Cuba: 7 nuevos presos políticos en abril elevan la cifra a 1.155 bajo un marcado racismo estructural
Etiquetas: PRISIONERS DEFENDERS, afrodescendientes, colectivo afrocubano, Eliminación de la Discriminación Racial
ENMAYÚSCULA, (PRISIONERS DEFENDERS)).- Mientras el colectivo afrocubano representa el 33,7% de la sociedad, 843 de los 1.155 prisioneros políticos registrados a finales de abril de 2025, el 73%, son afrodescendientes. Es decir, 2,17 veces superior que su representación en la sociedad.
Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”.
Las cifras de afrocubanos torturados bajo prisión política y de conciencia demuestran un claro indicador más de persecución sobre este colectivo. De los 7 nuevos prisioneros políticos este pasado mes de abril, además, 5 son afrodescendientes. Este informe pretende dar visibilidad al hecho contrastado de la persecución racial en Cuba.
Tras más de seis décadas de una “revolución” que prometió reducir la desigualdad, las fracasadas políticas del gobierno cubano y el elitismo blanco de sus líderes, los Castro y sus lugartenientes, sólo han conseguido ampliar esas brechas.
La estructura única y última de poder en Cuba, definida así por la Constitución de 2019 en su artículo 5 (“El Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”) es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Lo mismo ocurre con la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder (el 15%), como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024.
En un país donde más del 50% de la población es blanca, sorprende comprobar cómo la gran mayoría de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchada por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba el cual Prisoners Defenders pudo realizar en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, entre ellos muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
Añadida a las cifras de prisión política y de conciencia es reseñable indicar que, de entre los 11 mil condenados sin delito por Peligrosidad Social Predelictiva, castigo penal se aplica en Cuba como “medida de prevención de la criminalidad social” por ser “proclives a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional” y que es ahora denominada Desobediencia Penal Precriminal(arts. 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal), más del 80% son afrocubanos y, en su gran mayoría, jóvenes.
5 afrodescendientes entre los 7 nuevos prisioneros políticos
Un manifestante, cinco activistas y un periodista fueron incorporados a la lista de prisioneros políticos en abril de 2025. 5 de ellos son afrodescendientes. Detallamos sus casos a continuación:
Carlos Manuel Figueroa Álvarez, de 59 años, activista. Fue detenido una vez más por protestar pacíficamente. Previamente, había sido condenado en la causa 379 de 2017 (EFP 1023 de 2016) a 4 años de prisión por los delitos de “Atentado”, “Desacato” y “Desobediencia”, tras haber sido uno de los 53 excarcelados con motivo del acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos en 2015, lo que prueba cómo estas negociaciones son papel mojado para el régimen, que vuelve a encarcelar una y otra vez a aquellos que excarcela tras obtener beneficios políticos y financieros por dichas excarcelaciones. Para su detención arbitraria, en esta ocasión las autoridades aluden a que violó el cierre perimetral establecido de forma arbitraria por la policía política alrededor de la vivienda de Ángel Juan Moya Acosta y Bertha Soler y exclamó “Abajo Fidel y la revolución“, tras lo cual fue arrestado sin orden de detención por varios agentes, y trasladado a la estación policial y encarcelado sin ninguna protección judicial.
José Águila Ruiz, de 47 años, ciudadano cubano no activista cuya detención y proceso penal han aflorado recientemente. Fue detenido el 24 de octubre de 2024 y está encarcelado en la Prisión La Pendiente de Santa Clara, Villa Clara.El preso político fue detenido en el contexto de las manifestaciones ocurridas en Manicaragua frente a la sede del Gobierno. Sin embargo, aunque los agentes de la Seguridad del Estado lo acusan de haber participado presuntamente en las protestas, su arresto no se produjo durante las mismas, sino como consecuencia de haber publicado un video de la manifestación en la red social Facebook. En el momento de la grabación del vídeo, José se encontraba en el portal de su vivienda, por lo que ni siquiera se le puede acusar de haberse manifestado, ya que la fiscalía no ha podido siquiera presentar pruebas de que haya participado en la manifestación. Tras su detención, permaneció diez días incomunicado en la unidad de la Seguridad del Estado, para luego ser trasladado a la prisión La Pendiente, en Villa Clara sin tutela judicial alguna. A pesar de haber solicitado un cambio de sus medidas cautelares para esperar su juicio bajo prisión domiciliaria, la petición fue denegada. El preso político sufre secuelas de un accidente ocurrido años atrás, en el que sufrió una fractura de cráneo. Como consecuencia, experimenta episodios en los que drena líquido por la nariz, llegando incluso a perder el conocimiento. En la prisión, la falta de atención médica adecuada ha agravado mucho su condición de salud. El 18 de abril de 2025, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Arnaldo Milán de Santa Clara en estado grave e inconsciente. No obstante, su familia no ha podido visitarlo.
