ENMAYÚSCULA.- La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana propuso cinco reformas al financiamiento político en Panamá, entre ellas reducir gradualmente el subsidio electoral, establecer mayores controles sobre las donaciones privadas y fortalecer la fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas.

Las propuestas están contenidas en el documento de posición “El precio de la democracia”, elaborado a través del proyecto Dinero Limpio en Elecciones, en el que la organización plantea una hoja de ruta para modificar las normas relacionadas con el financiamiento electoral.

Uno de los principales planteamientos es revisar el monto del subsidio electoral. Según el documento, para la próxima elección este financiamiento público se calcula en aproximadamente $158.6 millones, monto que, a juicio de la fundación, debe ser revisado con criterios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y proporcionalidad respecto al padrón electoral y las necesidades del sistema político.

La organización plantea una reducción gradual del subsidio y una redistribución de los recursos para fortalecer a los partidos políticos, mejorar las condiciones de las candidaturas de libre postulación e incentivar la participación de mujeres y otros grupos tradicionalmente subrepresentados.

En materia de financiamiento privado, la fundación propone reducir los topes de gasto y de donaciones en las elecciones primarias y generales, además de establecer controles sobre la contratación y pago de activistas.

También plantea regular el uso de los saldos que queden de las donaciones al cierre de las campañas, verificar el origen de los fondos propios declarados en efectivo cuando provengan de donaciones y establecer mecanismos para devolver aportes considerados ilegales.

Otro de los ejes apunta a fortalecer el régimen de delitos, contravenciones y faltas electorales. El documento señala que existen conductas que actualmente no son sancionadas y obstáculos procesales que dificultan la presentación y comprobación de denuncias.

La fundación cuestiona, entre otros aspectos, las exigencias para demostrar determinadas donaciones prohibidas o gastos que superen los topes establecidos. Según el documento, estas dificultades han impedido sancionar la entrega indirecta de bienes a cambio de votos y la falta de reporte adecuado de donantes.

El cuarto eje propone aumentar la participación de las mujeres y sus posibilidades de resultar electas. La organización señala que en las últimas elecciones las mujeres representaron el 19% de las postulaciones, mientras que ocuparon el 21% de los escaños en la Asamblea Nacional, 14% de las alcaldías y cerca del 11.5% de las representaciones de corregimiento.

Para reducir estas brechas, propone eliminar vacíos que permitan evadir la paridad en las postulaciones, destinar financiamiento público directo a promover candidaturas encabezadas por mujeres y establecer apoyos para facilitar la conciliación entre la vida familiar y las exigencias de una campaña electoral.

Finalmente, el documento plantea fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas mediante mayores recursos y capacidades para las autoridades electorales.

Entre las medidas propuestas están permitir la fiscalización directa del gasto durante el día de las elecciones, monitorear actividades y flujos financieros que se desarrollen fuera de las cuentas únicas de campaña y cruzar información con bases de datos de otras instituciones.