ENMAYUSCULA.- Tras finalizar el proceso de recolección de firmas para la libre postulación, a las 5:00 p.m. de este domingo 30 de julio de 2023, el Tribunal Electoral (TE) cerró el sistema y procedió, en un acto sin precedentes, a hacer la llamada de forma separada a los tres precandidatos presidenciales que obtuvieron de manera extraoficial la mayor cantidad de firmas de apoyo en todo el país, informó la entidad electoral.

En un informe de prensa se aseguró que luego algunos minutos del cierre de este proceso que duró 11 meses y 15 días, el director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, en presencia del director general del PLAGEL, magistrado Eduardo Valdés Escoffery y directores de la institución, notificó a Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha que son candidatos extraoficiales que competirán para la presidencia de la República en la Elección General 2024.

En paralelo, los precandidatos a diputados, alcaldes, representantes y concejales que superaron el 2% de firmas y obtuvieron la mayor cantidad en sus jurisdicciones y pasan como candidatos a los comicios del 5 de mayo de 2024, serán notificados por las autoridades electorales.

Este proceso de recolección de firmas se inició el lunes 15 de agosto de 2022, cuando el Tribunal Electoral puso a disposición de los precandidatos en todo el país, una serie de mecanismos confiables para registrar las firmas: la app, el Centro de Atención al Usuario (CAU), los quioscos multiservicio, los libros en las áreas de difícil acceso y sin conectividad a internet y las oficinas de la institución en todo el país, en jornadas extendidas que incluían los fines de semana y días nacionales.

Todos los precandidatos por libre postulación tienen hasta las 3:30 p.m. del lunes 31 de julio de 2023 para registrar en el TE a su suplente, respetando la paridad de género.

Los que participaron en la recolección de firmas están obligados a presentar informe de ingresos y gastos desde el lunes 31 julio al lunes 14 de agosto de 2023, la entrega posterior al plazo será sancionada según se indica en los artículos 558 y 559 del Código Electoral.

Se le concederá un plazo adicional, hasta el 29 de agosto de 2023 para su cumplimiento, de no cumplir en este plazo, no se reconocerá entre los tres (3) candidatos postulados para la elección general, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente candidato que más firmas de respaldo le hayan sido reconocidas con el fin de que participe como candidato en la elección general, siempre que haya cumplido con la entrega de su informe de ingresos y gastos.

Precandidato No Electos:

Los precandidatos que no resultaron electos tienen un plazo de sesenta (60) días calendarios que comprende del lunes 31 julio al 28 de septiembre de 2023, para presentar el Informe de Ingresos y Gastos, la entrega posterior, serán sancionados según indican los artículos 558 y 559 del Código Electoral.

ENMAYUSCULA, (ROSENDO RIVERA).- Es un privilegio poder dedicar unas líneas a Juan Carlos Navarro Quelquejeu, un amigo y compañero en la lucha por la conservación del medio ambiente en Panamá. Su trayectoria es un testimonio de su compromiso y amor por la naturaleza, así como de su dedicación al bienestar de nuestro país.

Juan Carlos no solo es esposo de Cuqui y padre de Juan Andrés, Felipe y Gabriel, sino también un destacado profesional que ha dejado una huella imborrable en el ámbito ambiental.

Graduado en 1983 de la Licenciatura en Geografía y Gobierno en la Universidad de Dartmouth, y posteriormente con una maestría en Política Pública en la prestigiosa Universidad de Harvard en 1985, Juan Carlos ha fundamentado su carrera en sólidos principios académicos y una visión clara de una Panamá más sostenible.

Desde su graduación, comenzó a materializar sus aspiraciones en el campo del medio ambiente, fundando la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) en 1985.

Esta organización no gubernamental se ha convertido en un baluarte para la conservación de nuestros ecosistemas, mostrando la profunda convicción de Juan Carlos por la protección de la naturaleza.

Su trabajo fue reconocido en 1995, cuando fue nombrado embajador del medio ambiente de Panamá por el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares, un rol que le permitió llevar la voz del medio ambiente al más alto nivel de decisiones gubernamentales.

La relevancia de su designación se evidenció en su papel como Consejero Regional para América
Latina de la IUCN, donde se destacó como el primer panameño y el miembro más joven en ocupar dicho puesto, reafirmando su liderazgo y dedicación.

La carrera política de Juan Carlos también ha sido notable. Como alcalde del Distrito Capital y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), así como candidato presidencial, ha demostrado su compromiso con las causas sociales y ambientales. Su firme posición en la lucha contra la minería y su discurso constante sobre los peligros que esta actividad representa para el ecosistema son testamentos de su integridad y valentía.

Sin embargo, en momentos críticos, es importante reflexionar sobre las decisiones que tomamos. La reciente invitación a formar parte del gabinete del presidente José Raúl Mulino, ocupando el cargo de Ministro de Ambiente, despertó tanto esperanzas como temores.

Si bien todos reconocemos el valor de su compromiso ambiental, también es crucial
que no se vea comprometida su trayectoria por políticas imprudentes que podrían dañar su legado.
Juan, amigo, en este punto de tu carrera profesional y tu trayectoria, te animo a que consideres con cautela la dirección que está tomando la administración actual.

Las políticas impositivas e inconsultas de un gobierno impopular de José Raúl Mulino, pueden
arrastrarte a una aventura que no solo empañaría tu nombre, sino que también pondría en riesgo los valores que siempre has defendido.

Es un buen momento para dar un paso al lado y proteger tu integridad como defensor del medio ambiente. El deseo de muchos es que continúes siendo una voz valiente y clara en esta encrucijada, priorizando siempre la conservación y el bienestar de nuestro país.

En estas situaciones complejas, las decisiones pueden tener repercusiones profundas y duraderas. Estoy seguro de que tu amor por Panamá y tu compromiso con la naturaleza prevalecerán. La lucha por un mundo más sostenible es exigente, pero con personas como tú al frente, hay un rayo de esperanza.