Armando Michel Rivera Cortina, 48 años, activista de la UNPACU, detenido el 14 de febrero de 2025, se encuentra en la Prisión de Ganuza, en San José de las Lajas, Mayabeque.El preso político está siendo acusado de haber incurrido en un supuesto delito de “Difamación de las Instituciones y Organizaciones, y de los Héroes y Mártires“, y en otro de “Desobediencia“. El pasado 14 de febrero de 2024, Armando Michel se personó en el exterior de la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y en la fachada del edificio escribió “Abajo el comunismo, Abajo el PCC, Libertad Cuba”, y acto seguido fotografió los escritos. Esa misma noche fue detenido y llevado a las celdas de la Unidad Provincial de investigación Criminal de Mayabeque. De acuerdo con la petición fiscal, se pide una sanción de 5 años de privación de libertad.
Yadiel Hernández Hernández, conocido también como ‘Kakashi’, periodista de 33 años,fue detenido el 24 de enero de 2025 y encarcelado en la Prisión Combinado del Sur en Matanzas. Fue puesto en libertad sin cargos el pasado lunes 28 de abril, tras haber permanecido tres meses incomunicado en la prisión. Tuvo además que pagar una multa de 15.000 pesos. Yadiel fue detenido cuando investigaba el tráfico de drogas de un centro preuniversitario de Matanzas. Una de las fuentes cercanas al preso político indicó que a este le detuvieron cuando hubo un escape de gas en dicho centro, el cual ocasionó que muchos alumnos tuvieran que ser hospitalizados a causa del fuerte olor y las náuseas. Tras los rumores acerca de la venta de drogas en el preuniversitario, la policía intentó reprimir a todas aquellas personas que podían denunciar lo que realmente había pasado. Consecuentemente, el preso político, que llevaba tiempo investigando esa red de tráfico de drogas, fue detenido. Tras su detención, permaneció en el cuartel de la Seguridad del Estado en Matanzas casi un mes sin tutela judicial. Durante este tiempo fue amenazado, maltratado, interrogado, le confiscaron su teléfono y el acceso a sus cuentas y la Seguridad del Estado borró el contenido que había subido a sus redes sociales.
Ángel Juan Moya Acosta, 60 años, declarado Prisionero de Conciencia por Prisoners Defenders y Amnistía Internacional. Fue detenido el 19 de marzo del 2003 durante la ola represiva lanzada por el gobierno cubano contra la oposición en la Primavera Negra de Cuba. Fue liberado bajo Licencia Extrapenal tras cumplir 8 años en prisión. Cumplió la sanción completa el 20 de marzo de 2023. En los 13 años que estuvo cumpliendo la sanción bajo esta licencia extrapenal, fue amenazado con ser revocado, debido a su incesante activismo político. El pasado jueves 17 de abril, el expreso político fue detenido junto a su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Tras haber estado unos días en paradero desconocido, los agentes de la Seguridad del Estado han impuesto a ambos una medida cautelar de prisión domiciliaria sin tutela judicial tras iniciar contra ambos un proceso de acusación bajo el supuesto delito de “atentar contra el orden constitucional y la independencia nacional”. Adicionalmente, los agentes de la Seguridad del Estado les han requisado a Ángel y Berta sus teléfonos móviles, y en la actualidad dichos terminales están en manos de la Seguridad del Estado.
