ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).- Este mes en Cuba se han registrado 28 nuevos presos de conciencia, 23 hombres y 5 mujeres, y ha habido 21 bajas de la lista de prisioneros políticos, en línea con el cumplimiento de condenas tras pasar casi 5 años desde el fatídico 11J de 2021. No obstante, y como es recurrente en este régimen, una de las bajas de la lista se ha debido a la muerte por torturas y abandono médico: la del preso político Luis Miguel Oña Jiménez. El número total de presos políticos alcanza, por tanto, un nuevo récord en Cuba con 1.214.
Las consignas contra el régimen llenan las cárceles de nuevos presos políticos
La evolución represiva confirma un patrón consistente con un régimen cada vez más ocupado en la persecución del pueblo y sus carteles, consignas y mensajes de protesta difundidos en espacios públicos o en redes sociales por ciudadanos desesperados, pero a la vez esperanzados ante un escenario de evolución democrática. La mayoría de los detenidos han sido acusados del delito de “Propaganda contra el orden constitucional” simplemente por elaborar, exhibir o difundir carteles críticos, grafitis con consignas libertarias, o mensajes políticos en Internet.
La represión se dirige mayoritariamente contra ciudadanos sin afiliación política, afligidos por la situación represiva y de carestía, detenidos por operativos policiales sin orden de arresto ni tutela judicial, con recurrentes registros domiciliarios en busca de pinturas o materiales de protesta y citaciones policiales para “conversar” utilizadas como emboscada.
Es un patrón propio de un régimen que agoniza, cuyos nulos principios de solidaridad y masivos crímenes de lesa humanidad se esclarecen al desmantelarse la red internacional de esclavitud e influencia política de sus brigadas médicas, la principal fuente de divisas del país, gracias a las 3 graves condenas por esclavitud en Naciones Unidas (AL CUB 6/2019, 2022 CRC/C/CUB/CO/3-6, AL CUB 2/2023), 4 del Parlamento Europeo (P9_TA(2021)0292, P9_TA(2021)0389, P9_TA(2023)0280, P9_TA(2024)0122), otras como la condena de Human Rights Watch, o la más reciente en el Parlamento de España (161/000615-2024), entre otras muchas condenas, todas ellas iniciadas a instancia directa y trabajadas en conjunto en estos organismos por Prisoners Defenders. Prisoners Defenders consiguió en un año que en Naciones Unidas se reconociera la esclavitud de dichas brigadas (AL CUB 6/2019), pero 7 años para que el consenso internacional asuma finalmente esta esclavitud en sus decisiones ejecutivas, y sólo gracias al compromiso de Marco Rubio y la administración estadounidense con la liberación de Cuba. Esta es la realidad del “orden internacional” reinante hasta ahora, por lo cual es una evidencia que sí, este desorden necesita cambios troncales para la sustanciación de un verdadero y no hipócrita orden internacional, y habrá que trabajar muy duro, todos los que abogamos por los derechos humanos y el estado de derecho, para promover los cambios que traigan a éstos, ausentes durante décadas en la escena internacional.
Seis activistas de UNPACU han entrado en la lista de presos políticos en febrero
A finales del mes de enero se registró una operación represiva en el municipio de Mella, provincia de Santiago de Cuba, dirigida contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que derivó en la detención de cuatro de ellos. Estos 4 presos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez. Las detenciones fueron ejecutadas por fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado, acompañadas de allanamientos y detenciones sin orden judicial, violencia, intimidaciones a familiares y registros domiciliarios ilegales bajo el pretexto de buscar materiales vinculados a carteles antigubernamentales.
Los operativos ejecutaron junto a amenazas, uso de la fuerza contra familiares y restricciones de comunicación, y algunos de los detenidos fueron trasladados a la provincia de Holguín sin información para sus allegados sobre su situación legal. Las familias de todos ellos han denunciado la falta de garantías procesales, la ausencia de tutela judicial y el riesgo de torturas o confesiones forzadas durante el período de detención.