Cuídate y sigue siendo un referente en la lucha por un Panamá sostenible, la inspiración de futuras.
generaciones, y la figura de empresario, político y
ambientalista, que muchos admiramos.

ENMAYÚSCULA, (AFP).-  Un acuerdo firmado por Panamá con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el intercambio de información fiscal, permitirá modernizar y hacer más transparente a su sector financiero, cuestionado tras la divulgación de los Panamá Papers, dijo este jueves el gobierno.

"La firma de la convención representa un gran paso en el proceso de modernización y transformación de la plataforma financiera y de servicios de Panamá", dijo a la AFP el vicecanciller del país centroamericano Luis Miguel Hincapié.

La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal fue firmado este jueves en París, sede de la OCDE, en un nuevo esfuerzo del país centroamericano por depurar su imagen a seis meses del escándalo de los Panama Papers, una filtración de documentos que revelaron cómo una firma de abogados panameña creó sociedades offshore muchas veces para que personalidades mundiales evadieran pagar impuestos.

El vicecanciller Hincapié dijo que los países que catalogan a Panamá como paraíso fiscal "deben revisar esas listas discriminatoria y suprimir al país de las mismas, en vista de que cumple con los más altos estándares en materia de transparencia fiscal y cuenta con un sistema financiero robusto, lo que amérita que sea excluido de cada una de esas listas".

Francia incluyó al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales tras la divulgación de los Panama Papers, y los dos países mantiene negociaciones para un acuerdo de intercambio de información fiscal.

Además de Panamá, otros 104 países han suscrito la convención de la OCDE, que establece bases legales para la cooperación fiscal entre países, incluyendo el intercambio de información financiera.

Tras el escándalo, el gobierno panameño adoptó varios mecanismos para evitar la evasión fiscal a través de las empresas offshore, incluyendo una ley para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas.

El Congreso recientemente aprobó dos leyes, una de las cuales establece el marco regulatorio para cumplir los compromisos de intercambio automático de información, y la otra hace obligatorio que personas jurídicas con operaciones en Panamá mantengan registros contables e información sobre sus transacciones.

PANAMÁ, (ADNCUBA).- El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para repatriar migrantes irregulares que cruzan el Tapón de Darién, vigente desde julio pasado, ha reducido en un 92 % el tránsito por esa selva de ciudadanos ecuatorianos y en un 65 % el de colombianos, reveló esta semana la Embajada estadounidense en el país centroamericano.

El documento, suscrito el 1 del julio de 2024, que entró en vigor ese mismo día, contempla la repatriación en base a las leyes panameñas respecto a los migrantes irregulares que hayan llegado a Panamá tras cruzar la selva fronteriza con Colombia; por su parte, Estados Unidos tiene el comprominso de financiar los vuelos para devolver a los ciudadanos a sus respectivos países.

"Desde que los vuelos comenzaron, hemos visto una disminución en el cruce de migrantes ecuatorianos y colombianos del 92 % y 65 %, respectivamente, comparado con los meses de agosto y septiembre del año pasado", dijo la Embajada de Estados Unidos en Panamá en un comunicado.

Los colombianos y los ecuatorianos están entre las principales nacionalidades de los migrantes irregulares que atraviesan la selva con destino a Norteamérica. Desde hace varios años la gran mayoría son venezolanos, aunque el plan de deportación no se puede aplicar a ellos dada la suspensión, desde finales de julio, de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.

 Hasta el pasado 13 de octubre 274.444 viajeros irregulares han llegado a Panamá a través de la jungla, un 36,5 % menos que los 432.211 registrados en el mismo lapso de 2023, de acuerdo con las estadísticas panameñas.

 También se supo que unos 787 migrantes han sido deportados en 19 vuelos financiados por 1.140.846 dólares por EE. UU. en operaciones aéreas ejecutadas por Panamá "para deportar o expulsar migrantes irregulares que no cuenten con las bases legales para permanecer en el país", señaló un texto compartido por la legación diplomática estadounidense a los medios.

 La financiación estadounidense "cubre el pasaje de los deportados, escoltas, traductores, entre otros gastos relacionados", de acuerdo con la información oficial.

 "El primer vuelo bajo este programa se realizó el 20 de agosto de 2024 y el más reciente se realizó el pasado 19 de octubre. En los primeros tres meses del plan piloto, se han deportado o expulsado personas en vuelos charter a Colombia, Ecuador e India. Además, cuatro migrantes irregulares fueron retornados en vuelos comerciales a Afganistán, Pakistán, Rusia y Turquía", añadió.

 Los migrantes irregulares deportados o expulsados, algunos de ellos con antecedentes penales de envergadura, fueron procesados según la ley migratoria de Panamá, siguiendo acuerdos internacionales de protección a migrantes, agregó el cuerpo diplomático.

 La embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, dijo que "Panamá es un estrecho aliado de Estados Unidos y prueba de ello es que fue el primer país en tener un entendimiento de este tipo con nosotros", según los portales de noticias.

 El objetivo, según la misión diplomática estadounidense, "es destacar que los migrantes irregulares pueden ser devueltos a sus países, aunque logren cruzar la peligrosa selva de Darién".

 De igual manera, la fuente diplomática remarcó que la migración irregular "solo beneficia al crimen organizado, que lucra con la necesidad de las personas, sin importarles si los migrantes mueren en el camino".

 Panamá y EE. UU. firmaron este acuerdo para devolver a los migrantes que atraviesan Darién, donde se vive una aguda crisis causada por el flujo migratorio. El Departamento de Estado le destinó 6 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano para financiar los gastos que implica el proceso de deportación.

Por Dianelis Hernández

ENMAYÚSCULA.- La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá anunció este domingo, 13 de diciembre, la suspensión de todos los vuelos procedentes de Venezuela, “como respuesta a la misma medida adoptada por este país” se informó oficialmente.

