollan las investigaciones por parte del Ministerio Público, el médico se mantendrá suspendido de sus turnos, como medida preventiva.
FISCAL RAFAEL BALOYESENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, a través del fiscal Primero Superior, Rafael Baloyes, presentó al Juzgado Decimosexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, un recurso contra el auto que declara nulidad de todo lo actuado dentro del proceso seguido a María del Pilar Fernández Castillo de Moncada Luna, Felipe Alejandro Virzi Lopez, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Elías Jarez Barahona, Maria Gabriela Reyna Lopez y otros, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

El recurso, un escrito de anuncio de casación, se presentó la mañana de este 11 de octubre y se realizó dentro del término que le otorga la ley. Este escrito se presenta contra del auto de segunda instancia No. 140, del 23 de septiembre de 2016, sustentado por el magistrado Wilfredo Sáenz Fernández.

El Ministerio Público agotará todos los medios de impugnación, para revertir lo dispuesto en el auto en cuestión, en razón a que todas las personas distintas a Alejandro Moncada Luna Carvajal, vinculadas con el acto ilícito de blanqueo de capitales, deben ser investigadas en la vía ordinaria por el Ministerio Público, y la causa debatirla en un tribunal para establecer responsabilidades, aseveró el fiscal Baloyes.

El delito de blanqueo de capitales, contemplado en los artículos 254 y 255 del Código Penal, establece una pena de prisión de 5 a 12 años, para los que son declarados culpables.
MP AVESAENMAYÚSCULA.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo) a cargo del fiscal Nahaniel Murgas, participó de una audiencia preliminar, realizada contra los integrantes de la pandilla denominada "NEW BOYS" en la provincia de Chiriquí, entre estos su cabecilla Marlon Atencio.

Las investigaciones de la pandilla New Boys, fueron remitidas a la Fiscalía en el 2015, donde luego de las investigaciones se realizó un operativo y se logró la aprehensión de los supuestos integrantes.

El Juzgado de Descarga de la Provincia de Chiriquí, realizó la audiencia preliminar, en la cual la juez llamó a juicio a 8 de los investigados, entre estos el cabecilla de la misma.

Se está en espera de la fijación de fecha para la audiencia ordinaria, donde se discutirá la responsabilidad penal de los acusados.

La pena por este delito oscila entre los 7 a 15 años de prisión.
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