ENMAYÚSCULA.- La Alianza Ciudadana Pro Justicia – Red de Derechos Humanos de Panamá cuestionó una resolución emitida por un juez comunitario de paz de los corregimientos de Río Indio y Riecito, en el distrito de Penonomé, al considerar que la medida cautelar impuesta contra un residente excede las facultades previstas en la Ley 467 de 2025.

En un comunicado, la organización señaló que la Resolución No. 40-0726 ordenó al campesino Fabián Castillo Rodríguez, de 75 años, mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de cualquier lugar frecuentado por colaboradores y contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), incluyendo viviendas, fincas, lugares de trabajo o estudio. La medida también contempla protección policial para ese personal y advierte sobre sanciones en caso de incumplimiento.

La Alianza sostuvo que la decisión "desnaturaliza" la Justicia Comunitaria de Paz y afirmó que el juez habría incurrido en una extralimitación de funciones al adoptar una medida relacionada con el conflicto por el proyecto de Río Indio.

Según la organización, la resolución contraviene disposiciones de la Ley 467 de 2025 al hacer referencia a posibles penas de prisión por incumplimiento de la orden, cuando, a su juicio, la normativa establece otras formas de sanción para estos casos. También argumentó que la justicia comunitaria está diseñada para resolver conflictos vecinales y no controversias de carácter colectivo o vinculadas con proyectos estatales.

El abogado que representa a Castillo anunció que presentará un recurso de apelación para solicitar que la medida sea revocada.

En su pronunciamiento, la Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo un llamado a la ministra de Gobierno para que revise la actuación de la Justicia Comunitaria de Paz en este caso y sostuvo que el conflicto relacionado con el proyecto de Río Indio debe atenderse mediante instancias especializadas de mediación y diálogo.

La organización también afirmó que utilizar la justicia comunitaria para abordar este tipo de controversias podría afectar la naturaleza de ese mecanismo de resolución de conflictos y pidió que se garantice el respeto al marco legal vigente.