La Autoridad panameña dijo en una declaración que la medida se mantendrá hasta que “se alcance un trato igualitario y recíproco en la frecuencia de vuelos, según corresponde por el acuerdo aéreo comercial bilateral vigente”.

Venezuela suspendió el jueves los vuelos desde y hacia Caracas de la panameña Copa Airlines y Panamá hizo lo mismo con la venezolana Laser Airlines.

Las tensiones surgen una semana después que Panamá se sumará al Grupo de Lima y a un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) desconocieron las elecciones parlamentarias, boicoteadas por la oposición y ganadas por el partido del presidente Nicolás Maduro.

Panamá y Venezuela firmaron en 2015, un acuerdo que le da el beneficio de 63 frecuencias semanales a cada país, en ambos trayectos.

La Autoridad de Aeronáutica panameña dijo que ha ido liberando las frecuencias, una vez de abrió el tráfico aéreo, lo que no ha sido recíproco por parte de Venezuela.

Panamá ha concedido nueve vuelos semanales y Venezuela , solo tres, se aseguró en la comunicación oficial.

Según Aeronáutica, Venezuela no sólo incumplió con el acuerdo, sino que suspendió “unilateralmente” los vuelos de Copa Airlines.

Se advirtió que la relación aérea se normalizará cuando Venezuela de un trato igualitario al país centroamericano.

ENMAYÚSCULA.- El consejero del presidente Trump y director del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. para el hemisferio occidental, Mauricio Claver-Carone, visita Panamá con el objetivo de resaltar nuestra excelente relación, tanto con el gobierno entrante como con el saliente.

Esta es la primera visita de Claver-Carone a Centroamérica en su cargo actual.

Mauricio Claver-Carone se reunió con el presidente Juan Carlos Varela, en el Palacio de las Garzas, donde conversaron sobre una transición democrática en Venezuela y una salida pacífica para el dictador Nicolás Maduro.

El consejero del presidente Trump, Mauricio Claver-Carone, se reunió con el presidente Juan Carlos Varela para tratar temas de seguridad, economía y política.

También se reunió con el presidente electo de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y su equipo de trabajo, para hablar sobre prioridades de la relación bilateral en materia económica, política y de seguridad, así como manifestar el interés de EE.UU. en continuar la estrecha colaboración entre ambos países a partir del día de la toma de posesión.

Mantener la excelente cooperación en materia de seguridad, apoyar el crecimiento económico en Panamá garantizando una cancha nivelada para el sector privado y colaborar en asuntos regionales clave, como la situación en Venezuela, están entre las prioridades de la delegación estadounidense.

El representante de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone (al centro), se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, y la embajadora de Venezuela, Fabiola Zavarce, para conversar sobre la crisis de Venezuela junto a los embajadores de Colombia, Perú y Chile.

Además, Claver-Carone sostuvo una reunión con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá para discutir un enfoque coordinado en cuanto a la situación en Venezuela. La embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce, el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, así como los embajadores de Chile, Colombia y Perú en Panamá, abordaron opciones para remediar la crisis política y humanitaria en Venezuela.

Durante su visita, Mauricio Claver-Carone anunció la llegada del buque de asistencia humanitaria USNS Comfort a Panamá en agosto. “La llegada del buque humanitario USS Comfort a Panamá permitirá que brindemos asistencia médica a los panameños que la requieran, así como a aquellos refugiados venezolanos que han tenido que dejar sus hogares huyendo del régimen tirano de Nicolás Maduro”, sostuvo Claver-Carone.

Finalmente, la agenda incluye una reunión con el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, para expresar apoyo a la Autoridad del Canal de Panamá y resaltar la importancia de la vía acuática para la economía de Estados Unidos.

https://pa.usembassy.gov/es/alto-representante-de-la-casa-blanca-visita-panama-para-reunirse-con-gobierno-entrante-y-saliente/

ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- La solicitud realizada por los fiscales de Brasil a través de una asistencia judicial sobre el caso Lava Jato debe ser puntualizada, afirmó el secretario General de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, Rolando Rodríguez.

Así mismo sustentó el por qué debe ser puntualizados sus requerimientos, toda vez que pudieran en un momento dado afectar el derecho de un tercero que no está involucrado.

En este sentido manifestó que se les ha solicitado de manera reiterada y formal, directamente a los fiscales de Brasil que hicieron la solicitud, que vengan a la PGN para brindarle la información, sin embargo las autoridades panameñas no han recibido respuestas.

“Panamá siempre ha sido colaborada en estos temas, sin embargo no hemos tenido respuesta por parte de los fiscales brasileños, señaló el secretario general de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño al ser abordado sobre el caso Lava Jato por los medios de comunicación durante el acto de inauguración de la Jornada de actualización para periodistas sobre el Sistema Penal Acusatorio la cual se está celebrando los días 22 y 23 de septiembre de 2016.

“Tenemos la mayor disposición y es más me correspondió a mí en una ocasión tener comunicación verbal telefónica con los fiscales de Brasil cuando dijeron que iban a venir a la República de Panamá, hicimos la cita y no vinieron, les mande un correo personalmente diciendo que me había quedado esperándolos, cuando ellos lo habían solicitado y no me respondieron más nunca el correo y las comunicaciones inclusive que se han hecho posteriores”, señaló la autoridad del MP.

Indicó que como autoridades de la Procuraduría General de la Nación se basan en las leyes internas, así como en la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas ya que es importante preservar estos principios de confidencialidad.

ENMAYUSCULA.- Mientras el cobre supera los US$14,000 por tonelada y alcanza nuevos récords en los mercados internacionales, Panamá enfrenta una realidad cada vez más difícil de ignorar: el país permanece al margen de uno de los sectores con mayor crecimiento y demanda del mundo.

La discusión sobre el futuro de la mina ha estado marcada durante años por la incertidumbre, los enfrentamientos y la falta de información técnica confiable.

