ENMAYCÚLA, (PRISIONERS DEFENDERS).- En noviembre de 2025, la lista oficial de Prisoners Defenders ha incorporado 19 nuevos presos políticos para un total de 1.192 prisioneros políticos, una actualización que confirma que la represión en Cuba sigue en aumento como mecanismo sostenido del régimen para ocultar el océano de crisis política, social, sanitaria, y la desesperación de la ciudadanía, y que reprime cualquier expresión de malestar social, crítica pública o ejercicio pacífico de derechos.

Las nuevas detenciones recogen un patrón recurrente: ausencia de tutela judicial, desaparición forzada, incomunicación, con la inexistencia de información sobre el paradero de los detenidos, el uso de tipos penales vagos y amplios, como desobediencia, desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir, e incluso figuras más graves y, todo ello como un método sistémico para sembrar el terror en la población por medio del ejemplo con el fin de erradicar conductas ciudadanas como las meras opiniones en redes sociales, las expresiones verbales en espacios públicos, o las protestas vinculadas a la crisis cotidiana (apagones, carencias, mala gestión gubernamental). Siendo claro este patrón, por tanto, Cuba es un país donde se ejercita el terrorismo de Estado.

Mientras, reprimidos y aterrorizados, los cubanos esperan del exterior un apoyo que, desde Europa, han impedido recurrentemente Federica Mogherini hasta 2019 (detenida por fraude y corrupción), Pedro Sánchez, su gobierno y su partido en España y en Europa desde 2018 (con sus máximos dirigentes y colaboradores ahora en prisión, imputados o acusados de indecentes hasta por los líderes más respetados del partido socialista) y Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores hasta 2025 y exministro del Gobierno de Sánchez. Cuba, 2do país del mundo por tasa poblacional penal, es el 1er país del mundo por casos de detención arbitraria en el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y 4to país a nivel mundial por Acciones Urgentes de Desaparición Forzosa del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Constatando los hechos, y que el régimen cubano ha sido apoyado en Europa por un elenco de personajes vergonzantes, turbios e incluso imputados muchos de ellos por gravísimos delitos, es urgente la revisión de la política de Europa hacia Cuba. El SEAE-gate no hace sino dar explicación al soporte financiero y diplomático que Cuba, un país que practica el terrorismo de Estado, ha obtenido hasta la fecha del SEAE de la UE.
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19 nuevos presos políticos



De nuevo se constatan este mes múltiples patrones de persecución indiscriminada en Cuba. Entre los 19 nuevos presos políticos en Cuba encontramos algunos activistas, pero abundan los ciudadanos comunes no afiliados a tendencias políticas, incluyendo a un reconocido psiquiatra y a un enfermo con trastorno de la salud mental, lo que evidencia que la represión penal no se dirige únicamente contra la disidencia sino, especialmente, también contra la población general, incluyendo trabajadores, profesionales y personas vulnerables, lo que se torna especialmente grave debido a factores de multiplicación de la vulnerabilidad en las prisiones, con generalizados problemas de salud y situaciones de alto riesgo por la violencia de los procesos de detención y las inhumanas condiciones de confinamiento.




Los 19 nuevos prisioneros políticos corresponden a 16 hombres y 3 mujeres. La mayoría de ellos detenidos entre octubre y noviembre de 2025, lo que confirma que la represión sigue en aumento a lo largo de todo el país.




Estas nuevas altas muestran que el número de presos políticos en Cuba continúa en ascenso en aras a reforzar la operativa estatal de intimidación y castigo a toda forma de queja o desahogo de la población como única herramienta que le queda al régimen para permanecer en el poder. Como en los meses pasados, los nuevos casos se inscriben en un patrón sistemático donde la criminalización de la protesta, la detención arbitraria, donde Cuba es primer país del mundo por número de personas verificadas por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, al menos desde 2019, y las condenas desproporcionadas ya se han consolidado como las herramientas centrales del terrorismo de Estado en Cuba en los últimos años.




A continuación, presentamos los casos más destacados de los nuevos presos de conciencia encarcelados que han sido incorporados en esta actualización:




Pedro Bauta Gómez, también conocido como “Glevis”, doctor especialista en Psiquiatría del Policlínico Docente “José Martí Pérez” de Gibara, en Holguín, fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en la segunda semana de noviembre. Según fuentes cercanas, los hechos ocurrieron en la calle Donato Mármol, entre J. Agüero y Calixto García, frente a la vivienda de Naila Marieta, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Gibara, donde el ahora preso de conciencia expresó públicamente frases claramente amparadas por el derecho a la libre expresión: “Para los enfermos no hay transporte, pero para el Partido sí” y “El pueblo se está muriendo sin atención mientras los recursos se usan para privilegios del Gobierno”. Tras ser acompañado por un conocido hasta su casa, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo arrestaron en su domicilio, lo llevaron a la unidad policial de Gibara y posteriormente se ejecutó una orden de traslado a Holguín, según presuponen los allegados. La realidad es que se desconoce su paradero y, hasta la fecha, no se le han presentado cargos formales ni se le ha permitido comunicarse con su familia o con un abogado. Es un claro caso de desaparición forzada.




William Sosa Marrero fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente el 12 de noviembre en Las Tunas a raíz de publicaciones realizadas en Facebook, por lo que estaría siendo investigado, según nuestras fuentes, bajo la acusación de “Desobediencia Penal Precriminal” (aplicación del art. 189.3 sustentado en el art. 434.1, ambos novedosos artículos del recientemente aprobado Código Penal de Cuba y que sustituyeron a la “Peligrosidad Social Predelictiva” del anterior en una operación de lavado de cara de esta tipología penal para perpetuar su continuidad). Tras el ilegal arresto, su familia permaneció durante horas sin información alguna sobre su paradero. Únicamente tuvieron acceso a una citación policial que indicaba como “objetivo” el “análisis de una situación”, firmada por el Teniente Coronel de la Seguridad del Estado “Fredy” Domínguez Ayala. En el documento se le señalaba por publicar “mensajes hipercríticos y subliminares” que cuestionaban a dirigentes del país. Ya en la unidad policial, hemos sabido que, detenido y coaccionado sin presencia letrada, intentaron obligarlo a firmar una advertencia para renunciar a su derecho a expresarse. Al negarse, fue trasladado a un centro penitenciario bajo prisión provisional. Los allegados desconocen dónde se encuentra recluido y cuál es su estado actual.




Liusban John Utra y Josefina Reyes Londres, activista el primero y colaboradora del comedor social de la UNPACU la segunda, junto con los familiares de la segunda, no afiliados a organización alguna, Damián Ulises Reyes Gutiérrez y su hijo Ulises Reyes Ramis, fueron todos detenidos sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en el marco de una ola represiva ocurrida a finales de noviembre de 2025, asociada a la criminalización de una gran movilización de mensajes antigubernamentales y consignas a favor de los presos políticos en espacios públicos impulsada desde el destierro por el líder humanitario y activista José Daniel Ferrer de la cual, además,  estos activistas de UNPACU no son autores. Liusban John Utra fue arrestado sin causa legítima en la tercera semana de noviembre de 2025 en unos operativos policiales ilegales en Las Tunas y Santiago de Cuba, y permanece detenido desde hace más de una semana en la Unidad de Operaciones Policiales de Las Tunas, acusado de un supuesto delito de “Desacato”. Por su parte, cuatro días más tarde fueron detenidos Josefina Reyes Londres, su primo Damián Ulises Reyes Gutiérrez y el hijo de éste, Ulises Reyes Ramis, acusados de haber pintado grafitis contra el Gobierno y en apoyo a los presos políticos. Estos cuatro casos reflejan un patrón de persecución que combina la represión contra activistas con la criminalización de ciudadanos inocentes de todo delito y no vinculados a organizaciones, sólo por su cercanía familiar, penalizando expresiones políticas no violentas.




Lázaro Figueredo Rodríguez , Alfredo Rodríguez Núñez y Adonis Ruiz Medina fueron detenidos sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente la cuarta semana de mayo de 2025, en el contexto de las protestas pacíficas del 21 de mayo en el reparto Jabaquito, Bayamo, originadas por la falta de respuesta del Gobierno ante los graves problemas que afectan a la población. Lázaro Figueredo Rodríguez fue arrestado en la acera de su casa junto a otros cuatro hombres, entre ellos su tío Alfredo Rodríguez Núñez, y una mujer. Lázaro y Alfredo enfrentan acusaciones de “Desobediencia” y la mención de un presunto delito de “disturbios”, que sólo cabe sea el de “Desórdenes públicos”, a la espera de la tipificación final formal. Adonis Ruiz Medina, por su parte, fue detenido cerca de su vivienda, en un parque de Jabaquito, Bayamo, cuando un grupo de policías y civiles se le abalanzó encima. En su caso se le acusa de “Desobediencia” y “Resistencia”. La situación ha generado terror en las familias: la madre de Lázaro se niega a denunciar por miedo a represalias y por experiencias previas de malos tratos contra su hijo tras elevar quejas, lo que refuerza el patrón de castigo ejemplarizante e intimidación social asociado a estas detenciones.




Lázaro Gregori Velázquez, Jorge Alberto Zayas Quintana, Irma del Rosario Moro Céspedes, Samuel González Ponce y José Antonio Garcés Valdés, ciudadanos nos adscritos a filiación política disidente siquiera, fueron procesados por los hechos ocurridos durante un concierto público celebrado en el Estadio Municipal Antonio Curro Barrera, en Las Tunas, el 15 de septiembre de 2023, donde más de mil personas reaccionaron con malestar ante el retraso considerable del evento —provocado por la tardanza de los músicos y problemas logísticos vinculados a su contratación y forma de pago— y, además, protestaban por el contexto general que atraviesa Cuba, marcado por la crisis y el descontento social. En ese contexto, el tribunal sostiene que Lázaro Gregori Velázquez subió de manera espontánea a la tarima y, a viva voz, expresó en mero ejercicio de la libertad de expresión pacífica el descontento general, sin que la sentencia acredite nada salvo únicamente expresiones verbales pacíficas que reflejaban el sentir colectivo. A pesar de ello, fue presentado como el causante de las protestas en el concierto y juzgado junto a otros acusados sin una verdadera individualización de responsabilidades, recibiendo una condena de 6 años de privación de libertad acusado de “Instigación a delinquir”, una desproporcionada y reveladora criminalización de un episodio esencialmente civil. Por su parte, Jorge Alberto Zaya Quintana, Samuel González Ponce y José Antonio Garcés Valdés fueron condenados por desórdenes públicos a 5 años de privación de libertad mediante trabajo forzoso con internamiento, mientras que Irma del Rosario Moro Céspedes recibió la condena 7 años de privación de libertad por “Instigación a delinquir”, “Atentado” y “Desacato”, en un proceso que reitera el patrón de culpabilidad colectiva generadora de terror en la población, sin pruebas fácticas ni acusación penal por el delito de “Daños” (art. 426 del Código Penal) y con absoluta ausencia de la valoración del contexto generado por la mala gestión del evento por parte de las autoridades (en este caso particular a través de la Agencia Cubana del Rap), que monopolizan desde siempre, y especialmente desde 2019, la organización de los conciertos y expresiones del arte en Cuba.




Idalberto Reyes Saroza, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en julio de 2021 en Cienfuegos, acusado de pintar consignas antigubernamentales en la Delegación Provincial del MININT y de un presunto incendio ocurrido dos meses antes en cabañas destinadas a la recreación de militares. Por estos hechos no probados, el Tribunal Militar de la Región Militar de Cienfuegos condenó a este civil a 20 años de privación de libertad por los delitos de “Propaganda Enemiga” y “Sabotaje”. Según denuncias, estando encarcelado en la prisión de Ariza (Cienfuegos) fue agredido violentamente por un agente de la Seguridad del Estado, tras ser esposado, hasta perder el conocimiento. Posteriormente, fue amenazado y trasladado a una celda de castigo. En respuesta a estos hechos y como forma extrema de protesta, este pasado 21 de octubre Idalberto inició una huelga de hambre y se cosió los labios.




Leonardo Manuel Mojena Suarez fue condenado en el marco de la Causa 1 de 2019 del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en un proceso marcado por el uso extensivo y desproporcionado del derecho penal para castigar conductas vinculadas al disenso político. Según la defensa, la imputación se sustentó en una atribución genérica de responsabilidad, sin una demostración individualizada y suficiente de hechos concretos que justificaran los cargos. Las autoridades lo vincularon a “Terrorismo” y “Propaganda enemiga” sobre la base de indicios débiles, sin acreditar elementos esenciales como violencia real, peligro inmediato para las personas o una intención efectiva de causar daño, requisitos propios de la legislación antiterrorista. La sentencia asumió la versión acusatoria sin un análisis crítico sobre la ausencia absoluta de pruebas ni sobre las contradicciones indicadas por la defensa.




Yankiel Lindo Bello, de 25 años, que fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en su domicilio al terminar su jornada laboral como guardia nocturno, en una intervención policial que, según varios testigos, se produjo sin causa alguna que justificara la medida. Las autoridades, que lo interrogaron y coaccionaron sin defensa efectiva, lo acusaron de haber lanzado piedras contra la empresa eléctrica y la oficina del Partido Municipal. No obstante, diversas fuentes cercanas de primera mano señalan que, además de no ser correctos los hechos, Yankiel no tiene antecedentes penales ni historial de conflictos con las autoridades o con la justicia. La acusación no justifica la prisión provisional ni el operativo desplegado. Padece una condición de salud mental diagnosticada, lo que no solo influyó en la falta de defensa ante la acusación por parte de los agentes, sino que también denota un trato incompatible con las garantías y necesidades que requieren las personas con este tipo de diagnósticos.




Menores cubanos encarcelados por motivos políticos



De los 33 menores que figuran en la lista actual de prisioneros por motivos de conciencia en Cuba, 10 siguen cumpliendo condenas en prisiones del país, mientras que 23 mantienen sus condenas y han sido excarcelados bajo operativo policial de seguimiento, vigilancia, amenazas y limitaciones incompatibles con su situación penal, bajo la amenaza permanente de volver a prisión. Como ya hemos demostrado en múltiples informes previos, y como ha reiterado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en sus recientes condenas (Op. 46/2025 y Op. 57/2025), las excarcelaciones en Cuba no sólo no representan liberación alguna, sino que las condiciones son propias de un estatus de prisión domiciliar bajo una represión, limitaciones y amenazas incompatibles con la legislación internacional. Por lo descrito, estos 23 casos permanecen en nuestra lista de prisioneros de conciencia el apartado denominado “Condenados de Conciencia”, al no estar sometidos a internamiento puramente carcelario, pero sí a una represión ilegal que les hace reos del régimen en sus propias casas.




Del total, 7 de los que siguen encarcelados y 19 de los 23 que aún cumplen medidas y sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas fueron arrestados durante el estallido social pacífico del 11 de julio de 2021 (11J). Este balance evidencia la magnitud de la represión ejercida contra menores en el país, así como la persistencia de un sistema penal utilizado de forma sistemática para castigar el disenso incluso en las edades más tempranas.




