ENMAYÚSCULA.- El proyecto modifica los límites de financiamiento y gasto, amplía los plazos para rendir cuentas y reduce algunos períodos de prescripción. También introduce cambios que afectan a candidaturas independientes y partidos en formación.

La reforma al Código Electoral avanzó en la Asamblea Nacional entre cuestionamientos por la velocidad con la que fue discutida y por modificaciones que, según sectores ciudadanos, reducen los controles sobre el financiamiento político.

El Proyecto de Ley 699, presentado originalmente por el Tribunal Electoral, sufrió cambios durante su discusión en primer debate a partir de propuestas de los diputados Benicio Robinson, Luis E. Camacho y otros legisladores.

El proyecto original tenía 169 artículos. Durante su paso por la Comisión de Gobierno se eliminaron 14, se incorporaron cinco y se modificaron 27, de acuerdo con los señalamientos formulados por sectores que cuestionan la reforma.

El principal reclamo apunta al tiempo disponible para conocer y discutir el nuevo texto. Según estas críticas, la versión final no estuvo disponible hasta el lunes 28 de septiembre, cuando el proyecto se encaminaba a su segundo debate.

"Ni siquiera las dos diputadas que formaban parte de la Comisión y que se opusieron a las reformas tuvieron acceso al documento", se denunció.

La controversia se extiende al contenido de la reforma, especialmente a las reglas sobre financiamiento electoral.

Más tiempo para entregar información sobre el dinero

Uno de los cambios consiste en ampliar de 45 a 90 días el plazo para rendir cuentas sobre los ingresos de las campañas. Para el subsidio preelectoral, el período pasaría de 30 a 90 días hábiles.

Los críticos sostienen que el cambio retrasaría el momento en que los ciudadanos podrían conocer quiénes financiaron a los candidatos que resulten electos.

En materia de financiamiento privado, el proyecto aumenta en un 30% el límite de dinero que pueden recibir los candidatos presidenciales.

También cambia los topes de gasto para las candidaturas a diputado. El límite único de B/.300,000 sería sustituido por montos de B/.300,000, B/.400,000 o B/.500,000, dependiendo del circuito.

Para los alcaldes, los nuevos límites pueden llegar hasta B/.500,000.

Los sectores que cuestionan estos cambios sostienen que la reforma "limita el control del dinero y favorece más a quienes ya tienen poder y recursos".

Menos tiempo para perseguir infracciones

El proyecto también modifica los períodos de prescripción de los delitos y contravenciones electorales.

La prescripción de los delitos electorales se reduciría de cuatro a tres años, mientras que la correspondiente a las contravenciones pasaría de dos años a uno.

A esto se suma una reducción de las multas por incumplir la obligación de presentar informes.

Para los críticos, estos cambios representan un debilitamiento de los mecanismos de fiscalización electoral.