Sin embargo, el anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino marca un punto de inflexión. Por primera vez, el Gobierno cuenta con una auditoría integral concluida y con un equipo de alto nivel encargado de evaluar los hallazgos y definir los próximos pasos.

La oportunidad no es menor.

Antes de su paralización, Cobre Panamá producía cerca de 300 mil toneladas de cobre al año.

Hoy, con el metal rojo cotizando en niveles históricos y con proyecciones de demanda al alza para la próxima década, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en el pasado, sino cuánto le cuesta al país permanecer sin una decisión.

El mundo avanza hacia una transición energética que requerirá cantidades crecientes de cobre para redes eléctricas, centros de datos, vehículos eléctricos e infraestructura tecnológica.

Mientras nuevos proyectos mineros tardan entre diez y veinte años en desarrollarse, Panamá ya cuenta con una operación construida, infraestructura instalada y una oportunidad que pocos países poseen.

El anuncio del presidente Mulino también deja claro quién tiene ahora la responsabilidad de conducir este proceso.

Con la auditoría terminada y un equipo de trabajo encabezado por el ministro Julio Moltó, junto a los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, el país entra en una nueva etapa: la de las decisiones.

Panamá no puede permitirse seguir indefinidamente en espera mientras el cobre alcanza precios históricos y el resto del mundo compite por asegurar su acceso a este recurso estratégico.

El reloj sigue corriendo, el mercado sigue avanzando y cada día que pasa representa oportunidades, inversión y empleos que el país deja de capturar.

La auditoría ya entregó información. Los responsables ya fueron designados. Ahora les corresponde a los ministros analizar los hallazgos, construir una ruta clara y presentar soluciones.

Porque si algo demuestra el precio actual del cobre es que el costo de no decidir también tiene consecuencias para Panamá.

ENMAYÚSCULA, (REDACCIÓN).- El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, a través del Consulado de la República de Panamá en Nueva York, Estados Unidos, está dando seguimiento al accidente de tren ocurrido en la mañana de hoy en la ciudad de Nueva Jersey, e investiga con las autoridades locales la nacionalidad de las personas afectadas en este suceso, para asegurar el bienestar de posibles panameños involucrados en el mismo.

Asimismo, la Cancillería anuncia que ha activado el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para atender las inquietudes de familiares o allegados a panameños en Nueva York, quienes podrán llamar a los teléfonos (+507) 6671-1040 o al (+507) 504-8814

A través del CECODI, el Estado panameño vela por la seguridad de los panameños en el extranjero, y sirve de enlace con las misiones en el exterior.

Imagen: AFP

ENMAYUSCULA.- El Tribunal Electoral, a través de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político (DIFFPOL), recordó a los candidatos proclamados en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que de acuerdo a los artículos 240 y 241 del Código Electoral y el artículo 171 del Decreto 29 de mayo de 2022, la entrega de sus Informes de Ingresos y Gastos es estelunes 26 de junio de 2023; posterior a esa fecha será sancionada según se indica en el artículo 558 del Código Electoral.

Adicionalmente, la no entrega del Informe de Ingresos y Gastos en el plazo indicado, no se les entregarán las credenciales, pero se les concederá un plazo hasta el 1 de septiembre de 2023.

De no cumplir este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a reemplazarlo de acuerdo a lo que señala el artículo 359 del Código Electoral y dicho periodo no lo exime de la sanción.

Precandidatos No Proclamados:
Los precandidatos que no resultaron proclamados, tienen hasta el 10 de agosto de 2023, que corresponde al plazo de los sesenta (60) días calendarios para la entrega del Informe de Ingresos y Gastos; la entrega posterior, será sancionada de acuerdo a lo indicado en el artículo 558 del Código Electoral.

Desempate:
En aquellos cargos donde se debe repetir la elección, el artículo 247 del Código Electoral, establece que, el nuevo tope será del 50% del tope de la elección anterior, y el periodo para la aplicación de los topes, será el de la campaña prevista para la nueva elección.

Por lo antes descrito, debe presentarse otro Informe de Ingresos y Gastos, correspondiente a cada una de las elecciones (empate y desempate). Como lo señala los artículos 240 y 241 del Código Electoral.

ENMAYUSCULA.- El candidato presidencial por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), el vicepresidente de la república, José Gabriel Carrizo se reunió este viernes, 23 de junio, con los excandidatos Franklin Arosemena Torrijos, Eduardo Ríos y Leonel Rodríguez para iniciar un trabajo electoral conjunto.

Carrizo sostuvo encuentros, durante la semana, con el excandidato y abogado Calixto Silgado y los lideraztgos de los frentes de juventud y la mujer.

Arosemena, Rodríguez, Ríos y Silgado anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Carrizo y se sumaron a equipos de trabajo, se reveló este viernes.

Carrizo destacó el respaldo de los excandidatos del PRD, con los cuales participó en la primaria presidencial y anunció que los une "el propósito de la defensa de los intereses nacionales" para trabajar "por todos los panameños, en especial de aquellos que más lo necesitan".

ENMAYÚSCULA, (AFP).- Panamá podría ser el punto de conexión entre China y Centroamérica, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Pekín y el país latinoamericano, manifestó este lunes Wang Weihua, representante permanente de la oficina de desarrollo comercial de China en Panamá.

Panamá servirá en el futuro, con su canal y su ubicación geográfica, como "una vía intermedia para China, para que los productos, los técnicos, la tecnología y los equipos chinos lleguen a otras regiones de Centroamérica", dijo Wang Weihua.

Añadió que "Panamá puede jugar un puente para China en este sentido".

Estas declaraciones se producen una semana después de que el gobierno panameño rompiera relaciones con Taiwán para unir lazos con China.
Hasta ese momento, Panamá mantenía relaciones diplomáticas con Taipei y comerciales con China.

