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 MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda condena por el asesinato de un periodista en Haití, el séptimo este año en ese país.

La organización pidió a las autoridades una investigación profunda y expedita, y castigo para los responsables.

El periodista Romelo Vilsaint, de la radio en línea Generation 80, recibió un tiro en la cabeza y otros reporteros fueron heridos por policías de un cuartel en la comuna de Delmas, en Puerto Príncipe que dispararon contra ellos.

Los periodistas acudieron al lugar para exigir la liberación y manifestar solidaridad con su colega Robest Dimanche, de Radio Zenith, golpeado y detenido cuando cubría una protesta. 

Una resolución sobre Haití, aprobada por la SIP durante su 78ª Asamblea General que concluyó ayer en Madrid, subrayó que: "El clima de violencia y la crisis política, económica y de seguridad en la que se encuentra sumido el país, mantienen en una situación de indefensión y de alto riesgo a los periodistas".

El asesinato de Vilsaint se suma al de otros seis periodistas este año: Tess Garry, Radio Lebon FM, 24 de octubre; Frantzsen Charles, FS NEWS y Tayson Lartigue, Tijèn Jounalis en Facebook, 11 de septiembre; Maxihen Lazarre, Rois des infos, 23 de febrero; Wilguens Louissaint, colaborador en distintos medios digitales y Amady John Wesley, Radioemisora Écoute FM, 6 de enero de 2022.

La resolución también establece que la crisis energética y de carburantes ha afectado severamente al menos a tres medios, entre estos, el diario Le Nouvelliste, el más antiguo del país, que suspendió de forma temporal su circulación.

La organización pidió al gobierno a que "garantice la preservación de la libertad de expresión y el ejercicio libre y seguro del periodismo, e insta "a las organizaciones de prensa de las Américas a expresar su solidaridad y respaldo a periodistas y medios que siguen cumpliendo su misión informativa pese a las circunstancias de alto riesgo".

El informe sobre la situación de la libertad de prensa en Haití, presentado en la reunión de la SIP, detalla otros casos contra la prensa registrados desde abril pasado.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su beneplácito por la anulación de una ley que permitía a las administraciones de Honduras gobernar sin transparencia y en una asfixiante cultura del secreto.

El Congreso Nacional derogó el 1 de marzo la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, de 2014, conocida como Ley de Secretos. La ley permitía a más de 20 secretarías de Estado e instituciones públicas esconder información sobre licitaciones, procesos administrativos y manejo de presupuesto. De forma discrecional, los organismos públicos podían clasificar esa información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, por un plazo de cinco a 25 años.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, saludó la decisión de los congresistas. Dijo que "los ciudadanos y el país ganan cuando los gobiernos son más transparentes y la prensa puede fiscalizar mejor todos aquellos asuntos con los que el poder político podría intentar mantener a oscuras a la ciudadanía".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, expresó que "la ley permitía avalar la cultura del secreto estatal y contradecía los principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2006".

La derogación de la ley entrará en vigencia apenas se publique en el diario oficial La Gaceta. Con ello, toda la información amparada por la antigua ley deberá ser desclasificada.

Tanto el Índice Chapultepec, barómetro de libertad de prensa de la SIP, como los informes semestrales de la organización desde 2014, venían denunciando que la Ley de Secretos vulneraba la ley de acceso y permitía encubrir la corrupción.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

https://www.sipiapa.org/notas/1214989-beneplacito-la-sip-eliminacion-del-secreto-oficial-honduras
(SIPIAPA).- Más de 160 periodistas, editores, dueños de medios y emprendedores de 19 países de las Américas y Europa, se han inscrito para la conferencia SIPConnect 2025 que se iniciará en Miami en la próxima semana, en busca de un futuro sostenible para la industria periodística en constante disrupción tecnológica.

El encuentro, bajo el lema “Reinventar el Futuro de los Medios”, presenta un programa robusto, plural y práctico estructurado en tres ejes principales: Explorar, Co-crear y Conectar. Del 15 al 18 de julio, se llevarán a cabo presentaciones sobre inteligencia artificial generativa aplicada a todas las estructuras de los medios, estrategia editoria, audiencias, modelos de negocio, narrativas emergentes y libertad de prensa.

La inscripción puede realizarse a través de este enlace en el sitio web de la SIP.

Uno de los focos principales será el impacto de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, la ética periodística y la innovación en redacciones. La IA no será solo un tema de conversación: se convertirá en una experiencia práctica y colaborativa, con tres talleres intensivos diseñados para periodistas, editores y directivos de medios.

El martes 15 por la tarde se presentará NotebookLM, la innovadora herramienta de Google basada en IA, en un taller exclusivo en español liderado por Mariana Alvarado, de Google News Initiative. El miércoles 16, Néstor Altuve ofrecerá una sesión estratégica centrada en cómo integrar la IA en modelos de negocio sostenibles. Finalmente, el viernes 18 por la mañana, Álvaro Liuzzi conducirá el bootcamp IA First, en el marco del programa Redacciones5G, una experiencia inmersiva para rediseñar los flujos de trabajo desde la creatividad, la estrategia y el criterio periodístico.

SIPConnect2025 es organizado por la SIP, con el generoso respaldo de patrocinadores internacionales que fortalecen el carácter innovador del encuentro: Google News Initiative, Knight Foundation, Protecmedia, TV Azteca, Infobae, Telemundo, Telecom Argentina, Organización Editorial Mexicana (OEM), Xalok, Hermanos Castillo, The Kimberly Green Latin American and Caribbean Center at FIU, agencia EFE, The New York Times, Chartbeat, Gráficos Nacionales S.A., Novel News, RC Noticias, Noticias SIN y Veedor Digital.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anuncia los trabajos finalistas de la edición 2025 del Concurso Excelencia Periodística, en el que participaron periodistas y medios de comunicación de América Latina, el Caribe, Norteamérica y España.

Los trabajos fueron seleccionados entre cientos de postulaciones que compitieron en las 12 categorías del certamen. El jurado, compuesto por miembros de la Comisión de Premios de la SIP, anunciará a finales de agosto a los ganadores y las menciones de honor.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, directora regional para América Latina de la Agencia France Presse (AFP), señaló que "los trabajos presentados este año confirman que, ante un panorama de desafíos políticos, tecnológicos y económicos, el periodismo de calidad sigue siendo un pilar esencial de nuestras democracias".

La SIP también anunciará posteriormente a las personas e instituciones ganadoras del Gran Premio a la Libertad de Prensa, Gran Amigo de la Prensa, Ejecutivo del Año y Transformación Digital.

La ceremonia de premiación se celebrará durante la 81ª Asamblea General de la SIP que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 16 al 19 de octubre de 2025.

Los trabajos finalistas son:

PREMIO PERIODISMO EN PROFUNDIDAD, patrocinado por La República, Perú.

El negocio de la Alcaldía de Managua: la urbanizadora ‘Bismarck Martínez’, Juan Carlos Bow, Confidencial (Costa Rica)
Farra do descontos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Redacción, Metrópoles (Brasil)
Campo Tóxico, Redacción, Univision Noticias Digital (EE.UU.)
PREMIO OPINIÓN, patrocinado por El Mercurio, Chile.

Venezuela contra el temor, Luz Mely Reyes, El País (España)
Amenazas de muerte, José Guarnizo, Vorágine (Colombia)
Campeonato Nacional de Mandriles, Alejandro Borensztein, Clarín (Argentina)
PREMIO ENTREVISTA "ALEJANDRO MIRÓ QUESADA GARLAND", patrocinado por El Comercio, Perú.

Jens Balzer: Taylor Swift no pudo impedir que Trump volviera a la Casa Blanca, Marcial Héctor Pavón, Ñ/Clarín (Argentina)
Pepe Mujica: el amor a los 80, Hugo Alconada Mon, La Nación (Argentina)
María Teresa Arizabaleta: la última sufragista, Diego León Giraldo, El Tiempo (Colombia)
PREMIO COBERTURA NOTICIOSA DE ACTUALIDAD, patrocinado por Infobae.

Nadie busca a mi hijo, Redacción, La Nación (Argentina)
Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá, Redacción, Revista Concolón (Panamá)
Corredor Interoceánico: despojo y violencia, Redacción, El Universal (México)
PREMIO PERIODISMO SOBRE MEDIO AMBIENTE ROBERTO EISENMANN Jr., patrocinado por La Prensa, Panamá.

Narco contaminación: cocinando un desastre ambiental, Redacción, Quinto Elemento Lab (México)
Our peace is out there, Thomas Lundy, Canadian Geographic (Canadá)
A hidden paradise under threat, Redacción, Associated Press (México)
PREMIO PERIODISMO SOBRE MIGRACIÓN CLAUDIO PAOLILLO, patrocinado por La Silla Rota, México.

Ecuador, un país construido por sus migrantes, Redacción, Tierra de Nadie (Ecuador)
La ruta de los coyotes, Redacción, N+Focus (México)
Tricked into Sex Slavery, Redacción, Caribbean Investigative Journalism Network (Trinidad)
PREMIO CRÓNICA, patrocinado por Debate Media, México.

Fui, vi y escribí: el tren a Kiev, Hinde Pomeraniec, Infobae (Argentina)
Muerte en la plaza San Martín, Juan Aurelio Arévalo, El Comercio (Perú)
El regreso a Darwin, Pablo Javier Blanco, Clarín (Argentina)
PREMIO FOTOGRAFÍA, patrocinado por La Prensa Gráfica, El Salvador.

Ancestral Firefighters, Marcelo Camargo, Agência Brasil (Brasil)
Corpo de atleta, Redacción, UOL (Brasil)
Sobras de esmeraldas, Luis Cristóbal Acosta, AFP (Colombia)
PREMIO VIDEO, patrocinado por Fundación Carlos Freire, RioBamba, Ecuador.

El yugo talibán, Carolina García Mundi, El País (España)
Estado de Miedo, Redacción, N+Media (México)
Malvinas no se archiva, Redacción, El Grito del Sur (Argentina)
PREMIO PERIODISMO DE DATOS E INFOGRAFÍA, patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, República Dominicana.

Projeto Escravizadores, Redacción, Agência Pública (Brasil)
Áreas protegidas de Chile, Juan Pablo Bravo Zamora, El Mercurio (Chile)
Así nos habló Milei, Redacción, La Nación (Argentina)
PREMIO CARICATURA E ILUSTRACION, patrocinado por El Tiempo, Colombia.

Javier Milei, Juan Colombato, La Nación (Argentina)
O Cerrado e a incrível jornada das águas, Redacción, Ambiental Media (Brasil)
Discurso de posesión (Trump), Raúl Zuleta, El Espectador (Colombia)
PREMIO PERIODISMO UNIVERSITARIO, patrocinado por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Periodismo y Comunicación (CLAEP).

Sob o peso do silêncio, Redacción, Campus Multiplataforma, Universidade de Brasília (Brasil)
Tras los pasos del Bronx, Redacción, Universidad de La Sabana (Colombia)
Escape en la oscuridad, Redacción, Universidad Diego Portales (Chile)
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y exigió la inmediata suspensión del acoso judicial en contra de periodistas y colaboradores del diario elPeriódico, de Guatemala, reiterando una advertencia que la organización hizo en diciembre al visitar al país centroamericano.

Ayer, en un sorpresivo fallo, el juez décimo penal Jimi Bremer vinculó al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora –encarcelado desde julio de 2022– a un segundo proceso legal por presunta obstrucción a la justicia y falló que debe permanecer en prisión. 

En la misma audiencia, y por solicitud del Ministerio Público, ordenó investigar a periodistas y colaboradores de elPeriódico por el delito de obstrucción a la justicia y generar campañas de desinformación en el caso Zamora. 

Entre los señalados, se encuentran Julia Corado, directora de elPeriódico; Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, columnistas, y los periodistas colaboradores Rony Ríos, Alexander Valdez, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, condenó las nuevas acusaciones "como acoso judicial contra periodistas". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: "Tal como advertimos en nuestra visita en diciembre a Guatemala, 'las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso de Zamora generan preocupación de que se intente montar procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian al poder'".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: "Se cumplió la advertencia que hicimos en nuestra visita a Guatemala tras recabar información de primera mano sobre que las autoridades buscarían censurar a los periodistas críticos en el caso Zamora".

Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, reclamó que el caso que conmociona a la comunidad periodística "tenga más transparencia y equidad y no sea cubierto de un manto de silencio".

Los directivos de la SIP expresaron que las nuevas restricciones a los periodistas guatemaltecos contravienen principios de libertad de prensa expresados en la Constitución y en la Ley de Imprenta nacional, la cual rige para la resolución de conflictos entre autoridades, particulares y periodistas.

Agregaron que las limitaciones a los periodistas violan principios sobre libertad de expresión de las declaraciones de Chapultepec, de Salta y de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Greenspon y Jornet se sorprendieron de que Gonzalo Marroquín fuera acusado de obstrucción a la justicia. "Como ex presidente de la SIP y prominente periodista, siempre se destacó por su férrea defensa de la libertad de prensa."

Zamora, directivo de la SIP, está encarcelado desde el 29 julio de 2022, acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El medio que preside, elPeriódico, debió cesar su edición impresa el pasado 1 de diciembre.

Una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala el 8 y 9 de diciembre de 2022. Enlace al comunicado.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

MIAMI, (SIPIAPA).-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata de tres directivos del diario La Prensa y de dos periodistas condenados por su defensa de las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua.

La organización saludó el 96 aniversario de fundación del medio, que sigue cumpliendo su misión informativa pese a enfrentar profundas dificultades y represión. La SIP extendió su voz de aliento y de respaldo a todo el periodismo nicaragüense, que ayer conmemoró el día nacional de la actividad en uno de los momentos más críticos de la historia para el ejercicio de la tarea de informar.

"Nuestra más enfática solidaridad con los directivos, periodistas y todo el personal del diario en este aniversario de La Prensa, que pese al robo de sus instalaciones y a la prisión de tres altos ejecutivos, mantiene incólume la antorcha de la libertad frente a esta dictadura, así como lo hizo ante otras en el pasado", expresó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras.

Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa y vicepresidente de la SIP por Nicaragua, está encarcelado desde el 14 de agosto de 2021, acusado por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos. También están presos Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana Chamorro, esta última en arresto domiciliario. Ambos son miembros del directorio del diario. El régimen del presidente Daniel Ortega cerró y mantiene ocupada la sede del diario desde el 13 de agosto. La Prensa sigue publicándose en formato digital, gracias al esfuerzo y al coraje de algunos periodistas en el país y otros en el exilio.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, se sumó a las muestras de solidaridad "con La Prensa y los periodistas nicaragüenses que luchan por ejercer su oficio en libertad, sin presiones, sin represiones, sin represalias". El director del periódico argentino La Voz del Interior, añadió: "Exigimos al gobierno de Daniel Ortega el debido proceso y la liberación de nuestro vicepresidente regional en Nicaragua y directivo de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, encarcelado de conciencia desde el 14 de agosto de 2021".

En juicios celebrados a puertas cerradas, fueron condenados en febrero los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, a 13 y 9 años de prisión, respectivamente, por supuesta conspiración contra la integridad nacional. Mora fue director del canal 100% Noticias y precandidato a las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Mendoza, periodista deportivo independiente, también fue sentenciado por el delito de difusión de noticias falsas.

Canahuati y Jornet exigieron la liberación inmediata de los directivos de La Prensa y de todos los "periodistas presos de conciencia".

Desde el inicio de las protestas sociales de 2018 contra el gobierno de Ortega, se estima que unos 120 periodistas emigraron, principalmente a Costa Rica, Estados Unidos y España, según datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El caso más reciente es el de María Flordeliz Ordóñez, colaboradora del canal digital Notimatv, quien abandonó el país por agresiones sufridas por parte de agentes de la Policía Nacional y simpatizantes del gobierno.

