ENMAYÚSCULA. - El conflicto entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República se agudizó este lunes, 14 de abril, tras una jornada marcada por demoras en el pago de salarios a los funcionarios del Órgano Legislativo y acusaciones cruzadas entre ambas instituciones.

Personal de la Contraloría se trasladó a la sede de la Asamblea para hacer entrega directa de los cheques correspondientes a la primera quincena de abril. Según informó la Contraloría en un comunicado oficial, esta medida responde a la necesidad de ejercer mayor control sobre los desembolsos y verificar que los funcionarios estén cumpliendo efectivamente con sus funciones.

"El objetivo de esta acción es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que se continúe remunerando a personas que no justifican su contratación", explicó la entidad, que además justificó la sustitución temporal del sistema de pago electrónico (ACH) como parte de este esfuerzo de fiscalización.

Las imágenes tomadas durante la jornada, aseguró la Contraloría, fueron registradas exclusivamente por su Departamento de Prensa, con fines informativos y siguiendo protocolos internos de documentación. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de roces.

La Contraloría lamentó lo que calificó como un intento de obstaculización por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. "Luego de expresar su compromiso con el adecentamiento de la Asamblea, la presidenta hoy recorre sus pasillos promoviendo el acoso a colaboradores de la Contraloría y obstaculizando el pago de sus prestaciones", señala el comunicado. "Debería explicar que lo que hoy hacemos responde a un compromiso con la institucionalidad y con el bienestar del país", agregó la entidad.

Por su parte, la Asamblea Nacional emitió su propio pronunciamiento, reafirmando su respeto por el rol fiscalizador de la Contraloría, pero denunciando una supuesta intromisión en sus funciones administrativas.

"Rechazamos de manera contundente la intromisión de la Contraloría en las facultades administrativas privativas de este primer Órgano del Estado", se lee en el comunicado. Además, recordaron que "los últimos 7 pagos en concepto de salarios han sido refrendados por el actual contralor" y que la Asamblea no puede emitir pagos sin la aprobación previa del ente fiscalizador.

La Asamblea también cuestionó la eficacia del operativo realizado, asegurando que "la Contraloría no pudo cumplir de manera oportuna con los pagos a los funcionarios que se encuentran en sus puestos de trabajo", lo que dejó a varios colaboradores a la espera de su salario.

Mientras la Contraloría afirma que todos los pagos serán realizados conforme a derecho, la Asamblea insiste en que cualquier irregularidad debe ser formalmente comunicada una vez concluyan las auditorías en curso.