En la actualidad cerca de 30 empresas chinas de telecomunicaciones, transporte marítimo, banca y construcción, entre otros sectores, están trabajando y buscando mercado en Panamá.
Hace días una empresa china inició la construcción de un puerto de contenedores, con instalaciones de gas natural, en la provincia norteña de Colón.

Además, dos consorcios chinos han precalificado para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
China es el segundo usuario más importante de esa vía interoceánica, por detrás de Estados Unidos. Es además su cuarto socio comercial y el mayor proveedor de la zona franca de Colón, en el Caribe, una de las mayores de la región.

Panamá exporta más de 50 millones de dólares en productos a China.

"Muchas empresas chinas han establecido en Panamá su sede regional aprovechando las buenas condiciones ofrecidas por el gobierno" y esto "trae muchos beneficios para Panamá", según Wang Weihua.

"Sé que otros países centroamericanos y caribeños también tienen interés de establecer relación diplomática con China", dijo al ser preguntado al respecto.
La semana pasada, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, afirmó que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China podía volver al país canalero en un "puente de Asia (para) toda Latinoamerica".
"Panamá va a ser un lugar interesantísimo y muy atractivo" para "establecer una sede regional donde puedan mirar a toda la región", señaló.

WASHINGTON.- En el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Relatora de país, Comisionada Flavia Piovesan, así como personal de la Secretaria Ejecutiva, realizaron una visita de trabajo a Panamá el 16 y 17 de septiembre de 2019.

El objeto de la visita fue monitorear la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país en el contexto de la crisis de derechos humanos, iniciada en Nicaragua en abril de 2018.

La CIDH se reunió con autoridades estatales de la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, Dirección de Migraciones y de la Oficina Nacional de Protección y Atención de Refugiados (ONPAR) –órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Estas entidades describieron su actuación, proporcionaron datos oficiales sobre temas migratorios, y expresaron sus preocupaciones por los desafíos existentes para la mejora de la integración local de personas migrantes y refugiadas nicaragüense en el país ante el aumento de las solicitudes de refugio recibidas. La CIDH también estuvo reunida con el Representante Adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Panamá y con el representante regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Acompañada de ACNUR, la Comisión realizó visita al Centro de Acompañamiento Integral a Refugiados y Migrantes “Hogar Luisa”.

La Comisión agradece al Estado panameño su anuencia para realizar esta visita, así como por la apertura de las autoridades encargadas de la atención y protección de personas refugiadas para abordar los temas de interés de la CIDH. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce y saluda el apoyo recibido por parte de las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.

Como lo ha señalado anteriormente –particularmente en su Informe sobre Migración Forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica– la CIDH identifica que la migración de personas nicaragüenses a otros países tiene características de migración forzada y deriva de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la represión estatal a las protestas que se inició el 18 de abril de 2018.

En particular, el ACNUR reporta que desde la fecha en referencia, Panamá ha recibido un total de 6.041 solicitudes de asilo por parte de personas nicaragüenses. Entre 2014 y 2019, el Estado de Panamá informó haber recibido un número creciente de solicitudes, las cuales rebasan las 15 mil acumuladas entre 2014 y 2019; de ellas, por lo menos seis mil pertenecen a familias o personas desplazadas desde Nicaragua. Sobre esto, la ONPAR expuso sobre la necesidad de implementar una etapa de preadmisibilidad para evaluación de solicitudes manifiestamente infundadas.

En este contexto, durante la visita, las personas nicaragüenses aportaron a la CIDH su testimonio y vivencia sobre las dificultades existentes respecto de la realización de los trámites migratorios y del reconocimiento de su condición como refugiados. Las personas nicaragüenses expresaron a la CIDH el temor de regresar a su país por la continuación de la crisis y la toma de represalias en su contra por haber participado en las manifestaciones públicas. Asimismo, informaron sobre los obstáculos que enfrentan para acceder al trabajo, educación y a otros servicios en Panamá.

En dicho contexto, la CIDH destaca los testimonios de estudiantes nicaragüenses que denunciaron la imposibilidad de acceder a la educación o retomar una carrera universitaria debido a la falta de documentos de acreditación de estudios e historiales académicos expedidos en Nicaragua. Lo anterior, expondría a las personas a riesgos de revictimización ya que muchas de ellas se vieron forzadas a huir de Nicaragua como consecuencia de la represión estatal selectiva contra el sector estudiantil por su participación en las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.

En relación con el Estado de Panamá, la CIDH saluda la actual implementación del Decreto Ejecutivo No. 5 sobre refugio, de fecha de 16 de enero de 2018. Dicho instrumento incorpora el criterio de género como elemento para verificación del temor fundado de persecución y atribución de la condición de refugiado.

Además, la CIDH observa como positivo que dicho reglamento, en su artículo 86, autoriza que los órganos centrales de las políticas para refugiados interactúen con otros actores gubernamentales y no gubernamentales, incluso teniendo en cuenta posibilidades de cooperación con organismos internacionales. Asimismo, la Comisión valora el desarrollo e implementación de mecanismos de protección a niños y niñas solicitantes de refugio, a quienes se otorga un procedimiento específico en materia de refugio.

Con respecto a los expedientes de refugio acumulados en la ONPAR, la CIDH recibió información por parte de organismos internacionales y de la propia comunidad de personas nicaragüenses desplazadas, en el sentido de que la situación de preadmisibilidad obstaculiza el goce de derechos y garantías inherentes al status de protección a que tienen derecho las personas solicitantes de refugio propiamente dichos.

Entre las limitaciones encontradas, la CIDH destaca: i) el bajo acceso al trabajo formal, ii) la inexistencia de documentos formales que prueben la condición de solicitante de refugio y sean reconocidos por agentes de seguridad pública; y iii) la imposibilidad de acceder a otros documentos que amparan libertades de circulación interna como el permiso de conducir.