El 15 de febrero, el Parlamento canceló la personería jurídica a seis ONG, entre ellas, PEN Internacional-Nicaragua.

Por dos años consecutivos Nicaragua, junto a Venezuela y Cuba, ha estado entre los países sin libertad de prensa en el Índice Chapultepec. Esta herramienta de la SIP mide el desempeño de las instituciones en materia de libertad de expresión y prensa.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

https://www.sipiapa.org/notas/1214987-la-sip-exige-liberacion-periodistas-presos-conciencia-nicaragua

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró inapropiadas y desproporcionadas la reacción de las plataformas Google y Meta de cesar sus servicios de noticias en Canadá.

La decisión de ambas compañías fue en respuesta a la aprobación de una ley que las obliga a negociar con los medios de comunicación para que paguen por el uso de los contenidos noticiosos que estos generan y aquellas distribuyen.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó: "Esperamos una pronta reconsideración por parte de las plataformas digitales. Su medida no afecta solo a los medios de comunicación, sino también la libertad de expresión y el derecho de los canadienses al acceso a información confiable".

Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijo que la SIP siempre apoyó legislación que respalde el derecho de propiedad intelectual. "Que las plataformas paguen un precio justo y razonable a los medios de comunicación por los contenidos que crean es una de las mejores formas de apoyar al periodismo local de todos nuestros países."

"La respuesta a una legislación que plantea la búsqueda de acuerdos debe ser el diálogo, no un bloqueo informativo que vuelca las consecuencias sobre la comunidad", dijo Jornet.

En reacción a la aprobación de la C-12 en Canadá, similar a otra ley aprobada en Australia en 2021, Google anunció que todas sus plataformas dejarían de ofrecer enlaces a noticias en Canadá. También dijo que cancelaría todos los acuerdos que mantiene con las empresas de información locales.

Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, también había advertido que cesaría el contenido de noticias en forma permanente en Canadá.

La ley conocida como "Online Act" fue aprobada el 22 de junio de 2023. Establece negociaciones colectivas y voluntarias entre directivos de medios y las plataformas digitales para que estas paguen por los contenidos noticiosos.

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MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la presencia en la séptima cumbre de CELAC del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como la los cancilleres Denis Moncada de Nicaragua y Gil Pinto de Venezuela, al considerar que "son los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas".

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños comienza este martes en la capital argentina. Los dirigentes fueron invitados a Buenos Aires por el gobierno de Alberto Fernández, quien es a su vez presidente pro tempore de CELAC.

"Si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos", señaló la entidad que reúne a más de 1.300 medios de todo el continente.

Las tres dictaduras ocupan los últimos tres puestos de 22 países en el Índice Chapultepec, un barómetro que mide el estado de las libertades de prensa y expresión en las Américas.El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo: "Estamos hablando de los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas.

Lamentamos que estos dirigentes que violan los derechos humanos y descreen de la democracia hayan sido invitados por una organización que, entre sus objetivos, incluye la promoción de un diálogo respetuoso capaz de construir consenso sobre temas de interés común", afirmó.Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión, The New York Times Company, Estados Unidos, consideró que habría que revisar los estándares de la CELAC bajo la óptica de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a todos los países del continente a respetar las libertades de prensa y expresión.

"Sin ese compromiso asumido, ningún gobierno puede ser considerado democrático", subrayó.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que los gobernantes democráticos de la región, cualquiera sea su signo ideológico, deberían exigir a Nicaragua, Cuba y Venezuela "que pongan freno a la represión contra periodistas, dirigentes sociales y disidentes políticos". 

"La democracia se basa en el respeto al pluralismo, el control ciudadano sobre quienes gobiernan, la periodicidad de los mandatos, el equilibrio de poderes, el libre acceso a información pública y el respeto a los derechos humanos esenciales, entre los cuales la libertad de expresión es una pieza central", sostuvo.Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Argentina, agregó: "Reiteramos nuestro reclamo a estos gobiernos para que liberen a decenas de presos de conciencia que fueron condenados en juicios sin derecho de defensa.

También a que cese la persecución contra quienes se atreven a criticar las políticas públicas en esos países".En las Conclusiones de la 78 Asamblea General de SIP realizada en octubre pasado en Madrid, la SIP fue contundente: "El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante.

Seis periodistas condenados permanecen privados de su libertad desde hace más de un año. Son más de 150 los que han salido al exilio en los últimos cuatro años.

El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica, y cortó la señal de CNN en español".Sobre Cuba, la SIP expresó: "Es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Un periodista y dos 'influencers' y cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en redes sociales.

Tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les 'ofertó' la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar"."En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras.

También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales.

Para lograrlo, ordenó a las compañías telefónicas, oficiales y privadas, sacar del aire esos sitios web, lo cual abrió una controversia sobre el papel de Movistar, filial de la multinacional Telefónica, en el cumplimiento a este tipo de intervenciones antidemocráticas".

Andamiaje represivoEl último informe semestral sobre libertad de prensa de la SIP evidencia el clima de persecución contra el periodismo independiente en los tres países. A continuación, algunos extractos de esos informes.Cuba: "La represión constante, el hundimiento progresivo de la economía y el mayor éxodo de la historia marcan la vida de la prensa independiente.

Sobre todo, se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa, que involucra al sistema legal y de justicia, la represión policial, la propaganda por los medios estatales y el control de las telecomunicaciones."Cumple cinco años de prisión, en grave estado de salud, el reportero Lázaro Yuri Valle Roca, condenado por filmar y publicar el lanzamiento de octavillas con frases patriotas en una calle habanera.

'Propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia', son los motivos legales de su condena. Varios ciudadanos permanecen encarcelados por haber filmado protestas populares, como un youtuber que se burló del presidente Miguel Díaz-Canel y fue condenado por desacato a la autoridad". 

En este período usurpó las instalaciones de La Prensa, cerró la señal de CNN, clausuró varias radioemisoras de la Iglesia Católica y canceló las operaciones de cientos de organizaciones no gubernamentales."Antes, el régimen había confiscado los medios Confidencial y 100% Noticias, cuyas sedes fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.

El gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, permanece en prisión desde hace 18 meses. Otros dos miembros de su junta directiva, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, cumplen sus condenas en arresto domiciliario. También las autoridades detuvieron a dos choferes del medio y acusaron a cuatro empleados más.

En julio, todos los integrantes de la sala de Redacción, 15 personas, debieron salir del país por temor a las amenazas y represalias del régimen. Se calcula en más de 150 los periodistas que se exiliaron desde la sangrienta represión de abril de 2018.

"También continúan presos los periodistas Miguel Mora, fundador y director del canal 100% Noticias, y Miguel Mendoza, cronista deportivo, sentenciados a 13 y nueve años de cárcel, respectivamente.

Sus familias denunciaron las deplorables condiciones carcelarias y el deterioro de su salud. El comentarista televisivo Jaime Arellano cumple su condena de 13 años en arresto domiciliario.

El régimen exhibió en los medios oficiales a 27 prisioneros políticos encarcelados desde hace más de un año, entre ellos Mora, Mendoza y Holmann.

Todos con marcado deterioro de la salud y pérdida de peso". Ver informe de Nicaragua completo.Venezuela: "En este período se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras.

"Desde hace tiempo prácticamente desapareció la prensa. Adquirir papel prensa es imposible.

No hay imprenta que quiera o pueda producir una publicación con noticias contrarias a los intereses del régimen."La radio y la televisión independientes están sometidas a la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), una norma discrecional y punitiva que da poderes ilimitados al órgano regulador para que imponga censura absoluta.

El régimen determinó el cierre de 41 estaciones de radio en todo el país, no todas noticiosas. Cualquier pretexto se utiliza para anular las concesiones y traspasarlas a personas vinculadas al gobierno."El bloqueo de páginas noticiosas en internet es masivo.

Según la organización VE sin Filtro, desde 2021 fueron bloqueados 59 sitios web de 68 dominios, entre ellos 45 medios de comunicación, ocho portales con contenido político, cuatro de contenido multimedia y tres de organizaciones de derechos humanos.

Entre los medios internacionales bloqueados figuran CNN, Infobae y NTN24. Conatel, el órgano regulador, bloquea las páginas a través de las tres compañías telefónicas, proveedoras de internet: la estatal CANTV; Digitel, empresa privada nacional, cuyos dueños son los herederos de Oswaldo Cisneros, y la multinacional española Telefónica". 

ENMAYUSCULA, (SIP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechaza la restricción impuesta a periodistas de la agencia de noticias The Associated Press (AP) para cubrir eventos en la Casa Blanca. La medida, adoptada en represalia por la decisión editorial de la agencia de noticias de continuar utilizando el nombre "Golfo de México", representa un acto de censura e intimidación que vulnera la libertad de prensa consagrada en la Constitución de Estados Unidos.

El martes, a un reportero de AP se le impidió asistir a un acto presidencial en el Despacho Oval, mientras que otro periodista de la agencia fue excluido de un evento en la Sala Diplomática de la Casa Blanca.

La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, reveló que la Casa Blanca advirtió a la agencia que no tendría acceso al Despacho Oval si no alinea sus estándares editoriales con la orden ejecutiva 14172, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero, que renombró el Golfo de México como "Golfo de América".

En un comunicado oficial, AP condenó la medida del gobierno de Trump como un ataque al periodismo independiente. La agencia recordó que su Manual de Estilo, actualizado el 23 de enero, mantiene el uso del nombre "Golfo de México", aunque reconoce la nueva denominación impuesta por la Casa Blanca dentro del ámbito estadounidense. AP enfatizó que dicha orden no tiene validez fuera de Estados Unidos y que otros países y organismos internacionales no están obligados a adoptarla. En consistencia con ese criterio, la agencia anunció que desde ahora llamará monte McKinley a la elevación ubicada en Alaska a la que el anterior presidente Barack Obama había renombrado como monte Denali por respeto a las tradiciones nativas. "Es un área ubicada sólo en Estados Unidos, y como presidente Trump tiene autoridad para cambiar los nombres geográficos federales dentro del país", dijo AP en aquella norma de estilo.

"Es alarmante que el Gobierno de Trump castigue a AP por su periodismo independiente", expresó Pace, y añadió que limitar el acceso viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó su preocupación por esta medida: "La restricción a la cobertura periodística y la advertencia contra AP demuestran una inquietante intención de i1mponer criterios oficiales sobre la información de interés público, con la amenaza de represalias para quienes no se plieguen a ellos. La libertad de prensa está garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y debe ser respetada sin condicionamientos", afirmó Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, calificó la acción como un intento inaceptable de interferencia en el estilo y la línea editorial de un medio informativo.

"Se trata de una imposición arbitraria del gobierno sobre la labor periodística. La censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión informativa vulneran el derecho a la libertad de expresión, como lo establece el artículo quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el principio 6 de la Declaración de Chapultepec", aseguró Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también protestó el martes por la decisión de la nueva administración estadounidense y señaló que "no debe penalizar a los periodistas que trabajan porque no está contenta con las decisiones de sus editores".
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrará su 81ª Asamblea General del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana. La cita reunirá a editores, periodistas y ejecutivos del continente para debatir los desafíos del periodismo, con especial énfasis en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial.

La ceremonia inaugural contará con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, acompañado por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador. El programa abrirá con una presentación especial del reconocido periodista Jon Lee Anderson, de la revista The New Yorker, en conversación con la presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco, directora de La Hora de Ecuador.

El programa preliminar puede encontrarse en este enlace.

Durante cuatro días se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, además de paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Entre los temas centrales se destaca un diálogo sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en las redacciones, a cargo de Rosental Calmon Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, en diálogo con el vicepresidente segundo de la SIP, Carlos Jornet, de La Voz del Interior, Argentna.

Asimismo, Google News Initiative y la SIP compartirán los resultados de laboratorios de ingresos y monetización, junto con talleres prácticos sobre IA aplicada al periodismo.

La agenda incluye espacios de formación, como un taller de periodismo de opinión y un panel sobre periodismo colaborativo de investigación, a cargo de Boris Muñoz, fundador de la sección de opinión de The New York Times en Español. También se abordará la resiliencia de periodistas en el exilio, el valor democrático del periodismo local en Estados Unidos y la necesidad de avanzar hacia entornos mediáticos más inclusivos en materia de género.

Una de las presentaciones más destacadas será el panel sobre sostenibilidad y futuro de la industria, que contará con la visión de Paul Deegan, director ejecutivo de News Media Canada y Martín Etchevers, integrante de la junta directiva de la SIP, del Grupo Clarín de Argentina.

Como es tradición, durante la 81 Asamblea General en Punta Cana se celebrará la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2025 y los reconocimientos institucionales: Gran Premio Chapultepec (Fundación Thomson Reuters), Gran Premio a la Libertad de Prensa (Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias), Gran Amigo de la Prensa (Redacciones5G) y Premio al Ejecutivo del Año (René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica-Teletica).

Inscripciones y alojamiento. La inscripción anticipada garantiza la participación en el evento más importante de la prensa de las Américas y permite acceder a tarifas preferenciales en el hotel sede, The Westin Puntacana. Las reservas ya están disponibles y se recomienda realizarlas con antelación para asegurar la disponibilidad.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
MIAMI, (SIPIAPA).- A pocos días de iniciar la conferencia SIPConnect, el experto Rosental Alves aborda el tema de los medios en transición, durante una entrevista para el podcast "Periodismo en riesgo" de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el episodio "Medios en transición: la mirada optimista de Rosental Alves", el director Centro Knight para el Periodismo en las Américas, de la Universidad de Austin, Texas, analiza la digitalización de los medios masivos y tradicionales, así como la aparición de los nativos digitales, y concluye que más allá de ser competencia, cada uno ha encontrado su propio espacio.

Alves, conferencista de la VII Conferencia hemisférica de servicios y medios digitales SIPConnect 2021 que arranca el próximo 20 de julio, también se refiere en el podcast al acercamiento de los medios al público, la credibilidad y las formas de seguir emitiendo información de calidad.

Escuche este y todos los episodios con testimonios de periodistas de Argentina, Nicaragua, Venezuela, México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Perú, Cuba y conversaciones con expertos sobre periodismo deportivo, de salud, e-sports, redacciones digitales del futuro, la evolución de los medios y mucho más.

Descargue el podcast de la SIP Periodismo en Riesgo sin costo alguno desde nuestro sitio o en Apple Podcast, GooglePodcast, Spotify, Deezer, Amazon Music y Acast. El podcast es producido cada 15 días por un equipo de profesionales de la Organización Editorial Mexicana (OEM), liderado por su directora editorial y presidenta de la Comisión de Internet de la SIP, Martha Ramos.

Para sugerencias sobre temas de libertad de prensa y periodismo que podrían abordarse en el podcast, por favor, escriba a mramos@oem.com.mx o a rtrotti@sipiapa.org.

https://www.sipiapa.org/notas/1214620-medios-transicion-la-mirada-optimista-rosental-alves

MÉXICO, (MILENIO-.SIPIAPA).- Reportaron, este jueves 24 de febrero, el asesinato el periodista Jorge Choche Camero, quien era titular del portal El Informativo, por un grupo armado que lo sorprendió fuera de un gimnasio en la colonia Libertad, en Empalme, Sonora. 

De acuerdo con reportes, un grupo armado lo sorprendió fuera de un gimnasio en la colonia Libertad, en Empalme Sonora.

El comunicador había renunciado hace más de diez días a sus funciones como secretario particular del alcalde de esa ciudad, Luis Fuentes Aguilar, para retomar su ejercicio periodístico en su medio de comunicación El Informativo.

