ENMAYÚSCULA.- Las familias de personas desaparecidas en América Latina y el Caribe continúan enfrentando años de incertidumbre mientras los Estados lidian con limitaciones para localizar e identificar restos humanos, advirtió este sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión llamó a los Estados de la región a fortalecer sus capacidades institucionales, técnicas y financieras para cumplir con sus obligaciones en materia de búsqueda e identificación humana.

La CIDH señaló que el paso del tiempo y la degradación de los restos, los métodos utilizados para ocultar cuerpos, la falta de información y los llamados pactos de silencio continúan dificultando la ubicación de personas desaparecidas y de posibles sitios de entierro.

El organismo también identificó problemas estructurales dentro de los propios sistemas estatales. Entre ellos mencionó la falta de independencia de instituciones de medicina legal y servicios forenses, recursos financieros insuficientes, limitaciones de personal especializado y tecnología, fragmentación de información y deficiencias en la preservación y custodia de sitios de interés forense.

A esto se suman fallas en el resguardo y la trazabilidad de muestras biológicas, cuerpos y restos humanos, situaciones que pueden comprometer los procesos de identificación.

Uno de los aspectos que genera especial preocupación para la CIDH son los casos en los que restos humanos han sido entregados equivocadamente a presuntos familiares, así como la necesidad de reforzar la protección de quienes participan en las labores de búsqueda e identificación.

La Comisión destacó que en los últimos años algunos Estados han creado bancos forenses y bases de datos genéticos, realizado campañas para obtener muestras biológicas de familiares y desarrollado planes de exhumación y protocolos para recuperar e identificar restos.

Sin embargo, consideró que estos avances todavía no son suficientes frente a la magnitud del problema.

Finalmente, la Comisión subrayó que las familias y las organizaciones que participan en las búsquedas deben tener una participación efectiva en las decisiones públicas relacionadas con estos procesos. Recordó además que las labores de búsqueda, realizadas frecuentemente por mujeres, deben ser protegidas como parte del ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.