Uno de ellos, el preso de conciencia Roilán Álvarez Rensoler, inició una huelga de hambre tras su detención arbitraria e ilegal para exigir su liberación. Tiene un grave deterioro de su estado de salud y su vida corre serio e inminente peligro. Tras más de 40 días en huelga de hambre, mientras sufría horrendas torturas, el activista de la UNPACU ha tenido que ser ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, debido al alto riesgo que presenta su condición física. Según informó su familia, su hermana solo pudo verlo durante menos de cinco minutos, después de insistir durante varios días ante las autoridades, y constató el peligroso deterioro de su estado de salud. La familia del preso de conciencia continúa denunciando públicamente su situación y reclamando su justa libertad.
Otros dos activistas de la UNPACU han entrado en la lista de presos políticos este mes: la presa de conciencia Arlet Torres Ferrer y el preso de conciencia Fernando Vázquez Guerra.
Arlet Torres Ferrer fue detenida sin tutela judicial en enero de 2026 en Santiago de Cuba y posteriormente trasladada a La Habana, donde permanece bajo custodia en la Unidad de la PNR de Zanja en prisión provisional. Su detención se produjo días después de que se hicieran virales en redes sociales unas imágenes grabadas por ella misma dentro de una celda policial en La Habana, donde denunciaba las condiciones de reclusión de varias mujeres detenidas y retenidas para ser deportadas a sus provincias de origen. El material, difundido por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, alcanzó millones de visualizaciones en redes sociales. Según denuncias de familiares, su arresto posterior podría constituir un acto de represalia por haber documentado y difundido dichas condiciones de detención. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido información oficial sobre su situación jurídica ni sobre el estado actual de la activista.
El preso de conciencia Fernando Vázquez Guerra fue detenido sin tutela judicial en febrero de 2026 en Camagüey, tras ser citado bajo engaño a una oficina de la ONAT con el supuesto objetivo de regularizar documentación relacionada con un negocio familiar. Al presentarse en el lugar, fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo trasladaron a su sede operativa y le confiscaron dinero y dos teléfonos móviles. Posteriormente fue acusado del presunto delito de “Desacato”, relacionado con haber apoyado en Facebook comentarios considerados ofensivos hacia un oficial de la Seguridad del Estado. Actualmente permanece en prisión provisional en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, a la espera de proceso judicial. El activista ya había sido encarcelado anteriormente por motivos políticos, cumpliendo varias condenas entre 2016 y 2023 por los supuestos delitos de “desobediencia”, “desacato” y “resistencia”.
Catedrático cubano condenado arbitrariamente a 10 años de prisión
El preso de conciencia Aniel Manuel Martín Barroso, profesor de la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus y catedrático de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales, fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial este pasado mes acusado de realizar pintadas críticas contra el Gobierno en espacios públicos de la ciudad. Tras un juicio celebrado el 8 de septiembre de 2025, fue condenado a 10 años de prisión por los supuestos delitos de “Desacato”, “Propaganda contra el orden constitucional” y “Daños”. Actualmente cumple condena en la prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.
El académico fue miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior y anteriormente había sido reconocido por la Universidad de La Habana por la calidad de su investigación doctoral. El proceso penal se sustentó en testimonios de agentes de la Seguridad del Estado que operaban en el campus universitario, quienes lo habían sometido previamente a seguimiento y vigilancia. Durante el proceso penal, las amenazas no consiguieron que el profesor se retractara de sus posiciones críticas con el régimen. Además de la pena de prisión, la sentencia le impone restricciones adicionales explícitas, como la prohibición de ejercer su profesión docente y de frecuentar la universidad donde trabajaba.
Encarcelado por circular con un cartel en su triciclo
Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial en marzo de 2026 en la provincia de Artemisa por circular en un triciclo con un modesto y discreto cartel que decía: “NO MONTO NI CLARIAS NI CHIVATOS. SOLO HOMBRES LIBRES”. Según fuentes cercanas, llevaba varias semanas mostrando la frase, por lo que ya habría sido identificado por las autoridades. Tras su arresto fue acusado del presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional” y permanece en prisión provisional a la espera de proceso judicial. Durante su detención, en el calabozo fue amenazado por un oficial policial quien le dijo que le iba a “meter un tiro si no se callaba la boca”. Sus familiares han evitado dar declaraciones públicas por temor a represalias.