La víctima presentó al menos tres impactos de bala y quedó fuera del gimnasio donde realizaba rutinas de ejercicio por las noches.

Al momento no se ha ofrecido información oficial de este ataque armado.

Jorge Camero colaboro en varios programas de noticias en estaciones radiofónicas de Empalme y Guaymas, Sonora.

Cuarenta y siete periodistas fueron asesindos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y 30 con la administración de Manuel López Obrador.

JLMR

https://www.milenio.com/politica/jorge-choche-camero-asesinan-periodista-sonora

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que los asesinatos, la desaparición y la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación representan la censura más extrema que afecta a la libertad de prensa.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la violencia se ve agravada "por los altos niveles de impunidad que rodean a la mayoría de los crímenes contra periodistas". Canahuati agregó que "la falta de justicia tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que "lamentablemente la impunidad es un cuchillo de dos filos: de un lado genera autocensura entre los periodistas; del otro, incentiva más actos de violencia".

Según registros de la SIP, desde 1987 fueron asesinados 594 periodistas en 20 países de las Américas.

En nombre de la SIP, Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que la SIP seguirá trabajando a favor de erradicar la violencia y la impunidad contra la prensa.

El índice de impunidad en crímenes contra periodistas en las Américas alcanza un 87%, según demostraron informes, resoluciones y paneles durante la reciente Asamblea General de la SIP celebrada en octubre.

La SIP, a través del proyecto y la Subcomisión contra la Impunidad que lidera Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, director de El Universal, México, sigue buscando justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para numerosos casos de periodistas asesinados décadas atrás.

Desde 1997, la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 29 casos que se encuentran en distintos estados procesales: Juan Carlos Encinas y Carlos Quispe, de Bolivia; Manoel Leal de Oliveira, Ivan Rocha, Edgar Lopes de Faria, Luiz Otávio Monteiro, Reinaldo Coutinho da Silva, Jorge Vieira, Nivanildo Barbosa Lima, Aristeu Guida da Silva, Zaqueu de Oliveira, Ronaldo Santana de Araújo y Mário Coelho Filho, de Brasil; Nelson Carvajal, Hernando Rangel Moreno, Gerardo Bedoya, Carlos Lajud Catalán, Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas y Jairo Elías Márquez, de Colombia; Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer, de Guatemala; Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Francisco Ortiz Franco, Benjamín Flores Morales y Alfredo Jiménez Mota, de México, y Santiago Leguizamón, de Paraguay.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Colombia por el caso de Nelson Carvajal.

La UNESCO instaló en 2013 el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Su objetivo prioritario es pedir a los gobiernos que implementen "medidas definitivas para contrarrestar la actual cultura de impunidad". Este año la campaña de la UNESCO destaca la necesidad de investigar y perseguir las amenazas tanto en línea o físicas contra periodistas.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

CORDOBA, ARGENTINA (SIPIAPA).- El presidente y director de La Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz, asumió hoy como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al concluir la 80ª asamblea general de la organización en esta ciudad de Argentina.

Dutriz sustituye en la presidencia de la SIP al mexicano Roberto Rock, director del portal La Silla Rota. Es el primer salvadoreño que lidera la principal organización de medios de comunicación del hemisferio occidental, cuya fundación reconoce antecedentes en 1926, pero comenzó a concretarse en 1942.

"Una SIP audaz y actualizada será siempre una piedra angular en la contribución de sociedades libres y desarrolladas", expresó Dutriz en su primera intervención como presidente de la SIP.

En noviembre anunció que viajará a Panamá al frente de una delegación que se reunirá con el presidente José Raúl Mulino y otros sectores de la sociedad panameña.

"Continuaremos comprometiendo a los líderes democráticos con los principios de la Libertad de Prensa y Expresión a través de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta actualizada, en busca de fortalecer las garantías para el libre ejercicio del periodismo", expresó Dutriz.

La SIP aprobó en Córdoba la actualización de la Declaración de Salta Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, promulgada inicialmente en 2018. El documento contiene una serie de principios para proteger el libre flujo informativo y la promoción de las libertades públicas en el ecosistema digital.

"La ahora Declaración de Salta II nos permitirá seguir esforzándose por nuestra industria y contra todos los agentes que erosionan la confianza en nuestras audiencias, ya sea por prácticas comerciales indebidas, infracciones a la propiedad intelectual o por amplificar los canales de desinformación", manifestó Dutriz.


La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- El Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad internacional en el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, asesinados el 24 de abril de 1991, en un acto realizado el viernes en Bogotá, que reunió a familiares, autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representó a las familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañó este proceso durante más de una década y valoró este avance como un paso positivo en la búsqueda de justicia. Andrés Mompotes, vicepresidente regional para Colombia de la SIP y director general del diario El Tiempo, tuvo a su cargo una intervención que puso en palabras el dolor, la memoria y la esperanza de una comunidad periodística golpeada, pero no vencida.

“Nos reunimos para dar testimonio de un paso importante en la búsqueda de justicia: el reconocimiento por parte del Estado colombiano de su responsabilidad internacional en un crimen que nunca debió ocurrir y cuya impunidad ha durado más de tres décadas”, expresó Mompotes.

“Julio Daniel y Jorge Enrique encarnaban el periodismo valiente, el que se atreve a ir donde otros no quieren ir, el que busca comprender la raíz del conflicto para contarlo con sensibilidad y rigor. Murieron cumpliendo su deber, y sus muertes representaron un golpe devastador para el periodismo colombiano”.

Durante años, el caso estuvo marcado por la inacción institucional, las versiones contradictorias y el olvido. No fue sino hasta 2021 que la CIDH admitió la petición presentada por las familias y la SIP, abriendo el camino hacia una solución amistosa firmada este mes entre las víctimas, el Estado, la SIP y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

El acto -al que se puede acceder a través de este enlace- también sirvió como un espacio de memoria para honrar y reivindicar el legado periodístico de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. Janet Alexandra Torres Mora, hija del reportero gráfico asesinado, evocó con emoción la sensibilidad y el talento de su padre: “Jorge Enrique Torres Navas fue un periodista de profesión, pero un reportero gráfico, fotógrafo de corazón. Nunca necesitó una palabra para transmitir su arte, su sensibilidad. Fueron millones de capturas, disparos uno a uno y ráfagas, de esos que sí deben existir. Y de fotografías que hicieron parte de su labor y de su vida cotidiana y familiar. Es increíble cómo se pudo detener el tiempo en cada fotografía, cómo pudo grabar un instante y dejar esa sensación en su trabajo”.

Por su parte, Daniel Chaparro Díaz, hijo del cronista, lamentó la manera en que el trabajo periodístico de ambos fue ignorado a lo largo del proceso judicial: “Nunca se supo qué periodismo hacían esos dos reporteros, nunca les interesó. No les sigue interesando, no lo siguen viendo y no podemos seguir esperando a que lo hagan. El esclarecimiento de los asesinatos de periodistas requiere de movimiento, de articulación y un despertar que no estamos teniendo, pero que nos llama en una región en la que nos cesan de matar a periodistas”, expresó con firmeza.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodon, asumió el reconocimiento en nombre del Estado. “Reconocemos que durante décadas este crimen permaneció en la impunidad, negando justicia a sus familias, a sus colegas de la prensa y a toda la sociedad colombiana. Este acuerdo es un gesto de responsabilidad y de voluntad política para reconocer el daño causado y avanzar con decisión en los procesos de reparación a las víctimas”.

La ministra anunció además una serie de medidas reparatorias que incluyen el seguimiento a las investigaciones penales, mecanismos de indemnización, la creación del Premio Honorífico Regional Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas en las categorías de crónica y fotografía, y un mural conmemorativo en Bogotá.

Mompotes también resaltó el rol de la CIDH y de las organizaciones que mantuvieron vivo el caso: “La Comisión Interamericana ha sido clave en este proceso. Gracias a su acompañamiento, las familias encontraron un canal para ser escuchadas, para exigir respuestas y para visibilizar un caso emblemático de la violencia contra la prensa”.

El directivo de la SIP fue enfático al recordar que el asesinato de un periodista no afecta solo a la víctima o a su familia: “Cuando se mata a un periodista por contar la verdad, no solo se silencia una voz. Se priva a toda la sociedad de una mirada crítica, de una historia que necesitaba ser contada. Y cuando ese crimen queda impune, se establece un mensaje terrible: que es posible callar la verdad sin consecuencias. Ese mensaje alimenta nuevos ataques, debilita a las instituciones y envalentona a los enemigos de la libertad”.

Por su parte, Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordó que esta lucha no solo es por justicia, sino por preservar el valor simbólico de la memoria: “La ausencia de Julio Daniel y de Jorge no es una pérdida solo para sus seres queridos. Es una pérdida para el país. Es una verdad que no llegó a tiempo. Y, sin embargo, esa verdad sigue buscando su lugar”.

“La impunidad no es un destino. Es una elección. Y combatirla exige voluntad política, compromiso institucional y presión social”, concluyó Mompotes. “Que el legado de estos periodistas inspire a quienes siguen ejerciendo el oficio. Que su memoria nos recuerde que informar es una forma de servir. Y que la justicia, aunque tarde, puede —y debe— llegar”.

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MIAMI, (SIP-SIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Colombia. Expresó además preocupación por la obstrucción al trabajo informativo durante la cobertura de las jornadas de protestas que se registran desde fines de abril.

De acuerdo a organizaciones que defienden la libertad de prensa, entre el 28 de abril y el 4 de junio se registraron más de 200 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre estas, ataques físicos, amenazas, obstrucción al trabajo periodístico, detenciones ilegales y estigmatización e intimidación en redes sociales. Si bien las agresiones contra la prensa provienen de todos los sectores en conflicto, la mayoría de las denuncias responsabilizan a la fuerza pública.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó "las agresiones contra la prensa y el clima de polarización, con posturas hostiles que exigen a los reporteros que, para permitirles trabajar, tomen partido en el conflicto". Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió: "Nos mantenemos atentos y preocupados por la difícil coyuntura que atraviesa el país y por el contexto de inseguridad en el que deben trabajar los periodistas".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior, de Córdoba, agregó que "la estigmatización y los señalamientos en redes sociales contra medios y periodistas incentivan la violencia y los dejan en condiciones de vulnerabilidad ante las masas que forman parte de las manifestaciones sociales".

Canahuati y Jornet recordaron que el respeto por la libertad de prensa es fundamental para garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados: "Tememos que si las autoridades no toman una posición firme para indagar el origen de las agresiones y castigar a los responsables, pueda generarse un mayor clima de agresiones".

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MIAMI, (SIPIAPA).- Miami (26 de diciembre de 2024) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó de manera enérgica el asesinato de dos periodistas haitianos, ocurrido el martes por la mañana en un ataque armado durante la reapertura del principal hospital público en la ciudad capital de Puerto Príncipe, según informes de prensa.

En el ataque, atribuido a pandillas armadas de la coalición Vivre Ensemble (Vivir Junto), fueron asesinados los periodistas Markenzy Nathoux, de Boston Caribbean Network y radio Lavi FM, y Jimmy Jean, de Moun Afè Bon TV, según los informes.

También murió un policía, y otros siete periodistas resultaron heridos cuando los pandilleros dispararon contra el Hospital de la Universidad Estatal de Haití, también conocido como Hospital General, localizado en una zona de alta inseguridad dominada por las pandillas, según la prensa. Las personas heridas fueron atendidas en otro centro hospitalario.

De acuerdo a información de la agencia The Associated Press, el hospital fue cerrado hace algunos meses debido a la violencia de pandillas y estaba programado para reabrir en la capital haitiana durante la Nochebuena, según lo habían prometido las autoridades. Sin embargo, mientras los periodistas se congregaban para cubrir la reapertura, presuntos integrantes de pandillas abrieron fuego, lo que interrumpió el evento.

"Nuestras sinceras condolencias y solidaridad con las familias y colegas de los periodistas asesinados, en un país donde la prensa desempeña su labor en total vulnerabilidad y sin garantías mínimas para su seguridad", afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, señaló que "la violencia de los grupos criminales, la inestabilidad política y la inseguridad generalizada continúan impactando en todos los aspectos de la vida en el país. Es necesario que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y procesarlos con todo el peso de la ley", agregó el director editorial del diario La Voz del Interior, de Argentina.

Los pandilleros publicaron un video en las redes sociales en el que se atribuyeron la responsabilidad del ataque e indicaron que no habían autorizado la reapertura del hospital, aseguró un informe.

El presidente interino de Haití, Leslie Voltaire, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y en un discurso al país dijo que el ataque no quedará impune.

Según los informes de la SIP, los grupos criminales, que representan una amenaza constante para la prensa, operan con total impunidad ante un sistema de justicia disfuncional. El 25 de marzo pasado, Nerval Pierre Viliat, periodista deportivo, falleció a causa de las heridas sufridas después de ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo entre la policía y miembros de pandillas en el barrio capitalino de Delmas 19.

En 2023, fueron asesinados tres periodistas: Paul Jean Marie, Ricot Jean y Dumesky Kersaint; en 2022, el año más feroz contra la prensa, fueron ultimados nueve: Francklin Tamar, Fritz Dorilas, Romelo Vilsaint, Wilguens Louissaint, Garry Tess, Frantzsen Charles, Tayson Lartigue, Maxihen Lazarre y Amady John Wesley.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario The Wall Street Journal, su empresa matriz Dow Jones, el conglomerado News Corp. y dos reporteros del diario, en un nuevo episodio de confrontación judicial contra medios de comunicación que publican información crítica sobre su figura.

La demanda, presentada ante una corte federal en Miami, exige una compensación de al menos 20.000 millones de dólares y acusa al periódico de haber incurrido en “graves fallas éticas y periodísticas”, según el equipo legal del presidente, citado por la cadena CNN.

El caso se refiere a un reportaje publicado recientemente, que revela la existencia de un álbum de cartas de felicitación por el cumpleaños número 50 del fallecido empresario Jeffrey Epstein, en 2003, en el que figuraría una nota firmada por Trump, con un dibujo de una mujer desnuda, según el artículo de The Wall Street Journal.

El presidente Trump negó haber escrito la carta o realizado el dibujo y calificó la historia como una “noticia falsa”, alegando que “no existe ninguna carta o dibujo auténtico”, según informó la prensa.

En la red Truth Social, Trump afirmó que advirtió directamente a Rupert Murdoch, presidente de News Corp., que no se publicara la información, y que este “prometió ocuparse del asunto, pero evidentemente no tuvo el poder de impedirlo”.

Desde The Wall Street Journal, un vocero declaró que confían “plenamente en el rigor y la precisión" del trabajo periodístico realizado y que defenderán vigorosamente cualquier demanda.

“Esta demanda no es un hecho aislado; es parte de una estrategia para intimidar a la prensa independiente y desalentar la cobertura crítica. Utilizar el aparato legal del Estado para silenciar voces periodísticas constituye un retroceso democrático y sienta un precedente peligroso”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

A su vez, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “cuando desde las más altas esferas del poder se busca castigar a los medios por ejercer su rol fiscalizador, se erosiona el pilar fundamental de toda democracia: el derecho del público a estar informado. Esta acción judicial es un claro intento de censura encubierta”.

La querella forma parte de una serie de litigios que Trump ha iniciado contra medios desde su campaña electoral de 2024. Según expertos legales citados por CNN, no existe precedente de que un presidente en funciones haya demandado directamente a reporteros o medios por difamación. Entre otros casos recientes, Trump demandó a las cadenas televisivas ABC News y CBS y llegó luego a acuerdos extrajudiciales en los que las televisoras accedieron a pagar sumas millonarias que serían destinadas a su futura biblioteca presidencial.

