ENMAYÚSCULA.- La Fundación Pro Chiriquí pidió a la Corte Suprema de Justicia resolver la demanda de nulidad presentada contra la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú, en Chiriquí.

En un pronunciamiento, la organización manifestó su “absoluto respeto por la independencia del Órgano Judicial” y defendió el derecho de toda persona a ejercer las acciones legales que considere necesarias para proteger sus derechos.

“Precisamente por ello, consideran igualmente importante que los procesos judiciales relacionados con proyectos estratégicos para el desarrollo nacional sean resueltos dentro de un plazo razonable, brindando la seguridad jurídica que demanda el país”, señala el documento.

La fundación sostiene que Puerto Barú constituye “una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para el occidente panameño” y que su desarrollo tendría potencial para generar actividad económica, dinamizar el comercio, impulsar el turismo y crear oportunidades de empleo directo e indirecto.

Según el pronunciamiento, el proyecto también podría generar inversiones y ampliar las oportunidades de crecimiento económico para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como para la comarca Ngäbe-Buglé.

La Fundación Pro Chiriquí advierte que la incertidumbre jurídica sobre proyectos de esta magnitud no solo afecta a sus promotores, sino también a las comunidades, inversionistas, trabajadores, empresas locales e instituciones encargadas de impulsar el desarrollo regional.

“Las reglas claras, certeza jurídica y decisiones oportunas que fortalezcan la confianza en sus instituciones”, plantea la organización como un elemento necesario para el desarrollo de estos proyectos.

La fundación también señala que el desarrollo económico y la protección ambiental “no son objetivos excluyentes”, por lo que ambos deben avanzar de manera conjunta, sustentados en el cumplimiento de la legislación vigente, el rigor técnico, la transparencia y el Estado de Derecho.

“Por ello, hacemos un respetuoso llamado a la Corte Suprema de Justicia para que emita el fallo que en derecho corresponda sobre este proceso, permitiendo brindar certeza jurídica a todas las partes involucradas y al país”, concluye el pronunciamiento.

La declaración está firmada por Felipe Ariel Rodríguez, Luis Ríos, Roberto Brenes, Camilo Brenes, Ricardo Pérez y Guillermo Villarreal, además de Abraham Telembí Pérez, Herman Bern, Douglas Gómez, Lisa Méndez y Carlos Troetsch.