La documentación más reciente sobre menores detenidos, encarcelados y condenados por motivos políticos en Cuba revela un patrón sostenido, sistemático y abiertamente violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los estándares internacionales de justicia juvenil. Tanto el conjunto de menores que hoy permanecen en prisión como aquellos que ya fueron excarcelados muestran un panorama de criminalización política indiscriminada, arbitrariedad judicial, sufriendo torturas y padeciendo daños profundos a nivel físico, psicológico y social.



Menores condenados y bajo régimen carcelario
La información actualizada correspondiente a los menores de edad detenidos por motivos políticos en Cuba revela un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos de la infancia, al debido proceso y a las normas internacionales de justicia juvenil. Los casos documentados muestran que el Estado cubano continúa aplicando penas desproporcionadas y criminalizando el ejercicio de derechos fundamentales, aun cuando se trata de menores sin antecedentes delictivos y sin participación demostrada en actos violentos.

Del total de los 33 prisioneros políticos menores, 7 de los 10 que siguen encarcelados fueron detenidos durante el estallido social del 11 de julio de 2021. La mayoría de los casos, por tanto, se concentra en aquella jornada histórica de protesta nacional. Sin embargo, también se documentan detenciones posteriores, incluidos al menos dos casos en 2025, lo que demuestra que la represión contra menores no es un episodio aislado, sino una práctica sistemática sostenida en el tiempo.




Todos los menores fueron procesados exclusivamente por causas políticas, sin evidencias de actos violentos, cuando solo ejercieron su derecho a expresarse, manifestarse o afiliarse a redes sociales de disidencia ciudadana.




La ubicación de estos adolescentes en prisiones de alta severidad, como es la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana, demuestra el carácter represivo de sus condenas, concebidas como castigo ideológico, y no como medidas educativas o para la reinserción social, además de mostrar la ausencia total de medidas de protección diferenciadas para menores, muchos de ellos ingresados con 15, 16 o 17 años.




Entre los 10 presos políticos que fueron encarcelados siendo menores y que continúan en prisión, figuran:




Lázaro Noel Urgellés Fajardo, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente con 17 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
Nelson Néstor Rivero Garzón, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 17 años de edad, que cumple una condena de 4 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
Yasbelys Rodríguez León, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 16 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión de Trabajos Forzosos La Lima, Guanabacoa.
Eliane Martín, detenida sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente en septiembre de 2025 con 16 años de edad y en estado de gestación, residente del barrio Siguaraya, Puerto Padre, Las Tunas, se encuentra en prisión provisional, pendiente de juicio o sentencia. Fue arrestada sin orden de arresto ni tutela judicial en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas, tras las protestas del 17 de septiembre de 2025. Su detención ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten la extrema vulnerabilidad que supone su condición de menor y gestante. La menor fue sometida a prisión preventiva sin las garantías procesales básicas ni acceso a tutela judicial alguna. A pesar de los reclamos insistentes de su familia y activistas de la zona, las autoridades no han ofrecido información sobre su estado de salud ni han confirmado el lugar donde se encuentra recluida. Su caso se ha convertido en un ejemplo más de la ausencia de límites del Estado cubano, afectando incluso a adolescentes embarazadas sólo por estar vinculadas a protestas pacíficas.
Leroy Hernández Escalona, joven de 17 años fue arrestado sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente este pasado septiembre en Maniabón, Puerto Padre, Las Tunas, tras participar en una protesta pacífica contra el régimen. Actualmente, se encuentra en prisión provisional en la Instrucción Provincial de Las Tunas, que sus allegados describen como un "centro de tortura". Uno de sus allegados se comunicó con un coronel de la PNR, quien confirmó su detención. El régimen lo acusa, junto a otros jóvenes, de intentar atentar contra la policía, aunque numerosos testigos, a quienes jamás se les permitirá declarar a favor del acusado y se descartarán sus testimonios, como es norma en todos los procesos penales políticos en Cuba, afirman que la protesta fue pacífica.



Los menores sufren en las prisiones cubanas las mismas condiciones inhumanas que los adultos: hacinamiento extremo, violencia física y psicológica, aislamiento y celdas de castigo, falta de atención médica y convivencia en entornos con población adulta que incrementan el riesgo de abusos. Todas estas prácticas están expresamente prohibidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y por las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.




Persecución política contra menores: un patrón consolidado



Los casos documentados por Prisoners Defenders abarcan menores detenidos entre 2021 y 2025, durante y después de las protestas del 11 de julio de 2021. El hecho de que existan menores arrestados incluso en fechas recientes confirma que no se trata de excesos aislados, sino de una práctica de Estado vigente y estructural.




Todos los menores, tanto quienes permanecen en prisión como aquellos ya excarcelados, fueron condenados exclusivamente por motivaciones ideológicas y de conciencia, sin haber cometido hechos delictivos o violentos reales.




23 menores aún cumplen sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas



Que algunos de estos adolescentes hayan salido de prisión no significa que su condena haya terminado. Siguen enfrentando antecedentes políticos activos y sentencias vigentes que marcan su vigilancia, hostigamiento, persecución, limitaciones de su libertad y amenazas por parte de la Seguridad del Estado, secuelas físicas derivadas de su prisión como asma, síncopes, trastornos nutricionales, y secuelas psicológicas como el estrés postraumático, la ansiedad y el miedo persistente.




Las secuelas psicológicas y médicas de su paso por las mazmorras cubanas persisten, dejando impactos permanentes en su salud, su desarrollo y su integridad. Su traumática experiencia penitenciaria continúa formando parte esencial de su condición de víctimas de la represión estatal. Sus excarcelaciones no han supuesto reparación alguna, sino la continuidad de una condena social, punitiva y emocional diseñada para desmovilizar a toda una generación.




Delitos fabricados y penas desproporcionadas para los menores



A los menores se les imputan delitos de extrema gravedad, como “Sedición”, por el que al menos 15 de ellos siguen condenados, además de cargos como “Desórdenes públicos”, “Desacato”, “Atentado” o supuesta “Desobediencia”, utilizados de forma recurrente por las autoridades cubanas para justificar detenciones de carácter político. Estas tipificaciones suelen aplicarse de manera desproporcionada, y en todos los casos sin base probatoria, lo que evidencia un uso instrumental del derecho penal para castigar la protesta y la expresión, por supuesto incluidos los menores, algo que siempre ha ocurrido en Cuba con, además, decenas de estos menores condenados por Peligrosidad Social Predelictiva en el anterior Código Penal, o Desobediencia Penal Precriminal en el nuevo Código Penal.




La CIDH recuerda que los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia, investigar y sancionar cualquier forma de maltrato en detención y priorizar medidas alternativas a la privación de libertad, tanto antes como después de un proceso penal, con el fin de garantizar la reintegración del menor en su familia y comunidad. En este sentido, la justicia juvenil debe ser restaurativa y orientada a la rehabilitación, no punitiva. Cuando, de manera excepcional, se impone una sanción privativa de libertad a un niño, deben respetarse principios estrictos: que sea el último recurso, proporcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica, asegurando además el contacto familiar y condiciones de detención compatibles con la protección integral de sus derechos. En el caso de Cuba, estos estándares resultan especialmente pertinentes ante el patrón documentado de criminalización de la protesta y utilización del sistema penal contra adolescentes.




Condiciones de detención que vulneran derechos fundamentales



Muchos de los menores en prisión presentan desnutrición, mientras que otros se encuentran en condiciones médicas preocupantes, en algunos casos desconocidas hasta para sus familias, debido a la falta de transparencia estatal. La ausencia de atención médica, alimentación y asistencia psicológica constituye un agravante severo para menores y adolescentes que deberían estar protegidos por el sistema, no sometidos a castigos físicos y psicológicos. La información incompleta o inexistente sobre su estado médico refleja opacidad institucional y una negación sistemática de derechos básicos a monitoreo independiente.




Las torturas a menores fueron documentadas por Prisoners Defenders y avaladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en respuesta al Informe Integral sobre la Tortura en Cuba de 2022, actualizado en 2023. De una muestra aleatoria de 181 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, 4 eran menores de edad en el momento de la detención y mientras se produjeron las torturas (Jonathan Torres Farrat, Gabriela Zequeira Hernández, Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar), y 22 de ellos (12%) tenían 21 años o menos en el momento de la detención y cuando se produjeron las torturas.




La víctima que acumuló en dicho estudio el mayor número de tipos de torturas, quince, era precisamente un menor detenido con 17 años, Jonathan Torres Farrat, pero los otros tres menores del estudio acumularon 14 tipos de tortura (Gabriela Zequeira Hernández) y 8 tipos de tortura (Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar).




Si bien casi todos los menores en prisión no pertenecen a organizaciones políticas, en algunos casos están vinculados a activistas o defensores de derechos humanos, ya sea por familiares o amistades. Esto coincide con un patrón frecuente en Cuba: la represión no solo se dirige contra el individuo, sino también contra su red familiar o comunitaria, lo que agrava el impacto y profundiza el clima de intimidación.




La situación de los menores encarcelados por motivos políticos en Cuba constituye una de las violaciones más graves y urgentes dentro de la escalada represiva del régimen. La criminalización de adolescentes y menores, la imputación de delitos sin base alguna real, las condenas desmesuradas y las malas condiciones de reclusión contravienen de manera frontal la Convención sobre los Derechos del Niño y múltiples tratados internacionales.




409 presos políticos del 11J aún en prisión



El panorama represivo en Cuba alcanza hoy una magnitud sin precedentes. El país mantiene 1.192 prisioneros políticos, una cifra abrumadora que revela la profundidad de la crisis de derechos humanos en la isla. De ellos, 744 siguen tras las rejas (en régimen intracarcelario) y 448 cumplen sanciones bajo limitación de libertad con amenazas (en régimen extra carcelario) o trabajos forzosos sin internamiento.




Dentro de esta cifra general, el grupo más numeroso y significativo lo constituyen los encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. En total, 743 cubanos son prisioneros políticos del 11J: 409 continúan en prisión como “Convictos de Conciencia”, y 334 cumplen condenas con restricciones de libertad bajo amenazas (“Condenados de Conciencia”).




Estas cifras muestran un dato esencial: casi dos tercios de todos los prisioneros políticos del país (62%) provienen del 11J. Y más aún, el 55% de quienes siguen hoy encarcelados son manifestantes de ese día, lo que convierte al 11J en el episodio de la mayor ola represiva en décadas.




Entre los que todavía permanecen en prisión por participar en las manifestaciones del 11J se encuentran 7 menores de edad y 13 mujeres, todos ellos convictos de conciencia.




Cuba ha totalizado 1.925 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 4 años y cinco meses, de los que 1.778 han entrado en prisión desde entonces.




13 mujeres aún encarceladas por el 11J



Las mujeres representan uno de los sectores más vulnerables y castigados dentro de la represión política en Cuba. En total, el país registra 126 mujeres en prisión política, de las cuales 46 continúan encarceladas y 80 cumplen sanciones bajo limitación de libertad, ya sea en régimen de reclusión domiciliaria, trabajos correccionales u otras medidas restrictivas, todas bajo amenazas.




13 de estas mujeres permanecen en prisión por causas directamente relacionadas con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), lo que evidencia el alto peso que este evento ha tenido en la persecución de mujeres activistas, ciudadanas y líderes comunitarias.




13 mujeres revelan un patrón de castigo especialmente severo hacia quienes ejercieron derechos constitucionales y universales como la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y manifestación. Estas mujeres, entre ellas las activistas María Cristina Garrido Rodríguez, Sissi Abascal Zamora o Lizandra Góngora Espinosa, no solo participaron en protestas pacíficas o expresaron disenso, sino que muchas tenían roles visibles dentro de sus comunidades o pertenecían a movimientos cívicos, lo que incrementó la vigilancia y represión en su contra.




Una de esas 13 mujeres encarceladas por el 11J, Donaida Pérez Paseiro, religiosa de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y esposa del líder Ifá yoruba y prisionero de conciencia Loreto Hernández García, fue excarcelada el 15 de enero tras acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, mediante un “régimen carcelario-domiciliar” pero el pasado 11 de junio el Tribunal Provincial de Villa Clara revocó la libertad condicional de la presa política y volvió a prisión. Naciones Unidas se pronunció taxativamente sobre su caso y el de su marido, junto a otros 14 casos, tanto a través del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria (Op. 46/2025) como también a través de 5 mandatos de derechos humanos (JAL CUB 4/2023).




Las condenas impuestas a todas estas mujeres oscilan entre los 3 y los 14 años de privación de libertad. Fueron procesadas bajo cargos como “Desórdenes públicos”, “Atentado”, “Desacato”, “Sedición” o “Resistencia”, utilizados sistemáticamente para criminalizar la protesta y acallar voces críticas. Organismos internacionales como la ONU (JAL CUB 2/2024), Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Amnistía Internacional han denunciado que estos procesos violaron estándares básicos de proporcionalidad, debido proceso y garantías judiciales.




El deterioro físico y emocional es un denominador común en estos expedientes. Muchas de estas mujeres padecen ansiedad severa, desnutrición, hipertensión, infecciones recurrentes y una grave negación de atención médica. Un ejemplo especialmente alarmante es el de Lizandra Góngora, alejada de sus 5 hijos, cuatro de ellos menores, y su familia, y recluida en la cárcel de Los Colonos en la Isla de la Juventud, que enfrenta un grave deterioro de salud tras ser diagnosticada en 2024 con un fibroma uterino para el que no ha recibido la pertinente atención ginecológica. Su familia denuncia que sufre de inflamación constante y depende de analgésicos que ellos mismos deben llevarle, debido a la negación de medicamentos y atención médica en la prisión. Pese a cumplir los requisitos legales para acceder al régimen de mínima severidad el 10 de octubre de 2025, las autoridades le negaron injustificadamente este derecho, en lo que su familia califica como una represalia más dentro de una “campaña de ensañamiento” de la Seguridad del Estado, altamente habitual entre quienes son desafectos al régimen y no se doblegan a retractarse. Madre de cinco hijos, cuatro menores, Lizandra cumple una condena de 14 años, la más alta impuesta a una mujer por participar en las protestas del 11J en Güira de Melena, Artemisa.

La presencia de mujeres entre los prisioneros del 11J no solo demuestra el alcance generalizado de la protesta y su carácter transversal, sino también la voluntad del Estado cubano de reprimir con especial dureza a aquellas mujeres que asumieron un papel activo en sus comunidades. Su encarcelamiento prolongado constituye un atentado contra sus derechos fundamentales, y un mensaje ejemplarizante dirigido a desmovilizar el liderazgo femenino, la organización comunitaria y la participación política independiente.




Estas mujeres (madres, jóvenes, trabajadoras, activistas, artistas, amas de casa…) representan un rostro particularmente doloroso de la represión del 11J en Cuba. Sus historias confirman que la persecución estatal no fue un fenómeno indiscriminado, sino también un ejercicio de violencia de género en el ámbito político, dirigido a desmantelar redes cívicas y a castigar de forma diferencial a las mujeres que se atrevieron a alzar su voz.




Prisioneros políticos del 11J miembros de organizaciones



Aunque la mayoría de los prisioneros políticos del 11J eran ciudadanos sin militancia previa, otros muchos sí pertenecen a organizaciones cívicas o de derechos humanos. La existencia de estos casos es especialmente relevante, pues la criminalización de miembros de asociaciones independientes constituye una violación directa de los derechos a la libertad de asociación, de expresión, de reunión pacífica y de manifestación, reconocidos en los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es signataria.