La Comisión recuerda que según los estándares interamericanos, se permite a los Estados la implementación de medidas para identificación y procesamiento expedito de solicitudes que son manifiestamente infundadas. Sin embargo, la CIDH también reitera como esencial que en todos los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados se observen las garantías de debido proceso, que incluyen la efectiva identificación de los solicitantes para que estos puedan acceder a servicios brindados en conformidad con el status legal de solicitantes, desde el momento en que solicitan refugio u otra forma de protección internacional.

“Con la información recolectada durante la visita, queda claro el rol esencial de los Estados de destino de proteger y apoyar procesos expeditos y sostenibles de integración social a las personas desplazadas por persecución y violencia, así como de brindar la protección, acceso a documentos, servicios y garantizarles posibilidad de trabajo formal”, indicó el Relator sobre los Derechos de los Migrantes, Comisionado Luis Ernesto Vargas. Por su parte, la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora para Panamá, agregó: “En este contexto, la posibilidad de acceder al trabajo formal es central para la calidad de la inclusión social y protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas”.

La CIDH destaca de manera especial el esfuerzo de las personas nicaragüenses solicitantes de refugio en Panamá para presentar información y testimonios ante su delegación. Entre ellas, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, estudiantes y, en general otras personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril en el país. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera su llamado al Estado nicaragüense a garantizar condiciones de seguridad para el retorno de estas personas, lo que necesariamente implica el cesar de manera inmediata la represión y persecución en contra de quienes son identificadas como opositoras al Gobierno.

Finalmente, la Comisión reitera que la migración forzada de personas nicaragüenses seguirá incrementándose progresivamente hasta que el Estado de Nicaragua no cese la represión y la criminalización de todo ejercicio de protesta pacífica y manifestación de disidencia política. En este sentido, considera necesario desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento forzado de personas nicaragüenses. La CIDH insta a todos los Estados de la región a garantizar el ingreso a territorio y al procedimiento de asilo a las personas nicaragüenses, así como a brindar protección a las personas que lo requieran.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

PANAMÁ, (AFP).- Los presidentes de Colombia y Panamá, Iván Duque y Juan Carlos Varela, anunciaron este lunes una hoja de ruta para solucionar el conflicto comercial bilateral, en medio del reclamo de sanciones contra Bogotá por parte de empresarios panameños.

El anuncio, del que no dieron mayores detalles, se produjo tras la reunión de ambos mandatarios en el Palacio de las Garzas, sede del gobierno panameño.

"Quiero destacar que hoy también hablamos sobre temas que deben tener un buen resultado en materia comercial y en materia financiera y fiscal", dijo Duque tras la cita.

"Creo que el haber tenido una conversación franca nos permite a nosotros establecer una hoja de ruta" para que "en los próximos meses estemos anunciando una buena noticia para nuestros dos países", añadió Duque.

Los dos mandatarios manifestaron que la reunión se centró principalmente en temas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, Duque llegó a Panamá en momentos en que ambos países mantienen una disputa ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y en medio de reclamos por parte de los empresarios panameños para que se apliquen medidas de retorsión contra Colombia.

"En los temas muy puntuales de comercio y finanzas hemos dado instrucciones a las más altas autoridades de ambos países para que al más breve plazo busquen los mecanismos de entendimiento y establezcan un plan de acción", indicó Varela.

Ese plan debe tener "objetivos concretos que se puedan lograr" para avanzar en la relación bilateral, añadió Varela.
La polémica surgió en 2013 cuando Bogotá impuso un arancel de 10% a productos textiles, prendas de vestir y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón, en el Caribe panameño.
La mayoría de los productos gravados por Colombia proceden de países como China y son reexportados desde esa zona franca, que tuvo cuantiosas pérdidas por la caída de sus ventas.

Panamá denunció entonces a Colombia ante la OMC y aumentó impuestos a productos que tradicionalmente vienen de ese país, como flores o carbón.

La OMC le dio la razón a Panamá, pero Colombia decidió recurrir al considerar que la decisión "entorpece la cruzada para atacar el contrabando y el comercio ilícito".

Bogotá, que también acusa a Panamá de dificultar el intercambio de información fiscal, eliminó el arancel, pero en noviembre de 2016 impuso otras medidas, que según Colombia, cumplen con el fallo de la OMC. El gobierno panameño consideró lo contrario y exigió sanciones comerciales por 210 millones de dólares.

La semana pasada los empresarios de la Zona Libre de Colón pidieron a Varela que "por última vez" exponga "de manera fuerte y determinante la posición panameña" ante Duque, y de no obtener una respuesta favorable, "iniciar, cuanto antes, la aplicación de medidas de retorsión efectivas".

"Se le debe dar la oportunidad al presidente Duque de que enmiende las acciones que tuvo el presidente anterior (Juan Manuel Santos), sin embargo creo que Panamá debe considerar un tiempo perentorio", dijo a la AFP Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Pero si Colombia no retira sus medidas "discriminatorias", Panamá "debiera aplicar algunas medidas de retorsión contundentes que llevaran de alguna manera a Colombia a cumplir o a pensar seriamente en cumplir los fallos de la OMC", añadió Sousa.

La disputa ha llevado a Varela a subir el tono contra Colombia en la cooperación contra el narcotráfico: "Nosotros somos un país que no exportamos problemas", llegó a decir.

Según Naciones Unidas, los narcocultivos se dispararon en Colombia entre 2014 y 2016 de 69.000 a 146.000 hectáreas, lo que ha propiciado que la producción haya pasado de 442 a 866 toneladas de alcaloide.

ENMAYÚSCULA, (AFP).- Autoridades colombianas y panameñas se reunirán la próxima semana para coordinar medidas que ayuden a controlar la migración irregular, principalmente de haitianos y cubanos que atraviesan ambos países en ruta hacia Estados Unidos, informó este jueves el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

La próxima semana "una alta delegación de Colombia viaja a Panamá para una reunión con nuestras autoridades para ver cómo se maneja este flujo de una forma mas controlada", dijo Varela a periodistas.

