ENMAYÚSCULA.- La seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones son factores que pueden determinar si una empresa decide invertir en Panamá o trasladar sus capitales hacia otro destino, advirtió el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom.

“Cuando una empresa evalúa realizar una inversión sustancial en Panamá, no solo analiza las perspectivas de crecimiento, nuestra posición geográfica o las ventajas de una economía dolarizada; también se hace una pregunta fundamental: ¿las reglas y leyes se mantendrán mañana?, ¿los contratos se respetarán?, ¿las instituciones responderán?”, señaló López Tom.

El presidente de APEDE sostuvo que Panamá mantiene ventajas para competir, entre ellas su posición geográfica, conectividad, plataforma logística, sistema financiero y economía dolarizada, pero consideró que estas fortalezas necesitan estar acompañadas de instituciones capaces de generar certeza.

“Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se aventuran a crecer. Cuando la confianza se deteriora, ocurre lo contrario”, afirmó.

López Tom citó distintos indicadores para sustentar su planteamiento. Según señaló, el Nivel de Confianza Económica de ELEMÉNTE se ubicó en 8.1 sobre 10 en julio de 2026, mientras que 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos 12 meses.

Sin embargo, indicó que también existe cautela entre las empresas. El porcentaje de compañías que espera incrementar sus ventas en los próximos 12 meses bajó de 61% en junio a 52% en julio.

En materia institucional, el presidente de APEDE destacó los resultados de Panamá en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. El país obtuvo 0.52 sobre 1 y ocupó la posición 73 entre 143 países.

Los resultados son más desfavorables en algunos componentes específicos. Panamá aparece en el puesto 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal, mientras que ocupa la posición 49 en gobierno abierto.

“Es claro que la administración de justicia es nuestra principal debilidad”, sostuvo López Tom.

Ante este escenario, APEDE anunció el lanzamiento del Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, una iniciativa que, según explicó, busca dar seguimiento al desempeño del sistema de justicia y contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica.

López Tom también mencionó el Índice de Libertad Económica 2026, en el que Panamá obtuvo 64.9 puntos y ocupó el puesto 63 entre 184 economías, después de ubicarse en el puesto 56 un año antes.

A estos indicadores sumó el Índice de Calidad Institucional 2026, según el cual las instituciones económicas de Panamá ocupan el puesto 57 y las instituciones políticas el 75.

El presidente de APEDE también hizo referencia a situaciones recientes en el Ministerio de Educación y la Dirección General de Ingresos como ejemplos de la necesidad de fortalecer instituciones que puedan mantener políticas, controles y mecanismos de rendición de cuentas más allá de los cambios de funcionarios.

“Las instituciones deben ser más fuertes que las personas que temporalmente las dirigen”, afirmó.

Sobre la DGI, señaló que las irregularidades que se encuentran bajo investigación no deben analizarse únicamente desde el punto de vista judicial, sino también como una prueba para los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes.