La Cámara de Turismo de Santa Catalina expresa preocupación por traslado de reclusos a Isla Coiba
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Etiquetas: Camtur, Cámara de Turismo de Santa Catalina , Gobierno Nacional, Isla Coiba
15 Junio 2026
ENMAYÚSCULA.- La Cámara de Turismo de Santa Catalina (CAMTUR) manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de trasladar y mantener privados de libertad de alta peligrosidad en instalaciones ubicadas en Isla Coiba, y solicitó información sobre el alcance y los efectos de la medida.
En una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, la organización, que representa a empresarios, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, transportistas, guías turísticos y miembros de la comunidad, advirtió sobre posibles impactos en la imagen del destino turístico y en la actividad económica de la región.
"Para nuestras comunidades, Coiba no representa una cárcel; representa conservación, turismo sostenible, empleo, desarrollo económico y una imagen positiva de Panamá ante el mundo", señala la carta firmada por Julio Matteo, en representación del gremio.
La organización afirmó haber recibido consultas y manifestaciones de inquietud por parte de turistas nacionales e internacionales, quienes asocian la noticia con un posible retorno de la isla a su pasado penitenciario.
Ante esta situación, CAMTUR solicitó al Gobierno aclarar si la medida es temporal o transitoria; si existe la intención de restablecer de forma permanente instalaciones penitenciarias en Isla Coiba; qué estudios de impacto turístico, ambiental y social fueron realizados antes de adoptar la decisión; y qué protocolos de seguridad se implementarán para garantizar que las actividades turísticas, científicas y de conservación no se vean afectadas.
La carta también hace referencia a antecedentes históricos de la antigua colonia penal. Según el documento, en la isla ocurrieron hechos como la fuga de reclusos de 1999 y la masacre de 1998, en la que varios privados de libertad fueron asesinados durante conflictos internos.
Asimismo, el gremio señaló que las aguas del Pacífico panameño forman parte de corredores utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, por lo que considera que la presencia de reclusos de alta peligrosidad en un destino turístico "genera riesgos reputacionales, operativos y de seguridad que merecen una evaluación amplia y transparente".
Aunque reconoció la necesidad del Estado de fortalecer la seguridad pública y el sistema penitenciario, CAMTUR sostuvo que Isla Coiba debe mantenerse orientada a la conservación, la investigación científica y el turismo sostenible.
"Creemos firmemente que Isla Coiba debe mantenerse orientada a la conservación, la investigación científica y el turismo sostenible, actividades que generan empleo, inversión y desarrollo para las comunidades de Santa Catalina, Pixvae, Puerto Mutis, Mariato y toda la región sur de Veraguas", indica el documento.
Finalmente, la organización solicitó la apertura de un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional, las instituciones competentes, el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba y las comunidades turísticas que dependen del área protegida.
La carta fue remitida, además, a la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Gobierno, los diputados de la provincia de Veraguas, la Alcaldía del distrito de Soná y el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
En una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, la organización, que representa a empresarios, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, transportistas, guías turísticos y miembros de la comunidad, advirtió sobre posibles impactos en la imagen del destino turístico y en la actividad económica de la región.
"Para nuestras comunidades, Coiba no representa una cárcel; representa conservación, turismo sostenible, empleo, desarrollo económico y una imagen positiva de Panamá ante el mundo", señala la carta firmada por Julio Matteo, en representación del gremio.
La organización afirmó haber recibido consultas y manifestaciones de inquietud por parte de turistas nacionales e internacionales, quienes asocian la noticia con un posible retorno de la isla a su pasado penitenciario.
Ante esta situación, CAMTUR solicitó al Gobierno aclarar si la medida es temporal o transitoria; si existe la intención de restablecer de forma permanente instalaciones penitenciarias en Isla Coiba; qué estudios de impacto turístico, ambiental y social fueron realizados antes de adoptar la decisión; y qué protocolos de seguridad se implementarán para garantizar que las actividades turísticas, científicas y de conservación no se vean afectadas.
La carta también hace referencia a antecedentes históricos de la antigua colonia penal. Según el documento, en la isla ocurrieron hechos como la fuga de reclusos de 1999 y la masacre de 1998, en la que varios privados de libertad fueron asesinados durante conflictos internos.
Asimismo, el gremio señaló que las aguas del Pacífico panameño forman parte de corredores utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, por lo que considera que la presencia de reclusos de alta peligrosidad en un destino turístico "genera riesgos reputacionales, operativos y de seguridad que merecen una evaluación amplia y transparente".
Aunque reconoció la necesidad del Estado de fortalecer la seguridad pública y el sistema penitenciario, CAMTUR sostuvo que Isla Coiba debe mantenerse orientada a la conservación, la investigación científica y el turismo sostenible.
"Creemos firmemente que Isla Coiba debe mantenerse orientada a la conservación, la investigación científica y el turismo sostenible, actividades que generan empleo, inversión y desarrollo para las comunidades de Santa Catalina, Pixvae, Puerto Mutis, Mariato y toda la región sur de Veraguas", indica el documento.
Finalmente, la organización solicitó la apertura de un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional, las instituciones competentes, el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba y las comunidades turísticas que dependen del área protegida.
La carta fue remitida, además, a la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Gobierno, los diputados de la provincia de Veraguas, la Alcaldía del distrito de Soná y el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
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