Un informe reciente de la organización Reporteros sin Fronteras, titulado Seis meses de la guerra de Trump contra la prensa: importando y exportando tendencias autoritarias, señala que la administración Trump ha aumentado su hostilidad hacia los medios de comunicación con la utilización de tácticas autoritarias presentes en diversos regímenes alrededor del mundo.

La Declaración de Chapultepec de la SIP establece, en sus principios 4 y 5, que “la intimidación” a los periodistas y “las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes” son comportamientos que “se oponen directamente a la libertad de prensa" y la "coartan severamente”.

A su vez, la Declaración de Salta II desalienta en su Principio 3 las demandas desproporcionadas "que puedan generar autocensura o costos que comprometan la sostenibilidad del medio". Estas acciones legales abusivas, conocidas como SLAPP -siglas en inglés para aludir "demandas estratégicas contra la participación pública"-, buscan silenciar o intimidar a la prensa mediante el desgaste económico y judicial, y a menudo carecen de fundamento legal.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte, en tanto, que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

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ENMAYUSCULA, (SIP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena de manera enérgica el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, subdirector de Global México, ocurrido el viernes 17 de enero en el municipio de Teoloyucan, Estado de México. La organización continental exhorta a las autoridades a conducir una investigación exhaustiva, determinar las causas del crimen y enjuiciar a todos sus responsables.

El periodista fue atacado a balazos en el centro de la localidad, en la explanada de la catedral municipal de San Antonio, según informes de la prensa mexicana. El periodista había sido incorporado en mayo de 2014 al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, después de reportar amenazas y ataques directos relacionados con su labor, según un comunicado difundido por el mecanismo en la la red social X.

En los meses previos al asesinato, Guerrero enfrentó numerosos incidentes que incrementaron su nivel de riesgo. En noviembre de 2024 reportó un hecho de probable riesgo en su domicilio y en diciembre sufrió el robo de su vehículo. Además, días antes de su asesinato, el 13 de enero, habría tenido un enfrentamiento con una célula criminal mientras realizaba labores periodísticas en Hidalgo, lo que motivó medidas de resguardo por parte del mecanismo de protección.

El mecanismo se comunicó con los familiares del periodista asesinado y realizó "diversas acciones para ayudar a la familia", según informó, al tiempo que afirmó haber ampliado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó: "El asesinato de Calletano de Jesús Guerrero refleja un alarmante deterioro para el ejercicio del periodismo en México. Este crimen es un desafío directo al sistema de protección y un recordatorio de la urgente necesidad de justicia y garantías de seguridad para los periodistas". Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador, agregó: "Instamos a las autoridades a investigar el caso, sancionar a los responsables y poner fin al ciclo de impunidad que rodea a estos crímenes".

Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, señaló que "la violencia contra los periodistas en México es intolerable y se ve agravada por la ineficiencia de las medidas de protección y la impunidad. El gobierno federal debe fortalecer el Mecanismo de Protección con recursos adecuados y actuar de manera coordinada para prevenir más pérdidas humanas y garantizar el ejercicio seguro del periodismo".

El asesinato de Calletano de Jesús Guerrero es un doloroso recordatorio de la precaria situación de seguridad de los periodistas en México. El país ocupa el lugar número 13 en la última edición del Índice Chapultepec de la SIP, con una calificación de 43,50, por debajo del promedio del continente americano, encuadrado en la franja de "en restricción" en la tabla general. En este periodo —comprendido entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 de agosto de 2024, según el barómetro, recrudecieron los espacios de violencia provocados por el crimen organizado, fenómeno que pone en muy alto riesgo la práctica del oficio periodístico.

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MIAMI, (SIPIAPA.ORG).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al gobierno de Cuba por haber prohibido hoy el regreso a su país a la periodista independiente cubana Karla María Pérez González.

Asimismo, la organización pide a las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá que puedan resolver el limbo migratorio en que se encuentra la periodista, en este momento varada en el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá.

Pérez González, de 22 años, residía en Costa Rica desde 2017. Hoy se disponía a regresar a Cuba tras concluir sus estudios en el país centroamericano, pero en una escala en Ciudad de Panamá fue notificada esta mañana (jueves, 18 de marzo) de que el Gobierno de Cuba no autoriza su entrada al país. Tampoco puede permanecer en Panamá, ya que los ciudadanos cubanos necesitan visa.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de grupo OPSA de Honduras, consideró que se trata de "una nueva violación a los derechos humanos, lamentablemente consecuente con las demás restricciones que el régimen impone a los periodistas independientes".

Aunque la línea aérea accedió trasladarla de regreso a San José, la periodista, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, está varada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. La periodista tiene la intención de pedir asilo en Costa Rica.

Canahuati y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades migratorias de Panamá y Costa Rica a ayudar el tránsito de la periodista y a ser receptivos con los trámites de asilo.

Pérez González era estudiante de Periodismo de la Universidad de Las Villas, de la que fue expulsada en 2017 por pertenecer a Somos+, una organización opositora que aboga por construir un país moderno, próspero y libre, y que levanta como unos de sus principios la libertad de expresión, según explica su sitio web.

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MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como "muy grave" la situación de los asesinatos contra periodistas en México, al conocer el crimen contra Ricardo Domínguez López, el segundo ocurrido esta semana en el país. La organización urgió a las autoridades de México a contener el clima de violencia contra los comunicadores.

El periodista Ricardo Domínguez López, propietario y director del portal InfoGuaymas, fue asesinado en Guaymas, municipio del estado de Sonora, en el norte del país. Medios locales informaron que Domínguez López fue visto por última vez en el estacionamiento de un centro comercial pasadas las 5:00 pm del jueves, día de su cumpleaños 47, cuando fue atacado a balazos por desconocidos.

"La situación de los asesinatos contra periodistas en México ha demostrado ser muy grave y es hora de que las autoridades atiendan el tema con profundidad, para dar respuesta certera y frenar la impunidad", expresó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, al tiempo que lamentó el segundo crimen contra un periodista en solo una semana.

Domínguez López, quien era además presidente de la Asociación Metropolitana de Periodistas Independientes de Guaymas-Empalme, denunció el 29 de marzo ante la Fiscalía General de la República (FGR) ser víctima de amenazas y hostigamientos provenientes de grupos criminales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó que "lamentablemente observamos con estupor la desprotección en la que se encuentran muchos periodistas mexicanos, lo que se constata en el agravamiento de los asesinatos, cinco este año, y la escasa resolución judicial de estos crímenes. Asombra que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades sigan estigmatizando a la prensa, en vez de preocuparse por garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión".

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del periódico La Voz del Interior, de Argentina, recordaron que los homicidios son la agresión más grave contra periodistas, que restringen severamente las libertades de expresión y de prensa, por lo que "deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad", según recoge la Declaración de Chapultepec, entre otros documentos y tratados interamericanos e internacionales.

El pasado 19 de julio fue asesinado Abraham Mendoza, conductor del programa informativo Observatorio en la emisora de la Universidad Vasco de Quiroga, Uve Radio, en Morelia, Michoacán. También fueron asesinados en 2021: el 22 de junio, Saúl Tijerina Rentería, periodista y fotoperiodista independiente, colaborador de Noticias en la Web, La Voz y Policíaca Acuña, Ciudad Acuña, Coahuila; el 16 de junio, Gustavo Sánchez Cabrera, director del medio digital Noticias Minuto a Minuto, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y el 3 de mayo, Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio Noticias Xonoidag, Sonoyta, Sonora.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

ENMAYUSCULA, (SIPIAPA).- Con un duro diagnóstico duro sobre el rol de la Inteligencia Artificial en su intersección con el periodismo y un llamado a presentar un frente unido contra la proliferación de la desinformación y los detractores de la democracia, concluyó la IV Cumbre Global sobre Desinformación realizada en forma virtual.

La Cumbre Global sobre Desinformación reunió durante dos días a más de 35 expertos internacionales en desinformación. El evento contó con más de 1500 inscritos de 50 países que siguieron los debates y presentaciones con una activa participación en la sala de chat y comentarios.

El Director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría, puso el foco en el impacto negativo en las democracias que están teniendo las campañas de desinformación: "El periodismo es crucial para llevar información confiable a las audiencias", insistió. Desde el Comité organizador, Adrián Pino destacó: "La desinformación es un desafío global que requiere una respuesta coordinada y colaborativa", afirmó el director de Proyecto Desconfío y miembro del comité que impulsa esta Cumbre.

El director del Departamento de Disrupción Global de Amenazas de Meta, David Agranovich, afirmó durante su presentación que tras detectar campañas coordinadas para interferir en el proceso electoral en Estados Unidos, "dimos de baja cuentas y perfiles para frenar esa influencia malintencionada".

El caso se repite en otras instancias electorales, como lo relataron las agencias de verificación de datos FactChequeado, Chequeado y Maldita.es. Esta última organización evidenció que "la información falsa identificada no tuvo la respuesta esperada de las grandes plataformas", sobre todo en el caso de TikTok y YouTube que no intervinieron para frenar o disuadir esos contenidos en las elecciones del Parlamento Europeo.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, la fundadora de Proof News, Julia Angwin, abrió el evento denunciando los sesgos, información dañina y poco rigurosa que comparten las herramientas más populares de IA cuando se trata de temas de interés público. "La necesidad de periodistas profesionales no puede ser dejada de lado para reemplazarlas por el uso de la inteligencia artificial", remarcó.

Por su parte, el líder de la Journalism Trust Initiative de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Bertrand Mossiat, destacó la necesidad de "avanzar hacia un estándar de calidad para los periodistas. Esto es parte de la condición para la reconstrucción de la confianza en los medios", alertó.

Con cuatro ejes temáticos fundamentales: El fortalecimiento democrático frente a la desinformación; Estrategias de medios ante las narrativas desinformantes; Innovación e IA frente a la desinformación; y Educación y Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en tiempos de deepfakes, la Cumbre propició una serie de propuestas para una lucha efectiva contra la desinformación en el futuro, y mostró la importancia de la colaboración y la innovación en la protección de la democracia.

El Comité Ejecutivo del evento anunció que en la próxima semana emitirá un pronunciamiento para marcar los desafíos que representa el problema de la desinformación en la era de la Inteligencia Artificial.

La IV Cumbre Global sobre Desinformación contó con el apoyo de Google News Initiative, la Embajada de Estados Unidos en Argentina, International Fact-Checking Network (IFCN), el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe (LACC) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Bertelsmann Stiftung.

Acompañaron el evento: International Center for Journalists (ICFJ), IJNet e IJNet en Español, Medianálisis, Asociación Nacional de Prensa de Chile (ANP), Fundación GABO, Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), el Knight Center para el Periodismo de las Américas, Naciones Unidas Bolivia, diario Perfil, InfoVeritas, ConverCom y Bolivia Verifica. En colaboración con DW Akademie.


La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó profundamente el fallecimiento de su Presidente Honorario Vitalicio activo, Scott C. Schurz, ex presidente de Schurz Communications Inc., Indiana, quien por más de 60 años apoyó las causas de la libertad de prensa en las Américas y el mundo.

Schurz falleció el 24 de mayo en Bellair, Florida. Tenía 85 años. Fue líder en numerosas organizaciones empresariales y periodísticas en Estados Unidos y a nivel internacional. Recibió varias distinciones por su trabajo en favor de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y por su labor filantrópica en diversas causas comunitarias.

La relación de Schurz y su esposa Kathryn con la SIP se remonta a comienzos de la década de 1990. Fue el único ejecutivo de la prensa en haber sido nombrado Presidente Honorario Vitalicio de esta institución.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que "extrañaremos su liderazgo, su jovialidad y su contagioso sentido del humor, pero sobre todo su sensibilidad y solidaridad que regalaba a todos los colegas del continente que deben trabajar en contextos difíciles y ante gobiernos autoritarios".

Canahuati, CEO del Grupo OPSA de Honduras, recalcó que "Scott nos inspiró y, como presidente honorario, dejó un legado que solidificó nuestra misión institucional para seguir luchando por la libertad de prensa y la democracia".

En octubre de 2019, Schurz recibió el Premio Presidencial de la SIP durante la 75ª Asamblea General de la institución en Coral Gables, Florida.

Scott y sus tres hermanos heredaron los periódicos de la empresa de su padre, Franklin D. Schurz, fallecido en 1987. Él se consolidó en el liderazgo de la compañía a los diarios bajo su dirección, el Bloomington Herald Times y The Bedford Times-Mail. En 2019, Schurz Communications vendió todas sus marcas editoriales a la cadena GateHouse y se convirtió en una empresa de servicios digitales. Luego GateHouse se fusionó con Gannet y ahora los periódicos que pertenecieron a la familia Schurz son parte de USA Today Network.

A Scott le sobreviven su esposa Kathryn Joan Foley con quien contrajo matrimonio en 1967; sus tres hijos, Scott Jr., Alexandra Gewant y John; y ocho nietos.

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https://www.sipiapa.org/notas/1214569-duelo-la-sip-el-fallecimiento-scott-c-schurz

ENMAYUSCULA.- El ministro de Economía y Finanzas ha anunciado la reciente aprobación en el Consejo de Gabinete del Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2025, que asciende a B/. 26,084 millones. “Esta decisión marca un precedente positivo, evidenciando la voluntad del Ejecutivo de comprometerse con el bienestar del pueblo panameño”, así lo destaca el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

El nuevo presupuesto representa una reducción de B/. 5,402 millones en comparación con el ejercicio fiscal anterior, no solo en lo presupuestado, sino también en lo ejecutado en 2024, medida que ha sido recibida con aprobación por parte del Sindicato que destaca el enfoque del Gobierno en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la implementación de medidas para reducir el déficit fiscal.

El SIP considera que esta acción es un paso fundamental hacia la responsabilidad fiscal, enfocando los recursos en las áreas de mayor necesidad y generando un impacto positivo en la economía nacional. Además, hacen un llamado a los diputados de la Comisión de Presupuesto para que adopten el presupuesto aprobado, con el fin de garantizar una gestión eficiente de los fondos públicos que responda a las verdaderas necesidades de la población.

“Es crucial que se utilice el dinero de manera eficiente, se generen empleos y se mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos”, expresaron desde el SIP, subrayando la importancia de una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para alcanzar estos objetivos.

MIAMI, (SIPIAPA).-  El fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica contra el presidente Rodrigo Chaves por atacar verbalmente a periodistas es un "antecedente prometedor" contra la práctica de estigmatizar a la prensa desde las esferas del poder, afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Desde hace varios años, la organización continental viene denunciando estas faltas en numerosos países de las Américas.

"Aplaudimos este antecedente prometedor para la libertad de prensa que sienta jurisprudencia ante un problema creciente que se registra en muchos países de la región, donde periodistas y medios de comunicación son vilipendiados por el poder político para contrarrestar opiniones, críticas o investigaciones periodísticas", afirmó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

La Sala Constitucional IV de la Corte Suprema costarricense concedió un recurso de amparo de José Ureña, periodista del periódico digital CRHoy, ante los agravios proferidos por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, durante una conferencia de prensa en enero. El mandatario llamó "sicarios políticos" a reporteros allí presentes, incluyendo a los del diario La Nación y el canal Teletica.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, recordó: "En nuestra reunión semestral de abril consignamos claramente que la estigmatización es una forma de apología de la violencia, ya que incita a los violentos a agredir a la prensa". 

Agregó que la "desacreditación del periodismo se ha entronizado en el lenguaje político para minimizar la fuerza del periodismo en su labor fiscalizadora e investigadora sobre casos de corrupción pública".

En la sentencia, la Sala IV señala que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos".

El año pasado el presidente Chaves también había sido cuestionado por su lenguaje denigrante contra el periodismo, luego de que calificara de "ratas" a quienes ejercen la actividad de informar.