Entre los prisioneros políticos del 11J, en torno al 10% pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Las entidades a las que pertenecen estos prisioneros incluyen un amplio y diverso conjunto de organizaciones, entre ellas las siguientes (por orden alfabético): Academia Julio Machado, Agencia Audiovisual Palenque Visión, Alianza Democrática Oriental, Asociación Yorubas Libres de Cuba, Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba (CDM), Compromiso Democrático de Camagüey, Consejo de Relatores, Cuba Decide, Damas de Blanco, Embajada Cívica Cubana, Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Grupo de Ayuda a los Valientes del 11J, Instituto Patmos, Juventud Despierta, Movimiento Alianza Cívica Insurreccional, Movimiento Cubano Reflexión (MCR), Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez Hernández, Movimiento Recuperación Democrática de Cárdenas, Movimiento San Isidro, Partido Libertario Cubano José Martí, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Partido Republicano de Cuba (PRC), Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Plataforma #Otro18, Proyecto Emilia y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).




Entre las organizaciones más afectadas destacan tres:




Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y Movimiento Democracia (MD), que actúan ambas en sincronía.
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)



El encarcelamiento de miembros de estas organizaciones no solo castiga a individuos por ejercer libertades fundamentales, sino que también busca desarticular el tejido cívico independiente y desalentar la participación ciudadana. Muchas de estas asociaciones trabajan en ámbitos como la ayuda humanitaria, la defensa de los derechos humanos, el activismo comunitario, la expresión artística, el periodismo independiente o la promoción del pluralismo político.




La abundante presencia de miembros de las organizaciones cívicas y sociales entre los presos del 11J evidencia que la respuesta estatal no solo fue dirigida contra manifestantes espontáneos y ciudadanos disconformes, sino también contra actores cívicos que ejercían derechos legítimos de asociación, reunión y manifestación. De hecho, no pocos de los activistas encarcelados fueron detenidos a pesar de no haber participado siquiera en las protestas. El régimen aprovechó para encarcelarlos junto a los que sí participaron en las protestas, sin mediar más causa que su activismo, usando así el paraguas de las detenciones masivas para desarticular a la sociedad civil.




Artistas cubanos Convictos de Conciencia



A diciembre de 2025, al menos 11 artistas permanecen encarcelados por motivos de conciencia en Cuba. De los 21 artistas registrados hace un año, en diciembre de 2024, 11 continúan en prisión, 9 se encuentran en régimen de limitación de libertad bajo amenazas y 1 está en libertad tras cumplir íntegramente su condena penal.




De los 11 artistas cubanos que siguen entre rejas, 7 de ellos fueron encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (denominado el “11J”). Entre ellos se encuentran la poeta y escritora María Cristina Garrido Rodríguez, el dos veces ganador del Grammy Latino Maykel Castillo Pérez («Osorbo») y el reconocido artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.




 Cantantes, raperos, poetas, artistas visuales, músicos y artesanos acumulan más de 137 años de condenas, impuestas mediante procesos judiciales que forman parte del patrón represivo del régimen cubano contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación. Bajo cargos comunes como atentado, desórdenes públicos o difamación, estos artistas han sido perseguidos por su obra, su activismo o su participación pacífica en protestas ciudadanas. Algunos de los que se encuentran en prisión son:




Maykel Castillo “Osorbo”. Cantante, autor y ganador de dos Grammy Latinos por “Patria y Vida”. Detenido el 18 de mayo de 2021 y condenado a 9 años de prisión por Desacato, Difamación, Atentado y Desórdenes públicos. Recluido en la prisión Kilo 5 y Medio (Pinar del Río). Ha sido nombrado preso de conciencia por Prisoners Defenders y muchas otras organizaciones internacionales, incluido el GTDA (WGAD) de las Naciones Unidas. Desde el pasado mes de junio ha sido llevado 4 veces a celda de castigo, la última vez fue en octubre cuando además lo amenazaron con el castigo de ser llevado a una prisión en Camagüey o el oriente de la isla, lejos de sus allegados y quienes le atienden sus necesidades en prisión.
María Cristina Garrido Rodríguez. Poeta, escritora y activista. Detenida por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J y condenada a 7 años de prisión, recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao). La presa de conciencia se encuentra bajo hostigamiento constante en prisión. Estas conductas ponen en grave riesgo su integridad física y emocional.
Luis Manuel Otero Alcántara. Artista visual. Encarcelado por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, acusado de los fabricados delitos de Desacato, Desórdenes públicos y Ultraje a los símbolos de la patria. Condenado a 5 años en la Prisión de Guanajay. Elegido por TIME Magazine como una de las 100 personas más influyentes de 2021. Ha sido nombrado prisionero de conciencia por Prisoners Defenders y otras múltiples organizaciones, incluido el GTDA (WGAD) de las Naciones Unidas. Otero Alcántara está enfrentando una dura situación dentro del penal en el que se encuentra extinguiendo sanción debido a un brote epidémico. A través de una llamada telefónica realizada el 9 de septiembre, el preso de conciencia informó de que padece Chikunguña, fiebre, diarreas y un fuerte decaimiento. El 2 de diciembre, día de su cumpleaños y cercano al Día Internacional de los Derechos Humanos, inició un ayuno voluntario desde la cárcel de máxima severidad de Guanajay, en Artemisa, para exigir su libertad y la de todos los presos de conciencia.
Wilmer Moreno Suárez (Mister Will D’Cuba). Cantante, músico y arreglista. Condenado a 18 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Recluso en el Combinado del Este (La Habana). El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha exigido su liberación inmediata tras considerar que su detención fue arbitraria y contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos. El grupo de trabajo también señaló varias irregularidades en relación con su proceso judicial tales como la ausencia de orden de arresto, falta de control judicial durante la detención, o, el hecho de que policías y fiscales asumieran el rol de jueces.
Ibrahim Domínguez Aguilar. Rapero. Condenado a 10 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Cumple sanción en Boniato (Santiago de Cuba). En abril de 2024 recibió una brutal agresión dentro del penal a manos de 7 agentes de la autoridad, todo ello mientras estaba esposado y en el suelo, siendo así incapaz de poder defenderse. Estos actos de maltrato fueron consecuencia de la denuncia que realizó el prisionero de conciencia tras haber solicitado atención médica para sus problemas de estómago y su dolor de muelas. Por ello, fue esposado y llevado al dormitorio, donde fue golpeado.
Juan Enrique Pérez Sánchez. Músico. Condenado a 8 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Recluido en Melena 2 (Mayabeque). La CIDH ha otorgado medidas cautelares al preso de conciencia tras constatar que padece tuberculosis desde hace meses sin recibir atención médica adecuada. A pesar de su grave estado, fue trasladado del Hospital Nacional de Reclusos a un destacamento de máxima seguridad en el Combinado del Este, en La Habana. En su resolución, la CIDH advirtió que el recluso se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud corren riesgo de sufrir daños irreparables en Cuba.
Fernando Almenares Rivera (“Nando OBDC”). Artista plástico y rapero. Detenido el 31 de diciembre de 2024, acusado falsamente de un presunto sabotaje vinculado al incendio del Parque Lenin. Trasladado a Villa Marista. El juicio fue celebrado el pasado 26 de noviembre en el Tribunal Provincial de La Habana. Si se confirma la petición fiscal de 6 años de prisión, se constatará en este caso, como ocurre de forma generalizada en Cuba, el uso del Código Penal cubano como herramienta para blindar al régimen frente a cualquier expresión crítica, ya sea verbal, física o artística, o frente a cualquier protesta pacífica.
Dayan Gustavo Flores Brito (“Yan Crey”). Músico de “reparto”. Detenido con 22 años por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J y condenado a 14 años de prisión. El preso de conciencia ha sido trasladado a la prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, sita en La Habana.
Yasmany González Valdés (“El Libre”). Rapero. Detenido el 20 de abril de 2023 durante un registro policial. Condenado a 4 años de prisión que cumple en el Combinado del Este, donde sufre un grave deterioro de salud por la falta de atención médica.
Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt (“Pupito En Sy”). Rapero. Detenido el 26 de junio de 2023 por Difamación de las instituciones tras escribir una canción crítica. Condenado a 2 años de prisión, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, sita en La Habana. El pasado mes de julio el preso de conciencia realizó una huelga de hambre a modo de protesta por la dura situación que atraviesa cada día dentro de la prisión en la que se encuentra extinguiendo sanción.



Artistas cubanos que cumplen condena en régimen de limitación de libertad bajo amenazas



Aunque ya no se encuentran tras las rejas, 9 artistas cubanos continúan cumpliendo sus condenas en regímenes de limitación de libertad marcados por la vigilancia, las limitaciones a su libertad personal, el hostigamiento y las amenazas constantes de vuelta a prisión. Estas medidas funcionan como mecanismos de control que restringen su vida cotidiana, su trabajo artístico y su participación social. Todos ellos, raperos, músicos, artistas visuales, tatuadores y artesanos, fueron condenados por su participación en protestas pacíficas, por su obra crítica o por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y manifestación. Sus casos ilustran que, aun fuera de prisión, la represión persiste y se extiende a la esfera personal, familiar y profesional, manteniéndolos en un estado de precariedad jurídica y permanente amenaza.




Entre estos 9 artistas se encuentran los siguientes:




Jessica Lisbeth Torres Calvo, artista visual, condenada a 10 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.
Randy Arteaga Rivera, rapero, condenado a 5 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente bajo Libertad Condicional bajo amenazas.
Marlon Hitachi Paz Bravo, rapero, condenado a 6 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, hoy en Libertad Condicional bajo amenazas.
Rolando Sardiñas (“El Koka”), rapero, condenado a 12 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.
Marcos Antonio Pintueles Marrero, músico detenido siendo menor, condenado a 5 años de trabajos forzosos por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente cumple la pena bajo régimen extrapenal mediante subsidio penal, sometido a amenazas de revocación.
Ángel Miguel Martín Caro, tatuador, condenado a 5 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.



Un artista en libertad por cumplimiento íntegro de sanción



Ha salido de la lista de prisioneros de conciencia el artista José Alejandro Rodríguez Gelin, tras el cumplimiento íntegro de su sanción. Poeta y estudiante de Literatura Española, José Alejandro fue detenido con 22 años por su participación pacífica en las protestas del 11J y condenado a 5 años de prisión. Cumplió íntegramente su sanción y fue liberado el 17 de noviembre de 2025.




Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de noviembre



Con cierre de datos a fecha 30 de noviembre de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.192 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de diciembre 2024 a 30 de noviembre de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 120 presos políticos nuevos (un promedio de 12 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.272 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.




Cuba ha totalizado 1.925 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 4 años y cinco meses, donde 1.778 han entrado en prisión desde entonces.




Han entrado este pasado mes de noviembre en nuestra lista 19 nuevos prisioneros políticos. Y 6 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.




De los 1.192 prisioneros políticos:




34 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 3 chicas. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 6 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
16 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
125 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
Entre los prisioneros políticos entre rejas hemos censado 461 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 41 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.



708 Convictos de Conciencia, 448 condenados de conciencia y 36 otros



Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:




La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.



En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.




Por ello, los 1.192 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.




La clasificación actual de éstos es la siguiente:




708 Convictos de Conciencia
448 Condenados de Conciencia
36 casos de Otros Presos Políticos

ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).-Al cierre de junio de 2026 y en vísperas del 11J, Prisoners Defenders ha documentado un total de 1.306 prisioneros políticos en Cuba, tras registrar 32 nuevas incorporaciones (aunque otros 21 más están aún en proceso de verificación) y 7 bajas durante el mes. Entre los prisioneros políticos se encuentran 40 que han sido detenidos siendo menores de edad, la cifra más alta registrada por la organización hasta la fecha, de los cuales 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.

Los prisioneros políticos incorporados este mes apuntalan la significativa evolución del patrón represivo del régimen de Cuba en vísperas del 5º aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J). La selección de las víctimas no responde ya únicamente a la participación en protestas, o el activismo pro derechos humanos sino, especialmente en estas últimas semanas, a su potencial capacidad de influencia sobre diversos sectores de la sociedad. Entre los nuevos presos políticos figuran periodistas, creadores de contenido digital, un rapero, un pastor evangélico, dirigentes opositores, un médico, ex presos políticos del 11J y, además, un número especialmente elevado de menores. El perfil de las víctimas, junto con numerosas evidencias, confirma la intención del régimen de neutralizar referentes sociales y comunitarios con capacidad para informar, movilizar o canalizar el descontento ciudadano.

La coincidencia temporal de esta escalada represiva con la proximidad del aniversario del 11J permite apreciar un patrón de represión preventiva orientado a incrementar el coste potencial percibido por la población ante cualquier expresión de protesta o participación en actividades públicas. Mediante campañas de hostigamiento, restricciones de movimiento, detenciones arbitrarias, procesos penales, medidas cautelares y violencia física, las autoridades proyectan un mensaje inequívoco hacia la población: cualquier ciudadano que decida ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales puede convertirse en el próximo preso político.

El régimen cubano parece asumir con facilidad el coste político de encarcelar a más de 28 nuevos presos políticos cada mes en el último semestre, en buena medida porque actores internacionales de máxima relevancia para Cuba —entre ellos España, la Comisión Europea, Canadá y otros gobiernos democráticos— no se pronuncian ni defienden públicamente, de forma sostenida y específica, a las nuevas víctimas de la represión.

Cuando se interpela a estos gobiernos por su inacción pública, algunos optan por el silencio político, por mantener un evidente contubernio político con La Habana, como es el caso del gobierno de Pedro Sánchez en España; otros alegan que trasladan sus reproches en privado. Sin embargo, frente a un aparato represivo que ha demostrado reiteradamente su desprecio por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, las gestiones discretas, no verificables y sin consecuencias públicas resultan inservibles de todo punto. No llegan a la opinión pública internacional, no protegen a la población cubana, no generan presión interna sobre los funcionarios represores y no alteran los incentivos del régimen para seguir reprimiendo.

La experiencia demuestra que sólo la presión constante, pública, documentada y políticamente costosa puede modificar el proceder represivo de La Habana. Por ello, la ausencia de condenas públicas firmes y continuadas por parte de estos gobiernos contribuye a mantener artificialmente bajo el coste político de la represión y los convierte, al menos por omisión, en corresponsables políticos del actual incremento de detenciones arbitrarias en Cuba.

Más allá de las víctimas directas, además, estas amplias actuaciones represivas del régimen persiguen generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de la sociedad y desalentar cualquier intento de movilización en torno a una fecha que continúa representando el mayor desafío social afrontado por el régimen cubano desde 1959.

Aunque durante el mes de junio, en vísperas del 11J, Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos prisioneros políticos, la organización mantiene 21 casos adicionales en proceso de investigación y verificación, muchos de los cuales podrían incorporarse próximamente a la lista oficial de presos políticos en Cuba.

Dos nuevos presos políticos acusados de espionaje por crear contenido en YouTube
Los presos políticos Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón fueron detenidos en La Habana por su trabajo en el canal de YouTube Despingovery Channel, desde el que documentaban y satirizaban el deterioro de infraestructuras e instalaciones abandonadas en Cuba.

