El presidente Mulino anuncia que iniciará negociaciones para abrir mina de cobre
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Etiquetas: Corte Suprema de Justicia, Minera Panamá, Cobre Panamà, First Quantum Minerals, Gaceta Oficial el 2 de diciembre
ENMAYÚSCULA.- El Gobierno panameño iniciará conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que permita la reactivación de la mina de Cobre Panamá, ubicada en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón, en el área de Coclé del Norte y comunidades cercanas.
La mina, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, cesó sus operaciones el 2 de diciembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de ese año, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa.
El fallo, emitido el 27 de noviembre de 2023 y publicado en Gaceta Oficial el 2 de diciembre, dejó sin sustento legal el contrato que permitía la explotación del yacimiento. La decisión se produjo en medio de una ola de protestas ciudadanas contra el contrato minero, motivadas por cuestionamientos ambientales, económicos y jurídicos.
El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes 16 de noviembre que ordenó al Ministerio de Ambiente realizar una auditoría integral e independiente para conocer el estado actual de las instalaciones, verificar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y evaluar los riesgos ambientales.
Mulino explicó que el Gobierno analizó dos escenarios: mantener la mina cerrada, con el riesgo de enfrentar los arbitrajes internacionales y posibles indemnizaciones millonarias, o negociar un plan de apertura que genere empleos y riqueza para el país, bajo estrictos controles ambientales.
"Hoy debo escoger entre asumir el costo político para mi gobierno o dejar que los panameños carguen una vez más con el costo económico de una decisión, entre lo fácil y lo correcto. Nuevamente elijo lo correcto", manifestó.
El mandatario estableció cinco condiciones que deberán regir cualquier acuerdo: que los minerales del subsuelo sigan siendo propiedad de Panamá, que el país reciba el máximo beneficio económico, que se respete la soberanía nacional, que se apliquen los más altos estándares ambientales y que se cumplan la Constitución y las leyes.
"Ninguna empresa puede decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo de nuestra nación", afirmó.
Para conducir el proceso, designó un equipo interministerial encabezado por el ministro Julio Moltó, que comenzará las reuniones con la empresa. Entre las exigencias del Ejecutivo están la generación de empleos exclusivamente para panameños, el control y registro de los materiales extraídos, el uso responsable del agua y un plan de cierre definitivo que incluya reforestación y prevención de daños ambientales.
Sobre el cierre de la operación, Mulino fue enfático: "Este cierre definitivo no será negociable y tampoco tendrá opción a la prórroga". También condicionó cualquier acuerdo a que concluyan los procesos arbitrales contra Panamá.
El presidente aclaró que las conversaciones no representan una concesión ni una decisión definitiva de reabrir la mina. "Es fundamental entender que no se trata de una concesión. Si se alcanza un acuerdo, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará, con pleno cumplimiento de la Constitución y de todos los requisitos legales de Panamá", señaló
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