En su reunión de Medio Año de abril, la SIP emitió una resolución sobre la estigmatización en la que instó a los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Honduras y Paraguay "a garantizar que el debate público se maneje con respeto, tolerancia y en el marco de los principios de libertad de expresión".

En las Conclusiones de esa reunión, la SIP expresó que "la estigmatización y degradación pública de la prensa es un fenómeno extendido entre presidentes y altos funcionarios".

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a diversas organizaciones internacionales, regionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, expresa su profunda alarma ante el clima de hostigamiento, estigmatización y amenazas que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Honduras en las semanas previas a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Los ataques recientes provenientes de altos mandos militares, sumados a una tendencia de acoso judicial, vigilancia digital y presiones administrativas, configuran un entorno hostil e incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa. En este contexto, las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad, independencia y libre ejercicio del periodismo, piedra angular de cualquier proceso democrático.

En las últimas semanas, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras ha emitido declaraciones públicas de extrema gravedad, en las que acusa a medios de comunicación y periodistas de encabezar supuestas “campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística” contra la institución militar. Estas afirmaciones, acompañadas de insinuaciones sobre un presunto “entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras del crimen organizado” en el contexto electoral, constituyen actos de estigmatización que buscan desacreditar el ejercicio profesional de la prensa.

Estas expresiones se suman a una serie de hechos ocurridos a lo largo del año. En febrero, altos mandos anunciaron la intención de emprender acciones judiciales contra al menos 12 medios hondureños con el fin de forzarlos a revelar sus fuentes informativas. En mayo, el medio oficial de las Fuerzas Armadas calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, un mensaje que refuerza un patrón sistemático de intimidación institucional, contrario a las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión.

En este mismo sentido, el medio digital Criterio.hn ha denunciado una escalada de ataques que incluye la intervención de sus cuentas en redes sociales, la descalificación pública de su labor investigativa y un hostigamiento judicial impulsado por el Ministerio Público, que ha solicitado la revelación de fuentes utilizadas en reportajes sobre presuntos vínculos de figuras públicas con redes de narcotráfico y corrupción.

Estos hechos no son episodios aislados, sino señales preocupantes de un entorno cada vez más hostil, estigmatizante y riesgoso para el ejercicio del periodismo independiente en Honduras, justo en un momento crucial para la vida democrática del país. Se producen en un clima de creciente tensión electoral, en el que los periodistas que cubren corrupción, crimen organizado o procesos políticos enfrentan un riesgo elevado, tanto de agresiones físicas como de represalias institucionales.

La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19, Free Press Unlimited, IFEX-LAC, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y PEN Internacional, entre otras, documentó recientemente “un patrón de vigilancia, intimidación y hostigamiento desde sectores estatales y militares”, así como la “falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el marco de las elecciones”.

La SIP y las organizaciones firmantes rechazan categóricamente las declaraciones del general Roosevelt Hernández y cualquier intento de criminalizar, intimidar o desacreditar a la prensa independiente. Las Fuerzas Armadas deben actuar dentro del marco constitucional que establece su subordinación al poder civil, y abstenerse de emitir declaraciones políticas o descalificatorias contra periodistas o medios.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había instruido al general Hernández a no pronunciarse sobre asuntos políticos o electorales, recordando que su institución actúa bajo la coordinación del órgano electoral precisamente para evitar injerencias o interpretaciones políticas indebidas.

Reiteramos que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental, y que el uso del discurso oficial para deslegitimar o señalar a periodistas constituye una violación directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recomendaciones

Con base en las observaciones de la Misión Internacional, las organizaciones firmantes formulan las siguientes recomendaciones concretas al Estado de Honduras y a las autoridades competentes:

Garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información
Asegurar que todos los medios, sin distinción, puedan cubrir las elecciones, los actos de campaña y los temas de interés público sin restricciones, censura ni represalias.
Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes.
Exhortar a las Fuerzas Armadas abstenerse de todo acto de estigmatización
Los altos mandos militares deben abstenerse a emitir declaraciones o publicaciones que desacrediten o pongan en riesgo a periodistas.
Recordar su obligación de neutralidad política y respeto a la libertad de expresión, en consonancia con los principios democráticos y la Constitución.
Investigar y sancionar los ataques y amenazas
Iniciar investigaciones independientes y transparentes sobre los ataques verbales y digitales contra periodistas, las campañas de difamación y el acoso judicial.
Sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios o agentes que incurran en amenazas, espionaje o hostigamiento hacia medios o comunicadores.
Fortalecer los mecanismos de protección
Dotar al Sistema Nacional de Protección de Defensores(as) de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de recursos adecuados, autonomía y capacidad de respuesta inmediata.
Adoptar protocolos de alerta temprana y respuesta urgente en casos de amenazas durante el proceso electoral.
Promover el diálogo y la transparencia
Establecer un canal formal de diálogo entre el Gobierno, el CNE, el Ministerio Público y las organizaciones de prensa para abordar riesgos específicos y coordinar medidas de prevención.
Garantizar que las instituciones públicas brinden acceso equitativo a la información, evitando bloqueos, discriminación o exclusiones arbitrarias de medios críticos.
Llamado a la comunidad internacional
Exhortamos a las misiones de observación electoral, a la Organización de los Estados Americanos, al Sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y la comunidad diplomática a incluir en sus informes un seguimiento específico sobre la situación de la libertad de prensa y la seguridad de periodistas durante y después del proceso electoral.
En vísperas de las elecciones generales que pondrá a prueba la fortaleza institucional del país, la libertad de prensa constituye la garantía más esencial de la democracia hondureña. La descalificación, intimidación o vigilancia de los periodistas no sólo amenaza a los medios, sino al derecho de toda la ciudadanía a estar informada.

Las organizaciones firmantes permanecerán en observación y seguimiento permanente, dispuestas a continuar brindando apoyo y acompañamiento a los periodistas y medios hondureños que, con valentía, defienden el derecho a la verdad y la libertad de expresión.

Organizaciones firmantes:

Alianza de Medios MX

ARTÍCULO 19 México y Centroamérica

Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI)

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)

Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC)

Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA)

Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Bolivi

Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Chile

Associação Nacional de Jornais (ANJ)

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)

C-Libre Comité por la Libre Expresión

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Free Press Unlimited (FPU)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)

Fundamedios

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

Instituto Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela)

International Press Institute (IPI)

PEN Internacional

Press Freedom Center en el National Press Club

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Voces del Sur

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa(SIP) calificó de "graves implicancias para la libertad de prensa" y de "posibles represalias" contra el periodismo una reforma reciente al Código Procesal Penal de El Salvador que crea la figura del "agente encubierto digital".

El 1 de febrero la Asamblea Legislativa aprobó cinco modificaciones al Código Procesal Penal para combatir los delitos informáticos. La reforma, entre otros cambios, autoriza "operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias", bajo aprobación de la Fiscalía General de la República.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó su preocupación por las consecuencias y graves implicancias para la libertad de prensa y dijo que se trata de medidas de represalia oficial contra el periodismo.

"Con el antecedente reciente de ciberespionaje contra más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupan que estas medidas puedan ser utilizadas por el gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa".

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: "Consideramos que estas medidas que legalizan el espionaje digital ponen en peligro al periodismo investigativo y la confidencialidad de sus fuentes, lo que irá en detrimento del derecho del público a saber".

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que las medidas de vigilancia digital no deberían violar principios sobre libertad de prensa ni derechos humanos.

Recordaron lo que establece la Declaración de Salta: "Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso".

También aludieron al punto 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobados en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este señala: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales."

La reforma del Código Procesal Penal también autoriza la presentación de pruebas digitales en los procesos judiciales.

Las evidencias incluirían "documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico".

Semanas atrás, pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad detectaron que 37 teléfonos móviles de periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Disruptiva, El Diario de Hoy y El Mundo, así como de representantes de cuatro organizaciones civiles, fueron interceptados con el software Pegasus, que la empresa israelí NSO Groupsolo vende a gobiernos.

Otra medida considerada alarmante se trata de la aprobación el 27 de enero en la Sala de lo Constitucional de una resolución que autoriza a la Fiscalía General de la República(FGR) a actuar penalmente contra posibles evasores, sin esperar agotar la vía administrativa.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

https://www.sipiapa.org/notas/1214947-graves-implicancias-la-libertad-prensa-el-salvador

MIAMI, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la indignante matanza de 11 comunicadores este año en México, que tiene entre sus víctimas más recientes a dos mujeres periodistas de Veracruz. La organización reiteró su llamado público a la comunidad internacional para exigir al Estado de ese país la "atención inmediata a esta grave y exasperante situación que enluta al periodismo mexicano y latinoamericano".

De acuerdo a testigos, Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y Sheila Johana García Olivera, camarógrafa del medio, fueron atacadas a balazos ayer en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Cerro Alto, de Veracruz. Ambas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde se reportaron sus muertes, según medios locales.

Canahuati, presidente de la SIP y CEO de Grupo Opsa, de Honduras, dijo que "la matanza de periodistas en México es indignante y sobrepasa la capacidad de entender qué se puede hacer para garantizar que los y las periodistas puedan ejercer su trabajo sin ser víctimas de violencia". Consideró "imprescindible" que la comunidad internacional ponga "atención inmediata a esta grave y exasperante situación que enluta al periodismo mexicano y latinoamericano".

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que "aunque se desconocen los móviles precisos de estos crímenes y de otro ocurrido hace unos días en Sinaloa, es imperativo que las autoridades tomen con mayor seriedad la matanza de periodistas, que tiene repercusiones en el mundo entero".

"Pedimos a las instancias policiales agotar todas las líneas de investigación y a la Justicia que castigue estos crímenes con severidad", dijo Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, "ya que

es la única forma de parar tanta violencia".
Una delegación internacional de la SIP, encabezada por Canahuati, viajará del 24 al 26 de mayo a Washington, DC, para abordar entre otros temas la violencia contra el periodismo mexicano. La delegación de la SIP prevé reuniones con funcionarios y legisladores estadounidenses, así como un encuentro con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

Los casos de Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera se unen a los de otros asesinatos este año en México: Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán; José Luis Gamboa, en Veracruz, Veracruz, y Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán.

El informe sobre México presentado en abril en la reunión semestral de la SIP, consignó: "Las principales organizaciones no gubernamentales del mundo coinciden en el grado de peligrosidad que existe en el país para ejercer el periodismo". En resoluciones emanadas de la misma reunión sobre impunidad y asesinatos, agresiones contra periodistas y mecanismos de protección, se pide a los gobiernos federal y estatales de México tomar distintas acciones para prevenir la violencia y proteger a los periodistas.

El barómetro de la SIP que mide el desempeño de las instituciones en materia de libertad de expresión y prensa, Índice Chapultepec, ubica a México en el lugar 16 de 22 países evaluados. El estudio establece que "la violencia contra los periodistas recrudeció, lo que llevó a considerar que en el país hay un clima poco favorable para el ejercicio de la libertad de expresión".

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

(SIPIAPA).-Con una agenda que reúne a algunas de las voces más influyentes del periodismo internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) continúa afinando los detalles de su 82.ª Asamblea General, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá. El período de inscripción anticipada (early bird) continúa abierto de la siguiente forma:

20 % de descuento hasta el 31 de julio
10 % de descuento del 1 al 31 de agosto
A partir del 1 de septiembre regirán las tarifas regulares.
Acceda aquí al formulario de inscripción.

Además de asegurar su lugar en este encuentro clave para el periodismo del continente, los participantes podrán acceder a tarifas preferenciales en el Hotel Hilton Bogotá, ubicado en Carrera 7 No. 72-41, sede del evento, ubicado en el corazón de una de las zonas más vibrantes de la capital colombiana.

Puede realizar su reserva de hotel en este enlace.

Entre los conferencistas confirmados se encuentran Marc Lacey, uno de los principales directores editoriales de The New York Times, y Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

También participará Ron Suskind, periodista y autor de renombre, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai, quien analizará cómo la inteligencia artificial está transformando las capacidades de investigación y análisis en las redacciones.

Se suma además Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle, quien compartirá la experiencia de la transformación digital del histórico diario y los desafíos de liderar a un importante medio de la costa oeste de Estados Unidos en medio de la disrupción por la IA.

Otra de las voces destacadas será Jineth Bedoya Lima, reconocida periodista colombiana, editora de género de El Tiempo y referente internacional en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Bedoya compartirá su experiencia como sobreviviente de la violencia y promotora de la campaña #NoEsHoraDeCallar, un símbolo de resistencia frente a la impunidad.

Durante la Asamblea se debatirán los temas más relevantes para el periodismo contemporáneo, entre ellos la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios, la innovación editorial y el impacto de la inteligencia artificial en la producción de contenidos y las redacciones.

Uno de los momentos más significativos del encuentro estará dedicado a conmemorar el 30º aniversario del histórico discurso de Gabriel García Márquez, quien definió al periodismo como "el mejor oficio del mundo" durante la Asamblea General de la SIP celebrada en Los Ángeles en 1996. La conmemoración incluirá un diálogo con Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabo, sobre la vigencia de ese legado para las nuevas generaciones de periodistas, junto al director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rosental Calmon Alves, de la Universidad de Texas en Austin.

Los asistentes también podrán beneficiarse de tarifas preferenciales en el Hotel Hilton Bogotá, sede oficial de la Asamblea, ubicado en una de las zonas más dinámicas de la ciudad, así como de descuentos especiales en Avianca, de hasta un 15 % en tarifas Classic y un 20 % en tarifas Flex y Business. Los descuentos están disponibles para todos los participantes de la asamblea que viajen desde distintos países de la región a Bogotá a través de este enlace. Se aplicarán al momento de realizar la reserva utilizando el código promocional GN014.

Con una programación de alto nivel, invitados de prestigio internacional y un espacio único para el intercambio de ideas y experiencias, la 82.ª Asamblea General de la SIP se proyecta como el principal punto de encuentro del periodismo de las Américas en 2026.

DOghIuiVAAAuBs9ENMAYÚSCULA, (SIP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las consecuencias negativas a nivel global que podría tener una posible decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre "derecho al olvido".

La Corte deberá resolver una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia, encargada de aplicar la ley de privacidad de datos. Esta institución pretende que Google, cuando le sea requerido, desindexe contenidos o enlaces en todos los sitios del mundo, no solo en el país de origen donde se originó la petición o en los de la Unión Europea donde existe una directiva general de protección de datos.

La CNIL había sancionado pecuniariamente a Google por no desindexar o borrar contenidos más allá de Francia. Google, que sí suprime contenidos y enlaces en sitios de la Unión Europea, pero se niega a hacerlo en otras partes del mundo, apeló la sanción ante el Consejo de Estado francés. En julio pasado, el Consejo elevó la disputa a la Corte Europea (CJUE) para su interpretación. El Tribunal, en definitiva, deberá decidir si el buscador está o no obligado a retirar contenidos y enlaces a escala global ante peticiones de autoridades europeas.

En una carta enviada esta semana a la CJUE, la SIP fijó su posición y advirtió el peligro que podría entrañar la posibilidad de que los contenidos se deban borrar a nivel global. "La aplicación del criterio francés (de la CNIL) podría inducir a países de regímenes represivos y autocráticos a tratar de imponer a nivel internacional las restricciones y censura que aplican en su jurisdicción nacional".

La SIP, así como lo expresó en octubre de 2016 a la presidenta de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, insiste en el peligro de la extraterritorialidad. "La desindexación global es una medida desproporcionada y desmedida, desde que la interpretación y la jurisprudencia que existe sobre el derecho a la privacidad y los atributos de la libertad de expresión y de prensa tienen marcadas diferencias en varios países. Sin ir más lejos, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como criterios constitucionales similares en muchos países latinoamericanos, no permitirían lo que Francia pide a Google, debido a que infringirían sus propias leyes".