Eduardo Ceballos Pérez, conocido como Eddy Jones, fue arrestado el 1 de junio de 2026 tras publicar varios vídeos, entre ellos un reportaje divulgativo en el que simplemente mostraba una antigua instalación militar totalmente abandonada y con restos militares inservibles, en ruinas y comidos por la maleza de la Guerra Fría. Sin duda un material curioso y entretenido, pero sin trascendencia de seguridad alguna. El vídeo está disponible en la URL https://www.youtube.com/watch?v=w2Wb4QLtTE0.

A pesar de la inocencia del hecho y la irrelevancia para la seguridad del país, las autoridades los procesan, no obstante, por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, bajo acusaciones de “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”. El delito de espionaje (art. 116 del Código Penal) se castiga en Cuba con la privación de libertad de 10 a 30 años, la cadena perpetua o la muerte.

Tras su arbitraria e ilegal detención, sin tutela judicial alguna, Ceballos fue trasladado a la prisión Combinado del Este, donde permaneció incomunicado, sin garantías procesales y sin que la Fiscalía siquiera concluyera la investigación ni presentara el caso ante un tribunal durante semanas. Su madre denunció que fue agredido físicamente en prisión mientras las autoridades incautaban incluso la ropa utilizada durante la grabación del reportaje en su afán de recabar “pruebas del delito”.

Dos semanas después, el 14 de junio de 2026, fue detenido Christian Rodríguez Riverón, un camarógrafo del canal y alegadamente responsable de grabar junto a Ceballos el vídeo que dio origen a su detención. Christian Rodríguez Riverón acudió a una citación policial y fue privado de libertad sin orden judicial, siendo trasladado posteriormente a la unidad policial El Reloj Club, en Boyeros. Igualmente, fue acusado de “espionaje” por los mismos hechos y su declaración coincidió con la versión ofrecida por Ceballos.

Ambos permanecen en prisión y procesados por haber documentado unas instalaciones abandonadas y haber difundido contenido crítico con la situación de Cuba en su canal de YouTube, Despingovery Channel, y sus redes sociales.

El rapero MC K-LIBRE y las protestas de Barbosa
Las protestas registradas en el reparto Barbosa (La Habana) durante la segunda quincena de junio de 2026, motivadas por los prolongados apagones, la crisis económica y la falta de libertades, dieron lugar a una nueva ola de detenciones arbitrarias y procesos penales contra manifestantes pacíficos y personas señaladas arbitrariamente como “organizadoras” de las movilizaciones.

Entre los detenidos se encuentra el rapero y activista Andrés Matos Alcántara (MC K-LIBRE), arrestado el 25 de junio de 2026 tras acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, donde fue esposado y privado de libertad sin orden de arresto ni tutela judicial. Las autoridades lo acusan de “Desórdenes públicos”, atribuyéndole falsamente el supuesto liderazgo de los cacerolazos y protestas ocurridos en el reparto Barbosa los días 18 y 19 de junio, pese a que su familia y testigos presenciales sostienen que únicamente pasó por el lugar durante unos minutos y no participó en acto violento alguno. Durante los primeros días de su detención las autoridades ocultaron deliberadamente su paradero, por lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó una Acción Urgente de Desaparición Forzada requiriendo al Estado cubano información sobre su situación. El 4 de julio de 2026 fue trasladado a la prisión de Valle Grande, pese a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1, patologías que requieren tratamiento continuado que se les niega a los presos políticos de forma deliberada por las autoridades. Cuba es el cuarto país del mundo por número de Acciones Urgentes de Desaparición Forzada del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas desde el inicio de dicho registro más de una década atrás. Prisoners Defenders ha sido la denunciante de 193 de las 194 Acciones Urgentes presentes contra Cuba en los registros del CED. Sin embargo, es el único país donde todos los cientos de desapariciones forzadas son ejecutadas por el propio gobierno, aspecto crucial que convierte al régimen cubano en el primer gobierno del mundo por Desaparición Forzada.

En la misma protesta fueron detenidos sin orden de arresto los presos políticos y hermanos Yoan Arévalo Álvarezy Yosban Arévalo Álvarez el 21 de junio de 2026 y posteriormente sometidos a prisión provisional por orden del fiscal y sin tutela judicial. Según el testimonio de sus allegados y testigos entrevistados por Prisoners Defenders, ambos fueron brutalmente golpeados durante la detención. En el caso de Yoan, las agresiones le provocaron múltiples fracturas en las costillas, una profunda herida en la región del pecho, lesiones en los pies y otras contusiones, negándole las autoridades atención médica y medicamentos pese a la gravedad de su estado. Respecto a Yosban, los allegados denunciaron igualmente golpes, malos tratos y la negación de atención sanitaria, algo señalado igualmente por otros testigos de las agresiones sufridas por ambos hermanos.

La persecución de líderes religiosos suma un nuevo preso político
El preso político Alexis Padrón Lorenzo es un pastor evangélico de 58 años que fue detenido arbitrariamente el 11 de junio de 2026 en el municipio de Regla (La Habana), tras increpar pacíficamente a unos funcionarios que intentaban dispersar una manifestación vecinal pacífica en protesta por los prolongados apagones y la escasez de agua ocurrida la noche del 9 de junio, tras meses en una situación similar. Según el testimonio de sus allegados, durante su intervención verbal y pacífica, expresó públicamente su rechazo a la gestión de las autoridades y les recriminó la situación que atraviesa la población, afirmando que ya estaban cansados de tanta injusticia y que debían abandonar sus cargos si no sabían gobernar.

Tras el incidente fue seguido hasta su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado y oficiales del Ministerio del Interior (MININT), quienes intentaron detenerlo y, al no poder, lo amenazaron. Dos días después, tras varias citaciones ilegales, acudió a la unidad policial de Regla, lugar donde fue privado de libertad sin orden judicial. Durante las primeras 72 horas permaneció incomunicado y, según los testigos, fue sometido a malos tratos físicos.

Desde el 17 de junio permaneció recluido en el centro de detención El Vivac, acusado de “Desórdenes públicos” y “Desacato”, y el 29 de junio fue trasladado a la prisión de Valle Grande, en La Habana.

Tras visitarlo brevemente el 26 de junio, sólo 9 días tras su detención, su esposa denunció un grave deterioro de su estado físico: había perdido una cantidad considerable de peso, presentaba los pies hinchados, numerosas picaduras de insectos y sufría intensos dolores derivados de la artritis reumatoide que padece, agravados por las deficientes condiciones de reclusión y la negación de tratamiento médico adecuado.

Asimismo, la familia denunció los impedimentos para acceder a información oficial sobre el proceso penal e imposibilidad de obtener una defensa legal independiente. Esto mismo sufren todas las familias de presos políticos. Las autoridades les exigen a los abogados del Estado que les nieguen los documentos a sus “clientes”. El caso se inscribe en un contexto de creciente hostigamiento contra líderes religiosos críticos con el régimen cubano.

Ningún preso político tiene defensa jurídica en Cuba
En Cuba no existen abogados independientes, y todos dependen del Ministro de Justicia, que los nombra y cesa a su antojo, así como les instiga a no defender a los casos acusados por la Seguridad del Estado (casos políticos), todo lo cual ha sido ratificado por Naciones Unidas en numerosas acusaciones y/o condenas de numerosas relatorías, grupos de trabajo y Comités, como las del WGAD A/HRC/WGAD/2019/63, A/HRC/WGAD/2021/63, A/HRC/WGAD/2023/62 y A/HRC/WGAD/2024/13, el Comité contra la Tortura, CAT, en su último Examen Periódico de Cuba (CAT/C/CUB/CO/3), o la acusación técnica de 6 Relatores Especiales JAL CUB 2/2024, de donde extraemos tan sólo unos pasajes ilustrativos:

“Todo abogado autorizado para ejercer la abogacía y actuar ante los Tribunales de Justicia en la República de Cuba debe no sólo ser licenciado en derecho, sino también formar parte de la denominada Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba (Organización de la Abogacía del Estado de Cuba, en adelante “ONBC”), una entidad gubernamental sujeta legalmente a los dictados del Partido Comunista de Cuba y dependiente en última instancia del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.

Según el artículo 3 inciso b) del decreto-ley no. 81 “Sobre el Ejercicio del Derecho y la Organización Nacional de los Bufetes Colectivos” publicado el 8 de junio de 1984 en el Diario Oficial de la República de Cuba, respecto del ejercicio de la profesión en Cuba, está prohibido el ejercicio de la abogacía como profesional independiente.

Es el Ministerio de Justicia el que define la remuneración de los abogados y sus servicios y al que se le informan las actividades, medidas disciplinarias y despidos de los afiliados, y el que tiene control absoluto sobre la actividad de la ONBC y de sus afiliados. Dado que, además, los miembros reciben su remuneración con cargo a fondos públicos del Ministerio de Justicia y del Estado, los miembros [los abogados defensores] son, de facto y en todas las dimensiones posibles, empleados del Ministerio de Justicia.

La falta de una profesión jurídica independiente en Cuba ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el WGAD de las Naciones Unidas y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.”

Nuevo preso político en una familia ya castigada por el 11J
El preso político Héctor Ochoa Vergara fue detenido arbitrariamente tras participar en una manifestación pacífica contra los prolongados apagones y la falta de agua en Ciego de Ávila, permaneciendo desde entonces en prisión provisional en la prisión de Canaleta (Destacamento 7). Su detención se produjo sin una orden de arresto, tutela judicial, ni garantías procesales. En el mismo centro penitenciario permanece recluido su sobrino, Yoel David Ochoa Vergara, también preso político. Yoel David había sido condenado a 10 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Aunque fue excarcelado el 20 de enero de 2025 bajo licencia extrapenal como parte del acuerdo entre el régimen cubano y la Iglesia Católica, dicha medida fue revocada por el régimen cubano y volvió a ser encarcelado en 2026, lo que demuestra la inutilidad parcial de negociar excarcelaciones condicionadas con el régimen cubano. Ni son liberados, ni excarcelados viven libres, sino perseguidos, hostigados, vigilados y privados de todo derecho, ellos y sus familias, y tarde o temprano gran parte de ellos, e incluso sus familiares, ingresan de nuevo a prisión si no se someten en términos de conciencia, una vez rentabilizado el beneficio político que la Iglesia le otorga al régimen al llegar a acuerdos tan laxos como los que hemos vivido en las últimas dos iniciativas. Estos dos casos, meros ejemplos entre decenas, reflejan la continuidad de la represión contra el excarcelado y su familia entera por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales.

Un ex preso político del 11J vuelve a la lista de prisioneros políticos en Cuba
Wilber Enmanuel Álvarez Salvat, médico y ex preso político por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, ha vuelto a ser encarcelado por motivos políticos. Fue detenido arbitrariamente de nuevo el 19 de junio de 2026 en Contramaestre, Santiago de Cuba. Ese día acudió a una citación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde permaneció retenido durante varias horas sin que se le informara el motivo. Al manifestar que debía regresar a su domicilio para atender a sus hijos, afectados por los prolongados apagones y la escasez de alimentos, un oficial lo amenazó con procesarlo por desobediencia si abandonaba la unidad. Tras marcharse pacíficamente y sin resistencia alguna al no recibir explicación alguna sobre su situación jurídica, agentes policiales acudieron posteriormente a su vivienda y, cuando se presentó voluntariamente ese mismo día ante las autoridades, fue detenido por ese presunto y falsario delito fabricado. Familiares y allegados denunciaron además que, en los días previos a su arresto, desconocidos intentaron acceder en varias ocasiones a su vivienda. Ya dichas acciones pretendían provocarlo para justificar posteriormente un proceso penal en su contra. Dado que aquello no tuvo efecto, la fabricación del delito devino igualmente de otro modo.

Permaneció recluido entre el 19 y el 22 de junio en los calabozos de la Policía de Contramaestre, donde realizó una protesta pacífica negándose a ingerir alimentos y denunció haber sido sometido a condiciones inhumanas de detención, incluyendo hacinamiento, negación de agua para el aseo, insalubridad y torturas psicológicas. El 22 de junio de 2026 fue excarcelado bajo una fianza, permaneciendo procesado y pendiente de juicio. La fianza impuesta, de 200.000 pesos cubanos, equivale a 29 salarios mensuales medios de un trabajador en Cuba y unos 294 USD al cambio real, una carga económica astronómica para cualquier familia cubana.

El 26 de junio declaró ante las autoridades en presencia de su “abogada” (abogada del Estado), quien anunció que solicitaría la nulidad del procedimiento por las irregularidades cometidas durante su detención, hecho que, de llevarlo a cabo, no sólo es previsible que no sirva para nada en el manipulado sistema procesal cubano, sino que además le puede causar el hostigamiento y la pérdida del empleo a la “abogada”. Es contínuo el hostigamiento contra prisioneros políticos tanto del 11J como contra todos ellos en Cuba, sometidos a vigilancia, nuevas detenciones arbitrarias y procesos penales tras su excarcelación.

10 nuevos presos políticos jóvenes, 6 de ellos menores de edad
Durante el mes de junio, Prisoners Defenders documentó el encarcelamiento de 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, de los cuales 6 son menores (de 15 a 17 años de edad) y 4 tienen entre 19 y 21 años.

La mayor operación represiva tuvo lugar el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo, tras el incendio del museo local, culminó con la detención de Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años),José Ángel Borrero Zorrilla (17 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), Ángel Luis Leyva (17 años), Lester Ramírez Ramírez (21 años) y Yordi Daniel Gómez Aguilar (21 años).

Actualmente, Dian Daniel Mora Acuña, Ángel Luis Leyva y Yordi Daniel Gómez Aguilar se encuentran en sus domicilios. Sin embargo, su situación procesal continúa sin poder confirmarse, ya que sus familias, gravemente amenazadas, no han podido informar si fueron puestos en libertad sin cargos o si permanecen sometidos a medidas cautelares dentro de un proceso penal, la situación más habitual. Por este motivo, sus casos permanecen abiertos y continúan bajo constante investigación.

A esta ola represiva se suman Cristian Fernández Sarmiento (15 años), detenido el 19 de junio durante las manifestaciones de Altamira (Santiago de Cuba), y Leroy Guerrero Regueiferos (19 años), arrestado también en el contexto de las protestas contra los apagones y la escasez.

Asimismo, fue detenida Maribel Angélica Sosa Chávez (19 años). Según su familia, las autoridades intentaron responsabilizarla de la rotura de un cristal en una tienda de divisas en Campechuela. Afirman que, cuando su madre acudió a una citación oficial, las autoridades le comunicaron que si la familia abonaba 70.000 pesos cubanos y la joven asumía la autoría de los hechos, sería puesta en libertad, en un proceso coactivo habitual para obligar a inocentes a declararse culpables. Usualmente, además, cuando siendo inocentes se declaran culpables para salvarse de la prisión, el proceso penal continúa con más fuerza y gravedad que antes de su declaración, y la condena suele ser de mayor rigor, toda vez que las autoridades ya poseen lo que buscan: la declaración de culpabilidad de un/a inocente.

