Panamá necesita evolucionar para seguir siendo un país confiable y atractivo para invertir
ENMAYÚSCULA, (Giulia De Sanctis).- Panamá necesita seguir siendo un país confiable para invertir, y eso significa mucho más que atraer capital: significa que una empresa internacional vea al país como un lugar seguro para abrir oficinas, contratar personas y hacer crecer sus operaciones desde aquí. El proyecto de ley de sustancia económica que hoy debate la Asamblea Nacional es una oportunidad para lograrlo, ya que no es un mecanismo para recaudar más impuestos, sino para consolidar nuestra credibilidad internacional. Es el momento de preguntarnos qué tipo de inversión y qué tipo de socios comerciales queremos atraer como nación.
Hoy el mundo cambió, ya no basta únicamente con tener una posición geográfica privilegiada o ventajas logísticas. Los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras. Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes para atraer inversión sostenible, empresas serias y operaciones reales que generen empleo, transferencia de conocimiento y valor agregado para el país.
En ese contexto, avanzar con una aprobación de Ley de Sustancia Económica representa una oportunidad estratégica para Panamá, no solo porque permitiría seguir alineando al país con estándares internacionales, sino porque podría contribuir directamente a mejorar la percepción de riesgo que todavía enfrentamos al permanecer en la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal.
La permanencia en estas listas tiene consecuencias reales. Muchas empresas internacionales han frenado decisiones de inversión por los costos reputacionales, financieros y operativos que implica establecerse en un país incluido en este tipo de señalamientos. Incluso multinacionales que ya operan desde Panamá han advertido que esta situación les genera más controles, mayores trámites y procesos adicionales frente a entidades bancarias y casas matrices internacionales.
Salir de esta condición enviaría una señal positiva a los mercados y facilitaría la llegada de inversión extranjera directa en un momento donde la competencia entre países por atraer capital es cada vez más fuerte. También permitiría reducir fricciones y costos para empresas que ya tienen presencia en Panamá y que hoy enfrentan obstáculos adicionales simplemente por operar desde aquí.
Además, las propias multinacionales instaladas en el país han solicitado una legislación de este tipo porque les brindaría mayor seguridad jurídica, estabilidad y mejores condiciones para seguir expandiendo sus operaciones regionales desde Panamá. Pero quizá uno de los aspectos más importantes de esta discusión es entender qué significa realmente la sustancia económica.
El principio rector es que la tributación debe seguir la actividad económica real, no la estructura jurídica, es decir una entidad de un grupo multinacional debe tener presencia y actividad genuina en el país donde está constituida —personal real, decisiones tomadas localmente, activos y gastos acordes a su función y actividad económica efectiva dentro de los países donde operan. Eso puede representar una gran oportunidad para Panamá, porque impulsa precisamente el tipo de inversión que el país necesita: empresas que generen empleo calificado, demanden servicios locales, impulsen proveedores, fortalezcan el ecosistema empresarial y creen encadenamientos productivos sostenibles en el tiempo.
Cuando una multinacional decide instalar un centro regional en Panamá, no solo alquila oficinas, también dinamiza sectores como tecnología, servicios profesionales, logística, bienes raíces y emprendimientos locales. Es decir, genera movimiento económico que impacta de manera directa a miles de personas y empresas.
Al mismo tiempo, avanzar en esta dirección permitiría reforzar la imagen de Panamá como un país comprometido con la transparencia, la modernización y las buenas prácticas internacionales. Hoy los países que no evolucionan pierden competitividad frente a otros mercados que sí están realizando los ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias globales.
Panamá tiene todas las condiciones para consolidarse como un hub regional de inversión de alto nivel, pero eso requiere fortalecer nuestra credibilidad, modernizar las reglas y construir un entorno donde las empresas serias quieran invertir, crecer y permanecer a largo plazo. Porque al final, la confianza también genera inversión, empleo, competitividad y desarrollo.
Hoy el mundo cambió, ya no basta únicamente con tener una posición geográfica privilegiada o ventajas logísticas. Los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras. Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes para atraer inversión sostenible, empresas serias y operaciones reales que generen empleo, transferencia de conocimiento y valor agregado para el país.
En ese contexto, avanzar con una aprobación de Ley de Sustancia Económica representa una oportunidad estratégica para Panamá, no solo porque permitiría seguir alineando al país con estándares internacionales, sino porque podría contribuir directamente a mejorar la percepción de riesgo que todavía enfrentamos al permanecer en la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal.
La permanencia en estas listas tiene consecuencias reales. Muchas empresas internacionales han frenado decisiones de inversión por los costos reputacionales, financieros y operativos que implica establecerse en un país incluido en este tipo de señalamientos. Incluso multinacionales que ya operan desde Panamá han advertido que esta situación les genera más controles, mayores trámites y procesos adicionales frente a entidades bancarias y casas matrices internacionales.
Salir de esta condición enviaría una señal positiva a los mercados y facilitaría la llegada de inversión extranjera directa en un momento donde la competencia entre países por atraer capital es cada vez más fuerte. También permitiría reducir fricciones y costos para empresas que ya tienen presencia en Panamá y que hoy enfrentan obstáculos adicionales simplemente por operar desde aquí.
Además, las propias multinacionales instaladas en el país han solicitado una legislación de este tipo porque les brindaría mayor seguridad jurídica, estabilidad y mejores condiciones para seguir expandiendo sus operaciones regionales desde Panamá. Pero quizá uno de los aspectos más importantes de esta discusión es entender qué significa realmente la sustancia económica.
El principio rector es que la tributación debe seguir la actividad económica real, no la estructura jurídica, es decir una entidad de un grupo multinacional debe tener presencia y actividad genuina en el país donde está constituida —personal real, decisiones tomadas localmente, activos y gastos acordes a su función y actividad económica efectiva dentro de los países donde operan. Eso puede representar una gran oportunidad para Panamá, porque impulsa precisamente el tipo de inversión que el país necesita: empresas que generen empleo calificado, demanden servicios locales, impulsen proveedores, fortalezcan el ecosistema empresarial y creen encadenamientos productivos sostenibles en el tiempo.
Cuando una multinacional decide instalar un centro regional en Panamá, no solo alquila oficinas, también dinamiza sectores como tecnología, servicios profesionales, logística, bienes raíces y emprendimientos locales. Es decir, genera movimiento económico que impacta de manera directa a miles de personas y empresas.
Al mismo tiempo, avanzar en esta dirección permitiría reforzar la imagen de Panamá como un país comprometido con la transparencia, la modernización y las buenas prácticas internacionales. Hoy los países que no evolucionan pierden competitividad frente a otros mercados que sí están realizando los ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias globales.
Panamá tiene todas las condiciones para consolidarse como un hub regional de inversión de alto nivel, pero eso requiere fortalecer nuestra credibilidad, modernizar las reglas y construir un entorno donde las empresas serias quieran invertir, crecer y permanecer a largo plazo. Porque al final, la confianza también genera inversión, empleo, competitividad y desarrollo.