Los firmantes, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, del diario peruano La República; Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del portal mexicano La Silla Rota y Carlos Jornet del subcomité de Derecho al Olvido, del periódico argentino La Voz del Interior, advirtieron que "lalibertad de expresión no podrá sobrevivir en internet si las leyes de cada nación se aplican a todos los sitios web".

Texto completo de la carta a la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE).

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
MIAMI, (NOTISTARZ).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte sobre los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de una ley en El Salvador que puede poner en riesgo la existencia de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales que reciben asistencia financiera del extranjero.

La propuesta "ley de agentes extranjeros", a iniciativa del presidente Nayib Bukele, establece un impuesto adicional del 40% a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero. Especialmente, pone en el blanco a aquellas instituciones que transmiten "cualquier material informativo físico, electrónico o digital".

Los argumentos de la iniciativa se basan en principios de "no injerencia" y "soberanía nacional", una forma que los gobiernos utilizan para amordazar a medios críticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben donaciones y aportes desde el extranjero. Al respecto, y citando a Nicaragua, México y Venezuela, entre otros países, la SIP alertó este año sobre "el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades".

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la "propuesta imita y profundiza la ley nicaragüense de reciente creación, que el gobierno de Daniel Ortega utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes".

Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que "se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor".

En una resolución de abril pasado, la SIP advirtió sobre este tipo de leyes que violan pactos políticos y la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que "los Estados deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia".

El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, el 9 de noviembre por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain. Argumentó que "esta ley permitirá defender la soberanía del país y se prohíbe la injerencia extranjera". Los infractores serán multados hasta con 10 mil dólares estadounidenses y se les podría cancelar la personería jurídica.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa. La organización insta al gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero. Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo.

Mensajes alentados por el expresidente Evo Morales quien, pese a una prohibición del Tribunal Constitucional intenta postularse por cuarta vez a la Presidencia, buscan el silenciamiento y la intimidación de la prensa independiente. Morales y sus seguidores acusan a la prensa de intentar anularlo políticamente. Periodistas de medios independientes han sido agredidos en carreteras, manifestaciones callejeres y a través de sus redes sociales, y han amenazado a medios de comunicación con la toma, incendio y asalto de sus sedes.

El informe semestral de la SIP consignó que en Bolivia “las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia” y agregó que “el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de ‘prensa vendida’ y ‘cárteles de la mentira’’’.

Se ha denunciado además hostigamiento judicial contra periodistas para que revelen su fuente de información. La semana pasada, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusó al canal privado Unitel de “un afán conspirador”.

El presidente de la SIP José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia. Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó al gobierno a “mostrar tolerancia frente a la diversidad de opiniones y a garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cualquier acto de violencia o amenaza contra periodistas y medios”. Agregó que “el Estado debe asumir su responsabilidad de promover un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, desalentar todo tipo de discurso estigmatizante y poner fin a cualquier incitación a la violencia”.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó que Bolivia la calificación de “alta restricción” en el país “es indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios; de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar y expresarse”. Concluye que “la labor periodística es víctima múltiple de la asfixia económica gubernamental, del acoso y de los ataques físicos, verbales, cibernéticos, policiales y judiciales, entre otros, que ahondan la vulnerabilidad de su ejercicio y que conculcan la garantía democrática de una sociedad informada y con libertad de expresarse”. El país se ubicó en el puesto 18 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

ENMAYUSCULA, (SIP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesta su alarma y preocupación ante la demanda presentada por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario Des Moines Register y su empresa matriz Gannett.

La acción legal, interpuesta en un tribunal del estado de Iowa, alega fraude al consumidor en virtud de una ley estatal, basándose en una encuesta publicada el 2 de noviembre, que proyectaba para la candidata demócrata Kamala Harris una ventaja de tres puntos porcentuales en el estado.

La demanda presentada no solo acusa a la encuesta de ser “una ficción de interferencia electoral”, sino que también señala que “millones de estadounidenses fueron engañados”, según informes de la prensa estadounidense.

“Los medios de comunicación desempeñan un rol esencial en las democracias modernas, al proporcionar información y análisis independientes que permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz. “Cuestionar este rol mediante acciones legales que buscan intimidar y silenciar a los medios sienta un precedente peligroso y amenaza los valores fundamentales de la libertad de expresión”, agregó quien es a la vez presidente y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Lark-Marie Anton, vocera del The Des Moines Register declaró: “Esta demanda carece de fundamento. Hemos reconocido que la encuesta preelectoral Selzer/Des Moines Register no reflejó el margen definitivo de la victoria del presidente Trump en Iowa el día de las elecciones, pero publicamos los datos completos de la encuesta, incluidas las demografías, tablas cruzadas, datos ponderados y no ponderados, así como una explicación técnica de la encuestadora Ann Selzer”.

Anton añadió; “Defendemos nuestra cobertura sobre este asunto y defenderemos vigorosamente nuestros derechos de la Primera Enmienda”.

Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló que “el uso de demandas legales para intimidar a los medios de comunicación es una herramienta de coacción que contraviene los estándares internacionales sobre la libertad de prensa. Instamos al presidente electo Trump a respetar el rol fundamental que los medios libres e independientes tienen en una democracia”.

Esta es la segunda vez en pocos meses que Trump utiliza leyes estatales contra la información supuestamente engañosa al consumidor para atacar a un medio de comunicación. En octubre, presentó una demanda contra CBS News en un tribunal federal de Texas, alegando que el programa periodístico 60 Minutos incurrió en prácticas comerciales engañosas al emitir una entrevista con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

Este enfoque, que incluye la búsqueda de jurisdicciones legales favorables, refleja una estrategia más amplia del presidente electo y su equipo para usar el sistema judicial como una herramienta de ataque contra los medios críticos.

La semana pasada, la cadena televisiva ABC llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda por difamación presentada por el presidente electo, y pagó 15 millones de dólares, además de otro millón en honorarios legales, lo que parece haberlo envalentonado. Trump había presentado una demanda por difamación contra ABC y el conductor George Stephanopoulos después de que este afirmara que el presidente electo había sido declarado "responsable de violación" en una causa civil, según informes de prensa.

Trump, quien califica a los periodistas como "enemigos del pueblo", ha descrito repetidamente su deseo de ser tratado “justamente”. Sin embargo, lo que él considera justo a menudo parece ser una cobertura mediática que no lo cuestione.

(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación y enérgica condena ante la escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, empresa editora de los diarios Expreso y Extra, en un contexto que revela un preocupante deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

En los últimos días, la situación ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con la denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos de Granasa, presentada por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en el marco de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía, según informó Expreso.

Entre las personas señaladas en el proceso se encuentra Ingrid Francisca Martínez Leisker, accionista de la empresa, cuya participación es objeto de controversia en el litigio societario en curso. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Guayas e incluye también a su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker y a otros seis directivos del grupo editorial: José Gabriel Martínez Castro, Eduardo Carmigniani Valencia, Carlos Alfonso Martínez, Felipe Eduardo Terrero Martínez y Michelle Andreina Villamar Guerrero, además de la mencionada Ingrid Francisca Martínez Leisker.

La denuncia no puede analizarse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica mercantil o penal. Por el contrario, forma parte de un proceso más amplio que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias que, según diversas denuncias, buscan incidir en la estructura de propiedad y, potencialmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos del país, según ha documentado la SIP.

El conflicto se origina en un intento de revertir la transferencia de acciones realizada hace varios años, lo que ha derivado en una cadena de actuaciones institucionales —incluyendo intervenciones de la Superintendencia de Compañías, decisiones judiciales y ahora denuncias penales— que han sido cuestionadas por su rapidez, coordinación y efectos acumulativos, de acuerdo a informes de prensa.

Además, el propio Grupo Granasa ha denunciado un “escenario complejo para la libertad de expresión”, señalando que las instituciones del Estado estarían siendo utilizadas como herramientas de presión política, en un contexto donde medios críticos han enfrentado previamente investigaciones por supuestos delitos financieros que no prosperaron.

En paralelo, acciones simbólicas como portadas en blanco de los diarios Expreso y Extra han buscado alertar a la opinión pública sobre lo que consideran un patrón de hostigamiento que trasciende lo judicial y se proyecta como un intento de control o condicionamiento editorial.

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa. Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, subrayó: “Nos preocupa especialmente la acumulación de medidas —administrativas, judiciales y ahora penales— que, en conjunto, pueden derivar en una forma indirecta de censura. La independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder”, destacó Ramos, Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La organización hace un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que garanticen el respeto irrestricto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión, evitando el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante recientes acciones y declaraciones de autoridades regulatorias en Estados Unidos que podrían derivar en la revisión o eventual revocación de licencias de televisoras, en un contexto que diversos sectores interpretan como represalia frente a contenidos editoriales críticos.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ordenó una revisión anticipada de las licencias de varias estaciones de televisión pertenecientes a la cadena ABC, propiedad de Disney, pese a que dichas licencias no debían renovarse hasta finales de la década, según múltiples informes de prensa.

La decisión se produce en medio de una escalada de tensiones entre autoridades federales y la cadena, luego de críticas dirigidas a un programa satírico conducido por el comediante Jimmy Kimmel. Diversos informes indican que el presidente de Estados Unidos había solicitado públicamente la salida del presentador, lo que fue seguido por la apertura del proceso regulatorio.

Aunque la FCC ha señalado que la revisión se enmarca en evaluaciones sobre cumplimiento normativo —incluyendo aspectos vinculados a políticas corporativas—, el contexto político en el que ocurre ha generado fuertes cuestionamientos. Expertos y organizaciones han advertido que la medida podría interpretarse como una forma de presión indirecta sobre contenidos editoriales, especialmente considerando que la revocación de licencias de televisión es extremadamente inusual en Estados Unidos.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “las concesiones de radiodifusión no pueden convertirse en instrumentos de represalia política. Cualquier intento de utilizar mecanismos regulatorios para castigar contenidos críticos o satíricos erosiona principios fundamentales de la libertad de expresión y debilita el sistema democrático”, afirmó Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, afirmó que “cuando las autoridades sugieren que la permanencia de un medio en el aire puede depender de su línea editorial, se cruza una línea peligrosa. La independencia de los medios y la protección frente a presiones políticas son condiciones esenciales para el ejercicio del periodismo”, indicó Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Organismos internacionales han establecido que los marcos regulatorios en materia de radiodifusión deben aplicarse de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, y nunca como represalia por el contenido informativo o de opinión de los medios. La libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda en Estados Unidos incluye la sátira política, una forma tradicional de escrutinio del poder en sociedades democráticas.

En septiembre pasado la SIP advirtió que incluso la mera insinuación de retirar la licencia a un radiodifusor por ejercer un periodismo crítico constituye una forma inaceptable de censura. Esta práctica no solo contradice los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec, sino que vulnera de manera directa sus artículos 5 y 6, y de forma particularmente clara el artículo 7, que establece: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o de equipos de recolección de noticias, la asignación de frecuencias de radio y televisión y la concesión o retiro de la publicidad estatal no deben ser utilizadas para premiar o castigar a los medios o a los periodistas individuales”.

El informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, aprobado en la pasada reunión semestral de la SIP, denunció también que la FCC “continúa amenazando con medidas que ampliarían su discrecionalidad para silenciar expresiones en el espectro radioeléctrico que no le resulten favorables” al gobierno.
Miami, 14 de noviembre de 2024, (SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció hoy la creación de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX).

Se trata de un programa cuyo objetivo es asistir a periodistas que se encuentren en situación de exilio, desplazamiento o movilidad forzada por persecución a causa de su trabajo, para colaborar en la continuidad de su labor informativa y también facilitar el intercambio de información sobre esta problemática.

Asimismo, la red respaldará a medios de comunicación que debieron trasladar sus redacciones a otros países, por el acoso de regímenes autoritarios.

En los últimos años, la SIP ha documentado un sostenido aumento en el número de periodistas que deben salir al exilio desde países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Cuba y Ecuador, o que se ven obligados a desplazarse a otras regiones dentro de sus propios países, como en México y Colombia. Decenas de periodistas latinoamericanos se ven forzados a moverse o emigrar debido a la violencia, las amenazas y la persecución por parte de grupos criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios. Asimismo, varios medios de comunicación fueron clausurados o debieron cerrar las redacciones en sus países de origen y mover sus operaciones al exterior.

"El compromiso de la SIP es con la libertad de expresión sin límites ni fronteras. Sin embargo, cada vez que un periodista es obligado a exiliarse o a movilizarse por amenazas a su seguridad, el propósito de quienes buscan callarlo se cumple de manera devastadora", declaró Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

La Red surge en respuesta al problema del exilio y desplazamiento de periodistas en el continente, alimentado por la proliferación de regímenes antidemocráticos. La SIP ha adoptado este tema como prioridad y ha estado trabajando intensamente tras la creación de una subcomisión de periodismo en el exilio para supervisar estas iniciativas, la cual es presidida por Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, de Nicaragua (clausurado por el régimen de Daniel Ortega y que continúa operando por internet fronteras afuera).

Durante la Asamblea General de la SIP en octubre pasado, la SIP concedió al Periodismo en el Exilio el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024, su más alta distinción, en homenaje a colegas y medios de comunicación latinoamericanos que, en circunstancias de extremo riesgo y adversidad, continúan su labor en defensa de la libertad de expresión y el compromiso con la verdad.

"El periodismo en el exilio es una prioridad para la organización dado el agravamiento de la situación en los últimos años," afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP. "Esperamos que esta iniciativa sirva de vehículo para sumar esfuerzos con las organizaciones que ya cuentan con programas diseñados para apoyar al periodismo en el exilio o en situación de desplazamiento", agregó Dutriz, presidente y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

La RELPEX se inicia con un fondo semilla aportado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y ha comenzado a trabajar en alianza con la DW Akademie, la UNESCO y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de Costa Rica, entre otras organizaciones. Juntos están desarrollando una plataforma, que estará disponible en el sitio periodismolibre.org, donde periodistas en situación de movilidad podrán encontrar información sobre programas y apoyos específicos.

En su primer año, la RELPEX también lanzará un programa de empleo que beneficiará a hasta 10 periodistas latinoamericanos que serán contratados por medios de comunicación en los países a los que se han trasladado.

La coordinación de la RELPEX está a cargo de la periodista salvadoreña Mariana Belloso, gestora de proyectos de la SIP para medios en riesgo. Para registrarse en la red, los interesados pueden llenar un formulario que está disponible en este enlace.

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(SIPIAPA).-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha culminado con éxito la actualización de la histórica Declaración de Salta de 2018, ahora conocida como "Declaración de Salta II". Este nuevo documento fue aprobado durante el cierre de la Asamblea General de Córdoba, y adapta el texto original a los retos que plantea el entorno digital actual para la libertad de prensa.

La Declaración de Salta II aborda temas cruciales como la inteligencia artificial y la opacidad de los algoritmos, que pueden contribuir a la polarización y a la difusión de desinformación, socavando el debate público. Asimismo, se enfoca en las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado publicitario, y en la importancia del respeto a los derechos de propiedad intelectual, esencial para la viabilidad económica del periodismo.

Uno de los pilares de la nueva versión es que los derechos a la libertad de expresión y de prensa deben ser garantizados tanto en el ámbito analógico como en el digital. Esto implica que las regulaciones sobre internet, inteligencia artificial y otras tecnologías deben respetar los derechos humanos y asegurar un acceso libre y neutral a la red. La declaración también subraya la necesidad de que los gobiernos eviten interferir en el acceso a la información, ya sea a través de censura previa o sanciones a quienes critiquen a las autoridades en el entorno digital.