Tres periodistas y escritores, bajo medidas cautelares y amenazas
La represión contra periodistas independientes y voces críticas continuó intensificándose durante el mes de junio mediante detenciones arbitrarias, interrogatorios, restricciones ilegales a la libertad de circulación y la imposición de medidas cautelares que mantienen abiertos procesos penales con evidente motivación política. Son los casos que encuadramos en la lista como “Condenados de Conciencia”, pues un auto fiscal sin tutela judicial les condena de facto y restringe sus libertades a mínimos, con la concurrencia de vigilancia, hostigamiento, amenazas, prohibición de movimiento, citaciones, detenciones habituales y acoso a ellos, sus amistades y familiares.

El periodista y director de Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, fue detenido arbitrariamente en Camagüey junto al periodista Yoanny Limonta García, sin orden de arresto ni tutela judicial alguna. Ambos permanecieron retenidos durante varias horas antes de ser expulsados de la provincia y trasladados por la fuerza hacia sus lugares de residencia.

Posteriormente, Rodríguez Lobaina fue interrogado por oficiales de la Seguridad del Estado adscritos al Departamento 21 de la Seguridad del Estado, una división del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) encargada específicamente de la contrainteligencia interna, cuya función es el enfrentamiento a la disidencia, los activistas de derechos humanos, la prensa independiente y los movimientos de la sociedad civil. Durante el interrogatorio, los agentes destruyeron su cámara y otros dispositivos que contenían material periodístico, lo amenazaron con enviarlo a prisión y le impusieron una prohibición de facto de salir de La Habana, sin resolución administrativa ni judicial alguna, con el objetivo de impedir el desarrollo de su actividad periodística y política.

Como consecuencia de estos hechos, Rolando Rodríguez Lobaina permanece sometido a un proceso penal por presuntos delitos de “Otros actos contra la Seguridad del Estado” y “Usurpación de funciones públicas”, bajo auto de medida cautelar impuesto por el fiscal sin tutela judicial, y pendiente aún de que un tribunal siquiera conozca su nombre y su causa. La medida le fue impuesta bajo amenazas de encarcelamiento y restringe de forma efectiva su libertad de circulación y el ejercicio de su labor periodística, pese a no encontrarse físicamente en prisión.

En el caso de Yoanny Limonta García, además de la confiscación de su teléfono móvil y del dinero que portaba, fue sometido a nuevos interrogatorios por la Seguridad del Estado, cuyos agentes intentaron reclutarlo como “informante”, o agente encubierto, de los que la Seguridad del Estado llena la oposición interna y externa. Asimismo, le impusieron una prohibición verbal de abandonar la provincia de Cienfuegos, igualmente carente de base legal y sin posibilidad de impugnación judicial, constituyendo una restricción arbitraria de su libertad de movimiento y circulación destinada a limitar su labor periodística y mantenerlo bajo permanente control.

Al igual que su colega, Yoanny Limonta García permanece procesado por los presuntos delitos de “Otros actos contra la Seguridad del Estado” y “Usurpación de funciones públicas”, bajo auto de medida cautelar de un fiscal sin tutela judicial y pendiente de que un tribunal siquiera conozca su nombre y su causa. Aunque permanece en libertad física, la amenaza permanente de encarcelamiento y las restricciones impuestas por la Seguridad del Estado constituyen una privación efectiva de su libertad y derechos fundamentales, entre ellos el de movimiento y circulación.

La persecución también alcanzó al escritor, periodista y preso político Ángel Santiesteban Prats, quien el 2 de junio de 2026 fue instruido de cargos y sometido a un auto fiscal de medida cautelar de reclusión domiciliaria, sin tutela judicial, en el marco de una investigación relacionada con la gestión de una donación de 200 dólares destinada al Asilo Nacional Masónico Llansó. Según denunció el propio Santiesteban, las autoridades pretenden fabricar un supuesto delito financiero pese a que las auditorías practicadas no detectaron faltantes ni perjuicio económico alguno. La causa responde exclusivamente a motivaciones políticas y se enmarca en la creciente intervención estatal sobre la masonería cubana.

Actualmente, Ángel Santiesteban Prats permanece pendiente de la resolución del fabricado e ilegal proceso penal bajo reclusión domiciliaria, con su libertad de movimiento totalmente restringida y bajo amenaza constante de encarcelamiento. Diversas figuras de la masonería cubana han denunciado que el procedimiento constituye un nuevo mecanismo de persecución política dirigido a desacreditar y neutralizar a dirigentes y miembros independientes de las instituciones masónicas.

Estos tres casos reflejan un patrón represivo cada vez más frecuente en Cuba: el uso de medidas cautelares, restricciones extrajudiciales y procesos penales abiertos para mantener a periodistas y escritores bajo control permanente, sin necesidad de mantenerlos físicamente en prisión, pero sometiéndolos a una total privación efectiva de derechos, entre ellos el libre movimiento y circulación, y a la amenaza constante de ser ingresados en prisión.

Aunque durante el mes de junio Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos presos políticos, la organización mantiene 21 casos adicionales en proceso de investigación y verificación, muchos de los cuales podrían incorporarse próximamente a nuestra lista oficial de presos políticos.

La enfermedad como arma de represión
Al cierre de junio de 2026, 458 presos políticos padecen patologías médicas graves y/o crónicas y 53 presentan graves trastornos de salud mental preexistentes a la detención y que los incapacitan para su ingreso penitenciario, cifras que evidencian el progresivo deterioro de las condiciones de reclusión y la utilización sistemática de la negación de la atención médica como mecanismo de castigo y de destrucción física contra quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.

Uno de los casos más alarmantes es el de Carlos Alberto MacDonald Ennis, excarcelado el 12 de junio de 2026 tras más de dos años en prisión provisional. Aunque actualmente permanece en libertad bajo una fianza de 50.000 pesos cubanos, continúa sometido a proceso penal y su estado de salud es crítico. Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que crece hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento médico, además de agravarse otras patologías preexistentes como hipertensión y diabetes. Tras su salida de prisión pesó apenas 48 kilogramos y requiere atención médica urgente, después de haber sufrido prolongación ilegal de la prisión provisional, aislamiento, torturas diversas, negación de la atención médica y reiteradas vulneraciones de sus derechos fundamentales.

Especial preocupación genera en Cuba también la situación del prisionero político del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión. Tras contraer tuberculosis durante su encarcelamiento, presenta un cuadro de extrema gravedad caracterizado por desnutrición severa, pérdida extrema de peso, crisis recurrentes de asma, hipertensión, trastornos neurológicos y un progresivo y gravísimo deterioro físico, negándosele la atención médica especializada que requiere. Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido al grave riesgo para su vida e integridad, continúa recluido en condiciones que agravan su estado de salud. Prisoners Defenders lo incluyó entre los 33 presos políticos identificados con riesgo gravísimo para su vida e integridad física, cuya liberación inmediata resulta imprescindible por razones humanitarias.

Otro de los casos documentados es el de Rolando Yusef Pérez Morera, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y prisionero político del 11J de Cuba, condenado a ocho años de prisión. A pesar de ser un hombre muy atlético y corpulento antes de su entrada en prisión, las imágenes obtenidas durante un permiso penitenciario temporal muestran un grave deterioro físico como consecuencia de la desnutrición severa provocada por la insuficiente alimentación, la falta de atención médica y la negación de medicamentos, circunstancias denunciadas reiteradamente por su familia. Su caso constituye una evidencia más del progresivo deterioro físico al que son sometidos numerosos presos políticos durante su permanencia en las cárceles cubanas.

Estos casos reflejan un patrón reiterado documentado por Prisoners Defenders: la denegación de atención médica, la insuficiente alimentación, la falta de medicamentos, las condiciones insalubres de reclusión y la negativa a proporcionar tratamiento especializado constituyen prácticas recurrentes que agravan deliberadamente el estado de salud de los presos políticos, a veces llevándolos a la muerte o al desahucio físico. Lejos de tratarse de hechos aislados, estas actuaciones sistemáticas y comunes a todos los presos políticos configuran un mecanismo de represión que pone en grave riesgo la vida y la integridad física de centenares de personas privadas de libertad por motivos políticos.

Represión preventiva contra activistas en vísperas del quinto aniversario del 11J
A escasos días del quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), las autoridades cubanas han desplegado una intensa operación de hostigamiento y represión preventiva contra activistas de distintas organizaciones y creadores de contenido, evidenciando el elevado nivel de alerta del aparato represivo ante cualquier posible expresión de movilización ciudadana.

Como antesala de esta escalada, el 2 de julio, numerosos activistas fueron impedidos de asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La respuesta de las autoridades incluyó operativos de vigilancia, cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, citaciones policiales y traslados forzosos a lugares alejados para impedir su participación en un acto estrictamente diplomático.

Entre las víctimas se encuentran integrantes, entre otros grupos, del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y las Damas de Blanco, quienes denunciaron operativos policiales y de la Seguridad del Estado desplegados desde horas antes del evento, con el único objetivo de impedir su desplazamiento y mantenerlos aislados.

Las Damas de Blanco denunciaron un amplio dispositivo represivo que rodeó sus viviendas hasta altas horas de la noche, con patrullas y numerosos agentes vestidos de civil, prolongando el cerco incluso después de finalizado el acto diplomático.

Especial gravedad reviste el caso de José Elías González Agüero, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), y del ex preso político Alexander Díaz Rodríguez, ambos detenidos arbitrariamente cuando intentaban asistir a la recepción. Según sus testimonios, tras ser arrestados fueron trasladados por agentes de la Seguridad del Estado a una zona boscosa y aislada en las afueras de La Habana, donde comenzaron los actos de mayor violencia. Alexander Díaz Rodríguez es el prisionero político que se fotografió al salir de prisión tras cumplir una condena de 5 años por el 11J en Cuba. Su foto dio la vuelta al mundo por ser similar o peor que las de campos de concentración como Auschwitz. En prisión, adquirió un estado crítico de salud marcado por un cáncer de garganta y tiroides en fase terminal junto con una hepatitis B, ambos adquiridos en prisión, una gastritis crónica y problemas estomacales asociados, anemia severa, pérdida de piezas dentales, y edemas en las extremidades, en un cuadro de desnutrición severa terminal causado por la desnutrición forzosa a la que son sometidos los presos en Cuba.

José Elías relató que fue conducido esposado al interior de un bosque, obligado a atravesar una cerca y avanzar hacia un lugar apartado, donde encontró a Alexander Díaz completamente desnudo sobre la hierba, rodeado de agentes armados. Ambos fueron obligados a desnudarse y permanecieron retenidos durante un largo periodo mientras los agentes les tomaban fotografías en esa situación con el aparente propósito de humillarlos y degradarlos. Durante esos momentos, uno de los agentes le colocó una pistola en la cabeza mientras le decía: «Se acabó tu historia y te vamos a matar aquí». Los represores llegaron incluso a realizar disparos tras retirar y volver a colocar el cargador del arma, simulando ejecuciones y sometiendo a ambos activistas a un intenso terror psicológico.

Los testimonios describen que además permanecieron durante largo tiempo esposados, semidesnudos y expuestos a los insectos y a las inclemencias del lugar, mientras continuaban las amenazas y las humillaciones. Posteriormente fueron trasladados durante horas en vehículos policiales por distintos puntos de la provincia sin justificación alguna, antes de ser devueltos a dependencias policiales.

Alexander Díaz, que ya había sufrido gravísimas secuelas físicas durante su anterior encarcelamiento político, fue además objeto de una agresión física especialmente violenta. Según el testimonio de José Elías, Alexander fue golpeado repetidamente por los agentes y uno de los responsables llegó a introducirle un papel por la fuerza en la boca mientras permanecía esposado. Cuando ambos volvieron a coincidir en la estación policial, José Elías pudo comprobar que Alexander presentaba visibles lesiones por todo el cuerpo como consecuencia de la golpiza recibida.

Otros activistas denunciaron patrones similares. Mario Alberto Hernández Leyva, del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), afirmó haber sido golpeado brutalmente dentro de una estación policial, donde los agentes le fracturaron la frente con una silla. Posteriormente fue trasladado esposado a una zona despoblada, obligado a desnudarse y fotografiado completamente desnudo. Lázaro Antonio Pérez González, también del MONR, denunció amenazas de encarcelamiento por negarse a acudir a una citación policial que coincidía con el evento diplomático.

La persecución no terminó con las liberaciones. En los días posteriores continuaron las citaciones y las amenazas contra varios de los afectados y sus familiares. Entre otros casos, José Elías González Agüero recibió una nueva citación policial bajo amenaza de ser acusado de “Desobediencia”, mientras que su esposa, Magalis Riva Cordero, y su hija, Sissi González Riva, también fueron convocadas por la Policía para supuestas «entrevistas», prolongando el hostigamiento sobre su familia.

La operación represiva desplegada con motivo de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos también alcanzó a jóvenes creadores de contenido con una creciente capacidad de influencia entre la juventud cubana. El 2 de julio, los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, fueron citados y retenidos por la Seguridad del Estado durante cerca de once horas para impedir su asistencia al evento diplomático. Durante los interrogatorios fueron amenazados con ser enviados a prisión por el contenido crítico que difunden en redes sociales y, en el caso de Abel Alejandro, permaneció encerrado durante parte del tiempo en un calabozo. Tras recuperar la libertad, ambos denunciaron que el verdadero objetivo del operativo era «silenciarnos y amedrentarnos», mientras que su padre permaneció durante toda la jornada a las puertas de la unidad policial tras haber recibido igualmente amenazas.

En los mismos días, las autoridades intensificaron el hostigamiento contra la joven influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente («Anna Bensi»), reabriendo un proceso penal que había sido archivado meses antes y sometiéndola nuevamente, junto a su madre, a medidas judiciales y nuevos interrogatorios. La reapertura de la causa se produjo tras más de ocho horas de interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado y en un contexto de creciente presión contra la joven por su actividad en redes sociales y sus pronunciamientos públicos críticos con el régimen. El proceso, basado en la grabación de un agente policial, había sido previamente archivado y fue reactivado coincidiendo con esta nueva escalada represiva.

La magnitud y coordinación de estos operativos constatan que las autoridades cubanas han intensificado las acciones de control social precisamente en los días previos al aniversario del 11J. La persecución sistemática de ciudadanos por intentar asistir a un acto diplomático pacífico demuestra que el aparato represivo del régimen cubano mantiene una estrategia de represión preventiva, destinada a neutralizar cualquier posibilidad de movilización social, aislar a la oposición y sembrar un clima de miedo antes de una fecha históricamente vinculada a las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en las últimas décadas. La intensidad de estas acciones permite anticipar un elevado riesgo de nuevas detenciones arbitrarias, cercos policiales y otras formas de represión durante los días que rodean el quinto aniversario del 11J.

Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de junio
Con datos cerrados al 30 de junio de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.306 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías”, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses -del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026- la lista sumó 264 presos políticos nuevos, un promedio de 22 al mes. Eso supone que, a lo largo de ese periodo, estuvieron presentes en la lista 1.415 prisioneros políticos, todos ellos torturados, como demostramos en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente para el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.

Cuba ha totalizado 2.112 presos políticos en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, en apenas cuatro años y once meses, de los cuales 1.965 han ingresado en prisión desde entonces.

