ENMAYÚSCULA.- Dos mujeres vinculadas a la denominada Operación Pandora fueron presentadas este domingo ante un Tribunal de Garantías del Sistema Penal Acusatorio, luego de que el sábado no pudieran ser judicializadas debido a complicaciones médicas durante la audiencia de solicitudes múltiples.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, reanudó la audiencia para resolver la formulación de cargos y la imposición de medidas cautelares contra ambas investigadas.

Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló cargos contra una de las mujeres por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos. A la segunda imputada se le atribuyeron los presuntos delitos de delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, la jueza ordenó la detención provisional para una de las imputadas, mientras que a la otra le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario, al considerar los padecimientos de salud acreditados durante la audiencia.

De acuerdo con la decisión judicial, ambas medidas son las más adecuadas para garantizar el desarrollo del proceso penal.

Antes de concluir la audiencia, la defensa de una de las imputadas anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver ese recurso quedó fijada para el 3 de agosto, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna, junto con las apelaciones presentadas por los otros imputados del caso.

La investigación de la Operación Pandora se inició en 2024 y dio paso recientemente a más de 20 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Como resultado de esas diligencias fueron aprehendidos particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes, según el Ministerio Público, habrían manipulado el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, ocasionando una presunta lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.