El proceso de actualización fue un esfuerzo colectivo, que incluyó consultas a más de 150 representantes de medios, empresas tecnológicas, centros de pensamiento, organizaciones de derechos humanos, y la sociedad civil, garantizando así una perspectiva plural y diversa. Coordinado por los copresidentes de la Subcomisión de Salta II, Martín Etchevers y Gustavo Mohme, el proceso buscó escuchar y considerar diferentes puntos de vista.

Uno de los aspectos más destacados de la Declaración es la protección de los derechos de autor y la compensación justa para los medios de comunicación y periodistas por el uso de sus contenidos en plataformas digitales. Se enfatiza que los intermediarios tecnológicos, incluidos los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, deben respetar estos derechos y tomar medidas para promover la competencia y la diversidad informativa.

Durante los debates en la Asamblea, la SIP también diferenció entre las grandes empresas tecnológicas y su colaboración con los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación. En particular, se reconocieron los esfuerzos de Google News Initiative en este sentido. La declaración resalta que los actores tecnológicos que ignoran o eluden los marcos regulatorios que los involucran atentan contra el derecho a la información y la libertad de prensa.

La nueva Declaración también aborda la responsabilidad de los estados en la protección de periodistas y medios de comunicación frente a la violencia digital, el acoso y la ciber vigilancia. Se insta a los gobiernos a garantizar un ambiente libre de violencia y a investigar y sancionar cualquier agresión contra quienes ejercen la función informativa.

Este proceso de actualización comenzó en 2023, en respuesta a los cambios tecnológicos acelerados y a los nuevos desafíos que enfrenta la libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Tras un largo período de reflexión y consulta, el texto fue revisado por expertos internacionales, consolidando su enfoque visionario.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que rechazó definitivamente el caso civil contra el diario La Prensa, por considerarlo un avance importante para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo de investigación en la región.

La Corporación La Prensa, según informó, resultó favorecida por un fallo unánime de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la demanda presentada por la sucesión del exmagistrado fallecido César Pereira Burgos, en la que se reclamaban 25 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios por tres publicaciones del diario La Prensa, realizadas en 2006.

El máximo tribunal, cuyo magistrado ponente fue Olmedo Arrocha Osorio, destacó que la actuación de La Prensa se enmarcó dentro del interés público y el derecho ciudadano a estar informado.

En su fallo, la Corte Suprema señaló que “de igual forma, el demandante tampoco ha demostrado que los hechos expuestos [...] sean falsos [...]. Siendo ello así, mal pudiera catalogarse lo publicado como un hecho ilícito, pues no se ha acreditado que el comportamiento de la demandada estuviese alejado del estándar exigido para estos casos [...].”

Según La Prensa, el fallo también advierte sobre el riesgo de autocensura derivado de demandas con montos exorbitantes. El fallo advierte que “... no pueden prosperar aquellas indemnizaciones que solo buscan satisfacer los sueños de fortuna de los demandantes, inflando desmedidamente sus cuantías a fin de acallar a quienes solo han ejercido su derecho a expresarse.”

“El fallo representa una victoria para la libertad de prensa en Panamá y sienta un precedente que refuerza el rol esencial del periodismo en la fiscalización del poder”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Celebramos que la Corte Suprema haya reivindicado el principio de que el interés público debe prevalecer sobre intentos de silenciar a los medios mediante demandas civiles”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó: “Este fallo representa un precedente importante para la libertad de expresión en Panamá. Reafirma que los periodistas no pueden ser castigados por investigar y divulgar asuntos que involucran a figuras públicas. Es también un mensaje claro contra la judicialización abusiva del periodismo”.

Este fallo es importante teniendo en cuenta que la Corporación La Prensa afronta en la actualidad 14 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la exjueza Argentina Barrera, por una suma cercana a 40 millones de dólares en concepto de multas e indemnizaciones.

La SIP ya ha advertido sobre la laxitud de la Justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aun sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas, que además generan altísimos costos para afrontar las costas judiciales, más allá de que la causa termine siendo desechada.

La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por figuras públicas en busca de resarcir su honor o reputación no sean dirimidas en el ámbito penal sino en el civil, y que en estos casos exista una proporcionalidad en la demanda y en la eventual reparación establecida por los jueces.

En febrero pasado, la SIP calificó como un hito trascendental la adhesión de los presidentes de los tres poderes del Estado panameño a las declaraciones de Chapultepec y Salta II, al considerar que este acto refleja un firme compromiso con las libertades de expresión y de prensa, pilares esenciales para la democracia.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia en el caso del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar, al establecer por primera vez que los crímenes contra periodistas deben ser investigados, juzgados y sancionados con enfoque diferencial.

La sentencia, emitida el 6 de agosto pero difundida el 14 del mismo mes, reconoce el riesgo superior que enfrentan quienes ejercen el periodismo y ordena a jueces y fiscales incorporar la perspectiva de censura, lo que implica analizar el contexto de las agresiones, identificar patrones históricos de violencia contra la prensa y valorar de manera integral las pruebas, incluyendo indicios.

El fallo ratifica la condena de 2018 a 58 años de prisión contra Yean Arlex Buenaventura Barreto, autor material del homicidio de Peralta Cuéllar y de su esposa en 2015, y restablece la agravante de que el crimen estuvo motivado por su labor periodística.

La Corte concluyó que Peralta, director de la emisora Linda Estéreo, fue asesinado como consecuencia de sus denuncias de corrupción y de su rol de control social al poder local, tras haber sufrido amenazas, un intento de atentado con explosivos en 2011 y nuevas intimidaciones en la época electoral de 2015.

En su sentencia, la Corte Suprema enfatizó que “los funcionarios judiciales deben reconocer el patrón criminal histórico y cíclico de ataques contra periodistas e incorporar una perspectiva de censura en las decisiones investigativas y judiciales”, en palabras del magistrado ponente José Joaquín Urbano Martínez. Además, señaló que estos crímenes trascienden el daño individual y afectan directamente la democracia al restringir el flujo de información y el derecho colectivo de la sociedad a estar informada.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación presentado por el hijo de las víctimas, luego de que en 2021 el Tribunal Superior de Florencia considerara que no todo homicidio de un periodista es con ocasión de su labor, eliminara el agravante, lo sentenciara por homicidio simple y redujera la pena.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, sostuvo: “Aunque el fallo se refiere a un caso puntual, establece un precedente clave para otros procesos. Al confirmar que el asesinato de Peralta Cuéllar fue motivado por su labor periodística, la Corte Suprema refuerza la idea de que los periodistas son atacados por su trabajo. Esta decisión puede guiar futuras investigaciones y juicios, obligando a las autoridades a indagar a fondo y contextualizar los hechos”.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), añadió: “Este fallo es un paso trascendental en un país donde la mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. La sentencia de la Corte Suprema marca un precedente que fortalece la protección de los comunicadores y la garantía de la libertad de prensa”.

La Corte Suprema de Colombia reconoció que los periodistas enfrentan un riesgo superior debido al contexto histórico de violencia y polarización en el país, lo que les otorga una protección constitucional reforzada, según el fallo. Señaló que los crímenes contra la prensa no ocurren de forma aislada, sino que responden a un patrón sistemático de agresiones: el periodista ejerce control social, recibe amenazas para inducir la autocensura, es vigilado por estructuras criminales y, en muchos casos, termina siendo secuestrado, torturado, desplazado o asesinado.

Este ciclo de violencia ha sido documentado, añade el falle, por organismos internacionales como la ONU y la OEA, así como por las altas cortes colombianas incluyendo los casos Carvajal Carvajal y Bedoya Lima, y ha llevado a que el Código Penal agrave expresamente delitos cometidos contra periodistas —entre ellos amenazas, secuestro, tortura, desplazamiento forzado y homicidio—. La decisión subraya que los crímenes contra la prensa deben investigarse con un enfoque diferencial que tenga en cuenta este contexto estructural de represión e impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también celebró el fallo como “un hito en la lucha contra la impunidad en los ataques contra la prensa”, al subrayar que los asesinatos de periodistas forman parte de un patrón histórico de violencia y censura que debe ser reconocido y combatido por las instituciones del Estado.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaude el fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica que declaró con lugar los recursos de amparo presentados contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Popular por retirar su pauta publicitaria al programa televisivo El Chinamo, transmitido por Teletica Canal 7, tras la emisión de su segmento satírico “El Chinaoke”. La organización consideró la resolución como un importante precedente a favor de la libertad de prensa en Costa Rica.

El tribunal constitucional, conocido como Sala IV, reconoció que las decisiones de ambas entidades estatales constituyeron un acto de censura indirecta al imponer consecuencias comerciales vinculadas al contenido editorial, en este caso de carácter satírico, violando derechos fundamentales consagrados por la Constitución y tratados internacionales, según informes de la prensa local.

En los recursos de amparo presentados por un abogado y un ciudadano adulto mayor, se denunció que el ICE y el Banco Popular retiraron su patrocinio tras la emisión de canciones con sátira política y social en la sección “El Chinaoke”. La Sala subrayó la importancia de este tipo de manifestaciones dentro del marco democrático y destacó que la pauta oficial no puede ser usada para restringir el derecho a criticar al poder.

La Sala Constitucional determinó que ambas entidades vincularon el financiamiento de publicidad estatal al contenido de un segmento humorístico de crítica política, lo que constituye una forma inapropiada de utilizar fondos públicos para ejercer presión, según informó Teletica. Los Chinaokes emitidos en la temporada 2024 abordaron temas como la inseguridad, el alto costo de vida, la desigualdad social y las deficiencias en los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“La decisión de la Sala Constitucional fortalece un principio esencial: la publicidad estatal no debe ser utilizada como mecanismo de premio o castigo para condicionar contenidos periodísticos o artísticos”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP. “Saludamos la claridad del fallo, que envía un mensaje inequívoco sobre la obligación de las instituciones públicas de respetar la libertad de expresión en todas sus formas”, afirmó Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “La sátira y el humor político son formas legítimas de crítica que enriquecen el debate democrático. Este fallo reconoce que retirar la pauta estatal por el contenido crítico de un programa constituye una forma de censura velada y es improcedente en una sociedad democrática”, señaló la directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Televisora de Costa Rica también reaccionó tras la decisión del tribunal: “Ante el fallo de la Sala Constitucional, Televisora de Costa Rica valora la defensa de la libertad de expresión que hace la Sala y estamos analizando nuestras opciones que incluyen la valoración de daños y perjuicios sufridos por estos hechos evidentemente inconstitucionales que atentan contra libertad de prensa, libertad de expresión y la libertad de comercio”.

El fallo viene a dar la razón al pronunciamiento de la SIP el 21 de diciembre de 2024, en el que la organización advirtió sobre el uso de la pauta estatal como instrumento de censura en Costa Rica, tras las acciones del ICE y el Banco Popular. En ese momento, la SIP condenó la interferencia gubernamental que pretendía silenciar expresiones legítimas de crítica mediante presiones económicas.

La SIP también celebró otros dos fallos recientes de la Sala IV que refuerzan la libertad de prensa en Costa Rica. En el primero, en mayo pasado, resolvió por unanimidad a favor de 3 periodistas locales en dos recursos de amparo presentados contra el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en el que aludían violaciones a la libertad d prensa y el derecho de acceso a la información.

La organización ya había saludado una decisión anterior del mismo tribunal, dictada en mayo de 2023, en la que la Sala Constitucional destacó que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos".

Una misión de la SIP verificó en enero pasado, durante una visita al país, una "preocupante degradación del ambiente de libertad de prensa", incluyendo prácticas gubernamentales de estigmatización contra medios y periodistas críticos. La misión también documentó cómo el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad y autocensura en ciertas redacciones.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente las amenazas contra la seguridad personal de Joseph Guyler C. Delva, periodista haitiano reconocido por su labor en defensa de la libertad de prensa y de expresión. Ante la gravedad de la situación, Delva suspendió sus actividades profesionales.

Delva, secretario general de la organización SOS Journalistes Haití y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en este país, denunció que desde inicios de agosto ha sido víctima de constantes intimidaciones, incluidas amenazas de muerte por parte de individuos no identificados.

El periodista informó sobre estas amenazas a la dirección de Radio Caraïbes, emisora en la que co-conducía el programa sociopolítico Matin Caraïbes. Debido al creciente riesgo, se vio obligado a cesar temporalmente su labor periodística. Delva también reveló que existía un plan para vincularlo con actividades de bandas armadas, el cual fue descartado por las autoridades haitianas debido a las posibles consecuencias negativas para la Dirección Central de la Policía Judicial.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó la solidaridad de la organización con el periodista. Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, afirmó: “El clima de hostigamiento y amenazas que enfrenta Delva es una clara muestra de las condiciones de indefensión en las que los periodistas realizan su labor informativa en Haití y constituye un atentado contra la libertad de prensa en el país”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, hizo un llamado urgente a las autoridades haitianas: “Instamos a que se garantice de manera inmediata y efectiva la integridad física de Joseph Guyler C. Delva y el pleno ejercicio profesional de todos los trabajadores de prensa en Haití”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó que “las amenazas contra un periodista son amenazas contra toda la sociedad; no podemos permitir que la violencia silencie la voz de quienes defienden el derecho ciudadano a estar informados”.

Delva ha sido objeto en reiteradas ocasiones de prácticas discriminatorias por parte de las autoridades, lo que también ha influido negativamente en la organización que dirige, excluida de una reciente iniciativa de apoyo a la prensa local.

En Haití, la violencia, la inestabilidad política y la inseguridad generalizada continúan afectando todos los aspectos de la vida cotidiana. En este contexto, los periodistas ejercen su labor en un estado de total vulnerabilidad y sin garantías de protección. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, “las y los periodistas en Haití enfrentan los mayores desafíos para la libertad de prensa en el hemisferio”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Miami (30 de octubre de 2024) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido el martes en el estado de Michoacán, México. La organización instó al nuevo gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum a disponer las medidas necesarias para evitar que este y otros crímenes contra periodistas permanezcan en la impunidad.

Cruz Solís, de 25 años, era director del portal Minuto x Minuto, que cubre información sobre la comunidad y temas de violencia, según informes de prensa. Fue asesinado la noche del martes en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán.

El periodista también conducía el noticiero Enlace Informativo, de la estación Radiorama, y fue reportero de los diarios ABC y La Opinión, ambos de Michoacán.

Luego de concluir una entrevista en vivo con el alcalde Carlos Manzo, sobre un incendio ocurrido días antes y que destruyó más de 60 establecimientos comerciales en un mercado, fue interceptado y atacado a balazos, de acuerdo con testigos citados en la prensa local.

José Roberto Dutriz, quien asumió la presidencia de la SIP recientemente, expresó sus condolencias por el asesinato. Dutriz, presidente y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador, lamentó que "un nuevo asesinato empañe la actividad periodística en México" y solicitó "a las autoridades estatales y al nuevo gobierno federal conducir una investigación exhaustiva para conocer el móvil, identificar y enjuiciar a los acusados".

Si bien Cruz Solís no había denunciado amenazas en su contra, el colectivo NiUnoMás en Michoacán, una organización local defensora de los derechos de los periodistas, aseguró que el teléfono del periodista fue filtrado en grupos de WhatsApp, lo que generó mensajes de odio en sus redes sociales.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que "además de los riesgos directos que enfrentan muchos periodistas durante el ejercicio de su labor, la violencia se potencia debido a la ineficacia de los mecanismos de protección gubernamental, la falta de medidas de seguridad personal y, sobre todo, la impunidad de estos crímenes".

Los directivos de la SIP se refirieron a la responsabilidad del Estado de investigar y sancionar la violencia contra periodistas y medios de comunicación, según lo establecen instrumentos internacionales tales como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec de la SIP.

