Procurador Gómez explica detalles de la Ley General Anticorrupción
Etiquetas: Luis Carlos Manuel Gómez, iniciativas legislativas, lucha contra la corrupción, Ley General Anticorrupción
ENMAYÚSCULA. - El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, dio a conocer a la ciudadanía los alcances de dos iniciativas legislativas ya presentadas por la Procuraduría, orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción en Panamá.
Durante su participación en el programa radial Procuraduría Contigo, transmitido por Nacional FM 101.7 y en redes sociales institucionales, el Procurador explicó que la primera propuesta corresponde a la Ley General Anticorrupción, la cual “introduce reformas al Código Procesal Penal para dotar a las fiscalías de mayores herramientas en la investigación de delitos de corrupción”.
Entre los avances principales destacó “la posibilidad de sustentar los casos con auditorías internas o informes financieros especializados, el uso de técnicas especiales de investigación (interceptaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y compras controladas), la aprehensión provisional de bienes y la ampliación de los plazos de prescripción”.
La iniciativa también plantea “un régimen para declarar causas complejas, se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional y se regula la obligación de las instituciones públicas de actuar como querellantes y colaborar con el Ministerio Público en plazos definidos”.
En palabras del Procurador:
“El propósito de esta ley es claro: que la corrupción no siga quedando impune. Con estas herramientas buscamos investigaciones más eficaces y oportunas, protegiendo los recursos del Estado y asegurando que quien robe responda”.
La segunda propuesta es un anteproyecto de ley que modifica el Código Penal, con reformas como el aumento de penas para delitos relacionados con la administración pública y la eliminación de multas para sancionar con prisión de cuatro a seis años a quienes acepten cargos públicos sin prestar el servicio, conocidos como “botellas”.
Con ambas iniciativas, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la construcción de “una justicia oportuna, técnica y transparente, alineada a los estándares internacionales y orientada a recuperar la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción”.
Durante su participación en el programa radial Procuraduría Contigo, transmitido por Nacional FM 101.7 y en redes sociales institucionales, el Procurador explicó que la primera propuesta corresponde a la Ley General Anticorrupción, la cual “introduce reformas al Código Procesal Penal para dotar a las fiscalías de mayores herramientas en la investigación de delitos de corrupción”.
Entre los avances principales destacó “la posibilidad de sustentar los casos con auditorías internas o informes financieros especializados, el uso de técnicas especiales de investigación (interceptaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y compras controladas), la aprehensión provisional de bienes y la ampliación de los plazos de prescripción”.
La iniciativa también plantea “un régimen para declarar causas complejas, se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional y se regula la obligación de las instituciones públicas de actuar como querellantes y colaborar con el Ministerio Público en plazos definidos”.
En palabras del Procurador:
“El propósito de esta ley es claro: que la corrupción no siga quedando impune. Con estas herramientas buscamos investigaciones más eficaces y oportunas, protegiendo los recursos del Estado y asegurando que quien robe responda”.
La segunda propuesta es un anteproyecto de ley que modifica el Código Penal, con reformas como el aumento de penas para delitos relacionados con la administración pública y la eliminación de multas para sancionar con prisión de cuatro a seis años a quienes acepten cargos públicos sin prestar el servicio, conocidos como “botellas”.
Con ambas iniciativas, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la construcción de “una justicia oportuna, técnica y transparente, alineada a los estándares internacionales y orientada a recuperar la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción”.
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