Este pasado mes de junio han entrado en nuestra lista 32 nuevos prisioneros políticos. Otros 7 han salido de la lista este mes por cumplimientos íntegros de condena.

De los 1.306 prisioneros políticos:

40 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 38 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales de 9 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Son, por tanto, 410 menores los que padecen prisión cada año en Cuba, según ha podido confirmar Naciones Unidas.
16 de los menores del 11J han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los prisioneros políticos en Cuba antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
148 mujeres sufren actualmente autos fiscales, medidas cautelares y condenas políticas y de conciencia.
Entre los prisioneros políticos que permanecen entre rejas hemos censado 458 presos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 53 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
783 Convictos de Conciencia, 486 Condenados de Conciencia y 37 otros presos políticos
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:

La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, todo ello motivado por razones políticas y/o ideológicas.

Por ello, los 1.306 prisioneros políticos verificados por el ejercicio de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.

La clasificación actual es la siguiente:

37 casos de Otros Presos Políticos
783 Convictos de Conciencia
486 Condenados de Conciencia

ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).-Prisoners Defenders registra 1.339 prisioneros políticos en Cuba al cierre de agosto de 2026, tras 19 incorporaciones y 7 bajas. Entre ellos hay 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad.

Los casos documentados muestran cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras.

Entre quienes permanecen encarcelados, 463 padecen patologías médicas graves y 54 presentan trastornos graves de salud mental. El informe denuncia golpizas, trabajo forzoso, internamientos psiquiátricos forzosos y falta de atención médica.

Cuba cierra agosto de 2026 con 1.339 prisioneros políticos, un nuevo récord en décadas. Prisoners Defenders documentó 19 incorporaciones y 7 bajas por cumplimiento íntegro de condena: un aumento neto de 12 personas. En los últimos doce meses se incorporaron 281 nuevos prisioneros políticos, la cifra más alta en tres años.

El informe muestra cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede conducir a prisión y extender el castigo a familias enteras. La lista incluye 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 permanecen encarceladas. Entre quienes siguen entre rejas, hemos documentado 463 personas con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental, sin atención adecuada.

Les trasladamos los principales hallazgos del informe de agosto, que incorpora también actualizaciones de septiembre expresamente identificadas. Detrás de cada cifra hay personas y familias sometidas a encarcelamientos, amenazas, violencia y abandono médico.

La represión política castiga a familias enteras

Caridad Silvente Laffita y su hija Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, serán llevadas a juicio después de grabar y difundir un vídeo de agentes de la Seguridad del Estado que entregaban una citación en su domicilio el 10 de marzo. Ambas fueron inicialmente sometidas a reclusión domiciliaria. La causa, archivada en abril y reabierta en julio, podría acarrear hasta cinco años de prisión, según el apartado del artículo 393 del Código Penal que se invoque. Los agentes amenazaron a Caridad para que impidiera las denuncias públicas de su hija.

Ivisleivi Castellano Puig y su hijo Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años, fueron detenidos el 27 de agosto sin orden de arresto ni tutela judicial. Ella fue arrestada junto a ciudadanos presuntamente reunidos para una protesta pacífica y excarcelada el 2 de septiembre, tras pagar 3.000 pesos de multa y 7.000 de fianza. Su hijo, detenido cuando presuntamente realizaba un grafiti contra el régimen, permanece en Picota: la fianza de 50.000 pesos resulta inasumible para su familia. No ejerció violencia contra personas ni agentes.

Dairon Duque de Estrada Aguilera volvió a ser encarcelado después de cumplir íntegramente una condena de cuatro años y seis meses y salir de prisión el 27 de marzo. Su padre comunicó el reingreso a Prisoners Defenders; sigue en Boniato sin fundamento jurídico públicamente conocido. El padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer, también preso político, fue excarcelado bajo libertad condicional el 26 de agosto, sujeto a amenazas y restricciones. Mientras uno sale bajo control estatal, el otro vuelve a prisión.

El informe completo desarrolla estas cronologías y explica cómo los vínculos familiares se convierten en instrumentos de intimidación, presión económica y castigo.

Madres encarceladas por denunciar la falta de agua y electricidad

Doraykis Delgado González, madre de dos niños de siete y ocho años, fue detenida el 7 de julio tras transmitir una protesta en Alamar, La Habana, por más de un mes de apagones. Permanece en prisión provisional en El Guatao, por orden fiscal sin intervención judicial, acusada de «Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires». Las autoridades rechazaron modificar la medida cautelar pese a que padece hemofilia y necesita atención especializada. Sus hijos dependen del cuidado de vecinos mientras trabaja su padre.

Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue detenida en su vivienda de Lawton el 28 de agosto, después de denunciar más de dos semanas sin agua. La familia llegó a recoger agua de lluvia; una sobrina de ocho años estaba hospitalizada con dengue y deshidratación severa. Según Sady, una funcionaria ordenó que una pipa estatal no abasteciera su casa, aunque sí las de los vecinos, y la amenazó con prisión por difundir lo sucedido.

Cuatro agentes se llevaron a Sady delante de sus padres y de su hija. Fue trasladada al Centro de Torturas El Vivac, donde la familia denunció obstáculos iniciales para visitarla y entregarle alimentos y medicamentos. Fue excarcelada el 2 de septiembre, pero una fuente cercana informó de que debía firmar diariamente en una unidad policial; la resolución con las condiciones no se ha hecho pública.

La denuncia de la falta de servicios esenciales se convierte así en motivo de persecución, y la separación de madres e hijos multiplica sus consecuencias. Los testimonios y las circunstancias de ambos casos pueden leerse con mayor detalle en la nota íntegra.

Internamiento psiquiátrico forzoso y amenazas contra el pastor que lo denunció

Santiago Eliezer Fernández Pérez, «El Chiqui», expreso político, fue detenido en Cabaiguán tras colocar un cartel con la palabra «Trump» el 12 de agosto. Al día siguiente fue trasladado contra su voluntad a un hospital psiquiátrico, sin diagnóstico ni justificación médica públicamente conocidos. Tampoco se conocen los cargos o las garantías aplicadas.

El pastor Alian López Rodríguez lo visitó el 20 de agosto y denunció que Santiago desconocía la razón de su internamiento, presentaba desnutrición y retención urinaria y no recibía atención para esos padecimientos. A juicio del pastor, conservaba plenamente sus facultades mentales. Después de divulgar el caso, el religioso y su congregación sufrieron vigilancia e intimidación; denunció que un agente amenazaba con «fabricar una causa» para encarcelarlo. La represión alcanza también a quien documenta el abuso y al ejercicio de la libertad religiosa.

La Policía lo golpea y manipula su declaración, denuncia la familia

Walter Junior Blanco Prieto fue detenido el 4 de agosto durante una protesta pacífica por los apagones en La Habana Vieja. Los agentes lo esposaron violentamente, le propinaron golpes y, durante el traslado, uno presionó su cuello con la rodilla. Según su madre, pasó dos días sin alimentos ni agua potable.

Su familia denuncia que firmó una declaración bajo coacción y engaño, después de que le aseguraran que solo recibiría una multa. Posteriormente supo que el documento habría sido modificado para presentarlo como promotor de los disturbios. Permanece en prisión provisional en Valle Grande, sin acusación formal públicamente conocida. El informe detalla la secuencia denunciada y las vulneraciones de sus garantías.

Ocho detenidos por un toque de cazuelas y solo uno identificado

Al menos ocho personas fueron detenidas el 3 de agosto por un toque de cazuelas pacífico en Calabazar, La Habana. Solo hemos podido identificar plenamente y documentar a Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, incomunicado y en prisión provisional en El Vivac. Su familia no ha podido visitarlo ni conocer su estado de salud o su situación jurídica con claridad. Los otros siete casos siguen bajo investigación y no están incorporados a la lista, por falta de información suficiente.

Andy García Lorenzo: la condena terminó, la persecución no

Andy Dunier García Lorenzo, expreso de conciencia del 11J, fue detenido nuevamente el 30 de agosto en Santa Clara. Según su madre, pasaba cerca de una protesta por los apagones y sacó el teléfono para documentarla; no participaba en ella. Las autoridades anunciaron que pretendían acusarlo de «Desórdenes públicos».

Permaneció detenido más de 20 horas y fue excarcelado el 31 de agosto, mientras familiares y activistas reclamaban su libertad. Guillermo «Coco» Fariñas también fue detenido al acudir en apoyo de la familia y posteriormente liberado. Andy había cumplido íntegramente cuatro años de prisión y salido en julio de 2025. Desde entonces soporta vigilancia, citaciones y amenazas; dos meses antes le habían amenazado con cadena perpetua o pena de muerte. Cumplir la condena no pone fin a la persecución.

La prisión como castigo: golpizas, trabajo forzoso y abandono médico

Las enfermedades graves documentadas están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y se agravan por la negación de asistencia. Los siguientes casos muestran el riesgo para la vida y la integridad de los presos. El informe completo amplía los antecedentes médicos, las denuncias familiares y los pronunciamientos internacionales.

Ángel Serrano: golpeado por rechazar trabajo forzoso estando enfermo

Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años por manifestarse el 11J, fue esposado y golpeado el 26 de agosto en La Lima después de negarse a realizar trabajos incompatibles con su enfermedad de próstata, según denunció su hermano. La familia señala al jefe de la prisión, Teniente Coronel Parada. Pese a las lesiones, se le negó un examen médico. Las autoridades pretenden responsabilizarlo de la agresión y utilizan en su contra que gritara «Patria y Vida». Habría sido trasladado a la prisión de máxima seguridad 1580. La ONU ya declaró arbitraria su detención y exigió su liberación en la Opinión 13/2024.

Christian de Jesús Crespo: golpean a un menor y ocultan su estado de salud

Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, fue agredido en Canaleta después de rechazar la comida en protesta por su mala calidad. Su familia desconoce desde entonces su estado de salud. Detenido durante las protestas de marzo de 2026, permanece en prisión provisional. Contrajo hepatitis en prisión y no fue trasladado a un hospital; sufrió torturas y presiones para firmar declaraciones falsas. Como castigo por un supuesto intento de fuga, fue recluido junto a adultos peligrosos. Su familia denuncia que pretenden imputarle «Sabotaje» y «Evasión», sin acceso a la petición fiscal.

José Antonio Pompa: golpiza y traslado tras una protesta por falta de agua

José Antonio Pompa López, condenado a ocho años, fue golpeado y aislado después de una protesta por falta de agua en Agüica. Las autoridades lo señalaron como organizador, aunque otros presos lo negaron, y lo trasladaron a «La Polaca», una sección de mayor severidad con condenados a perpetua. Su esposa, Suarmy Hernández, advierte del peligro para su vida. La familia viene denunciando desnutrición, hostigamiento, falta de atención médica y restricciones de visitas y llamadas. El traslado agrava un encarcelamiento ya marcado por el aislamiento y el deterioro de salud.

Roberto Pérez Fonseca: atacado ante los guardias y sin atención adecuada

Actualización del 8 de septiembre: el hermano de Roberto Pérez Fonseca denunció que un preso común lo atacó ante funcionarios en Quivicán y llegó a sacar un cuchillo. La familia sospecha una provocación y desconoce si resultó herido o fue trasladado a una celda de castigo. Durante agosto ya presentaba fiebre alta y dificultades respiratorias compatibles con una posible neumonía, sin diagnóstico hospitalario confirmado. Cumple diez años por el 11J. La ONU declaró arbitraria su detención en la Opinión 51/2023 y exigió su liberación inmediata. Su familia reclama información, protección y atención hospitalaria urgente.

Siete años de prisión para un enfermo de cáncer

Actualización del 1 de septiembre: un tribunal de Las Tunas condenó a Carlos Alberto McDonald Ennis, de 55 años, a siete años por «Propaganda contra el orden constitucional». La sentencia no es firme y permanece fuera de prisión bajo fianza, pero amenaza con devolverlo a la cárcel mientras padece un cáncer maligno maxilofacial.

Necesita 35 sesiones de radioterapia y solo ha completado cuatro. El cáncer apareció y avanzó durante más de dos años de prisión provisional, entre negativas de atención médica. También padece diabetes e hipertensión. El tribunal fundamenta la condena en una supuesta vinculación con Cuba Primero que tanto Carlos como la organización niegan y que Prisoners Defenders rechaza. No acredita un acto violento, una publicación concreta atribuible a Carlos ni una conducta individual capaz de justificar la pena. La resolución y los antecedentes sanitarios se analizan en el informe completo: su regreso a prisión pondría en grave peligro la continuidad del tratamiento y su vida.

Las cifras y la clasificación de Prisoners Defenders

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 estuvieron presentes en la lista 1.453 prisioneros políticos, con 281 incorporaciones. Esta cifra acumulada se distingue de los 1.339 casos al cierre de agosto. Según nuestras investigaciones, todos esos 1.453 prisioneros sufrieron torturas. Nuestro Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba documentó estos patrones mediante el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2026 se han contabilizado 2.167 presos políticos, de los cuales 2.020 ingresaron en prisión desde entonces.

De la lista actual, 217 manifestantes fueron condenados por sedición, con una pena media de diez años. Dieciséis de los detenidos siendo menores por el 11J recibieron condenas por sedición de cinco años de media. La mayoría de estos últimos está actualmente en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.

La clasificación comprende 807 Convictos de Conciencia, 495 Condenados de Conciencia y 37 Otros Presos Políticos. Las dos primeras categorías distinguen privación y limitación de libertad derivadas de vulneraciones de derechos fundamentales y garantías procesales. La tercera agrupa casos con actos penalmente reprochables, pero con procesos y penas desproporcionados y graves vulneraciones por motivos políticos o ideológicos. El informe íntegro ofrece la metodología y el desglose completo.

ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).-   Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan una plataforma global que convierte más de seis décadas de misiones médicas cubanas en un expediente verificable por país, con la mayor cobertura que existe de datos históricos y actuales, Informes País, contratos, normativa, testimonios y pronunciamientos institucionales.

Informe Completo
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan CubanMedicalBrigades.Org, una plataforma que permite investigar, comparar y descargar información sobre las misiones médicas cubanas en 209 países y territorios. El mapa interactivo conecta la escala mundial del programa con la documentación de cada destino: personas enviadas, periodos, acuerdos, entidades intervinientes, cantidades pagadas, remuneración recibida por los profesionales, normativa aplicable y vulneraciones denunciadas.

La evidencia reunida muestra que los patrones jurídicos, económicos y disciplinarios impuestos a los profesionales cubanos configuran un sistema de trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud. La conclusión se sustenta en contratos opacos o inexistentes, confiscación salarial, vigilancia, restricciones de movimiento y de la vida privada, amenazas, acoso sexual, sanciones penales y migratorias y separación familiar forzosa.

¿Qué documenta Cuban Medical Brigades?