En prisión por una pintada
El preso político Moisés Legrá Díaz fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial el mes pasado en La Habana tras acudir a una citación policial para conversar que fue utilizada como una emboscada para proceder a su arresto. Las autoridades lo acusan del supuesto delito de “Propaganda contra el orden constitucional” por haber escrito la frase “Patria y Vida” en un muro cercano al Tribunal de La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo. Tras su detención fue trasladado a Villa Marista, donde permaneció incomunicado durante casi una semana. Según testimonios de familiares, solo se les permitió una breve visita de aproximadamente cinco minutos durante la cual su esposa, embarazada y con riesgo de aborto, pudo constatar su deterioro físico y graves signos de desnutrición. El detenido es padre de tres hijos y principal sustento económico de su familia, y no tiene antecedentes penales ni se le atribuyen actos de violencia. Actualmente permanece en prisión provisional a la espera de proceso judicial.
Ciudadanos panameños y cubanos encarcelados en Cuba por acciones solidarias
A finales de febrero de 2026, un grupo de ciudadanos panameños vinculados al movimiento “Camino a la Democracia Pacífica de Cuba” viajó a la isla para realizar acciones humanitarias, entre ellas la entrega de alimentos al pueblo cubano. Según el testimonio de uno de los integrantes del movimiento, alrededor de 20 panameños llegaron a Cuba en distintos grupos con el propósito de realizar labores solidarias, logrando distribuir ayuda alimentaria a decenas de familias en distintos lugares. Una parte de ellos, además, ayudó a la población a realizar pintadas en lugares de nulo valor arquitectónico o cultural.
Las autoridades cubanas sometieron a varios de estos activistas a interrogatorios y presiones psicológicas, intentando forzarlos a admitir que actuaban bajo financiación externa o motivaciones políticas, pero en las grabaciones hechas públicas se evidencia su solidaridad y su entrega para con los cubanos. Los propios implicados negaron dichas acusaciones, afirmando que se trataba de voluntarios que realizaban una obra de carácter humanitario y de caridad, pero las autoridades cubanas detuvieron en La Habana a diez de estos ciudadanos panameños, quienes permanecen en prisión provisional presuntamente en la sede de la Seguridad del Estado denominada Villa Marista, un centro de tortura, acusados del supuesto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Según el MININT, el grupo habría ingresado en la isla con el objetivo de confeccionar carteles con mensajes considerados “subversivos”, acusación basada exclusivamente en el contenido político de dichos letreros. La acusación sustancia y evidencia en sí misma la violación de sus derechos fundamentales, pues se basa en el contenido y no en la forma de sus mensajes, es decir, en la libertad de expresión, por lo que son presos políticos y de conciencia, al ser procesados por ejercer la libre expresión, y no por otros actos. El gobierno de Panamá, por tanto, debe honrar a sus ciudadanos y defender su repatriación ante todo, pues son un ejemplo de solidaridad y compasión para con el pueblo hermano de Cuba.
Los panameños detenidos son 10: Víctor Manuel Cedeño Pinzón, Evelyn Edith Castro, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Almendra Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Abigail Sthefany Gudiño Castro, Patrochiny Jeordany Joseph Arosarena, José Luis Aguirre Baruco y Cinthia del Carmen Camarena Castro. El resto, al parecer, lograron dejar el país. Todos fueron detenidos sin orden de arresto ni tutela judicial, así como privados de una defensa legal independiente, ya que el sistema penal cubano obliga a defenderlos mediante abogados del sistema, dependientes enteramente del Ministerio de Justicia, y que por tanto actúan como fiscales adicionales a la propia fiscalía del régimen.
Las autoridades cubanas no se limitaron a detener a estos ciudadanos panameños. También han perseguido a los cubanos beneficiarios de las ayudas o aquellos que contribuyeron a la distribución de alimentos que los ciudadanos panameños distribuyeron por Cuba. La ciudadana cubana Rosa Eugenia Casal Oñate ha sido detenida sin orden de arresto ni tutela judicial por “Propaganda contra el orden constitucional” y la acusan de haber colaborado en la entrega de alimentos al pueblo junto una parte de los 20 ciudadanos panameños. Durante su reclusión en Villa Marista, las autoridades le habrían negado acceso adecuado a alimentos y medicamentos, a pesar de que padece hipertensión e hiperlaxitud arterial, lo que pone en grave riesgo su salud.
Asimismo, fue arrestado su hijo Rey Yunior Coello Casal, quien fue citado inicialmente para una supuesta entrevista policial debido a su vínculo familiar con personas que ayudaron a los panameños en la entrega de alimentos, tras lo cual fue detenido y trasladado también a Villa Marista.
