IMG 5860 RET copiaENMAYÚSCULA.- Con diversas modificaciones al articulado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes el tercer bloque de artículos al Proyecto de Ley No.292, que reforma el Código Electoral.

En la discusión del tercer bloque, se tratan temas como proceso electoral, proclamaciones, normas generales, postulaciones a diversos cargos por partido y libre postulación, Asamblea Constituyente Paralela, diputados del Parlamento Centroamericano, boletas de votación y la votación.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Quibian Panay, solicitó que los temas de las primarias, las postulaciones y las elecciones de candidaturas a diputados fueran pasados al quinto bloque de discusión, porque están en proceso de consenso y de redacción.

Durante la primera vuelta de la discusión del tercer bloque, hicieron uso de la palabra por 15 minutos las diputadas Ana Matilde Gómez y Crescencia Prado. Ambas se refirieron a temas como las alianzas de los partidos políticos y los candidatos de libre postulación, así como la doble postulación. Durante la segunda vuelta de 10 minutos, participó el diputado Carlos Afú, que trató el tema del proceso de votación.

Con la nueva metodología de discusión solicitada por el diputado Panay, en el bloque 4 se tratarán las faltas electorales, faltas administrativas, prescripción electoral, sanciones morales y doble instancia.

En el bloque 5, serán discutidos el voto adelantado, limitaciones a los servidores públicos en materia electoral, financiamiento público, facilidades electorales, financiamiento privado, primarias, campaña y propaganda electoral, fuero electoral, fuero penal, fuero penal electoral y género, así como los artículos nuevos que no hayan sido compaginados en grupos anteriores.

El proyecto de ley llegó en enero de 2016 a la Asamblea Nacional. Serán estas nuevas reglas electorales las que regirán para las elecciones de mayo de 2019.

Los tres magistrados del Tribunal Electoral estuvieron presentes durante la discusión de este bloque, Eduardo Valdés Escoffery, Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, así como también el director de Organización Electoral, Osman Valdés, y la directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz Maribel Jaén.

ENMAYÚSCULA.- La coalición VAMOS llegó este viernes al Tribunal Electoral con más de 70 mil declaraciones de voluntad de ciudadanos que expresaron su intención de formar parte del partido político que la agrupación busca constituir.

La entrega se produjo 27 días después de que VAMOS anunciara, el 29 de agosto, su decisión de iniciar el proceso para convertirse en partido político. Desde el 30 de agosto, la agrupación comenzó la recolección de las declaraciones necesarias para presentar la solicitud ante el Tribunal Electoral.

El momento de la entrega coincide con el debate de una reforma electoral que podría modificar las condiciones para la creación de nuevos partidos. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó el 23 de septiembre, en primer debate, el Proyecto de Ley 699, que introduce cambios al Código Electoral, entre ellos modificaciones relacionadas con la formación de partidos políticos.

Uno de los cambios aprobados plantea eliminar el numeral 5 del artículo 66 del Código Electoral, que actualmente establece que las firmas de los iniciadores deben contabilizarse dentro del total de adherentes exigido para constituir un partido.

Con la legislación vigente, la solicitud para iniciar la formación de un partido debe estar respaldada por al menos 500 ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, con requisitos de representación territorial. Esas firmas corresponden a la etapa inicial del proceso y no constituyen por sí solas el número de adherentes necesario para que un partido sea reconocido legalmente.

En el caso de VAMOS, la agrupación sostiene que las más de 70 mil declaraciones entregadas superan ampliamente el mínimo de 500 iniciadores establecido actualmente.

La controversia sobre las reglas electorales adquiere especial relevancia para VAMOS porque la reforma también plantea cambios en el número de adherentes requeridos para la constitución de nuevos partidos. Un análisis publicado esta semana señaló que elevar el requisito del 2% al 3% de los votos válidos de la última elección llevaría la cifra de 45,503 a aproximadamente 68,255 adherentes, tomando como referencia los resultados de las elecciones de 2024.

VAMOS ha cuestionado esos cambios y ha advertido que algunas de las modificaciones aprobadas en primer debate podrían afectar su proceso de constitución. Las diputadas de la bancada que participaron en la Comisión de Gobierno, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, votaron en contra del proyecto en esa instancia.

Además de las declaraciones de voluntad, la agrupación entregó al Tribunal Electoral su Declaración de Principios, Programa de Gobierno, Estatutos y demás documentos requeridos para continuar con el trámite.

Juan Diego Vásquez, líder de VAMOS, sostuvo que el proceso busca incorporar a los ciudadanos desde la etapa de formación de la organización y afirmó que el objetivo es construir el colectivo a partir de quienes se han sumado como fundadores.