Igualmente han entrado en prisión este mes de abril los activistas Ienelis Delgado Cue, y Jordan Marrero Huerta:
Ienelis Delgado Cue, 35 años, activista conocida bajo el nombre de “Mambisa Agramontina“, fue detenida sin orden de detención ni tutela judicial el pasado 22 de abril de 2025, delante de sus hijos menores, después de que se efectuase un registro en su vivienda, también sin tutela judicial, y de que varios agentes de la Seguridad del Estado le confiscasen el teléfono móvil y otras pertenencias personales. La presa política ya había extinguido una sanción completa de 9 meses en 2023 por publicar fotos en redes sociales posando con la bandera cubana. Entonces fue acusada de haber incurrido en un delito de “Desacato”.La madre de la presa política ha denunciado públicamente que lleva más de 10 días en huelga de hambre en la cárcel en la que se encuentra en prisión provisional, sin tutela judicial, por no tener acceso a bienes básicos para su estancia en prisión.
Jordan Marrero Huerta, activista de Partido Democristiano, fue detenido el 24 de abril de 2025 por denunciar las injusticias contra otros presos políticos en Cuba. Según información de fuentes cercanas, grababa a presos políticos con actitud contestataria desde el interior de varias prisiones de Camagüey, destacando especialmente las pésimas condiciones de las cárceles de dicha provincia.
Derechos humanos y afrodescendientes en Cuba
139 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba, la población afrodescendiente sigue sufriendo la persistencia del racismo estructural, la falta de políticas públicas efectivas, la invisibilización estadística, la persecución de activistas y la falta de libertad de asociación y reunión para las organizaciones que trabajan en la lucha contra la discriminación racial.
El último Examen Periódico realizado a Cuba por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas señaló en sus Conclusiones finales su “profunda preocupación” por “las alegaciones de actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes”.
El mismo informe destacaba que “el Comité considera que la población afrodescendiente en el Estado parte continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural … lo cual se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población en relación al resto. Preocupan al Comité los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afecta de manera desproporcionada”. Igualmente, indicaba que la deficiencia de “datos estadísticos fiables, actualizados y completos” sobre la población afrodescendiente dificulta la creación de políticas públicas efectivas para combatir la discriminación.
Denunciaba el Comité que “los defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil que defienden los derechos de los afrodescendientes han sido detenidos por cortos períodos de tiempo o se les ha impedido salir del país para asistir a reuniones organizadas por mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
Las ONGs independientes, como el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y la Cofradía de la Negritud, entre otras, son perseguidas y hostigadas por el gobierno, violando sus derechos de expresión, asociación y reunión, lo que limita la participación cívica y la autonomía de estas comunidades.
La muerte en 2020 del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano en La Habana evidenció la relación entre el racismo y la violencia policial en Cuba: la policía cubana puede disparar contra un hombre negro desarmado con total impunidad y los jóvenes afrodescendientes son maltratados y criminalizados por la policía, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
En el contexto de la represión del “11J” de 2021 hubo una sola muerte reconocida por el gobierno cubano, Diubis Laurencio Tejeda, un joven afrodescendiente que murió asesinado “tras recibir un disparo por la espalda” por un policía en las manifestaciones del 12 de julio de 2021 en el humilde barrio habanero de La Güinera, como denunció el Parlamento Europeo en su resolución P9_TA(2021)0389, aprobada por mayoría absoluta de todos los grupos políticos.
El racismo en Cuba está siendo perpetuado por el régimen. La estructura única y última de poder en Cuba, el Partido Comunista, definido por la Constitución de 2019 en su artículo 5 como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 miembros son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Al racismo se une la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder, como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024. Por ello, ni una sólo mujer afrodescendiente es miembro del Buró político o el Secretariado Ejecutivo del Comité Central del Partido Comunista.
En un país donde más del 50% de la población es blanca (el 66,3%, según el propio gobierno cubano), es notorio ver como la gran parte de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchadas por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba que realizamos en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
El 73% de los prisioneros políticos en Cuba son afrodescendientes
Los afrodescendientes en Cuba son estigmatizados como criminales, lo que lleva a un aumento de la persecución policial, el encarcelamiento, la represión y la violencia. Para conocer con detalle estos datos, Prisoners Defenders ha llevado a cabo un exhaustivo estudio con el propósito de determinar la proporción de la población afrodescendiente presa por causas políticas o de conciencia en comparación con la población blanca.
Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”.
Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Los resultados indican que 843 de los 1.155 prisioneros políticos, es decir, el 73% de la población condenada por motivos políticos o de conciencia, son afrodescendientes, mientras que 312 prisioneros políticos, el 27%, son de raza blanca. Esto supone una tasa penal 2,17 veces por encima que su representación en la sociedad.
Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”.
Las cifras de afrocubanos torturados bajo prisión política y de conciencia demuestran un claro indicador más de persecución sobre este colectivo. De los 7 nuevos prisioneros políticos este pasado mes de abril, además, 5 son afrodescendientes. Este informe pretende dar visibilidad al hecho contrastado de la persecución racial en Cuba.
Tras más de seis décadas de una “revolución” que prometió reducir la desigualdad, las fracasadas políticas del gobierno cubano y el elitismo blanco de sus líderes, los Castro y sus lugartenientes, sólo han conseguido ampliar esas brechas.
La estructura única y última de poder en Cuba, definida así por la Constitución de 2019 en su artículo 5 (“El Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”) es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Lo mismo ocurre con la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder (el 15%), como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024.
En un país donde más del 50% de la población es blanca, sorprende comprobar cómo la gran mayoría de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchada por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba el cual Prisoners Defenders pudo realizar en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, entre ellos muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
Añadida a las cifras de prisión política y de conciencia es reseñable indicar que, de entre los 11 mil condenados sin delito por Peligrosidad Social Predelictiva, castigo penal se aplica en Cuba como “medida de prevención de la criminalidad social” por ser “proclives a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional” y que es ahora denominada Desobediencia Penal Precriminal(arts. 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal), más del 80% son afrocubanos y, en su gran mayoría, jóvenes.
5 afrodescendientes entre los 7 nuevos prisioneros políticos
Un manifestante, cinco activistas y un periodista fueron incorporados a la lista de prisioneros políticos en abril de 2025. 5 de ellos son afrodescendientes. Detallamos sus casos a continuación:
Carlos Manuel Figueroa Álvarez, de 59 años, activista. Fue detenido una vez más por protestar pacíficamente. Previamente, había sido condenado en la causa 379 de 2017 (EFP 1023 de 2016) a 4 años de prisión por los delitos de “Atentado”, “Desacato” y “Desobediencia”, tras haber sido uno de los 53 excarcelados con motivo del acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos en 2015, lo que prueba cómo estas negociaciones son papel mojado para el régimen, que vuelve a encarcelar una y otra vez a aquellos que excarcela tras obtener beneficios políticos y financieros por dichas excarcelaciones. Para su detención arbitraria, en esta ocasión las autoridades aluden a que violó el cierre perimetral establecido de forma arbitraria por la policía política alrededor de la vivienda de Ángel Juan Moya Acosta y Bertha Soler y exclamó “Abajo Fidel y la revolución“, tras lo cual fue arrestado sin orden de detención por varios agentes, y trasladado a la estación policial y encarcelado sin ninguna protección judicial.
José Águila Ruiz, de 47 años, ciudadano cubano no activista cuya detención y proceso penal han aflorado recientemente. Fue detenido el 24 de octubre de 2024 y está encarcelado en la Prisión La Pendiente de Santa Clara, Villa Clara.El preso político fue detenido en el contexto de las manifestaciones ocurridas en Manicaragua frente a la sede del Gobierno. Sin embargo, aunque los agentes de la Seguridad del Estado lo acusan de haber participado presuntamente en las protestas, su arresto no se produjo durante las mismas, sino como consecuencia de haber publicado un video de la manifestación en la red social Facebook. En el momento de la grabación del vídeo, José se encontraba en el portal de su vivienda, por lo que ni siquiera se le puede acusar de haberse manifestado, ya que la fiscalía no ha podido siquiera presentar pruebas de que haya participado en la manifestación. Tras su detención, permaneció diez días incomunicado en la unidad de la Seguridad del Estado, para luego ser trasladado a la prisión La Pendiente, en Villa Clara sin tutela judicial alguna. A pesar de haber solicitado un cambio de sus medidas cautelares para esperar su juicio bajo prisión domiciliaria, la petición fue denegada. El preso político sufre secuelas de un accidente ocurrido años atrás, en el que sufrió una fractura de cráneo. Como consecuencia, experimenta episodios en los que drena líquido por la nariz, llegando incluso a perder el conocimiento. En la prisión, la falta de atención médica adecuada ha agravado mucho su condición de salud. El 18 de abril de 2025, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Arnaldo Milán de Santa Clara en estado grave e inconsciente. No obstante, su familia no ha podido visitarlo.