El caso evidencia un operativo represivo dirigido tanto contra activistas extranjeros como contra ciudadanos cubanos que colaboraron o fueron beneficiarios de éstos, en un proceso marcado por detenciones sin orden de arresto ni tutela judicial, acusaciones de carácter político y ausencia de toda garantía procesal.
Dos influencers cubanos en prisión por difundir la realidad de Cuba
Los presos políticos Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron detenidos sin orden de arresto ni tutela judicial el 6 de febrero de 2026 en Holguín, tras un operativo de la Seguridad del Estado. Ambos son conocidos por crear contenido audiovisual para el proyecto “el4tico” (“El Cuartico”), espacio donde comentan y analizan la realidad política, social y económica de Cuba, motivo por el cual los agentes también confiscaron sus equipos durante el arresto.
Según la petición fiscal, se les acusa de los presuntos delitos de “Propaganda contra el Orden Constitucional” e “Instigación a delinquir”, relacionados con publicaciones realizadas en redes sociales que según las autoridades “incitarían a cambiar el orden constitucional”.
El pasado 12 de febrero se celebró una audiencia de Habeas Corpus, tras la cual el tribunal solicitó a la Fiscalía Provincial de Holguín pronunciarse sobre la legalidad de la detención, las causas imputadas y las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Siendo una detención por el mero ejercicio de derechos fundamentales, hasta el momento las autoridades no han hecho públicos ni los contenidos específicos ni las supuestas pruebas que sustentarían el proceso penal.
Yanet Rodríguez Sánchez, promotora del recurso procesal, fue impedida de salir de su domicilio por agentes del MININT que evitaron su asistencia a la audiencia.
Ambos activistas ya habían sido citados verbalmente por la policía en diciembre de 2025 por motivos arbitrarios igualmente.
Otro preso político muere tras torturas y abandono médico en una prisión cubana
El 14 de febrero falleció en Cuba el preso político Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, manifestante del 11 de julio de 2021 (11J), quien cumplía una condena de 12 años de prisión por “Sedición”, otro delito cubano proscrito por Naciones Unidas, la CIDH y múltiples organizaciones transnacionales independientes. Oña Jiménez, paciente de VIH/SIDA, estaba recluido en la prisión Cuba Panamá, en Güines (Mayabeque) y sufrió múltiples torturas, cuando sufrió una isquemia cerebral después de que, previamente, implorara auxilio sin recibir atención médica.
Tras sufrir una isquemia, como era predecible, y ser declarado terminal en términos médicos, el régimen cubano se deshizo de él con una “licencia extrapenal”, práctica habitual mediante la cual se saca de prisión a condenados políticos desahuciados de salud sólo para evitar que mueran en prisión. Apenas tres días después de su excarcelación, Luis Miguel Oña Jiménez falleció, tal y como las autoridades ya predecían.
Con la muerte de Luis Miguel Oña Jiménez, otra vida se suma a las víctimas de la represión en Cuba. Era un joven que participó en las protestas del 11J y que, tras años de prisión, torturas, falta de alimentación y ausencia de tratamiento médico, su deterioro de salud bajo custodia estatal fue letal.
Su fallecimiento se suma a una serie de muertes de presos políticos en cárceles cubanas desde 2023, que evidencian un patrón de negación de atención médica, torturas y condiciones inhumanas de reclusión. Entre estas muertes se encuentran, además de muchas otras, las de:
Lázaro García Ríos, fallecido bajo custodia del Estado el 22 de enero de 2026 mientras cumplía una condena de 20 años de prisión, tras reiteradas denuncias por negación de atención médica.
Yoleisy Oviedo Rodríguez, presa política y activista, fallecida el 11 de febrero de 2025 en la prisión de trabajo forzado El Guatao (La Habana) por falta de atención médica. Había sido condenada a 5 años de prisión por protestar contra los apagones en Güines.
Manuel de Jesús Guillén Esplugas, activista de la UNPACU, fallecido el 30 de noviembre de 2024 en la prisión Combinado del Este (La Habana) mientras cumplía una condena de 6 años por difundir videos de las protestas del 11J. Su familia denunció que su cuerpo presentaba huesos rotos y múltiples hematomas, evidencia de una brutal paliza.
