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Nueva ley en Panamá regula la actividad de los buhoneros y establece plazo para formalización

Nueva ley en Panamá regula la actividad de los buhoneros y establece plazo para formalización

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Etiquetas: buhoneros en Panamá , marco legal , formalización del sector , buhoneros, Asamblea Nacional

06 Julio 2026

ENMAYÚSCULA.- Los buhoneros en Panamá cuentan ahora con un marco legal para regular su actividad, luego de la publicación en Gaceta Oficial de la Ley 540, que establece las normas para la formalización del sector y el proceso de acreditación ante los municipios.

La norma, que corresponde al proyecto de ley 460 de 2025 aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate el pasado 29 de abril de 2026, establece que las personas que actualmente ejercen la buhonería sin contar con un permiso de acreditación tendrán un plazo de hasta 120 días calendario, desde la entrada en vigencia de la ley, para presentar su solicitud ante la alcaldía correspondiente.

Los comerciantes que ya cuentan con un permiso municipal podrán continuar con sus actividades hasta la fecha de vencimiento del documento. En caso de que una alcaldía niegue la renovación o expedición del permiso pese a que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos, la ley permite presentar un recurso de reconsideración ante la misma autoridad.

La nueva normativa también fija el 15 de abril como el Día del Buhonero en la República de Panamá.

Entre las obligaciones que establece la ley para quienes ejerzan esta actividad están cumplir con las normas sanitarias, respetar las disposiciones de protección al consumidor, operar únicamente en horarios y espacios autorizados, mantener la limpieza del área de trabajo y contar con un permiso vigente.

El Órgano Ejecutivo tendrá un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley, mientras que su entrada en vigencia se dará tres meses después de su promulgación.

La aprobación de esta normativa responde a una demanda de los trabajadores informales del sector, quienes durante años han solicitado reglas claras que les permitan regularizar su actividad y evitar conflictos relacionados con desalojos y permisos municipales.