Cuban Medical Brigades es una infraestructura global para localizar y comparar información de las brigadas médicas cubanas por país, aportando también cifras a nivel global.
Cuban Medical Brigades reúne en un mismo sistema público 209 Informes País, series históricas, datos actuales, contratos, normativa, testimonios, violaciones de derechos humanos de cada misión y fuentes rastreables, con una cobertura geográfica inédita sobre las misiones médicas cubanas;
Cuban Medical Brigades es una cronología de misiones, actores, acuerdos y cifras;
Cuban Medical Brigades da acceso a las fuentes publicables que permiten rastrear las afirmaciones y conocer su respaldo;
Cuban Medical Brigades es un sistema de actualización que documenta cambios contractuales;
Cuban Medical Brigades incorpora indicadores estadísticos derivados de los 1.185 testimonios protegidos analizados, dentro de un corpus total de 1.402 testimonios; testimonios adicionales están siendo recabados y analizados para actualizar permanentemente los indicadores estadísticos.
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Cuban Medical Brigades
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Del mapa al expediente

La plataforma contiene 209 Informes País descargables. Cada uno distingue entre misiones activas, inactivas, canceladas o piloto y reúne, cuando la documentación lo permite, cifras de participantes, fechas, especialidades, acuerdos, contratos, entidades intermediarias, pagos, remuneraciones, normativa, testimonios, vulneraciones denunciadas y discrepancias entre fuentes.

1.402 testimonios

La investigación se apoya en 1.402 testimonios recabados y sistematizados por Prisoners Defenders desde 2018: 1.185 testimonios protegidos y 217 públicos, relativos a experiencias en 60 países. Todos los porcentajes estadísticos del informe se calculan exclusivamente sobre los 1.185 testimonios protegidos analizados.

Hallazgo 1: ausencia de consentimiento y contratación opaca

El 89,79 % de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado por razones coactivas, mientras que el 77,72 % declaró expresamente que su participación no fue voluntaria. El 32,41 % no recibió contrato alguno y el 36,20 % lo firmó, pero no obtuvo una copia. La dependencia económica y profesional, las restricciones migratorias y la presión política limitan sustancialmente la capacidad de prestar un consentimiento libre.

Hallazgo 2: vigilancia, disciplina y control de la vida privada

Los testimonios describen retirada de pasaportes, vigilancia, restricciones de movimiento, toques de queda, control de relaciones personales y obligación de informar sobre otros profesionales. La Resolución 368/2020 exige comunicar relaciones de pareja, regresar a Cuba en la fecha y por el medio de transporte indicados y someter numerosas actividades públicas y privadas a autorización. La Resolución 23/2016 ordena controlar y monitorear las trazas de navegación y condiciona las publicaciones a los fines de la sociedad socialista.

Hallazgo 3: jornadas extensas, salario reducido y objetivos no sanitarios

Los testimonios reflejan una media total de 71,89 horas semanales al sumar las jornadas ordinarias, las guardias y los servicios extraordinarios. El 60,84 % afirmó haber sido obligado a falsear al alza estadísticas de atención o actividad y el 65,32 % tuvo que realizar tareas vinculadas con la agenda política entre la población del país receptor. El ingreso neto medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales.

Hallazgo 4: amenazas, violencia y acoso

El 75,78 % afirmó haber sufrido o presenciado amenazas; el 21,86 %, violencia física atribuida a funcionarios o cometida con su aquiescencia; y el 43,12 %, acoso sexual en esas circunstancias. Los datos revelan un entorno reiterado de intimidación y violencia que exige mecanismos independientes de denuncia, protección frente a represalias, investigación efectiva y rendición de cuentas.

Hallazgo 5: la denominada “Ley de los 8 años”

Abandonar una misión puede significar perder durante años el derecho a regresar al propio país. La denominada “Ley de los ocho años” no es el título oficial de una norma única, sino la expresión utilizada por Prisoners Defenders para describir la combinación del artículo 176 del Código Penal, el artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración y la práctica administrativa documentada mediante certificados consulares y migratorios.

El 91,14 % afirmó haber sido advertido de que abandonar la misión supondría no poder regresar a Cuba durante ocho años. El 40,51 % declaró haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores y 53 personas afirmaron que se les impidió entrar en Cuba para verlos.

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La Ley de los 8 años
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Hallazgo 6: la cadena económica queda a la vista

La exportación de servicios profesionales constituye la principal fuente de divisas de Cuba. La reconstrucción realizada por Prisoners Defenders estimó que las misiones médicas generaron en 2021 ingresos próximos a 5.976 millones de dólares. El análisis de los testimonios calculó que el profesional recibía históricamente, en promedio, alrededor del 15 % de lo pagado por su trabajo, mientras que el Estado cubano y sus entidades intermediarias retenían o exigían devolver aproximadamente el 85 %.

Una escala que se entiende país por país

Con datos de corte de junio de 2026, Cuban Medical Brigades registra 53 misiones activas y estima 25.724 profesionales activos. La plataforma documenta además 9.646 profesionales clasificados como “desertores”. Cada cifra conserva su fuente, periodo y grado de certeza, evitando presentar como intercambiables datos obtenidos con definiciones o fechas diferentes.

Siete tendencias reveladas por los informes país

La actualización permite observar la expansión hacia clínicas privadas y estructuras comerciales; la utilización de personal cubano durante conflictos laborales locales; impagos y atrasos que trasladan el riesgo al trabajador; tareas políticas y disciplina ideológica; transformación de las misiones en plataformas para nuevos negocios; diferencias salariales extremas entre países y contratos; y exposición de los profesionales a zonas de conflicto, secuestros y graves riesgos de seguridad.

Un expediente institucional que ya no puede describirse como una sola denuncia

Desde 2019, las evidencias han sido examinadas mediante instrumentos de distinta naturaleza por los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, la OIT, la CIDH y REDESCA, Human Rights Watch y otras instituciones. Sus comunicaciones, observaciones, informes y recomendaciones han abordado indicadores de trabajo forzoso, formas contemporáneas de esclavitud, separaciones familiares, vigilancia, confiscación salarial, falta de libertad contractual y posibles situaciones de trata.

Parlamento Europeo: 5 resoluciones sobre el trabajo forzoso de las misiones cubanas

Cuatro resoluciones del Parlamento Europeo, aprobadas en 2021, 2021, 2024 y 2026, contienen condenas directas o inequívocas de las vulneraciones laborales o el trabajo forzoso en las misiones. Una quinta resolución, de julio de 2023, constituye un antecedente adicional al recoger alegaciones de trata de trabajadores civiles cubanos mediante normas coercitivas y la prohibición de regreso durante ocho años.

En España, el Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2024 una proposición no de ley por 18 votos contra 17, y el Senado aprobó en abril de 2026 una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios en condiciones calificadas como explotación laboral y trabajo forzoso.

Metodología y control de calidad

Cada Informe País combina fuentes oficiales cubanas y del país receptor, acuerdos, normativa, presupuestos, contratos, registros públicos, pronunciamientos internacionales, investigación académica, periodismo verificable, testimonios y documentación aportada por las víctimas. Los materiales sensibles se censuran cuando pueden identificar a una persona, y se distinguen los hechos documentados, las estimaciones, las alegaciones, las posiciones oficiales y las conclusiones institucionales.

La posición de Cuba y el valor de la atención médica

El Estado cubano niega las acusaciones de esclavitud moderna, trabajo forzoso y trata, sostiene que la participación es voluntaria y presenta las misiones como cooperación solidaria. Sin embargo, que un profesional cubano preste una atención necesaria o vital no convierte en lícita ni solidaria la estructura que lo explota. Los Estados, organismos y empresas que contratan, pagan o se benefician de estas misiones tienen obligaciones propias de transparencia, diligencia debida y prevención del trabajo forzoso.

Lo que exigen Prisoners Defenders y Consorcio Justicia

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigen eliminar las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares asociadas al abandono de una misión; publicar íntegramente acuerdos, contratos y anexos financieros; garantizar la contratación libre y el pago directo de toda la remuneración; reconocer el derecho a conservar el pasaporte, circular y regresar a Cuba sin represalias; establecer mecanismos independientes de denuncia e inspección; y auditar en los países receptores el destino de los fondos.

Presentación conjunta

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan conjuntamente Cuban Medical Brigades, una iniciativa desarrollada mediante la colaboración de ambas organizaciones para ofrecer un sistema global de información, verificación y rendición de cuentas sobre las misiones médicas cubanas.

ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).-   Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan una plataforma global que convierte más de seis décadas de misiones médicas cubanas en un expediente verificable por país, con la mayor cobertura que existe de datos históricos y actuales, Informes País, contratos, normativa, testimonios y pronunciamientos institucionales.

Informe Completo
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan CubanMedicalBrigades.Org, una plataforma que permite investigar, comparar y descargar información sobre las misiones médicas cubanas en 209 países y territorios. El mapa interactivo conecta la escala mundial del programa con la documentación de cada destino: personas enviadas, periodos, acuerdos, entidades intervinientes, cantidades pagadas, remuneración recibida por los profesionales, normativa aplicable y vulneraciones denunciadas.

La evidencia reunida muestra que los patrones jurídicos, económicos y disciplinarios impuestos a los profesionales cubanos configuran un sistema de trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud. La conclusión se sustenta en contratos opacos o inexistentes, confiscación salarial, vigilancia, restricciones de movimiento y de la vida privada, amenazas, acoso sexual, sanciones penales y migratorias y separación familiar forzosa.

¿Qué documenta Cuban Medical Brigades?

Cuban Medical Brigades es una infraestructura global para localizar y comparar información de las brigadas médicas cubanas por país, aportando también cifras a nivel global.
Cuban Medical Brigades reúne en un mismo sistema público 209 Informes País, series históricas, datos actuales, contratos, normativa, testimonios, violaciones de derechos humanos de cada misión y fuentes rastreables, con una cobertura geográfica inédita sobre las misiones médicas cubanas;
Cuban Medical Brigades es una cronología de misiones, actores, acuerdos y cifras;
Cuban Medical Brigades da acceso a las fuentes publicables que permiten rastrear las afirmaciones y conocer su respaldo;
Cuban Medical Brigades es un sistema de actualización que documenta cambios contractuales;
Cuban Medical Brigades incorpora indicadores estadísticos derivados de los 1.185 testimonios protegidos analizados, dentro de un corpus total de 1.402 testimonios; testimonios adicionales están siendo recabados y analizados para actualizar permanentemente los indicadores estadísticos.
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Cuban Medical Brigades
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Del mapa al expediente

La plataforma contiene 209 Informes País descargables. Cada uno distingue entre misiones activas, inactivas, canceladas o piloto y reúne, cuando la documentación lo permite, cifras de participantes, fechas, especialidades, acuerdos, contratos, entidades intermediarias, pagos, remuneraciones, normativa, testimonios, vulneraciones denunciadas y discrepancias entre fuentes.

1.402 testimonios

La investigación se apoya en 1.402 testimonios recabados y sistematizados por Prisoners Defenders desde 2018: 1.185 testimonios protegidos y 217 públicos, relativos a experiencias en 60 países. Todos los porcentajes estadísticos del informe se calculan exclusivamente sobre los 1.185 testimonios protegidos analizados.

Hallazgo 1: ausencia de consentimiento y contratación opaca

El 89,79 % de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado por razones coactivas, mientras que el 77,72 % declaró expresamente que su participación no fue voluntaria. El 32,41 % no recibió contrato alguno y el 36,20 % lo firmó, pero no obtuvo una copia. La dependencia económica y profesional, las restricciones migratorias y la presión política limitan sustancialmente la capacidad de prestar un consentimiento libre.

Hallazgo 2: vigilancia, disciplina y control de la vida privada

Los testimonios describen retirada de pasaportes, vigilancia, restricciones de movimiento, toques de queda, control de relaciones personales y obligación de informar sobre otros profesionales. La Resolución 368/2020 exige comunicar relaciones de pareja, regresar a Cuba en la fecha y por el medio de transporte indicados y someter numerosas actividades públicas y privadas a autorización. La Resolución 23/2016 ordena controlar y monitorear las trazas de navegación y condiciona las publicaciones a los fines de la sociedad socialista.

Hallazgo 3: jornadas extensas, salario reducido y objetivos no sanitarios

Los testimonios reflejan una media total de 71,89 horas semanales al sumar las jornadas ordinarias, las guardias y los servicios extraordinarios. El 60,84 % afirmó haber sido obligado a falsear al alza estadísticas de atención o actividad y el 65,32 % tuvo que realizar tareas vinculadas con la agenda política entre la población del país receptor. El ingreso neto medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales.

Hallazgo 4: amenazas, violencia y acoso

El 75,78 % afirmó haber sufrido o presenciado amenazas; el 21,86 %, violencia física atribuida a funcionarios o cometida con su aquiescencia; y el 43,12 %, acoso sexual en esas circunstancias. Los datos revelan un entorno reiterado de intimidación y violencia que exige mecanismos independientes de denuncia, protección frente a represalias, investigación efectiva y rendición de cuentas.

Hallazgo 5: la denominada “Ley de los 8 años”

Abandonar una misión puede significar perder durante años el derecho a regresar al propio país. La denominada “Ley de los ocho años” no es el título oficial de una norma única, sino la expresión utilizada por Prisoners Defenders para describir la combinación del artículo 176 del Código Penal, el artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración y la práctica administrativa documentada mediante certificados consulares y migratorios.

El 91,14 % afirmó haber sido advertido de que abandonar la misión supondría no poder regresar a Cuba durante ocho años. El 40,51 % declaró haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores y 53 personas afirmaron que se les impidió entrar en Cuba para verlos.

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La Ley de los 8 años
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Hallazgo 6: la cadena económica queda a la vista

La exportación de servicios profesionales constituye la principal fuente de divisas de Cuba. La reconstrucción realizada por Prisoners Defenders estimó que las misiones médicas generaron en 2021 ingresos próximos a 5.976 millones de dólares. El análisis de los testimonios calculó que el profesional recibía históricamente, en promedio, alrededor del 15 % de lo pagado por su trabajo, mientras que el Estado cubano y sus entidades intermediarias retenían o exigían devolver aproximadamente el 85 %.

Una escala que se entiende país por país

Con datos de corte de junio de 2026, Cuban Medical Brigades registra 53 misiones activas y estima 25.724 profesionales activos. La plataforma documenta además 9.646 profesionales clasificados como “desertores”. Cada cifra conserva su fuente, periodo y grado de certeza, evitando presentar como intercambiables datos obtenidos con definiciones o fechas diferentes.

Siete tendencias reveladas por los informes país

La actualización permite observar la expansión hacia clínicas privadas y estructuras comerciales; la utilización de personal cubano durante conflictos laborales locales; impagos y atrasos que trasladan el riesgo al trabajador; tareas políticas y disciplina ideológica; transformación de las misiones en plataformas para nuevos negocios; diferencias salariales extremas entre países y contratos; y exposición de los profesionales a zonas de conflicto, secuestros y graves riesgos de seguridad.

Un expediente institucional que ya no puede describirse como una sola denuncia

Desde 2019, las evidencias han sido examinadas mediante instrumentos de distinta naturaleza por los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, la OIT, la CIDH y REDESCA, Human Rights Watch y otras instituciones. Sus comunicaciones, observaciones, informes y recomendaciones han abordado indicadores de trabajo forzoso, formas contemporáneas de esclavitud, separaciones familiares, vigilancia, confiscación salarial, falta de libertad contractual y posibles situaciones de trata.