ENMAYÚSCULA.- La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició este miércoles el primer debate del proyecto de ley 699, que propone reformas al Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.

La comisión, presidida por el diputado Benicio Robinson, estableció un mecanismo de participación que otorgó 30 minutos a los diputados que integran la instancia, 10 minutos a los diputados con derecho a voz que se inscribieron para intervenir y cinco minutos a las organizaciones y ciudadanos interesados en presentar propuestas.

Durante la jornada participaron los diputados Janine Prado y Jorge González, mientras que por la sociedad civil intervinieron Esperanza Rodríguez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá; Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; Elia López de Tulipano, de la Alianza de Mujeres de Panamá; Julio César Pérez, profesor de la Universidad Santa María La Antigua (Usma), y el ciudadano Juan de Dios Caballero.

También participó la abogada Alma Cortés, delegada de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Entre los temas planteados durante la discusión estuvieron la paridad de género, la reducción del financiamiento estatal, los límites al financiamiento privado, las facultades del Tribunal Electoral (TE) para reglamentar durante el proceso electoral y los mecanismos de postulación de candidatos independientes y de creación de nuevos partidos políticos.

El proyecto de ley 699 contiene cerca de 169 artículos y propone cambios en materias como el financiamiento político, los requisitos para constituir partidos y las candidaturas por libre postulación.

La comisión se declaró en sesión permanente y acordó retomar la discusión el próximo miércoles. En esa jornada está prevista la intervención de los nueve diputados que integran la comisión y la revisión de las propuestas de modificación presentadas antes de someter el proyecto a votación.

“Nosotros hemos sido amplios; en la sesión leímos todos los artículos de este proyecto de ley para que la ciudadanía vea qué reformas vamos a tener y cuáles van a ser las reglas del juego para el próximo torneo electoral de 2029”, dijo Robinson.

ENMAYÚSCULA.- El Tribunal Electoral de Panamá rechazó la noche del domingo, 17 de octubre, un paquete de artículos del Código Electoral, aprobados por la Asamblea Nacional y pidió al presidente Laurentino Cortizo su veto.

En un extenso comunicado, advirtieron que podrían presentar varias demandas de inconstucionalidad contra el texto.

Los tres magistrados del Tribunal reclamaron que no se logró la paridad fememina, un incremento del financiamiento público para candidatos de libre postulación y no se modificó la forma en que se elige a los diputados,

COMUNICADO A LA NACIÓN SOBRE LAS REFORMAS ELECTORALES

Panamá, 17 de octubre de 2021. El Tribunal Electoral comunica al país la decisión de rechazar el Proyecto de ley 544 aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate, el pasado viernes 15 de octubre, por el cual se reforma del Código Electoral, decisión que se traducirá, en solicitar, por un lado, al presidente de la República, que objete el referido proyecto de ley por razones de inexequibilidad (inconstitucional) y/o de inconveniencia; y, por el otro, en ejercer las demandas de inconstitucionalidad que abajo explicamos.

Si bien el proyecto representa avances en varias materias, ha impedido la corrección de aspectos fundamentales del sistema electoral que son indispensables para el fortalecimiento de la democracia electoral panameña, por lo que se produciría, de ser sancionado, un preocupante estancamiento, de espaldas al clamor ciudadano.

El Tribunal Electoral reitera su posición de que es necesario corregir los siguientes temas vitales del sistema electoral panameño:

1. La forma de asignar las curules por residuo en los circuitos plurinominales. El proyecto 544 propuso un sistema que cumple a plena cabalidad con el mandato constitucional de garantizar el principio de representación proporcional, y esta propuesta fue eliminada, lo que es inconveniente para el país. La Asamblea Nacional decidió mantener la fórmula vigente en el Código Electoral que no cumple con ese mandado constitucional, desde que se inició la nueva era democrática. Esa decisión es inconveniente para el país.

Además, esta norma recién ha sido demandada ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, y el Tribunal Electoral ejercerá su propia acción judicial en ese sentido.

2. La eliminación de la válvula de escape que permite que los partidos políticos no cumplan, real y efectivamente, con el derecho de la participación política de la mujer, en condiciones de igualdad, concretamente, en la oferta electoral, cuando la secretaría femenina del partido comprueba que no se ha podido cumplir con la paridad. A ese efecto, se modificó la propuesta del proyecto 544 en detrimento de derechos constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley entre los géneros.

Como quiera que ha quedado vigente esa válvula de escape, el Tribunal Electoral ejercerá la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

3. La inequidad en la distribución del financiamiento público preelectoral entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación. A este efecto, se modificó la propuesta del proyecto 544, impidiendo cumplir a cabalidad con el mandato constitucional sobre la materia que exige que la ley asegure la igualdad de erogaciones entre los partidos y los candidatos.

