ENMAYÚSCULA.- La Comisión de Economía y Finanzas informó que aprobó en primer debate el proyecto de ley 724, que modifica el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber y establece efecto retroactivo desde febrero de 2023.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó y modificó en primer debate el proyecto de ley 724, que establece la Adenda No. 1 al contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber.

La modificación busca extender la vigencia del acuerdo hasta 2048, luego de que el contrato original, aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 de 1998, cumpliera en febrero de 2023 el plazo inicial de 25 años.

Uno de los cambios aprobados por los diputados establece que la nueva legislación tendrá efecto retroactivo al 13 de febrero de 2023, fecha en la que venció formalmente el contrato original.

La medida pretende cubrir el período entre el vencimiento del acuerdo inicial y la entrada en vigor de la nueva adenda, de manera que se mantengan durante ese lapso los beneficios, el régimen especial y los compromisos establecidos entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber.

Buscan dar continuidad al acuerdo

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, diputado Víctor Castillo, destacó la participación de representantes de la Fundación y defendió la importancia de Ciudad del Saber para áreas como tecnología, inteligencia artificial, investigación y generación de empleo.

Castillo sostuvo que Panamá debe ofrecer condiciones que permitan atraer y mantener inversiones internacionales.

"No se deben poner piedras en el camino ni acordar plazos cortos a las empresas interesadas en invertir en Panamá, sino ofrecer contratos amplios que garanticen la continuidad de los proyectos", afirmó el diputado.

El parlamentario también planteó que se debe brindar seguridad jurídica e incentivos a la inversión internacional.

Proyecto declara la ley de interés social

Entre las modificaciones aprobadas por los comisionados figura un nuevo artículo 1, que establece expresamente que la ley será de interés social.

La retroactividad al 13 de febrero de 2023 constituye uno de los elementos centrales de la propuesta, ya que busca mantener la continuidad jurídica del acuerdo desde el momento en que expiró el contrato original.

El proyecto todavía debe completar el resto del trámite legislativo antes de convertirse en ley.