Armando Michel Rivera Cortina, 48 años, activista de la UNPACU, detenido el 14 de febrero de 2025, se encuentra en la Prisión de Ganuza, en San José de las Lajas, Mayabeque.El preso político está siendo acusado de haber incurrido en un supuesto delito de “Difamación de las Instituciones y Organizaciones, y de los Héroes y Mártires“, y en otro de “Desobediencia“. El pasado 14 de febrero de 2024, Armando Michel se personó en el exterior de la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y en la fachada del edificio escribió “Abajo el comunismo, Abajo el PCC, Libertad Cuba”, y acto seguido fotografió los escritos. Esa misma noche fue detenido y llevado a las celdas de la Unidad Provincial de investigación Criminal de Mayabeque. De acuerdo con la petición fiscal, se pide una sanción de 5 años de privación de libertad.
Yadiel Hernández Hernández, conocido también como ‘Kakashi’, periodista de 33 años,fue detenido el 24 de enero de 2025 y encarcelado en la Prisión Combinado del Sur en Matanzas. Fue puesto en libertad sin cargos el pasado lunes 28 de abril, tras haber permanecido tres meses incomunicado en la prisión. Tuvo además que pagar una multa de 15.000 pesos. Yadiel fue detenido cuando investigaba el tráfico de drogas de un centro preuniversitario de Matanzas. Una de las fuentes cercanas al preso político indicó que a este le detuvieron cuando hubo un escape de gas en dicho centro, el cual ocasionó que muchos alumnos tuvieran que ser hospitalizados a causa del fuerte olor y las náuseas. Tras los rumores acerca de la venta de drogas en el preuniversitario, la policía intentó reprimir a todas aquellas personas que podían denunciar lo que realmente había pasado. Consecuentemente, el preso político, que llevaba tiempo investigando esa red de tráfico de drogas, fue detenido. Tras su detención, permaneció en el cuartel de la Seguridad del Estado en Matanzas casi un mes sin tutela judicial. Durante este tiempo fue amenazado, maltratado, interrogado, le confiscaron su teléfono y el acceso a sus cuentas y la Seguridad del Estado borró el contenido que había subido a sus redes sociales.
Ángel Juan Moya Acosta, 60 años, declarado Prisionero de Conciencia por Prisoners Defenders y Amnistía Internacional. Fue detenido el 19 de marzo del 2003 durante la ola represiva lanzada por el gobierno cubano contra la oposición en la Primavera Negra de Cuba. Fue liberado bajo Licencia Extrapenal tras cumplir 8 años en prisión. Cumplió la sanción completa el 20 de marzo de 2023. En los 13 años que estuvo cumpliendo la sanción bajo esta licencia extrapenal, fue amenazado con ser revocado, debido a su incesante activismo político. El pasado jueves 17 de abril, el expreso político fue detenido junto a su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Tras haber estado unos días en paradero desconocido, los agentes de la Seguridad del Estado han impuesto a ambos una medida cautelar de prisión domiciliaria sin tutela judicial tras iniciar contra ambos un proceso de acusación bajo el supuesto delito de “atentar contra el orden constitucional y la independencia nacional”. Adicionalmente, los agentes de la Seguridad del Estado les han requisado a Ángel y Berta sus teléfonos móviles, y en la actualidad dichos terminales están en manos de la Seguridad del Estado.
Igualmente han entrado en prisión este mes de abril los activistas Ienelis Delgado Cue, y Jordan Marrero Huerta:
Ienelis Delgado Cue, 35 años, activista conocida bajo el nombre de “Mambisa Agramontina“, fue detenida sin orden de detención ni tutela judicial el pasado 22 de abril de 2025, delante de sus hijos menores, después de que se efectuase un registro en su vivienda, también sin tutela judicial, y de que varios agentes de la Seguridad del Estado le confiscasen el teléfono móvil y otras pertenencias personales. La presa política ya había extinguido una sanción completa de 9 meses en 2023 por publicar fotos en redes sociales posando con la bandera cubana. Entonces fue acusada de haber incurrido en un delito de “Desacato”.La madre de la presa política ha denunciado públicamente que lleva más de 10 días en huelga de hambre en la cárcel en la que se encuentra en prisión provisional, sin tutela judicial, por no tener acceso a bienes básicos para su estancia en prisión.