El Tribunal Electoral también ejercerá, en este tema, la acción de inconstitucionalidad.

4. Amnistía sin fundamento constitucional. El proyecto incluyó a última hora, una norma en la que se concede una amnistía a los candidatos multados por haber incumplido con la entrega de los informes de rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña financiados con recursos privados. En nuestra opinión, la Asamblea Nacional no solamente carece de competencia para conceder este tipo de amnistía sino solamente por delitos políticos, sino que establece un precedente funesto que hará ilusoria las sanciones previstas en el Código Electoral, y, por lo tanto, promueve el incumplimiento de las normas de rendición de cuentas y transparencia.

A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Tribunal Electoral con la Comisión Nacional de Reformas Electorales, cada cinco años, ante el Órgano Legislativo, desde 1993, incluyendo el Proyecto de ley 544, para solventar de manera particular estos trascendentales temas, no ha sido posible convencer a dicho Órgano del Estado de introducir los cambios legales profundos que corrijan los temas medulares, a fin de seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral, base de la democracia y de la misión constitucional que tiene el Tribunal Electoral de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. De ahí que se ejercerán las acciones de inconstitucionalidad antes descritas.

Los temas que no fueron aprobados por el Órgano Legislativo ya son de conocimiento público. Sin embargo, luego de que se reciba de la Asamblea Nacional el documento final aprobado en tercer debate, lo que no ha ocurrido a la fecha, se hará un nuevo análisis para determinar si hay otros temas que den base para incorporar a la posición oficial que se hará llegar al presidente de la República,solicitando que el proyecto sea objetado por inexequible y/o por inconveniente; además, de ejercer las acciones de inconstitucionalidad previamente referidas.

TE 17/10/21

ENMAYÚSCULA. - El dirigente sindical Saúl Méndez, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), denunció este lunes que la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) representa un "atraco" contra los trabajadores y pensionados panameños. Además, convocó a la movilización en las calles para rechazar las medidas que, según él, buscan privatizar los fondos y aumentar la edad de jubilación.

Méndez advirtió que, aunque la reforma no menciona un incremento inmediato en la edad de retiro, los cambios en el factor de pensionamiento obligarán a los trabajadores a laborar más allá de los 65 años para recibir el 60% de su salario como jubilación. "Han querido disfrazarla, pero no hay la menor duda de que ocurre", sostuvo el dirigente.

Otro punto de crítica es la supuesta privatización de los fondos del seguro. Según Méndez, un 10% de estos recursos será entregado de manera directa a empresas privadas, mientras que el resto será administrado por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, que a su vez lo transferirán al sector privado. "Esa es otra gran parte del atraco que hemos estado denunciando", añadió.

El sindicalista también señaló que el nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales es una "falacia", ya que no se especifica si el 60% de jubilación se calculará en base a los últimos siete, diez o todos los años de trabajo, lo que en la práctica reduciría las pensiones.

Criticó, además, el sistema de votación electrónica adoptado por la Asamblea Nacional para aprobar la reforma, asegurando que busca ocultar el voto de cada diputado. "Cobardemente se está votando digital para que el pueblo no se entere", denunció.

Méndez también mencionó que la reforma no resuelve la crisis de desabastecimiento de medicamentos y permite que la CSS siga siendo "una caja menuda del gobierno y de quienes allí roban a manos llenas, empresarios, mafia farmacéutica".

Finalmente, el dirigente del Suntracs llamó a la población a unirse a las movilizaciones organizadas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Movimiento Popular para frenar lo que calificó como "un ataque a los trabajadores, pensionados y asegurados panameños". "Nos preparamos para la lucha y vamos a derrotar esto en las calles", concluyó.

ENMAYÚSCULA.- El Tribunal Electoral pidió a los diputados de la Asamblea Nacional que, al discutir el proyecto de reformas al Código Electoral, actúen tomando en cuenta “los mejores intereses del país”.

El organismo reconoció que la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes, pero pidió que en el debate sobre las reformas electorales “impere la prudencia y el interés general sobre el particular”.

Según el Tribunal Electoral, el proyecto que presentó ante la Asamblea fue elaborado con base en su iniciativa legislativa y contempla normas relacionadas con “participación, transparencia y equidad” dentro del sistema electoral.

Sin embargo, el Tribunal cuestionó los cambios introducidos durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. A su juicio, estas modificaciones representan “retrocesos para el sistema electoral panameño”.

Entre los cambios señalados están el aumento de los límites a las donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, la posibilidad de que autoridades electas mantengan simultáneamente la titularidad de dos cargos y la extensión de los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales puedan permanecer en sus puestos.

El Tribunal Electoral expresó su rechazo a estas modificaciones y afirmó que “no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”.

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