El asesinato de Cruz Solís es el cuarto registrado este año en México. Se suma a los de los periodistas Alejandro Martínez Noguez, el 4 de agosto, en Guanajuato; Víctor Alfonso Culebro Morales, el 28 de junio, en Chiapas; y Roberto Carlos Figueroa Bustos, el 26 de abril, en Morelos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
(SIPIAPA).- LaSociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su condena enérgica por el asesinato de Miguel Ángel Beltrán en el estado de Durango, México. El periodista había hecho denuncias públicas contra el crimen organizado.

Beltrán, de 60 años, fue visto por última vez por su hijo el 23 de octubre. Su cuerpo, con aparentes signos de violencia, fue hallado dos días después en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango–Mazatlán, envuelto en una cobija y con un mensaje que advertía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”, según la prensa local.

El periodista tenía una larga trayectoria en los medios locales de Durango y en los últimos años amplió su presencia en plataformas digitales. En los días previos a su muerte, había denunciado en redes sociales un aumento de la violencia y la presencia de grupos delictivos en la región. En TikTok se identificaba como “El Capo” y en Facebook como La Gazzeta Dgo, según informes de prensa.

Pierre Manigault, quien asumió como presidente de la SIP el pasado 19 de octubre, expresó: “En este momento de dolor y consternación, extendemos nuestra solidaridad a la familia, colegas y amistades de Miguel Ángel Beltrán”. Manigault, presidente del grupo de medios Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, dijo: “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que “dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó a las autoridades de Durango y del gobierno de México “a activar sin demora los mecanismos de investigación correspondientes para aclarar qué sucedió y conocer si el móvil del homicidio estuvo relacionado a su trabajo periodístico”.

Beltrán fue colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde principalmente cubría la fuente deportiva y temas policiacos. También fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango.

La SIP ha venido denunciando las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a irregularidades en la administración local.

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MIAMI, (SIPIAPA).-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como "alarmantes" el asesinato de un periodista en Guatemala y las agresiones contra otros periodistas en México, El Salvador y Honduras. La organización anunció que la deficiencia de los sistemas de protección para comunicadores será tema especial durante la Reunión de Medio Año, que celebrará del 19 al 21 de abril.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, condenó el asesinato y las amenazas e intimidación contra los periodistas. "Toda violencia contra la prensa debe interpretarse como una afrenta directa al derecho del público a estar informado", dijo Jornet. "Urge que estas agresiones -agregó el director periodístico del diario argentino La Voz del Interior- sean repelidas y tomadas muy en serio por gobiernos y organizaciones civiles, en especial en el caso de México, país donde fueron asesinados ocho periodistas en este primer trimestre de 2022".

En Guatemala un grupo de individuos asesinó el 8 de marzo el periodista Orlando Villanueva en Puerto Barrios, capital del departamento de Izabal. Villanueva denunciaba actos de corrupción y mal desempeño de autoridades municipales en su página digital Noticias del Puerto. Poco antes de su muerte denunció ante el Ministerio Público sufrir hostigamiento y ser perseguido por agentes y empresarios de Izabal.

En otros hechos, periodistas del diario mexicano El Universal que entrevistaban ayer a pobladores de San Pablo Tecalco, Tecámac, en el Estado de México, fueron amenazados por cinco sujetos, algunos de los cuales portaban chalecos con la insignia de la Policía Estatal. Con disparos al aire, conminaron a dos periodistas y un fotógrafo del diario y a una activista de protección del medio ambiente a suspender su trabajo y borrar imágenes y los amenazaron con quemarlos vivos y que serían asesinados si regresaban al lugar.

Los periodistas recogían testimonios de las denuncias de los habitantes de San Pablo Tecalco sobre la extracción de materiales de un cerro que sería utilizado para la construcción del nuevo aeropuerto internacional.

En El Salvador, el 29 de marzo un fotógrafo del periódico El Diario de Hoy fue agredido por militares que lo obligaron a arrodillarse y a borrar imágenes de su cámara fotográfica. Durante los primeros días del toque de queda, decretado el domingo ante el incremento de la violencia pandillera, otros periodistas denunciaron que los militares y policías les impiden realizar su labor.

En Honduras, el diario El Heraldo denunció amenazas de muerte, intimidación y una campaña de desprestigio en redes sociales en contra del periodista Yony David Bustillo Centeno, presuntamente provenientes de personal del Cuerpo de Bomberos. El periodista viene investigando sobre actos de corrupción y falta de transparencia en esa institución.

Según el Índice Chapultepec de la SIP, Guatemala, México, El Salvador y Honduras, vienen reprobando en materia de violencia e impunidad en los últimos dos años, una de las cuatro dimensiones que la herramienta utiliza para medir el nivel de libertad de prensa en una sociedad.

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https://www.sipiapa.org/notas/1215017-la-sip-condena-asesinato-guatemala-y-agresiones-mexico-el-salvador-y-honduras

MIAMI, (SIPIAPA).- El brutal asesinato de dos reporteros haitianos atribuido a bandas armadas en Puerto Príncipe pone en marcha la "cuenta macabra" de periodistas asesinados en las Américas en 2022.

Así lo advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que demandó a las autoridades una rápida investigación y la "inmediata captura y el enjuiciamiento" de los responsables.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach, CEO del Grupo Opsa de Honduras, lamentó el suceso y condenó el asesinato.

"Iniciamos el año con un hecho horrendo que enluta al periodismo, el que confirma que el caos y la violencia imperan en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio del año pasado", afirmó.

Los periodistas Wilguens Louissaint y Amady John Wesley fueron tiroteados el jueves cuando cubrían un enfrentamiento entre pandillas en la capital haitiana.

La radioemisora Écoute FM, en la que trabajaba Wesley, aseguró que el reportero fue asesinado "salvajemente".

La estación tiene su sede central en Montreal, Canadá, y suspendió su cobertura en Haití ante este crimen. Louissaint era colaborador en distintos medios digitales de Puerto Príncipe. Otro reportero, Wilmann Vil, logró escapar ileso del tiroteo.

"Todo indica que se trató de un ataque deliberado contra periodistas", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.

Agregó que "la única forma de parar la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas es a través investigaciones eficientes y administración de justicia".

Con Louissant y Wesley son tres los periodistas asesinados en Haití en siete meses. El reportero Diego Charles fue asesinado en junio pasado, junto con un activista político de la oposición y otras personas.

Las autoridades todavía no identificaron a los responsables.
(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena una acción judicial contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, que busca censurar, restringir y criminalizar el trabajo periodístico. La organización considera que esta acción, en aparente represalia por la labor informativa, amenaza las libertades de expresión y de prensa.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas aprobó una resolución que impone medidas cautelares contra el periodista Mauleón y El Universal, tras la publicación el 1 de mayo de la columna de opinión “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en la que se denunciaron supuestos vínculos entre políticos y redes de corrupción en el estado, según la organización Alianza de Medios MX que condenó la acción.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “la medida tiene la clara intención de censurar, mediante la intimidación judicial, al periodista y al diario, por informar y opinar sobre un asunto de interés público”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó que “además de poner un freno a las opiniones que pueden resultar incómodas a quienes aspiran a cargos públicos, se restringe y criminaliza la actividad periodística. La resolución sienta un antecedente negativo para las libertades de expresión y de prensa en México”.

Según explicó Mauleón, las medidas cautelares del Tribunal en su contra y El Universal incluyen el retiro inmediato de la publicación; abstenerse de emitir nuevas publicaciones o expresiones que vinculen a la candidata a Magistrada del Supremo Tribunal Electoral, Tania Contreras, con personas o actos delincuenciales. El incumplimiento de las medidas podría derivar desde sanciones económicas hasta arresto. El diario decidió mantener la columna.

Los directivos de la SIP recordaron que la Declaración de Chapultepec establece, en su primer principio que: “El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”, y agrega en su segundo artículo que: “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.

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(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en los últimos meses. Este tipo de descalificaciones desde una posición de poder contribuye a fomentar un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, ponen riesgo la integridad de las reporteras y debilita los principios democráticos que sustentan la libertad de expresión.

En las últimas semanas, el presidente Trump ha atacado verbalmente, se ha burlado, menospreciado y descalificado a mujeres periodistas que lo cuestionan sobre asuntos de interés público, según informes de prensa.

En circunstancias distintas, el mandatario estadounidense ha utilizado agravios varios para descalificar a mujeres periodistas tildándolas de “cerdita”, “estúpida”, "fea por dentro y por fuera", “odiosa” y “terrible reportera”, en referencia a reporteras de la cadena CBS, de la agencia Blomberg, del diario The New York Times, y la televisora ABC News, entre otros medios señalados por Trump como parte de las “fake news” (noticias falsas). Mientras tanto, no ha habido ninguna disculpa por parte del mandatario o su equipo de gobierno, según informes de prensa.

“Las periodistas tienen el derecho —y la responsabilidad— de formular preguntas, fiscalizar a los gobiernos y exigir rendición de cuentas sin ser objeto de ataques personales, comentarios denigrantes o intentos de desacreditación”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP. “Cuando estas agresiones provienen de autoridades, el impacto es aún más grave: envían un mensaje de intolerancia hacia la prensa y legitiman conductas de acoso que pueden escalar hacia formas más graves de violencia”, dijo Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “la SIP rechaza categóricamente cualquier conducta que busque intimidar o menoscabar la labor de mujeres periodistas y recuerda que el liderazgo democrático exige respeto por la libertad de prensa, incluso —y especialmente— ante cuestionamientos críticos”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), reafirmó la solidaridad de la organización “con todas las periodistas que han sido blanco de ataques públicos” y reiteró el compromiso de la SIP “con la defensa de un entorno seguro, libre de hostigamiento y de discriminación para el ejercicio del periodismo”.

Los directivos de la SIP recordaron que el mensaje de la organización por el Día Internacional de la Mujer en marzo pasado subrayó que “nos encontramos ante un escenario complejo y desafiante. En lugar de consolidar y profundizar los logros alcanzados, enfrentamos una ola de retroceso impulsada por el avance de sectores conservadores y la reorganización de grupos anti derechos”.

Un estudio de ONU Mujeres publicado este mes, “Punto de quiebre: la escalada inquietante de la violencia contra las mujeres en la esfera pública” que recoge el testimonio de más de 6,900 mujeres —entre periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas— de 119 países, reveló que en 2025 el porcentaje de mujeres periodistas que relacionan ataques físicos fuera de línea con violencia digital se elevó a 42%, más del doble respecto a 2020.

El informe concluyó que la violencia digital ya no es “virtual”: las amenazas en línea terminan en consecuencias reales; impide la participación de las mujeres en la esfera pública y en la prensa, y erosiona la libertad de expresión.

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(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena la detención del periodista independiente Henry Constantín en Cuba, acusado de presunto desacato por ejercer su labor informativa. La organización reclama su liberación inmediata, garantías para su integridad física y el cese de toda forma de hostigamiento, censura y represión contra quienes ejercen el derecho a informar y opinar libremente.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba, fue arrestado el domingo 29 de junio en la ciudad de Camagüey. Según informó su medio, permanece detenido en la unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, acusado de desacato por una publicación realizada el 15 de mayo en la página de La Hora de Cuba en Facebook, donde denunció el accionar de un agente de la Seguridad del Estado. No obstante, según el portal 14ymedio, podría haber otras razones detrás de su detención.

Desde hace más de siete años, el régimen cubano mantiene sobre Constantín una prohibición de salida del país. Es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP desde 2016. En diciembre de 2024 fue detenido arbitrariamente durante una semana. Ha sido sometido en múltiples ocasiones a interrogatorios, vigilancia, amenazas de arresto y restricciones al acceso a internet y a comunicaciones telefónicas. Además, sus colaboradores y familiares también han sido blanco de intimidaciones.

“Reclamamos la libertad inmediata e incondicional de Henry Constantín, el fin del hostigamiento y el respeto al derecho de informar y ser informado. No dejaremos de denunciar la conducta represiva de Cuba, cuyo objetivo es debilitar y silenciar al periodismo independiente”, expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador. Y añadió: “Su detención constituye una grave violación de los derechos humanos. Informar no es un delito”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó: “Nuestro colega no está solo. Instamos a los organismos internacionales de derechos humanos, a las organizaciones de prensa y a los medios en general a rechazar esta detención arbitraria y a visibilizar su caso como un ejemplo de los riesgos que enfrentan los periodistas cubanos para ejercer su oficio con independencia”. Ramos agregó: “Arrestar a un periodista por el ejercicio de su profesión vulnera sus derechos fundamentales y atenta contra el derecho de toda la sociedad a estar informada”.

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(SIPIAPA).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas, ocurrido en Honduras, e instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación y sanción de los responsables. Asimismo, urgió a reforzar el mecanismo de protección para periodistas en situación de riesgo.

Hércules, de 50 años, fue atacado a balazos el 1 de junio en el departamento de Copán mientras se desplazaba en un vehículo que utilizaba como taxi. Según informes de prensa, fue interceptado por hombres armados en motocicleta. Desde 2023, contaba con medidas de protección del Sistema Nacional de Protección de Honduras, luego de haber recibido amenazas y de haber sido víctima de un secuestro.

El periodista trabajaba para el canal A Todo Noticias (ATN) y, como muchos periodistas de la región, complementaba sus ingresos con otras actividades. De nacionalidad salvadoreña, vivía en Honduras desde hacía cinco años junto a su esposa y dos hijos. El Colegio de Periodistas de Honduras condenó el ataque y reclamó una investigación "transparente y creíble".

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó: “Nos solidarizamos con su familia y colegas. Este crimen confirma los serios riesgos que enfrentan los periodistas en Honduras. No puede tolerarse que quienes informan sean asesinados sin consecuencias. La impunidad solo alimenta la violencia”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló: “Es esencial que se considere la labor periodística como una posible causa del asesinato. Las autoridades deben investigar con celeridad, transparencia y determinación para llevar a los responsables ante la justicia”.

La SIP también exhortó al Estado hondureño a evaluar a fondo el funcionamiento del mecanismo de protección y a adoptar reformas que lo hagan más eficaz y confiable. “La existencia de un sistema no es suficiente —dijo Ramos— si no puede cumplir su propósito fundamental: prevenir ataques graves".

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ENMAYÚSCULA, (SIP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena enérgicamente el asesinato del periodista Raúl Celis López, el segundo crimen de este tipo registrado en Perú en lo que va del año. La organización insta a las autoridades peruanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva y urgente para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

El ataque ocurrió esta mañana, alrededor de las 5:50 a. m., cuando Celis López, periodista de Radio Karibeña en Iquitos, se dirigía en mototaxi a la emisora junto a su hijo para conducir su programa “Hora Zero”. Sujetos no identificados, que se desplazaban en una motocicleta, lo interceptaron y le dispararon en tres ocasiones, una de ellas en la cabeza, según reportaron medios locales. Su hijo resultó ileso.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó su solidaridad con la familia y los colegas del periodista asesinado. “Nos alarma profundamente el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en Perú. Exhortamos a las autoridades a cumplir con su deber de esclarecer este crimen y garantizar justicia para que hechos como este no queden impunes”, afirmó.

Este asesinato se suma al de Gastón Medina, director de Cadena Sur TV, quien fue abatido el 20 de enero frente a su domicilio en la ciudad de Ica cuando se disponía a ir a su estudio. El crimen sigue sin esclarecerse.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacó la necesidad de combatir la impunidad. “Cuando el asesinato de un periodista queda sin castigo, se envía un mensaje de permisividad que incentiva nuevos ataques. El Estado debe actuar con firmeza para proteger la labor informativa y la integridad de quienes la ejercen”, señaló.

Celis López era ampliamente conocido por su estilo crítico y frontal, y se destacaba por sus denuncias sobre corrupción, extorsión y delincuencia en la región. De acuerdo con la prensa local, no habría recibido amenazas antes del ataque.

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