Jordan Marrero Huerta, activista de Partido Democristiano, fue detenido el 24 de abril de 2025 por denunciar las injusticias contra otros presos políticos en Cuba. Según información de fuentes cercanas, grababa a presos políticos con actitud contestataria desde el interior de varias prisiones de Camagüey, destacando especialmente las pésimas condiciones de las cárceles de dicha provincia.
Derechos humanos y afrodescendientes en Cuba
139 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba, la población afrodescendiente sigue sufriendo la persistencia del racismo estructural, la falta de políticas públicas efectivas, la invisibilización estadística, la persecución de activistas y la falta de libertad de asociación y reunión para las organizaciones que trabajan en la lucha contra la discriminación racial.
El último Examen Periódico realizado a Cuba por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas señaló en sus Conclusiones finales su “profunda preocupación” por “las alegaciones de actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes”.
El mismo informe destacaba que “el Comité considera que la población afrodescendiente en el Estado parte continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural … lo cual se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población en relación al resto. Preocupan al Comité los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afecta de manera desproporcionada”. Igualmente, indicaba que la deficiencia de “datos estadísticos fiables, actualizados y completos” sobre la población afrodescendiente dificulta la creación de políticas públicas efectivas para combatir la discriminación.
Denunciaba el Comité que “los defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil que defienden los derechos de los afrodescendientes han sido detenidos por cortos períodos de tiempo o se les ha impedido salir del país para asistir a reuniones organizadas por mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
Las ONGs independientes, como el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y la Cofradía de la Negritud, entre otras, son perseguidas y hostigadas por el gobierno, violando sus derechos de expresión, asociación y reunión, lo que limita la participación cívica y la autonomía de estas comunidades.
La muerte en 2020 del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano en La Habana evidenció la relación entre el racismo y la violencia policial en Cuba: la policía cubana puede disparar contra un hombre negro desarmado con total impunidad y los jóvenes afrodescendientes son maltratados y criminalizados por la policía, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
En el contexto de la represión del “11J” de 2021 hubo una sola muerte reconocida por el gobierno cubano, Diubis Laurencio Tejeda, un joven afrodescendiente que murió asesinado “tras recibir un disparo por la espalda” por un policía en las manifestaciones del 12 de julio de 2021 en el humilde barrio habanero de La Güinera, como denunció el Parlamento Europeo en su resolución P9_TA(2021)0389, aprobada por mayoría absoluta de todos los grupos políticos.
El racismo en Cuba está siendo perpetuado por el régimen. La estructura única y última de poder en Cuba, el Partido Comunista, definido por la Constitución de 2019 en su artículo 5 como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 miembros son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Al racismo se une la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder, como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024. Por ello, ni una sólo mujer afrodescendiente es miembro del Buró político o el Secretariado Ejecutivo del Comité Central del Partido Comunista.
En un país donde más del 50% de la población es blanca (el 66,3%, según el propio gobierno cubano), es notorio ver como la gran parte de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchadas por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba que realizamos en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
El 73% de los prisioneros políticos en Cuba son afrodescendientes
Los afrodescendientes en Cuba son estigmatizados como criminales, lo que lleva a un aumento de la persecución policial, el encarcelamiento, la represión y la violencia. Para conocer con detalle estos datos, Prisoners Defenders ha llevado a cabo un exhaustivo estudio con el propósito de determinar la proporción de la población afrodescendiente presa por causas políticas o de conciencia en comparación con la población blanca.
Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”.
Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Los resultados indican que 843 de los 1.155 prisioneros políticos, es decir, el 73% de la población condenada por motivos políticos o de conciencia, son afrodescendientes, mientras que 312 prisioneros políticos, el 27%, son de raza blanca. Esto supone una tasa penal 2,17 veces por encima que su representación en la sociedad.
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