ENMAYÚSCULA.- Un ciudadano quedó en detención provisional luego de que una juez de garantías le imputara cargos por los delitos de corrupción de servidores públicos, falsedad documental, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, en un caso que habría causado un perjuicio al Estado superior a $21 millones.

La decisión fue tomada este jueves 17 de septiembre por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, quien consideró necesaria, idónea y proporcional la medida cautelar debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de delitos imputados.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación comenzó en 2023 y señala al imputado como supuesto representante legal y beneficiario de una empresa inexistente. Según la investigación, habría actuado junto con otras personas para generar créditos fiscales ficticios en el sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La juez también identificó riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga, posible afectación de pruebas y riesgo para la sociedad.

Durante la audiencia, García señaló que existen elementos de convicción y una carpeta de investigación fortalecida, además de información que apunta a la existencia de una red en la que participarían exfuncionarios de la DGI.

Según la tesis del Ministerio Público, estas personas habrían alterado el sistema de la entidad para generar créditos fiscales ficticios, lo que habría provocado el perjuicio económico al Estado.

Antes de ordenar la detención provisional, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión del ciudadano y admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal Mario Mosquera.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal superior Elizabeth Carrión. La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado particular Moisés Lezcano.