Parlamento Europeo: 5 resoluciones sobre el trabajo forzoso de las misiones cubanas

Cuatro resoluciones del Parlamento Europeo, aprobadas en 2021, 2021, 2024 y 2026, contienen condenas directas o inequívocas de las vulneraciones laborales o el trabajo forzoso en las misiones. Una quinta resolución, de julio de 2023, constituye un antecedente adicional al recoger alegaciones de trata de trabajadores civiles cubanos mediante normas coercitivas y la prohibición de regreso durante ocho años.

En España, el Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2024 una proposición no de ley por 18 votos contra 17, y el Senado aprobó en abril de 2026 una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios en condiciones calificadas como explotación laboral y trabajo forzoso.

Metodología y control de calidad

Cada Informe País combina fuentes oficiales cubanas y del país receptor, acuerdos, normativa, presupuestos, contratos, registros públicos, pronunciamientos internacionales, investigación académica, periodismo verificable, testimonios y documentación aportada por las víctimas. Los materiales sensibles se censuran cuando pueden identificar a una persona, y se distinguen los hechos documentados, las estimaciones, las alegaciones, las posiciones oficiales y las conclusiones institucionales.

La posición de Cuba y el valor de la atención médica

El Estado cubano niega las acusaciones de esclavitud moderna, trabajo forzoso y trata, sostiene que la participación es voluntaria y presenta las misiones como cooperación solidaria. Sin embargo, que un profesional cubano preste una atención necesaria o vital no convierte en lícita ni solidaria la estructura que lo explota. Los Estados, organismos y empresas que contratan, pagan o se benefician de estas misiones tienen obligaciones propias de transparencia, diligencia debida y prevención del trabajo forzoso.

Lo que exigen Prisoners Defenders y Consorcio Justicia

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigen eliminar las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares asociadas al abandono de una misión; publicar íntegramente acuerdos, contratos y anexos financieros; garantizar la contratación libre y el pago directo de toda la remuneración; reconocer el derecho a conservar el pasaporte, circular y regresar a Cuba sin represalias; establecer mecanismos independientes de denuncia e inspección; y auditar en los países receptores el destino de los fondos.

Presentación conjunta

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentan conjuntamente Cuban Medical Brigades, una iniciativa desarrollada mediante la colaboración de ambas organizaciones para ofrecer un sistema global de información, verificación y rendición de cuentas sobre las misiones médicas cubanas.

ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS).-  Prisoners Defenders documenta un nuevo récord absoluto de 1.351 prisioneros políticos en Cuba al cierre de septiembre de 2026, tras incorporar 50 nuevos casos y registrar 38 bajas. La represión alcanza a pastores, creyentes, periodistas, manifestantes y adolescentes. Un pastor fue encarcelado tras convocar una oración pública por Cuba; una causa presentada como terrorismo contempla peticiones de hasta 30 años de prisión; y 476 presos políticos enfermos permanecen entre rejas en condiciones de grave desatención médica.

Prisoners Defenders publica su informe mensual con datos cerrados al 30 de septiembre de 2026. La lista reúne 1.351 prisioneros políticos y de conciencia, entre personas encarceladas y sometidas a condenas o medidas restrictivas de libertad. Durante septiembre se incorporaron 50 casos verificados y se registraron 38 bajas, mayoritariamente por cumplimiento de condena.

La persecución de comunidades cristianas, el castigo penal de las protestas por servicios básicos, la represión del periodismo independiente y la utilización de procesos judiciales sin garantías configuran un panorama de creciente gravedad. Algunos hechos especialmente relevantes ocurridos en los primeros días de octubre también se documentan en este informe, sin incorporarlos al balance de septiembre cuando corresponde.

La represión religiosa: encarcelado por convocar una oración pública

El pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada de Camagüey, fue detenido el 26 de septiembre después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba. Ante las advertencias policiales, pidió a los participantes que no asistieran para evitar incidentes. Fue arrestado cuando acudió solo al lugar previsto. Permanece en prisión provisional en Cerámica Roja, Camagüey, acusado de «Desobediencia». Christian Solidarity Worldwide informó de que estuvo nueve días incomunicado; también se denunció la denegación de su libertad bajo fianza. Su hija de 16 años se encontraba hospitalizada en cardiología, según la misma organización. El pastor ya había sufrido represalias por prestar ayuda a familias de presos políticos.

El laico católico Elías Heli González Palma permanece en prisión provisional en Valle Grande, acusado de «Desórdenes públicos», después de que las autoridades lo vincularan a una protesta por agua, electricidad y combustible para cocinar realizada desde su propia vivienda. Su encarcelamiento interrumpe la preparación de alimentos gratuitos para ancianos y afecta al cuidado de sus dos hijos menores.

Guillermo Lázaro Duarte Conde, custodio y miembro de una iglesia evangélica, permanece también en prisión provisional en Valle Grande. Fue detenido tras una protesta vecinal por la falta de agua y electricidad. Según su familia, presenta una discapacidad intelectual que agrava extraordinariamente su vulnerabilidad.

La represión continuó en octubre con la detención del pastor Ariel Limias Leyva, arrestado el día 2 tras protestar pacíficamente ante el Capitolio de La Habana. Su familia informó de que se le atribuye «Propaganda enemiga contra el orden constitucional». Padece graves antecedentes cardíacos, incluido un infarto con parada cardiorrespiratoria ocurrido en enero.

Anna Bensi y su madre: condenadas y perseguidas por publicar un vídeo

El 1 de octubre, un tribunal declaró culpables a Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre, Caridad Silvente Laffita, y anunció oralmente para cada una una pena de dos años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad. El proceso se originó por la grabación y publicación de un vídeo en su domicilio en el que aparecía un agente de civil entregando una citación. Ambas ya sufrían restricciones domiciliarias desde marzo.

La represión se extendió a quienes intentaron acudir al juicio para acompañarlas. El pastor Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», y el creador cristiano David Espinosa Martínez fueron detenidos. Otros jóvenes sufrieron vigilancia, restricciones de movimiento y amenazas. Anthony Martínez, artista y creador cristiano, denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a publicar vídeos críticos.

Una causa presentada como «terrorismo»: peticiones de hasta 30 años de prisión

El informe analiza el Expediente de Fase Preparatoria 551/2023, en el que la Fiscalía solicita penas de entre 3 y 30 años de prisión. Prisoners Defenders denuncia gravísimas vulneraciones del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa, así como peticiones de condena desproporcionadas respecto de las conductas individualmente atribuidas.

Leandro Cristian Palmero Guevara fue detenido cuando tenía 17 años y afronta una petición de 12 años de prisión, sin que el escrito fiscal le atribuya un acto concreto consumado. Elizabeth Boloy Padilla y su hija Elianis Castañeda Boloy afrontan peticiones de 12 y 10 años, respectivamente.

La Fiscalía solicita también penas de tres a cinco años para diversas personas a las que su propio relato no atribuye participación efectiva en los hechos investigados, o cuya negativa a colaborar reconoce. Luis Manuel Tabío Fonseca afronta una petición de 12 años, aunque el escrito indica que no mostró simpatía por la supuesta propuesta delictiva.

Prisoners Defenders considera que el procedimiento presenta un uso represivo de la acusación penal, denuncias de declaraciones obtenidas bajo tortura y ausencia de garantías judiciales efectivas. Las imputaciones no pueden convertirse en culpabilidad colectiva sin prueba individual y un proceso con garantías. Los afectados han sido incorporados a la categoría de Otros Presos Políticos, sin prejuzgar su responsabilidad penal individual.

Periodistas y activistas: prisión provisional, intimidación y castigo a la disidencia

El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey y permanece en prisión provisional en Kilo 7, acusado de «Desobediencia». Su defensa denunció la falta de acceso al expediente y la inadmisión de un recurso de habeas corpus. La Sociedad Interamericana de Prensa ha exigido su liberación.

La persecución alcanzó también a su pareja, la periodista Alejandra García, quien denunció amenazas e interrogatorios de agentes de la Seguridad del Estado. Según su testimonio, los agentes llegaron a insinuar que algo podría sucederle a ella y afectar a Henry.

Alexis Hernández Cañizares, activista con antecedentes documentados de detenciones políticas desde 2015, permanece en prisión provisional en Valle Grande, acusado de «Atentado». Dasmildo Moreno Guerra cumple tres años de prisión en Guamajal, después de expresar su rechazo al régimen desde el tejado de su propia vivienda. La documentación del caso sitúa la intervención policial violenta antes de los hechos utilizados para imputarle «Atentado». Su hija también ha recibido amenazas, según las denuncias recogidas.

Reclamar agua y electricidad: adolescentes enfermos y manifestantes encarcelados

Yordenkis Fonseca, adolescente con epilepsia, fue detenido a finales de julio tras un cacerolazo pacífico en Oriente Rebelde, Camagüey, para reclamar agua potable y electricidad. Ha permanecido en prisión provisional y sufrió varias crisis epilépticas que requirieron traslados hospitalarios, según la información documentada. Su familia denunció la falta de información clara sobre los cargos.

En La Habana, el joven veterinario Roberto Ponce Valdespino fue detenido a comienzos de septiembre tras una protesta vecinal por apagones y falta de agua. Los testimonios recogidos denuncian una brutal golpiza policial, impedimentos para las visitas familiares y amenazas contra quienes hicieran pública su situación.

En Ciego de Ávila, Eleiner Torres Verdecia y Andrés Guillén Pedrosa continúan encarcelados provisionalmente en Canaleta por las protestas de marzo. Según la documentación del informe, Guillén llevaba siete meses detenido sin haber sido presentado ante un juez.

La enfermedad como instrumento de represión: 476 presos enfermos y 53 con graves trastornos mentales

Prisoners Defenders documenta 476 presos políticos con patologías médicas graves entre quienes permanecen encarcelados, agravadas por la desnutrición, los malos tratos, las condiciones penitenciarias y la negación de asistencia médica. Además, 53 presos entre rejas presentan trastornos psicológicos, psiquiátricos, cognitivos o neurológicos graves, sin tratamiento adecuado. Ambas cifras describen problemas de salud y no deben sumarse como grupos necesariamente distintos.

Roberto Ángel Piloto Rodríguez, encarcelado desde 2021, padece insuficiencia renal, anemia, desnutrición y otras afecciones. Denunció que durante casi un mes la prisión le negó los materiales necesarios para un procedimiento médico, que tuvo que conseguir su familia. En una llamada relató desmayos, vómitos y un grave deterioro de su estado físico.

Entre los presos con problemas graves de salud mental, el informe identifica cuatro casos con antecedentes de intentos de suicidio: Pedro Carlos Camacho Ochoa, Jorge Iván Díaz Puig, Dayron Martín Rodríguez y Mayelín Rodríguez Prado. También documenta discapacidades intelectuales y cognitivas, cuadros psiquiátricos severos y falta de atención especializada.

Las cifras de la represión: 1.351 prisioneros políticos, 40 detenidos siendo menores

Con datos cerrados al 30 de septiembre de 2026:

• 1.351 prisioneros políticos y de conciencia, nuevo récord absoluto.

• 50 nuevos casos incorporados a la lista en septiembre y 38 bajas.

• 318 nuevos casos incorporados durante los últimos 12 meses, una media de 26,5 al mes.

• 152 mujeres sometidas a medidas o condenas políticas y de conciencia.

• 40 personas detenidas cuando eran menores de edad: 37 chicos y 3 chicas.

• 14 menores del 11J condenados por «Sedición», con penas medias de cinco años.

• 214 manifestantes condenados por «Sedición», con penas medias de diez años: 138 permanecen entre rejas y 76 cumplen penas domiciliarias o de trabajo forzoso sin internamiento.

• 476 presos con patologías médicas graves y 53 presos con graves problemas de salud mental, entre quienes permanecen encarcelados.

Desde julio de 2021 hasta septiembre de 2026, 2.217 presos políticos han pasado por las cárceles cubanas, según el balance de Prisoners Defenders; 2.070 ingresaron en prisión durante ese período.

La clasificación actual de la lista comprende 802 Convictos de Conciencia, 496 Condenados de Conciencia y 53 Otros Presos Políticos. El total incluye tanto a personas encarceladas como a quienes sufren condenas o medidas restrictivas fuera de prisión.

ENMAYUSCULA, (ADNCUBANEWS).- El vicecanciller argentino Leopoldo Sahores se reunió con la activista cubana Camila Rodríguez, directora de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., proyecto que agrupa a Justicia 11J y al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

En el encuentro, Rodríguez conversó con Sahores sobre la situación de los presos políticos en Cuba.

La activista y exiliada cubana agradeció al diplomático por escuchar “sobre la situación de centenares de personas inocentes, presas en #Cuba por ejercer derechos humanos. Gracias también por apoyar nuestros deseos de una Cuba democrática”.

Actualmente en la isla existen al menos unos 1100 prisioneros políticos, según el último informe de Prisoners Defenders (PD).

De acuerdo con el reporte, en los últimos 12 meses -1 de mayo de 2023 a 30 de abril de 2024- la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 180 nuevos presos políticos. Esto representa un promedio de 15 presos políticos nuevos cada mes.

A lo largo de estos 12 meses integraron la lista un total de 1.217 prisioneros políticos.

En el pasado mes de abril ingresaron a la lista de PD 13 nuevos prisioneros políticos y fueron liberados cinco, tras el cumplimiento íntegro de la condena.

El informe añade que siguen figurando 30 menores, 29 niños y una niña en la lista de presos políticos; de ellos, aún 27 cumplen condena y otros tres están siendo procesados penalmente.

La cifra de mujeres prisioneras por motivos políticos actualmente es de 118. La ONG hace énfasis en las mujeres trans detenidas, que están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas comunes, que sufren discriminación y malos tratos.

Por último, suman ya 297 presos con patologías médicas graves sin tratamiento adecuado, mayormente por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica.

WASHINGTON, (ADNCUBANEWS).- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y otras seis organizaciones pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) una visita in loco a Cuba para verificar la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), declaró a ADN Cuba que "la audiencia sobre medidas cautelares de la CIDHen Cuba evidenció la sistematización de la violación del debido proceso y el trato inhumano y lesivo para la integridad física de los presos de conciencia”.

“Como paso prioritario-dijo- las ONGs que trabajamos en Cuba vemos indispensable que la comunidad internacional conozca la situación de los presos y sus familias de forma presencial, pues se hace primordial humanizar una situación que leída desde la distancia no adquiere la dimensión que amerita".

También la directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, explicó  a ADNCuba que esta iniciativa "es un buen síntoma, aunque todavía falta mucho por entender del contexto de la privación de libertad, la huelga como forma de protesta, sobre cómo funciona el sistema penitenciario y el judicial".

La solicitud se hizo en el marco de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 7 de noviembre, en la que se revisaron las medidas cautelares a favor de al menos una decena de presos políticos.

Las organizaciones firmantes recordaron que en la isla hay más de 1000 prisioneros políticos luego de las protestas antigubernamentales de julio de 2021, que son castigados con ensañamiento.

Otras organizaciones firmantes de la solicitud son Cubalex, Artículo 19, Civil Rights Defenders, Fundación para la Democracia Panamericana, Prisoners Defenders y Observatorio Cubano de Derechos Humanos.Las organizaciones hicieron una serie de recomendaciones a la OEA

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