Abogado solicita a la ARAP suspender requisitos para importación de atún, sardinas y aceite de soya
Etiquetas: Venancio Serrano , abogado y corredor de aduanas, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá , ARAP, Eduardo Carrasquilla
ENMAYÚSCULA.- El abogado y corredor de aduanas Venancio Serrano presentó una solicitud formal ante el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, para que se suspendan las medidas que obligan a los importadores de atún y sardinas enlatadas, así como de aceite de soya, a obtener una licencia de comercialización de peces y pagar tasas adicionales por inspección de contenedores.
De acuerdo con la solicitud remitida a la entidad, Serrano pidió que se aclare el fundamento jurídico que sustenta la aplicación de estos requisitos a productos procesados y enlatados fuera de Panamá, provenientes de países como China, Malasia y Estados Unidos.
El jurista sostiene que la Ley 204 de 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre de 2023 establecen las competencias de la ARAP sobre los recursos acuáticos del territorio nacional, pero considera que dichas disposiciones no alcanzan a mercancías ya procesadas y envasadas en el extranjero.
En el documento, Serrano argumenta que la aplicación de estas medidas está generando efectos sobre la cadena de importación. Según expone, la exigencia de licencias y los cobros asociados provocan retrasos en los puertos, incrementan los costos de almacenaje y elevan el precio final de productos de consumo masivo.
Asimismo, advirtió que estas condiciones afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población, al tratarse de productos esenciales para la alimentación.
Serrano también cuestionó la inclusión del aceite de soya dentro de los controles aplicados por la ARAP mediante el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de la Autoridad Nacional de Aduanas. A su juicio, dicho producto no forma parte de los recursos marinos ni acuáticos sobre los cuales la institución ejerce jurisdicción.
En su escrito, el abogado manifestó que estas medidas "son incompatibles con las políticas gubernamentales orientadas a garantizar alimentos de calidad a precios accesibles para la población" y sostuvo que "afectan la dinámica del comercio local y la eficiencia de la administración pública".
Por ello, solicitó la intervención del administrador general de la ARAP para revisar y dejar sin efecto las disposiciones que, según afirmó, "están provocando un incremento innecesario en los costos de productos esenciales para la alimentación de los panameños".
De acuerdo con la solicitud remitida a la entidad, Serrano pidió que se aclare el fundamento jurídico que sustenta la aplicación de estos requisitos a productos procesados y enlatados fuera de Panamá, provenientes de países como China, Malasia y Estados Unidos.
El jurista sostiene que la Ley 204 de 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre de 2023 establecen las competencias de la ARAP sobre los recursos acuáticos del territorio nacional, pero considera que dichas disposiciones no alcanzan a mercancías ya procesadas y envasadas en el extranjero.
En el documento, Serrano argumenta que la aplicación de estas medidas está generando efectos sobre la cadena de importación. Según expone, la exigencia de licencias y los cobros asociados provocan retrasos en los puertos, incrementan los costos de almacenaje y elevan el precio final de productos de consumo masivo.
Asimismo, advirtió que estas condiciones afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población, al tratarse de productos esenciales para la alimentación.
Serrano también cuestionó la inclusión del aceite de soya dentro de los controles aplicados por la ARAP mediante el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de la Autoridad Nacional de Aduanas. A su juicio, dicho producto no forma parte de los recursos marinos ni acuáticos sobre los cuales la institución ejerce jurisdicción.
En su escrito, el abogado manifestó que estas medidas "son incompatibles con las políticas gubernamentales orientadas a garantizar alimentos de calidad a precios accesibles para la población" y sostuvo que "afectan la dinámica del comercio local y la eficiencia de la administración pública".
Por ello, solicitó la intervención del administrador general de la ARAP para revisar y dejar sin efecto las disposiciones que, según afirmó, "están provocando un incremento innecesario en los costos de productos esenciales para la alimentación de los panameños".
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