Yosandri Mulet Almarales, condenado a 10 años por sedición tras participar en las protestas de La Güinera en julio de 2021. Paciente psiquiátrico sin tratamiento médico en prisión, se suicidó el 26 de agosto de 2024 al lanzarse desde un puente poco antes de regresar de un permiso penitenciario, por no soportar más la entrada en prisión.
Geraldo Díaz Alonso, fallecido el 17 de octubre de 2024 en la prisión de Canaleta (Matanzas) tras sufrir un infarto provocado por la falta de atención médica pese a padecer hipertensión, diabetes y problemas renales. Había sido condenado a 14 años de prisión por manifestarse el 11J.
Luis Barrios Díaz, fallecido el 19 de noviembre de 2023 en la prisión 1580 (San Miguel del Padrón, La Habana) por una larga broncopulmonía, después de meses sin recibir atención médica. Cumplía una condena de 9 años por manifestarse pacíficamente el 11J.
Estas siete muertes de presos políticos desde 2023, que se suman a muchas otras, reflejan una realidad alarmante en el sistema penitenciario cubano: la ausencia de garantías legales, la negación sistemática de atención médica y el uso de las cárceles como instrumento de tortura y represión política.
Represión y muertes en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila
En paralelo al aumento del listado de presos políticos y el confinamiento represivo e infrahumano al que son sometidos, los acontecimientos en centros penitenciarios cubanos evidencian un deterioro extremo de condiciones, con numerosas muertes bajo confinamiento e infinidad de lesiones graves reportadas, pues son cientos los reclusos al año que pierden la vida en los tenebrosas cárceles cubanas.
El 18 de febrero de 2026, una protesta de reclusos en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, fue violentamente reprimida por fuerzas del régimen cubano, dejando varios muertos, numerosos heridos y decenas de reclusos trasladados a otras cárceles del país.
Según testimonios de reclusos, familiares y activistas de derechos humanos recabados de forma directa, la protesta comenzó tras denunciar la habitual violencia ejercida contra los reclusos y el agravamiento de las condiciones de hambre, falta de atención médica y maltratos dentro del penal. El detonante habría sido la brutal agresión contra un joven recluso que protestaba por comida, quien posteriormente apareció muerto en su celda. Según testigos su cuerpo fue exhibido “como un trofeo” por el penal. Su muerte se atribuyó a los carceleros.
A partir de ese momento, numerosos reclusos comenzaron a protestar dentro de la prisión denunciando las condiciones infrahumanas de confinamiento. La respuesta de las autoridades fue el despliegue de brigadas antimotines, fuerzas especiales y unidades policiales, que intervinieron con balas de goma, gases irritantes y violentas golpizas contra los reclusos.
Distintos testimonios recogidos indican que varios reclusos fueron asesinados, otros arrastrados inconscientes, trasladados en ambulancias o sacados bajo custodia policial en estado crítico, mientras otros muchos, varias decenas de ellos fueron enviados posteriormente a cárceles de Camagüey, Santa Clara y otras provincias, todos ellos incomunicados y sin que sus familias conocieran sus paraderos.
Reclusos fallecidos identificados
Aunque fuentes directas de familiares en la puerta de la prisión nos han reportado hasta siete ataúdes saliendo de la prisión tras la intervención de las fuerzas especiales, hasta el momento se han podido identificar a los siguientes reclusos muertos en relación con la represión: Ian Carlo, joven de 20 años que falleció ahorcado tras haber sido golpeado, la muerte detonante de la protesta; Jorge Archival Castillo, muerto durante la represión dentro del penal a manos de las autoridades; Eduardo Rodríguez Ulloa, conocido como “El chino de Baraguá”, reportado muerto a manos de las autoridades; Georkis Vargas Ramos, reportado como asesinado por las autoridades; un recluso conocido como “El Perro”, igualmente asesinado.
Diversos testimonios indican que el número real de muertos podría ser incluso uno más, hasta ocho fallecidos, aunque la falta de información oficial impide confirmarlo, y la incomunicación a la que han sido sometidos todos los reclusos ha hecho muy complejo hasta la fecha completar las pesquisas.
Los familiares de los reclusos continúan denunciando que muchos reclusos permanecen incomunicados o desaparecidos tras los traslados, y tememos que la cifra real de víctimas sea mayor que la recabada hasta el momento.
