ENMAYÚSCULA.- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió que el presunto fraude relacionado con créditos fiscales irregulares en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) representa una grave afectación a la institucionalidad tributaria.

En un editorial titulado "Fraude en la DGI: orden y consecuencias", el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, señaló que la investigación ya no admite interpretaciones flexibles, luego de que una auditoría interna de la DGI concluyera que 36.01 millones de dólares de los 42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.

El gremio destacó que, aunque la entidad bancaria involucrada ha sostenido que actuó de buena fe al utilizar créditos que figuraban como registrados y validados en la plataforma oficial, el caso evidencia un problema de fondo: la pérdida de confiabilidad de los registros estatales.

"La seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá también se debilitan cuando los registros del Estado dejan de ser confiables", sostuvo la Cámara.

La organización advirtió que el impacto del caso trasciende la pérdida de recursos públicos, ya que podría haber empresas y personas que fueron engañadas por documentos con apariencia de legalidad, mientras que otras habrían participado con conocimiento de las irregularidades.

Asimismo, señaló que persiste la incertidumbre sobre la situación tributaria de contribuyentes cuyos pagos pudieron haber sido alterados dentro del esquema investigado, por lo que consideró indispensable que la DGI reconstruya cada operación, identifique a las posibles víctimas y determine las responsabilidades correspondientes.

La CCIAP reconoció que las actuales autoridades de la DGI han actuado correctamente al presentar las denuncias correspondientes, aunque enfatizó que ese paso debe dar lugar a investigaciones efectivas y sanciones.

Como parte de sus planteamientos, la Cámara propuso fortalecer la cultura de integridad en los sectores público y privado mediante programas de cumplimiento, códigos de ética, canales seguros de denuncia, controles cruzados y sistemas de trazabilidad digital.

Además, recomendó implementar controles de acceso más estrictos, auditorías independientes, alertas automáticas y mecanismos que permitan identificar quién modifica un registro, cuándo y desde dónde, al considerar que la transformación digital sin medidas de seguridad adecuadas facilita la comisión de fraudes.

Finalmente, el gremio sostuvo que el caso constituye un problema legal, institucional y moral, por lo que instó a desarticular las redes responsables, recuperar los fondos públicos, proteger a quienes actuaron de buena fe y sancionar a todos los involucrados "sin privilegios, sin encubrimientos y sin excusas".