El mandatario panameño manifestó además que mantuvo una conversación con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, al que pidió que las autoridades de ese país "controlen un poco el flujo" de migrantes.

Las autoridades panameñas brindaron ayuda humanitaria este año a unos 9.000 migrantes irregulares, la mayoría haitianos y cubanos, y temen que la situación se vuelva insostenible.

Panamá cerró su frontera terrestre con Colombia para evitar este flujo, pero los migrantes irregulares siguen llegando desde el país sudamericano por la selva inhóspita del Darién, pese a los riesgos de la travesía.

Unos 2.500 de estos migrantes, cuyo destino final es Estados Unidos, han logrado llegar a Costa Rica donde han quedado varados debido a que Nicaragua les cerró el paso por su territorio.

Varela indicó que está a la espera de reunirse también con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, para tratar el problema, aunque el tema está siendo "coordinado con el gobierno de Costa Rica".

Esta semana, nueve cancilleres de América Latina firmaron una carta enviada al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que expresaban su preocupación por la Ley de Ajuste Cubano, que desde 1996 privilegia con permisos de residencia y trabajo a los cubanos que llegan a Estados Unidos.

El acercamiento diplomático entre Washington y La Habana ha provocado un aumento en el flujo de salida de cubanos que temen que la Ley de Ajuste sea derogada.

"Vamos a esperar a tener respuesta (de Washington) para entonces sentarnos a discutir y encontrar una salida conjunta", dijo el martes la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.

ENMAYÚSCULA, (AFP). La comisión creada hace un año para contabilizar el número de muertos por la invasión estadounidense a Panamá en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, ha avanzado "notablemente" en sus investigaciones, indicó este jueves su presidente.

La comisión creada hace un año para contabilizar el número de muertos por la invasión estadounidense a Panamá en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, ha avanzado "notablemente" en sus investigaciones, indicó este jueves su presidente.

"Nosotros estamos preparando una investigación muy rigurosa, muy científica con documentación que respalde el número de fallecidos y su posible identificación", dijo a la AFP el presidente de la "Comisión 20 de diciembre de 1989", Juan Planells.

"Todavía tenemos madres con hijos desaparecidos que no saben en que tumba llorar", pero "la forma de sanar las heridas es precisamente descubriéndolas", añadió.
Más de 27.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar a Noriega, reclamado por un tribunal de Miami bajo cargos de narcotráfico.
Oficialmente, el número de muertos durante la invasión es de 500, aunque organizaciones de derechos humanos cifran la cifra en varios miles.

El actual gobierno panameño creó por decreto esta comisión, cuyo principal objetivo es contabilizar e identificar los muertos, además de buscar la reconciliación nacional.
Según Planells, hasta el momento "no ha habido una investigación seria" de los hechos porque "hay todavía mucho contenido sentimental". 
Sin embargo, tras un año de trabajo de la comisión, "se ha avanzado notablemente" en preparar las líneas de investigación y en la revisión de documentos para "respaldar el número de fallecidos y desaparecidos con una evidencia", añadió.

Hasta la fecha la comisión ha analizado con la Corte Suprema de Panamá 6.788 expedientes de la época, de los que se han concentrado en 130. 
También examinaron 44 informes del Tribunal Electoral y un expediente de un cementerio con 124 cadáveres identificados.

Planells reconoció además que es un trabajo "difícil" ya que las autoridades de la época no dieron en muchas ocasiones certificados de defunción, no se siguieron los protocolos correspondientes y personas que conocen detalles de lo sucedido tienen "temores infundados" y prefieren guardar silencio. 

"Hemos tenido testimonios desgarradores de víctimas, algunas de las cuales han guardado ese secreto por años (...) la gran mayoría de los que sufrieron la invasión es el pueblo de muy escasos recursos", dijo posteriormente Planells durante un acto público. 
Las víctimas exigen que Estados Unidos, quien se comprometió a colaborar en las investigaciones, reconozca la invasión, indemnice al país y diga dónde están las fosas comunes, aunque el gobierno panameño ha descartado por el momento plantear alguna acción legal contra Washington.
jjr/fj

Edificar el país que nos merecemos Hacemos un llamado para caminar juntos por Panamá Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), al concluir la segunda Asamblea Anual Ordinaria, número 219, desarrollada del lunes 3 al viernes 7 de julio de 2023, en el marco de la realidad que está viviendo el pueblo panameño, en especial las comunidades empobrecidas y sus expectativas de un futuro mejor, nos dirigimos a todos los panameños y panameñas.

En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después del COVID-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados.

¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común?

Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios.

Ante el tema minero, nos sorprende que diversos Gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas.

La decisión de convertir a Panamá en un país minero -según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia compromete ese futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los panameños y para la soberanía nacional. 

El año pasado, nuestra Conferencia Episcopal junto con La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) - Capítulo de Panamá, manifestamos nuestra preocupación por los posibles daños que la minería de metales a cielo abierto podría causar a la vida, a la salud, al deterioro ecológico y a la contaminación de las aguas.

Pues, por encima de los beneficios económicos que puedan reportar estos 2 proyectos, nos interesa cómo quedarán las personas, las poblaciones afectadas y el país en general.

La contaminación o destrucción del ambiente son fruto de “una visión reductiva y antinatural que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre” (Juan Pablo II, Pastores gregis, 70).

Sobre el contrato del Estado con Minera Panamá, a pesar del proceso ya cumplido, existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente.

Es indiscutible que, para los contratos mineros, el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales.

Exhortamos, respetuosamente, a las autoridades respectivas a que no den más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada.

La minería es un asunto de interés público y prioritario, en la que todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra Madre Tierra.

No escuchar el clamor del pueblo, para avanzar en proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua, la vida y el futuro de Panamá, es un grave error.

Los ciudadanos, y en particular los cristianos, tenemos el poder de ponerle un alto a estas prácticas y transformar la realidad.