Reclusos heridos graves
Entre los reclusos identificados con lesiones graves tras las golpizas se encuentra el preso común Danisbel Labrada Morales, quien fue brutalmente agredido durante la represión. Dado que es un preso común conocido y con actividad política dentro de prisión, las autoridades del penal intentan ahora presentarlo como uno de los supuestos líderes del motín con el objetivo de abrir nuevas causas en su contra y agravar su situación penal.
Luis Fariña (Luisito “El Loko”), fue golpeado hasta dejarlo en estado extremadamente grave. Distintos reclusos que presenciaron la brutal agresión nos indicaron, momentos después de la actuación de las fuerzas especiales, que podría quedar con daño neurológico irreversible. Georkis Vargas Ramos, otro preso común con actividad política, nos fue reportado con fractura de cráneo, clavícula y codo, trasladado e incomunicado. Alexander Hernández Patterson fue reportado como herido de bala en la cabeza. El represor Noel Morales López fue visto pisoteando la cara de un preso llamado “Iván el Gordo” durante el estallido de la represión policial.
También se reportan numerosos los reclusos que sufrieron fracturas de costillas, codos, tobillos, traumatismos craneales y otras lesiones graves.
Reclusos trasladados o desaparecidos tras la represión
Entre los reclusos identificados tras los traslados posteriores se encuentran: Alexander Figueroa Gutiérrez, trasladado bajo custodia; Arnoldo Matos Domínguez, trasladado fuera de la provincia, su familia desconoce su paradero actual; y Jordis Peter Lozano, trasladado a la prisión de Kilo 8 en Camagüey el 22 de febrero.
También se reporta el traslado de al menos 22 reclusos a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, además de otros traslados a centros penitenciarios de distintas provincias.
Represores identificados
Diversos testimonios señalan como responsables de ordenar o dirigir la represión dentro del penal a: Mayor Noel Morales López, jefe de cárceles y prisiones; Jimmy Ricardo Torres, jefe de orden interior de la prisión; el Tte. Coronel Carlos Martínez Rodríguez, conocido como “Carlitos El Cojo”, uno de los represores más crueles del sistema penitenciario cubano; y el Teniente Coronel Landín, segundo jefe de la unidad penitenciaria.
Según las denuncias, en la operación participaron brigadas antimotines y tropas especiales, incluyendo unidades conocidas como Avispas Negras y Boinas Negras.
El régimen cubano lo niega casi todo, pero reconoce los eventos
El Ministerio del Interior de Cuba afirmó públicamente que en la prisión de Canaleta “no hubo motín”, sino únicamente “un incidente controlado” dentro del penal en el que no se registraron enfrentamientos graves. En efecto, fue únicamente una protesta, pero, si no se registraron enfrentamientos graves y estuvo controlado, la versión oficial resulta incompatible con la existencia de al menos siete fallecidos y decenas de lesionados.
En todo caso, la información oficial no responde a varias cuestiones fundamentales que hemos auditado y denunciado:
La existencia y número exacto de muertos,
La existencia y número de heridos, y
La identificación de los reclusos trasladados.
Además, los muchos testimonios recogidos contradicen la versión oficial al señalar coincidentemente que fueron desplegadas las fuerzas especiales, que hubo traslados de reclusos a hospitales y que existen múltiples heridos graves y al menos 7 fallecidos.
Lo ocurrido en la Prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, fue una protesta de reclusos desesperados por las condiciones de hambre, violencia y abandono médico dentro del penal, reprimida con una respuesta militar desproporcionada.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de febrero
Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.214 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 168 presos políticos nuevos (un promedio de 14 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.310 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados, como demostramos con el análisis en profundidad de 181 casos tomados de forma aleatoria para realizar el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Cuba ha totalizado 1.981 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de febrero pasado, en apenas 4 años y siete meses, donde 1.834 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de febrero en nuestra lista 28 nuevos prisioneros políticos. Y 21 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado: 20 por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y uno, lamentablemente, por el fallecimiento bajo custodia del Estado del preso político Luis Miguel Oña Jiménez.
De los 1.214 prisioneros políticos:
31 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 29 chicos y 2 chicas. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
16 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
De nuestra lista actual, 218 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
131 mujeressufren autos y condenas políticas y de conciencia.
Entre los prisioneros políticos entre rejas hemos censado 467 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 47 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.