Estamos convencidos de que la actuación e incidencia de los cristianos en los ámbitos de la economía y la política para “fomentar la promoción de una economía solidaria y sostenible-sustentable como alternativa ética, que debe estar al servicio de la vida, frente a la economía dominante que mata, que sigue solamente el mercado, produce descartados, depreda la casa común y solo busca la acumulación” (Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe No. 345).

Empecemos derrumbando aquellas murallas que nos separan y no nos permiten ver todo lo que nos une.

Los cristianos no podemos ser indiferentes, dejando que el mundo siga su paso, arrollando a los débiles, a los indefensos, a los más empobrecidos, sin que hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos y desde nuestra fe.

A partir de ahora, comencemos a prepararnos para participar con responsabilidad, visión crítica y constructiva en los procesos sociales y electorales de manera informada y siendo vigilantes para que se realicen con transparencia e integridad.

Llegamos nuevamente al ambiente político electoral, con las mismas nefastas prácticas clientelistas, de denuncias de corrupción, de despilfarro de fondos públicos, de mal uso de los recursos del Estado para favorecer actividades político partidistas y el excesivo dinero en las campañas. Pareciese que no tenemos esperanzas en transformar esta realidad, pero no es así.

Nuestro propósito como Iglesia en las próximas elecciones, es promover la adopción de criterios y compromisos éticos, con la participación de los ciudadanos.

En un contexto complejo y donde “se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores” (EG. Nº 64).

Por ello, consciente de que el ejercicio de la democracia trasciende el acto electoral, la Iglesia Católica se compromete a desarrollar espacios de formación ciudadana sobre la Ética de la política para que los laicos participen desde una actitud de servicio.

También asumirá nuevamente, a través de la Comisión de Justicia y Paz, la responsabilidad de la observación electoral para las elecciones de mayo del 2024.

Los ciudadanos, a la hora de elegir entre los candidatos a puestos de elección popular, debemos tener criterios para discernir, como ver: hoja de vida y familiar, planes realistas, promesas de campañas, fuentes de financiamiento, descartar a candidatos corruptos, verificar el compromiso por la defensa integral de la vida y el cuidado de la Creación.

No permitamos que la actividad política sea capturada por quienes solo se preocupan por sus propios intereses y su facción.

Sabemos que las cosas pueden cambiar (LS 13). Panamá es un país noble, con una vocación de servicio.

Tengamos presente lo que subraya el Santo Padre Francisco: “la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad son las tres piedras angulares de la Doctrina Social de la Iglesia", que ve a la persona humana, "como la cumbre de la creación y el centro del orden social, económico y político", combatiendo el individualismo y promoviendo el bien común. (Audiencia del 23 de octubre de 2021).

Hay que rectificar el rumbo y trabajar con pasión y dedicación. Sigamos adelante con esperanza y confianza en lo que somos capaces de construir para un mejor Panamá.

Nuestra esperanza es la juventud, tomada de la mano de nuestros ancianos y abuelos visionarios, porque Dios tiene un proyecto para nosotros, y ese proyecto será el que permitirá que transformemos la Iglesia y el mundo.

En continuidad con la experiencia vivida en Panamá del encuentro juvenil con el Papa Francisco del 2019, hemos hecho el envío de la delegación oficial que nos representará en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, a realizarse del 1 al 6 de agosto, bajo el lema “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39). Y regresaremos, como la Virgen, presurosos para servir y caminar en solidaridad con el rostro joven de la Iglesia, en las periferias existenciales y geográficas de nuestro país, para hacer la revolución del amor.

Panamá, 7 de julio de 2023

+Rafael Valdivieso Miranda

Obispo de Chitré

Presidente de la CEP

+José Domingo Ulloa Mendieta O.S.A

Arzobispo Metropolitano de Panamá

+Manuel Ochogavía Barahona O.S.A

Obispo de la Diócesisde Colón-Kuna Yala

Secretario General de la CEP

Edgardo Cedeño Muñoz S.V.D.

Obispo de Penonomé

+Cardenal José Luis Lacunza

Obispo de David

+Pedro Hernández C. C.M.F

Obispo del Vicariato de Darién

Vicepresidente de la CEP

+Audilio Aguilar Aguilar

Obispo de Santiago de Veraguas

+Aníbal Saldaña Santamaría O.A.R

Obispo Prelado de Bocas del Toro

MIAMI, (SIPIAPA.ORG).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al gobierno de Cuba por haber prohibido hoy el regreso a su país a la periodista independiente cubana Karla María Pérez González.

Asimismo, la organización pide a las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá que puedan resolver el limbo migratorio en que se encuentra la periodista, en este momento varada en el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá.

Pérez González, de 22 años, residía en Costa Rica desde 2017. Hoy se disponía a regresar a Cuba tras concluir sus estudios en el país centroamericano, pero en una escala en Ciudad de Panamá fue notificada esta mañana (jueves, 18 de marzo) de que el Gobierno de Cuba no autoriza su entrada al país. Tampoco puede permanecer en Panamá, ya que los ciudadanos cubanos necesitan visa.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de grupo OPSA de Honduras, consideró que se trata de "una nueva violación a los derechos humanos, lamentablemente consecuente con las demás restricciones que el régimen impone a los periodistas independientes".

Aunque la línea aérea accedió trasladarla de regreso a San José, la periodista, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, está varada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. La periodista tiene la intención de pedir asilo en Costa Rica.

Canahuati y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades migratorias de Panamá y Costa Rica a ayudar el tránsito de la periodista y a ser receptivos con los trámites de asilo.

Pérez González era estudiante de Periodismo de la Universidad de Las Villas, de la que fue expulsada en 2017 por pertenecer a Somos+, una organización opositora que aboga por construir un país moderno, próspero y libre, y que levanta como unos de sus principios la libertad de expresión, según explica su sitio web.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.